El Gobierno homenajeó a Ginés González García: Destacaron su desempeño en la pandemia
El exministro de Salud, quien dejó su cargo tras el polémico vacunatorio VIP, recibió un reconocimiento por sus "aportes a la salud pública" durante su gestión.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ginés González García, exministro de Salud de la Nación, fue homenajeado esta tarde de lunes en la Casa de Gobierno por sus “20 años de políticas públicas sanitarias” como, ejemplificaron, el pan Remediar; la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y los medicamentos genéricos.
Esta fue su primera reaparición pública junto a los principales referentes del Frente de Todos luego de su pronta y escandalosa salida tras la repercusión que generó el vacunatorio VIP. Ahora, según trascendió esta mañana de lunes, en el homenaje se hizo “hincapié en su trayectoria y las políticas creadas e implementadas durante su gestión que lograron un impacto positivo en la salud pública”, afirmaron fuentes dentro de La Rosada que están al frente de la organización del evento. También destacarán “su desempeño frente a la pandemia y su aporte a la salud pública”.
Este lunes el Consejo Federal de Salud (COFESA) homenajeó al exministro de salud por, entre otras cosas, su desempeño en la pandemia
El homenaje se dio bajo el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), que es conformada por el Ministerio de Salud de la Nación y los ministros de Salud de cada una de las provincias. Se espera la participación de todos los integrantes de COFESA: “La idea es destacar su aporte a la salud pública con los 20 años de esas políticas que son hoy una columna vertebral y que le cambiaron la vida a mucha gente”, destallaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
La reunión del Consejo comenzó a las 9 horas de la mañana en Casa Rosada, pero la presencia y homenaje al exministro se realizó a las últimas horas de la tarde. La desorganización y la poca repercusión que tuvo la misma se debe a que se planificó a este domingo a la tarde, según constató el medio A24.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Roberto Fiochi, expresidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), presentó su renuncia alegando “motivos personales”, tras apenas siete meses en el cargo. Su gestión estuvo marcada por un severo deterioro financiero de la obra social, que acumula una deuda millonaria y crece a un ritmo alarmante.
Fiochi se convirtió así en el tercer presidente del IOSFA en apenas 15 meses de gobierno de Javier Milei. Su antecesor, Oscar Sagás, había sido el primero en asumir durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA), pero también renunció en medio de controversias.
Para reemplazar a Fiochi, el ministro de Defensa, Luis Petri, designó a la contadora Betina Surballe, quien se desempeñaba como presidenta del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Durante su gestión en el IAF, Surballe logró resultados destacados, como crecimiento del 87% en la cartera de inversiones, incremento del 98% en préstamos personales, reducción del 26% en el costo laboral y disminución del 50% en el gasto operativo.
– Betina Surballe asume como presidenta del IOSFA, en medio de una deuda que supera los $160.000 millones
Según fuentes de efectivos militares, la deuda actual de la obra social de las fuerzas armadas, oscila entre los $120.000 millones reconocidos oficialmente por el Ministerio de Defensa. Más preocupante aún, esta deuda crece a un ritmo de $15.000 a $19.000 millones mensuales.
Para dimensionar la magnitud de la crisis, es importante recordar que en diciembre de 2023, cuando Luis Petri asumió en el cargo, el IOSFA tenía “reservas positivas superiores a 25.000 millones de pesos” y “prestaciones en funcionamiento, sin cortes significativos”.En apenas 17 meses, la obra social pasó de tener un balance positivo a acumular una deuda que supera los $160.000 millones.
El general de brigada retirado José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, calificó la situación como “crítica y desesperante”, producto de “la ineptitud y falta de gestión de las autoridades designadas por el ministro Luis Petri”.
Con aproximadamente 600.000 afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y del IOMA de la provincia de Buenos Aires. Brinda cobertura médica y asistencial a todo el personal de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de Seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina), además de sus familias.
Las principales causas del déficit es la deuda que el Estado Nacional mantiene con la obra social por “aportes y contribuciones patronales” no liquidados, lo que impacta negativamente en el pago a proveedores. El 92% de los ingresos del IOSFA se destinan al pago de prestaciones, sin recibir aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. Esta estructura hace que cualquier incremento en los costos médicos genere un déficit inmediato.
El cambio de gobierno trajo consigo un “sinceramiento” de precios que disparó los costos en medicamentos y servicios médicos, agravando la situación financiera, que arrastra problemas como la falta de auditorías, escasez de contribuciones patronales adecuadas por parte de las propias fuerzas, y una estructura administrativa ineficiente. Prestadores han rescindido contratos por falta de pago, las farmacias de IOSFA enfrentan problemas de stock por deudas con proveedores, incluso los afiliados esperan meses para recibir reintegros de gastos médicos.
Un nuevo round se sumó este fin de semana al escándalo cada vez más visible entre dos de las diputadas más polémicas del oficialismo: Marcela Pagano y Lilia Lemoine. Lo que comenzó como una burla en redes terminó en un duelo cargado de insultos, chicanas personales y hasta una propuesta para someterse a estudios físicos y psicológicos en un hospital público. Todo, claro, a la vista del electorado y en medio de una interna libertaria que ya dejó de disimular sus heridas.
La chispa que encendió el último fuego fue un posteo de Lemoine en X (ex Twitter), donde se rió abiertamente del proyecto de ley presentado por Pagano sobre “Ficha limpia psicológica”, una iniciativa que propone que los funcionarios públicos se realicen estudios de aptitud mental antes de asumir cargos. Para acompañar su burla, usó tres emojis de risa y un mensaje sarcástico que derivó en algo mucho más personal.
Si se llega a convertir en ley estás afuera del Congreso. No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque a tu golpe bajo tengo muuuuchos elementos (pruebas) para responderte y que el mundo sepa la enfermedad que tenes y que te convierte en inidonea para el cargo. Sos triste. https://t.co/dBQzkOy0n9
Minutos después, Lemoine volvió a comentar su propio posteo, esta vez yendo directo al hueso: le pidió a Pagano que revele la identidad del padre de su hija. “Aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante porque de lo contrario perdés el fideicomiso”, escribió, sin detallar a qué tipo de fondo o beneficio hacía referencia. El comentario detonó una réplica feroz por parte de la experiodista.
“Por suerte no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder gestar un bebé, como te hicieron a vos”, disparó Pagano, quien además aprovechó el mensaje para tildar a su compañera de bancada de “lacra” y de usar su banca exclusivamente en beneficio personal. La diputada también aseguró que la identidad de su hija es pública y que suele llevarla al Congreso durante las sesiones.
Muy simple yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. @lilialemoine te desafió, vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia… te… https://t.co/wiyQuZ6CiJ
Pero la cosa no terminó ahí. Pagano fue más lejos y acusó a Lemoine de “faltar el respeto al presidente por celos”. “Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al presidente hablando de su intimidad. En mi vida hablaría de un hombre como lo hiciste vos de él, pero claro, a vos nadie te educó, nadie te cuidó, ni te quieren ni te dan el lugar de mujer”, arremetió con dureza, en un posteo que generó respuestas divididas incluso dentro del espacio oficialista.
Como cierre de esta cadena de agravios, Pagano lanzó un reto público: se ofreció a someterse a todos los estudios previstos en su propio proyecto de ley, incluyendo análisis de sangre, orina, test psicológico y examen físico. “Yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc.”, escribió, desafiando a Lemoine a acompañarla a un hospital público para realizarse juntas la pericia psicofísica… y una rinoscopia.
Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada. Por suerte no tuve que esperar la promesa de…
El enfrentamiento entre ambas diputadas no es nuevo. Ya se habían cruzado fuertemente durante una sesión en el recinto, con insultos cara a cara e incluso forcejeos que incomodaron a más de un legislador oficialista. Pero este nuevo capítulo, más violento en lo simbólico y personal, suma tensión a un clima interno que el bloque de La Libertad Avanza no logra descomprimir.
El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.
ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.
La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.
El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.
Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.
La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.
En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.
Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.
Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.
Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.
En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.
Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.
La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.
Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.
Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.
A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.
Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.
“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.
Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei.
Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.
En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.
Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ratificó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y se tatuó en el tobillo izquierdo una tobillera floral con la inscripción “dignidad”, gesto que difundió el jueves en sus historias de Instagram. “¿Así que tobillera? Será un signo de dignidad”, escribió al publicar la secuencia fotográfica y los videos del procedimiento.
El homenaje llegó apenas dos semanas después de que la Corte Suprema dejó firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en la causa Vialidad: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo ratificó también la obligatoriedad de la tobillera electrónica, dispositivo que la ex mandataria debió portar las 24 horas durante toda la pena.
En las imágenes se observó a Mendoza recostada en una camilla mientras la tatuadora completó el ramillete que rodeó el tobillo y colocó la palabra “dignidad” en el centro, en alusión directa al brazalete que permaneció sujeto a la pierna de Cristina Kirchner. La dirigente camporista sumó así un nuevo tatuaje a la colección de símbolos kirchneristas que ya ostentó en la piel —entre ellos, alusiones a Néstor y a la propia Cristina— y reforzó la identidad que exhibe desde hace años.
Dos días antes de plasmar el dibujo, la jefa comunal visitó a la ex presidenta en el departamento de San José 1111, barrio porteño de Constitución, y fue además una de las organizadoras de la convocatoria “Argentina con Cristina”, que reunió a unas 500.000 personas en Plaza de Mayo, según datos difundidos por el kirchnerismo. “No es justo todo lo que vivimos, Cristina es inocente y está cumpliendo una condena ilegal. No tuvo un juicio justo”, denunció Mendoza durante la marcha. También afirmó: “La Corte violó la Constitución desde su inicio con el invento de designación de los jueces… Partiendo de eso, es una inocente, mal juzgada y hoy teniendo que cumplir condena ilegal”. Luego agregó: “Lo hacemos con mucha energía y ganas porque sabemos lo que significa “Cristina para este país”.
Durante la movilización, la ex mandataria agradeció el apoyo mediante un mensaje grabado y remarcó: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Mendoza sostuvo que “la militancia siempre va a estar presente donde la expresidenta esté” y prometió asumir un rol clave en el armado de las listas legislativas bonaerenses del próximo año.
El dispositivo que Cristina Kirchner portó consistió en un brazalete hermético, hipoalergénico, resistente al polvo y al agua, conectado a una unidad domiciliaria instalada en su vivienda. Ambos equipos emitieron reportes en tiempo real al Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, operativo las 24 horas del día y los siete días de la semana. El sistema informó ubicación, nivel de batería, intentos de manipulación y cualquier salida del perímetro fijado.
La unidad domiciliaria se comunicó tanto por línea fija como celular, contó con una batería de respaldo y permitió actualizaciones remotas. Además transmitió señales codificadas que alertaron sobre cortes de energía, salidas no autorizadas, desconexiones y la necesidad de reemplazo, previsto cada año. El sistema incluyó dos teléfonos celulares: uno que pudo recibir llamadas en cualquier momento —que la ex presidenta debió atender obligatoriamente— y otro dedicado al control perimetral por radiofrecuencia. El Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la ministra Patricia Bullrich, instaló el dispositivo, elaboró informes técnicos y socioambientales previos y asumió el monitoreo permanente.
Desde el primer día de la condena, militantes kirchneristas lucieron tobilleras de utilería decoradas con flores, luces e imágenes de Cristina frente al edificio de Constitución. Ese atrezzo callejero inspiró el tatuaje definitivo de Mendoza, quien lo presentó como un “signo de dignidad” y como recordatorio de la supuesta inocencia de la ex mandataria.
La intendenta, considerada una pieza de confianza para Cristina Kirchner, reiteró que acompañará cada convocatoria que pida la ex jefa de Estado y que redoblará esfuerzos para “visibilizar la injusticia” que, según dijo, recayó sobre ella. La decisión de la jefa comunal quilmeña cerró la jornada con un mensaje inequívoco: su lealtad a la líder condenada trascendió el plano político para inscribirse de forma permanente en su piel y proyectarse hacia la arena electoral bonaerense.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc
