El Gobierno busca recuperar votos con la vuelta del IFE
El oficialismo intentará mejorar los resultados en las generales implementando distintas medidas, entre estas, la vuelta del beneficio.
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Luego de la paliza que recibió en las PASO de las elecciones legislativas 2021, el kirchnerismo busca implementar medidas que le permitan remontar los malos resultados del domingo. Por esto, el Gobierno analiza relanzar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El beneficio, que había sido lanzado en medio de la etapa más estricta de la cuarentena durante la primera ola de contagios, consistía en un bono de $10.000 y alcanzó a a 8,9 millones de hogares, pero en esta ocasión llegaría a entre 2 y 3 millones.
En esta ocasión, trabajadores informales, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B serían quienes podrían acceder al bono, aunque hasta el momento no se realizó ningún anuncio oficial, ni se habló del monto.
Algunos de los requisitos para acceder al IFE son ser argentino o nacionalizado y residente legal por al menos 2 años. Así como también, tener entre 18 y 65 años, no tener ingresos familiares provenientes de trabajos en relación de dependencia, no recibir una prestación de desempleo y no percibir jubilaciones, pensiones o planes sociales, con excepción de la AUH, la Asignación por Embarazo o el plan Progresar.
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La vicepresidente Victoria Villarruel firmó el pasado viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para los empleados endeudados de la Cámara alta. Podrán pedir un adelanto de haberes a tasa cero, de hasta tres sueldos netos de octubre, para cancelar por completo lo que deben.
En los fundamentos de la norma, Villarruel escribió que la situación económica del país llevó a las familias a usar más el crédito para pagar gastos corrientes y aumentó sus obligaciones mensuales. Para respaldarse citó al Banco Central. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas, el 54,7% de los adultos, tenían algún tipo de financiamiento, y el saldo promedio por deudor llegó a su máximo desde enero de 2020. En junio de 2026, el 12,8% de los créditos a familias tenía pagos atrasados. En las fintechs, las emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, la cifra fue del 26,9% en febrero.
Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo.
El anuncio cayó mal en X y Villarruel contestó sin anestesia: “Cuesta entender lo que leen”. A quien le pidió frenar los aumentos de los legisladores le recordó que Diputados depende de Martín Menem y que los senadores votan sus propias dietas. “No soy senadora y no intervengo en sus dietas”, aclaró. Según afirmó, en lo que sí controla ahorró 30.000 millones de pesos.
Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper.
Un docente de Entre Ríos que dijo cobrar $700.000 reclamó el alivio para sí mismo. “¿Te pensás que el Senado está en otra galaxia?”, le devolvió la vicepresidente, que aseguró que algunos empleados de la Cámara ganan cifras parecidas. “Viven en Narnia”, les disparó a otros usuarios, a quienes acusó de ignorar lo que cuesta alquilar, viajar al trabajo, comer o criar un hijo con uno o dos millones de sueldo. “Salgan del tupper”, remató.
El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan…
“¿El empleado endeudado de mantenimiento qué casta es?”, preguntó ante quienes le reprocharon sumar privilegios. También defendió al personal de limpieza, a los choferes y a los custodios del Congreso frente a los que los llamaron ñoquis. A un usuario que calificó de ilegal la medida le contestó que “ilegal es otra cosa” y que quien trabaja en el Estado también es profesional, padre o madre de familia, inquilino y estudiante. Y redobló: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”.
Sostuvo además que el programa alcanza a casos puntuales y a salarios medios y bajos. Según afirmó, la reducción de 1.200 empleados también generó ahorro. A un usuario que cuestionó los ataques contra los empleados públicos le dijo que las entidades de bien público siguen siendo necesarias. “El odio que leo en ciertos mensajes habla mal de lo que dicen defender”, escribió.
Podrán acceder los trabajadores de planta permanente y temporaria. El adelanto servirá para saldar deudas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y con bancos públicos y privados o entidades habilitadas por el BCRA. También cubre deudas con billeteras virtuales y plataformas de pago que prestan dinero (Proveedores de Servicios de Pago, PSP) y con fintechs y emisoras de tarjetas (Proveedores No Financieros de Crédito, PNFC/OPNFC). Quedan afuera los créditos prendarios, que tienen un vehículo como garantía, y los hipotecarios.
La inscripción cierra el 20 de noviembre. Para anotarse hay que presentar una constancia del acreedor con el capital, los intereses, la tasa, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para cancelarla. Los beneficiarios devolverán solo lo que recibieron, sin intereses ni costos financieros, en hasta nueve meses. Según Villarruel, el programa se pagará con el ahorro y los recuperos de la administración del Senado.
La economía argentina acumuló una caída del 3.9% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, lo que representa uno de los cuatro peores desempeños para los primeros ocho meses de un año desde 1993, superado solo por las crisis de 1995 (Tequila), 2001 y la pandemia de 2020.
Dentro de la serie comparable utilizada por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (EMAE), ese recorrido enero-agosto de 2026 fue el cuarto peor desde 1993, detrás de 2020 (-8%), 2001 (-7.4%) y 1995 (-6.9%). A diferencia de los antecedentes históricos de crisis, el escenario actual no presenta una ruptura del régimen monetario, una crisis bancaria generalizada ni restricciones sanitarias extraordinarias, sino que se explica por un consumo deprimido, baja inversión y falta de dinamismo industrial.
La actividad económica mostró un estancamiento en agosto, con un crecimiento mensual desestacionalizado de apenas 0.1% que no compensó la caída del 2.8% registrada en julio, manteniendo la economía significativamente por debajo del nivel de cierre del año previo.
La actual contracción económica se manifiesta en el segundo trimestre de 2026 mediante una caída del 0.6% del PBI respecto al trimestre anterior, impulsada por un retroceso generalizado en la demanda interna, incluyendo el consumo privado (-2.4%), el consumo público (-2.3%) y la inversión (-0.8%).
A pesar de la caída trimestral, el PBI muestra una variación interanual positiva del 2% en el segundo trimestre de 2026, sostenida principalmente por un fuerte crecimiento de las exportaciones (13.7%), lo que refleja una recuperación desigual en los componentes de la economía.
— La evolución del EMAE publicado por el INDEC, comparando la variación acumulada de la actividad contra diciembre del año anterior en distintos años históricos (1995, 2000, 2001, 2002, 2018)
La severa contracción económica ha tenido un impacto directo en las condiciones sociales, elevando la pobreza al 32.3% en el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento de 4.1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025 y afecta a 15 millones de personas.
El deterioro del poder adquisitivo es un factor clave en la crisis, evidenciado por el hecho de que en el primer semestre de 2026 los ingresos per cápita aumentaron un 11.5%, mientras que el costo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total subieron considerablemente más, un 21.4% y un 19.6% respectivamente.
La crisis de 1995, conocida como el “Efecto Tequila”, impactó severamente en la economía argentina tras la devaluación mexicana, provocando una contracción del PBI del 2.8% en dicho año y desencadenando una profunda crisis en el sistema bancario local.
— La variación acumulada de la actividad económica en Argentina durante 2026, siendo el mes de julio la caída más pronunciada (-4.0%)
El colapso de la convertibilidad en 2001 fue el punto culminante de un período de recesión prolongada, durante el cual el PBI argentino cayó un 13.1% entre el último trimestre de 1998 y el mismo período de 2001, derivando en una depresión económica y crisis financiera.
La crisis del 2020, motivada por la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento, produjo el mayor desplome económico de las últimas décadas, con una caída anual del PBI del 9.9% debido a una combinación de crisis de oferta, demanda y financiera.
La pobreza alcanzó al 32.3% de las personas en los 31 aglomerados urbanos durante el primer semestre, 4.1 puntos más que en el segundo semestre de 2025. En el Nordeste —región que incluye a Corrientes— llegó al 41.5%, el registro regional más elevado.
¿Qué mide el dato?
El EMAE, resume la evolución de los sectores productivos y funciona como anticipo mensual del PBI. Para estudiar el movimiento entre meses debe utilizarse la serie desestacionalizada, que intenta retirar efectos repetitivos como vacaciones, días hábiles, cosechas o festividades.
— El índice retrocedió a 101.3, reflejando la desaceleración o contracción de la actividad económica en el tercer trimestre del año
El 3.9% surge de comparar el nivel desestacionalizado de agosto de 2026 con el de diciembre de 2025. Los índices oficiales fueron 156.0 en diciembre y 149.9 en agosto; por eso, la diferencia relativa es aproximadamente -3.9%. En julio, la actividad cayó 2.8% mensual desestacionalizada y en agosto aumentó apenas 0.1%. Por lo tanto, agosto recuperó una porción mínima del retroceso de julio. No hubo un rebote capaz de devolver rápidamente la economía al nivel previo.
El mismo mes puede mostrar una baja en una comparación y una suba en otra porque cada porcentaje responde una pregunta diferente. Esta distinción es indispensable para interpretar correctamente el informe. La actividad económica registró en agosto de 2026 una leve recuperación del 0.1% respecto de julio, según los datos desestacionalizados del INDEC. Sin embargo, el nivel de producción se mantuvo un 1.7% por debajo del registrado en el mismo mes de 2025. Pese a esta caída interanual, el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró un crecimiento del 1.2% frente a igual período del año anterior.
La comparación con el cierre de 2025 reflejó un panorama más desfavorable. De acuerdo con estimaciones del Banco Provincia, la actividad económica de agosto se ubicó un 3.9% por debajo del nivel alcanzado en diciembre del año pasado, lo que evidencia una pérdida de dinamismo a lo largo de 2026.
Por su parte, el Producto Bruto Interno (PBI) registró una contracción del 0.6% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con los primeros tres meses del año. No obstante, la economía mantuvo un crecimiento interanual del 2% frente al mismo trimestre de 2025. Los resultados muestran que, si bien la actividad económica permaneció por encima de los niveles del año anterior en algunas comparaciones, su evolución reciente estuvo marcada por el estancamiento y las caídas respecto de períodos más cercanos.
El gasto público también puede impulsar o frenar la demanda agregada. Según la desestacionalización del Banco Provincia, el gasto primario nacional de septiembre estaba solo 0.5% por encima del promedio enero-agosto, por lo que no habría proporcionado un estímulo importante para compensar la debilidad privada.
— El eje horizontal detalla los meses desde enero de 2023 hasta agosto de 2026
Las exportaciones fueron la principal excepción en el segundo trimestre, puesto que las mismas crecieron 2.5% frente al trimestre anterior y 13.7% interanual. En cambio, el consumo privado bajó 2.4% trimestral, el público 2.3% y la inversión 0.8%. A su vez, la inflación mensual fue de 1.7% en agosto y 1.9% en septiembre. El dato de septiembre equivalió a 33.4% interanual. Esta desaceleración respecto de los niveles extremos de años anteriores es un resultado macroeconómico relevante, pero no garantiza por sí misma recuperación productiva.
Desinflar suele requerir políticas que reduzcan la expansión nominal y moderen la demanda. Si la mejora de expectativas, el crédito, el salario real y la inversión tarda en aparecer, puede abrirse un período en el que los precios suben más lentamente, pero la economía real permanece estancada, cae o entra en recesión. Con los datos oficiales disponibles, el PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al primero. Para hablar convencionalmente de “recesión técnica” se requieren dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, por lo que todavía falta la confirmación oficial del tercer trimestre.
— El PIB de Argentina creció un 2.0% interanual en el segundo trimestre de 2026, aunque registró una caída del 0.6% en la medición desestacionalizada respecto al trimestre anterior
La tasa de desocupación fue 7.9% en el segundo trimestre de 2026. El INDEC indicó que no tuvo una variación estadísticamente significativa frente al mismo trimestre de 2025, aunque la tasa de actividad aumentó 0.8 puntos porcentuales.
La relativa estabilidad del desempleo no elimina el deterioro laboral. En el segundo trimestre los puestos asalariados bajaron 0.8% interanual, mientras los no asalariados crecieron 3.9%. Además, la participación de la remuneración asalariada en el valor agregado descendió de 45.4% a 42.9%.
¿Qué sectores cayeron?
La contracción fue amplia. Según el cálculo del Banco Provincia, solamente 3 de 16 ramas —minas y canteras (+7.6%), hoteles y restaurantes (+1.7%) y servicios sociales y de salud (+0.7%)— estaban en agosto por encima de diciembre de 2025; las otras 13, que representan alrededor del 90% de la economía y el 88% del empleo asalariado privado registrado, estaban por debajo.
Los tres grandes sectores con mayores encadenamientos retrocedieron desde diciembre, entre ellos industria -3.2%, construcción -4.0% y comercio -4.8%. Juntos representan aproximadamente el 35% de la actividad y el 45% del empleo privado registrado, por lo que su deterioro se transmite a proveedores, logística, servicios profesionales, empleo e ingresos familiares.
Es importante no mezclar esas variaciones con las interanuales. En la comparación agosto de 2026 contra agosto de 2025, el INDEC registró industria -3.2%, construcción -2.5% y comercio -3.5%; minería, en cambio, creció 11.1% interanual. Los datos muestran una economía dividida. En agosto, minería y energía fueron las actividades con mayor aporte positivo, mientras industria y comercio realizaron las mayores contribuciones negativas al EMAE interanual.
La minería puede crecer con fuerza y aportar exportaciones, divisas e inversión, pero tiene menor peso y menos capacidad de arrastre inmediato sobre el empleo urbano y el consumo masivo que el conjunto formado por comercio, industria y construcción. El informe del Banco Provincia resume este problema como la insuficiencia de un “sector de enclave” para impulsar por sí solo a toda la economía.
Esta heterogeneidad explica por qué algunos indicadores externos o extractivos pueden mejorar mientras hogares, pymes y sectores orientados al mercado interno perciben recesión. No es una economía uniformemente paralizada, sino una estructura en la que pocos sectores expansivos no compensan la debilidad de los de mayor peso y articulación.
El consumo depende principalmente del poder adquisitivo, la cantidad y calidad del empleo, las transferencias públicas y el acceso al crédito. El Banco Provincia señaló que el crédito en pesos cayó 0.5% real entre julio y septiembre, con una reducción de 2% en el financiamiento a las familias y estancamiento en empresas.
— Las variaciones porcentuales por rubro de las ventas minoristas pymes en Argentina correspondientes a septiembre de 2026, conforme a datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
Las ventas minoristas pyme bajaron 1.2% mensual en septiembre, encadenaron cuatro retrocesos y acumulaban una contracción de 2.1% durante 2026. Al mismo tiempo, la variación interanual de septiembre fue levemente positiva, de 0.3%, otra demostración de que el diagnóstico cambia según la base utilizada.
En el segundo trimestre, la formación bruta de capital fijo cayó 0.8% frente al trimestre previo y 11.1% interanual. Dentro de esta última comparación, maquinaria y equipo descendió 15.2% y equipo de transporte 22.1%, señales particularmente relevantes porque la inversión amplía la capacidad productiva futura.
Una empresa invierte cuando espera ventas suficientes y rentabilidad razonable, y cuando puede financiarse a un costo compatible con el proyecto. Si las ventas están débiles, existe capacidad ociosa o el crédito resulta restrictivo, la estabilización nominal por sí sola puede no alcanzar para activar nuevas inversiones.
La docena de facturas para acompañar el mate se transformó en un consumo de lujo. Según los datos más recientes que la industria panadera recopiló esta semana, la venta de pastelería, repostería y las clásicas facturas registró una baja interanual del 80%, mientras que la de pan retrocedió un 55% en los últimos dos años. El derrumbe, que respondió al aumento de los costos y a la pérdida de poder adquisitivo que modificó los hábitos de consumo, se tradujo en el cierre definitivo de unas 2.000 panaderías en todo el territorio nacional y en la pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo directos en apenas 24 meses.
En los mostradores, la crisis tomó la forma de vitrinas cada vez más vacías y con menos variedad. Los comerciantes redujeron la producción para evitar pérdidas por mercadería que no se vende y que termina por echarse a perder.
Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de la localidad bonaerense de Avellaneda, describió el fenómeno ante la agencia Noticias Argentinas con cifras que cualquier cliente reconoce en el ticket: “La venta de facturas es lo que más cayó. Cuando más se venden es un domingo o un feriado, pero ya no está eso de que a las familias se les haga cotidiano. La docena varía entre los $14.000 y los $20.000 y para el laburante eso es muy complejo. Entendemos que hay gente que cobra 25 lucas una changa, por lo que no puede pagar ese precio”.
El golpe también alcanzó a todo lo que tiene que ver con celebraciones. “La venta de masas finas, los sándwiches de miga y todo lo que suele ser para un evento o un festejo de cumpleaños se derrumbó”, explicó el dirigente, que graficó la magnitud de la caída con un ejemplo concreto: “Nosotros vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy, si se llevan 15 o 20, nos ponemos contentos”.
Para Mora, “el pan es lo único que se sostiene porque suele reemplazar las comidas”. Aun así, aclaró que su comercialización disminuyó un 50% y que la demanda quedó reducida casi por completo a las variedades tradicionales, como el pan común y el pan flauta.
La contracción de la demanda cambió de raíz la forma de comprar de los clientes cotidianos, que abandonaron casi de manera definitiva el pedido por kilo o por docena. De acuerdo con los panaderos, las compras se volvieron fraccionadas, por montos fijos en pesos o por unidades contadas: la gente se acerca a pedir “dos pancitos” o “mil pesos de pan” para el consumo inmediato. Los jubilados, uno de los segmentos más fieles de la clientela, se ven cada vez menos por los locales, ya que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los alimentos básicos.
Del otro lado del mostrador, los costos se dispararon. “La caja de margarina pasó de $40.000 o $45.000 a superar los $120.000 y luego se estabilizó entre los $85.000 y $90.000; los huevos pasaron de un rango de $35.000 a $72.000 el cajón, y la bolsa de harina escaló desde los $9.000 hasta los $18.000”, detalló Mora, quien sumó otros dos gastos a la cuenta: “A eso se le suman las tarifas de energía y el alquiler, por eso estamos más que complicados”.
La asfixia financiera de las panaderías respondió a una pinza económica: menos clientes por un lado y costos fijos en alza por el otro. Las facturas de energía eléctrica promedian los $800.000 mensuales, montos impagables para comercios de estructura familiar, que se vieron obligados a ingresar en planes de refinanciación de deudas y a acumular saldos pendientes en las tarjetas de crédito. A eso se agregó un encarecimiento constante del 30% en insumos esenciales como la harina, la grasa y la levadura, aumentos que los comerciantes no pudieron trasladar por completo al precio final para no ahuyentar a los pocos compradores que quedan.
Representantes de la Cámara de Industriales Panaderos explicaron que el sector ya trabaja directamente a pérdida, con márgenes de rentabilidad nulos, con tal de mantener las persianas abiertas. Los cierres golpearon a un rubro reconocido por ser una fuente de empleo barrial.
Frente a este panorama, los panaderos apelaron a estrategias de emergencia. Un relevamiento de Noticias Argentinas en panaderías del Área Metropolitana de Buenos Aires detectó que varios comercios venden las facturas del día anterior a mitad de precio para evitar que la mercadería termine en la basura. La medida apunta a recuperar al menos el costo de la materia prima y a ofrecer una alternativa más económica a los clientes de menores recursos. En paralelo, los locales redujeron de manera drástica las horneadas diarias, y algunos optaron por reconvertirse o anexar servicios, como la venta de café al paso, para aprovechar el tránsito de trabajadores de la zona y sumar ingresos mínimos.
Según un informe elaborado a partir de datos del INDEC, la tasa de informalidad pasó del 41.4% a fines de 2023 al 45% en el segundo trimestre de 2026. En ese segundo trimestre, el 45% de las personas ocupadas en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tenía un empleo informal, y alrededor de 6.1 millones sobre 13.6 millones de ocupados.
El aumento interanual fue estadísticamente significativo, con una tasa que había sido 43.2% en el segundo trimestre de 2025. La informalidad laboral alcanza al 45% de los trabajadores en Argentina y supera el 80% entre los cuentapropistas de varias ciudades del norte del país.
No obstante, el porcentaje superior al 80% no describe a todos los trabajadores del norte ni al norte en su conjunto. Se refiere exclusivamente a los trabajadores por cuenta propia de determinados aglomerados urbanos. Por ejemplo, Formosa registró 87.9%; Gran Tucumán–Tafí Viejo, 87.6%; Santiago del Estero–La Banda, 87.5%; Gran Resistencia, 84%; y Gran San Juan, 83%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el mismo indicador para cuentapropistas fue del 32.8%.
— La evolución de la tasa de informalidad laboral en Argentina (en porcentaje) basada en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), analizada en informes del IIEP UBA-CONICET y del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario
Entre los trabajadores asalariados, el índice se ubicó en el 37.9%, mientras que entre quienes trabajan por cuenta propia trepó al 65.8% en el mismo período. Hay otra coincidencia que puede confundir, ya que en el segundo trimestre de 2026, la tasa de empleo también fue 45%. Pero mide otra cosa, siendo qué proporción de la población total estaba ocupada. La tasa de informalidad, en cambio, indica qué proporción de quienes ya tenían trabajo lo hacía informalmente.
“Informal” no significa solamente cobrar en efectivo ni necesariamente realizar una actividad ilegal. Significa que el puesto o la actividad se desarrolla “en negro” y al margen de alguna de las normas laborales, tributarias o previsionales que deberían cubrirla.
La metodología para medir la informalidad laboral varía según la categoría ocupacional. En el caso de los asalariados, se considera que un trabajador es informal cuando su empleador no le realiza los descuentos correspondientes a la seguridad social, una situación que, en términos cotidianos, caracteriza al empleo no registrado.
Para los cuentapropistas y patrones, la informalidad se determina a partir del grado de formalización de su actividad. De acuerdo a la combinación de respuestas de la EPH, se los clasifica como informales cuando no están inscriptos para realizar aportes, no pueden emitir facturas o no llevan registros fiscales.
Por su parte, los trabajadores familiares que no perciben una remuneración fija son considerados informales en todos los casos.
Por eso, “cuentapropista” e “informal” no son sinónimos. Un profesional que factura y hace aportes es un cuentapropista formal, mientras que una persona que vive de changas, vende sin inscripción o presta servicios sin facturar puede ser cuentapropista informal. Del mismo modo, un asalariado puede tener horario y jefe, pero seguir siendo informal si la relación no está registrada.
¿Qué cambió desde 2023?
La comparación que ubica la informalidad en 41.4% a fines de 2023 y en 45% en 2026 equivale a una suba de 3.6 puntos porcentuales. No significa que haya aumentado en términos relativos, sino alrededor de 8.7% respecto del nivel inicial. La serie larga exige una aclaración. El INDEC comenzó a medir oficialmente la informalidad para todo el universo de ocupados desde el cuarto trimestre de 2024, cuando el Observatorio de la UNR reconstruyó hacia atrás una serie comparable para asalariados, cuentapropistas, patrones y trabajadores familiares.
El deterioro reciente se explica sobre todo por el empleo independiente. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 hubo 348.000 trabajadores informales adicionales en los aglomerados relevados, unos 316.000 fueron cuentapropistas, 31.000 patrones y apenas unos 1.000 asalariados. Es decir, el aumento de la informalidad cuentapropista explicó el 91% del incremento interanual total.
Al mismo tiempo, cambió la composición del empleo. Entre fines de 2023 y el segundo trimestre de 2026, los asalariados bajaron de 73.7% a 70.5% de los ocupados, mientras los cuentapropistas subieron de 22.6% a 25.5%. Esto produce un efecto composición, donde aunque la informalidad asalariada se moviera poco, el promedio general aumenta si crece el peso de una categoría —el cuentapropismo— cuya informalidad es mucho mayor.
Esto no prueba que todo nuevo cuentapropista haya sido un asalariado formal despedido ni permite atribuir automáticamente el fenómeno a una sola política. La EPH muestra simultáneamente cuántos trabajadores hay en cada categoría, pero no basta por sí sola para reconstruir todos los recorridos individuales ni separar completamente causalidad macroeconómica, decisiones empresariales, regulaciones y estrategias familiares.
— La evolución de la formalidad laboral en Argentina (2017–2025/2026), dividida en dos series según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC
No obstante, la brecha territorial no se reduce a una supuesta menor “cultura de cumplimiento”. Responde en gran parte a la heterogeneidad productiva, en que algunos territorios concentran empresas grandes, actividades de alta productividad, empleo público y servicios profesionales, puesto que otros dependen más de microunidades, comercio de baja escala, changas, construcción, servicio doméstico y autoempleo de subsistencia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica que existiría un mayor riesgo de informalidad en NOA y NEA, asociado con perfiles productivos, estructura empresarial, educación y características de los mercados laborales territoriales.
El tamaño de la unidad productiva es decisivo. En el primer trimestre de 2026, la informalidad era de aproximadamente 68% en establecimientos de hasta cinco trabajadores, pero de 13% en los de más de 40. Además, más de tres cuartas partes del empleo informal se concentraba en los establecimientos más pequeños. Las economías regionales con muchas microempresas y pocos empleadores grandes tienen, por lo tanto, menos “puertas de entrada” al empleo registrado.
También opera el nivel educativo, aunque no como culpa individual sino como mecanismo de segmentación. En el primer trimestre de 2026, la informalidad alcanzaba 67.3% entre quienes tenían hasta secundario incompleto, 44.5% entre quienes tenían secundario completo o universidad incompleta y 17.2% entre universitarios completos. Cuando un territorio reúne menor oferta de empleos calificados, empresas pequeñas y actividades de baja productividad, esas desventajas tienden a reforzarse entre sí.
La desigualdad aparece incluso dentro de una misma área metropolitana. En el primer trimestre de 2026, la informalidad total fue 26% en CABA y 47.5% en los partidos del Gran Buenos Aires. Entre los cuentapropistas del conurbano llegó a 70.2%. Esto muestra que la explicación no es simplemente “capital versus interior”, sino una estructura económica y social fragmentada dentro de cada región.
Sectores más expuestos
El servicio doméstico registró 77.4% de informalidad y la construcción 76.2% en el primer trimestre de 2026. Detrás aparecían gastronomía y alojamiento, con 63.9%, y comercio con 54.7%.
Servicio doméstico y construcción también revelan una división de sexos. Entre personas con hasta secundario incompleto, alrededor de 34.1% de las mujeres trabajaba en casas particulares y aproximadamente 27% de los varones lo hacía en construcción. Si se excluyera el servicio doméstico, la informalidad femenina bajaría de 45.9% a 40.6%; si se excluyera la construcción, la masculina descendería de 42.8% a 36.7%.
Para un asalariado, la informalidad suele implicar ausencia o debilitamiento de aportes jubilatorios, cobertura de riesgos del trabajo, licencias pagas, aguinaldo, vacaciones, indemnización y capacidad efectiva para reclamar derechos. Para un independiente, puede significar no aportar, no facturar y quedar fuera de circuitos de crédito, contratos o cobertura previsional. No todas las personas informales pierden exactamente las mismas protecciones, pero comparten una inserción más expuesta a interrupciones e ingresos inestables.
La brecha no es solo jurídica. Controlando por educación, edad, sexo, región, rama, categoría ocupacional y tamaño del establecimiento, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) estimó para los asalariados informales una penalidad de ingresos cercana al 34% en el primer trimestre de 2026, frente a 100 unidades de ingreso de un formal comparable, un informal recibía aproximadamente 66.
La informalidad y la pobreza están estrechamente asociadas, aunque una no equivale automáticamente a la otra. En el primer trimestre de 2026, 21% del total de trabajadores vivía en hogares pobres; la proporción era 35% entre informales y 10% entre formales. A su vez, 8.2% de los informales vivía en hogares cuyos ingresos no llegaban a la mitad de la canasta básica total.
Los datos de aglomerados pequeños deben leerse con cautela porque provienen de muestras y poseen márgenes de error mayores. El INDEC señala que diferencias pequeñas pueden no ser estadísticamente significativas y publica coeficientes de variación e intervalos de confianza; por ello, un ordenamiento exacto entre ciudades no siempre implica que sus situaciones sean realmente distintas.
El 45% no indica simplemente que “faltan inspecciones”. Revela que casi la mitad del empleo urbano se genera en relaciones o unidades que no logran —o eligen no— cumplir plenamente las normas, dentro de una economía muy desigual en productividad, escala empresarial, educación y oportunidades territoriales. La fiscalización importa, pero por sí sola no crea empresas productivas ni puestos formales donde casi no existen.
Una estrategia integral requeriría combinar simplificación tributaria y registral para unidades pequeñas, incentivos bien diseñados para formalizar, inspección focalizada en relaciones asalariadas encubiertas, protección social que no desaparezca ante transiciones laborales, formación y certificación de competencias, acceso al crédito y políticas de desarrollo productivo territorial. Si solo se abarata la contratación sin modificar la estructura productiva, puede no aparecer suficiente empleo formal y por sí solo se sanciona sin ofrecer una vía viable de transición, parte de la actividad de subsistencia puede desaparecer o esconderse más.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial, el equipo que atiende la salud del jefe de Estado. La decisión quedó plasmada en la Resolución 505/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Rige desde el 1° de octubre. La norma no explicó los motivos de la salida ni designó un reemplazante.
—La Resolución 505/2026, con la firma de Karina Milei, data del 3 de noviembre y recién se publicó dos días después; Hoffmann había sido designado por el Decreto 389 del 7 de mayo de 2024
La firma de la hermana del Presidente respondió al organigrama, ya que la Unidad depende de la Secretaría General. Según los considerandos, Hoffmann presentó su dimisión mediante una nota administrativa. Las áreas competentes no formularon objeciones. Los informes del expediente indicaron que no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, y la Subsecretaría Legal informó que no está vinculado a sumarios en trámite. También se ordenó a la Dirección General de Administración el pago de su liquidación final.
— Diego Hoffmann
Cerca del Gobierno aclararon que la salida no alcanzó a la conducción del área: “renunció un coordinador que depende del jefe (Martelletti). Lo sabíamos hace unos días“, deslizó una fuente oficial a Infobae. El titular de la Unidad desde agosto de 2025, Cristian Luis Martelletti, sigue en funciones y, en este momento, acompaña a Milei en España. En el oficialismo definieron el puesto vacante como de menor jerarquía y señalaron que podría ocuparlo alguien del equipo de Martelletti.
Según la versión oficial, hace algunas semanas, en su visita anterior a Madrid, Milei sufrió un “accidente doméstico” al salir de la bañadera y el golpe le dejó un hematoma en el cuello que debió cubrir con un vendaje.
Cardiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires, Hoffmann integró la Unidad desde 2016, cuando la gestión de Mauricio Macri lo designó médico asistente, y continuó en el equipo durante la presidencia de Alberto Fernández. Cubrió además guardias de Cardiología en el Hospital Fernández y acumuló más de una década en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. Con Milei en el poder, el Decreto 389/2024 lo designó coordinador desde el 8 de marzo de ese año.
Tras una investigación realizada por el periodista Manuel Román, se reveló que distintas dependencias del Estado nacional adjudicaron 23 contrataciones millonarias a OCP Tech, empresa vinculada a Leonardo Scatturice, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), empresario relacionado con el asesor presidencial Santiago Caputo y propietario de la aerolínea Flybondi.
Según el relevamiento, las adjudicaciones se concretaron durante la gestión del actual presidente Javier Milei e involucraron a distintos organismos públicos, entre ellos la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. Los contratos, establecidos tanto en dólares como en pesos, alcanzan un valor cercano a los 7 millones de dólares y superan los 1.400 millones de pesos en moneda nacional, con un monto conjunto estimado en alrededor de 10.000 millones de pesos para realizar gestiones en Estados Unidos.
Desde diciembre de 2023 distintos organismos estatales habrían adjudicado contrataciones por un valor estimado de 6.95 millones de dólares. De ese total de operaciones identificadas, 18 fueron pactadas en moneda estadounidense y las cinco restantes en pesos argentinos. La adjudicación de mayor valor alcanzó aproximadamente 1.79 millones de dólares y correspondió al Ministerio Público Fiscal.
Lo trascendido originalmente en junio de 2026 describió solo 16 contrataciones, de aproximadamente 5.8 millones de dólares y 1.510 millones de pesos, con una equivalencia calculada de unos 8.280 millones de pesos. No se sabía, por lo tanto, que el mismo recuento se extendía aún más para Scatturice, quien es un conocido empresario argentino con antecedentes en el ámbito de la inteligencia y actividades en tecnología, aviación y representación de intereses con referentes republicanos estadounidenses.
Del mismo modo, Scatturice mantiene vínculos empresariales con distintas compañías que desarrollan actividades en los sectores tecnológico, financiero y de consultoría internacional. Entre ellas se encuentra la misma OCP Tech, dedicada a la provisión de equipamiento tecnológico, licencias de software y servicios informáticos.
El empresario también está relacionado con Tactic Global y Tactic COC, firmas vinculadas a servicios de consultoría y representación de figuras como Barry Bennett, consultor político estadounidense vinculado al trumpismo, con quien Scatturice participó en actividades empresariales. Una de estas compañías suscribió un acuerdo con la SIDE para realizar tareas de asesoramiento y vinculación institucional en territorio estadounidense, convenio que fue declarado ante las autoridades de ese país. Por otra parte, Scatturice está asociado a COC Global Enterprise, grupo inversor que adquirió una participación mayoritaria en la aerolínea argentina Flybondi durante el año 2025.
Existirían documentos oficiales que permiten comprobar dichas operaciones concretas, como archivos del Ministerio Público Fiscal donde adjudicó a OCP Tech distintas contrataciones destinadas a la adquisición de infraestructura tecnológica, servicios informáticos y equipamiento de conectividad. Entre las operaciones identificadas figura la licitación pública 44/24, correspondiente a la contratación de un sistema de hiperconvergencia para integrar distintas funciones informáticas de un centro de datos, por un monto de 685.732,90 dólares. Conforme al Boletín Oficial, la adjudicación favoreció a OCP Tech, mientras que otra de las ofertas presentadas fue desestimada por incumplimientos técnicos.
Asimismo, mediante la licitación pública 2/25, el organismo adjudicó a la compañía un contrato de 96.800 dólares para la suscripción de servicios de soporte técnico y capacitación vinculados al sistema operativo Red Hat para Linux. La operación quedó formalizada a través de la Resolución ADM 74/25.
Por otra parte, la licitación pública 42/24 contempló la contratación de trabajos de cableado de datos para puntos de acceso a redes wifi. En ese procedimiento se adjudicaron tres renglones por 55.844, 28.166 y 30.292 dólares, respectivamente. Posteriormente, una resolución administrativa dispuso una ampliación contractual por otros 2.986 dólares.
El papel de Karina Milei
OCP Tech obtuvo la mayoría de las adjudicaciones para suministrar insumos informáticos y de red de parte de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de la hermana del presidente en diciembre de 2024. En ese procedimiento también participaron otras compañías adjudicatarias en una supuesta “cancillería clandestina”.
El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un acuerdo con Tactic Global para desarrollar actividades de asesoramiento y vinculación institucional en Estados Unidos. El contrato fue presentado ante el Departamento de Justicia estadounidense el 16 de junio de 2025, en cumplimiento de la legislación norteamericana sobre representación de intereses extranjeros (FARA).
El documento establecía una compensación de 10.000 dólares mensuales y contemplaba tareas como coordinar reuniones entre funcionarios argentinos y estadounidenses, facilitar contactos y brindar asesoramiento estratégico a la SIDE, a pesar de ya existir una estructura diplomática para representar los intereses argentinos en otros países, siendo trabajado correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas y los consulados.
El dato fundamental sería que el convenio con Tactic Global terminó sin pagos declarados por parte de la SIDE. En otro texto presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, correspondiente al período terminado el 30 de noviembre de 2025, informa expresamente que la Secretaría de Inteligencia argentina no realizó pagos a esa compañía.
A su vez, el periodista Ignacio Grimaldi confirmó el pasado 10 de septiembre de 2026, que el acuerdo había finalizado sin pagos declarados y que fuentes vinculadas al caso sostenían que las tareas contratadas nunca llegaron a ejecutarse, así como se sospechaba de las contrataciones de OCP Tech en relación a un episodio anterior. En julio de 2024, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, que establecía una ampliación presupuestaria de 100.000 millones de pesos para la SIDE, destinados al fortalecimiento del sistema de inteligencia y con carácter reservado.
El Congreso de la Nación rechazó ese decreto y generó cuestionamientos de distintos sectores políticos por la magnitud de los recursos asignados y los mecanismos de control sobre su utilización. El 21 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el decreto con 156 votos en contra, 52 a favor y seis abstenciones, lo que representó un primer revés legislativo para la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2024, el Senado también rechazó la disposición, lo que determinó la derogación definitiva del DNU e impidió que el Gobierno mantuviera vigente la ampliación presupuestaria destinada al organismo de inteligencia.
— El empresario argentino Leonardo Scatturice, que incluye vínculos con OCP Tech, el grupo COC Global Enterprise y la aerolínea Flybondi
Tras la decisión del Congreso, el Ejecutivo informó que se había completado, el 7 de octubre de 2024, la devolución al Tesoro Nacional de 80.000 millones de pesos previamente transferidos a la SIDE. Constatando a las declaraciones oficiales, esos recursos fueron restituidos mediante las correspondientes operaciones administrativas y presupuestarias.
Compensación de esos fondos
La hipótesis sería que algunas contrataciones públicas podrían haber servido como mecanismos alternativos para financiar operaciones relacionadas con inteligencia o gestiones políticas después del rechazo legislativo.
El beneficio de la duda estaría algo respaldada por el nombre de Scatturice, que aparece relacionado con un episodio polémico ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando un Bombardier Global 5000 de la empresa OCP Tech aterrizó en la Argentina transportando a Laura Arrieta, una exazafata y empresaria liberal argentina de 32 años, miembro del comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre internacional de líderes de derecha que se realizó en Buenos Aires, entró y sacó del país 10 valijas que fueron enviadas a las Islas Canarias.
Su rol en el comité organizador de la CPAC en la edición de Buenos Aires (celebrada en el Hotel Hilton de Puerto Madero) sirvió de puente para entablar un asiduo contacto con la Casa Rosada y posar en fotografías junto al mandatario Javer Milei. Previamente trabajó bajo la supervisión directa de Scatturice, desempeñándose como vicepresidenta y gerente de operaciones corporativas en COC Global Enterprise y empleada de la firma OCP Tech.
El viaje fue objeto de críticas por presuntas irregularidades en los controles aduaneros del equipaje, contando con las valijas de ambos individuos que no habrían sido inspeccionadas con intervención de Santiago Caputo.
Agentes de distintas dependencias bonaerenses denunciaron que fueron trasladados sin condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación e higiene. También señalaron presuntas presiones de sus superiores y cuestionaron la organización del operativo.
La Secretaría General de la Presidencia figura entre los organismos que contrataron a OCP Tech, compañía vinculada al empresario relacionado con Santiago Caputo. Recibió adjudicaciones de distintas dependencias nacionales por casi 7 millones de dólares y más de 1.400 millones de pesos.
El sector perdió más de 16.000 puestos de trabajo en dos años. Con la bolsa de harina al doble de precio y boletas de luz que promedian los $800.000 mensuales, los panaderos admitieron que ya trabajan a pérdida para no bajar la persiana.
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