El Gobierno busca recuperar votos con la vuelta del IFE
El oficialismo intentará mejorar los resultados en las generales implementando distintas medidas, entre estas, la vuelta del beneficio.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Luego de la paliza que recibió en las PASO de las elecciones legislativas 2021, el kirchnerismo busca implementar medidas que le permitan remontar los malos resultados del domingo. Por esto, el Gobierno analiza relanzar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El beneficio, que había sido lanzado en medio de la etapa más estricta de la cuarentena durante la primera ola de contagios, consistía en un bono de $10.000 y alcanzó a a 8,9 millones de hogares, pero en esta ocasión llegaría a entre 2 y 3 millones.
En esta ocasión, trabajadores informales, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B serían quienes podrían acceder al bono, aunque hasta el momento no se realizó ningún anuncio oficial, ni se habló del monto.
Algunos de los requisitos para acceder al IFE son ser argentino o nacionalizado y residente legal por al menos 2 años. Así como también, tener entre 18 y 65 años, no tener ingresos familiares provenientes de trabajos en relación de dependencia, no recibir una prestación de desempleo y no percibir jubilaciones, pensiones o planes sociales, con excepción de la AUH, la Asignación por Embarazo o el plan Progresar.
[cm_ad_changer campaign_id=”2″]
[cm_ad_changer campaign_id=”6″]
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La docena de facturas para acompañar el mate se transformó en un consumo de lujo. Según los datos más recientes que la industria panadera recopiló esta semana, la venta de pastelería, repostería y las clásicas facturas registró una baja interanual del 80%, mientras que la de pan retrocedió un 55% en los últimos dos años. El derrumbe, que respondió al aumento de los costos y a la pérdida de poder adquisitivo que modificó los hábitos de consumo, se tradujo en el cierre definitivo de unas 2.000 panaderías en todo el territorio nacional y en la pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo directos en apenas 24 meses.
En los mostradores, la crisis tomó la forma de vitrinas cada vez más vacías y con menos variedad. Los comerciantes redujeron la producción para evitar pérdidas por mercadería que no se vende y que termina por echarse a perder.
Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de la localidad bonaerense de Avellaneda, describió el fenómeno ante la agencia Noticias Argentinas con cifras que cualquier cliente reconoce en el ticket: “La venta de facturas es lo que más cayó. Cuando más se venden es un domingo o un feriado, pero ya no está eso de que a las familias se les haga cotidiano. La docena varía entre los $14.000 y los $20.000 y para el laburante eso es muy complejo. Entendemos que hay gente que cobra 25 lucas una changa, por lo que no puede pagar ese precio”.
El golpe también alcanzó a todo lo que tiene que ver con celebraciones. “La venta de masas finas, los sándwiches de miga y todo lo que suele ser para un evento o un festejo de cumpleaños se derrumbó”, explicó el dirigente, que graficó la magnitud de la caída con un ejemplo concreto: “Nosotros vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy, si se llevan 15 o 20, nos ponemos contentos”.
Para Mora, “el pan es lo único que se sostiene porque suele reemplazar las comidas”. Aun así, aclaró que su comercialización disminuyó un 50% y que la demanda quedó reducida casi por completo a las variedades tradicionales, como el pan común y el pan flauta.
La contracción de la demanda cambió de raíz la forma de comprar de los clientes cotidianos, que abandonaron casi de manera definitiva el pedido por kilo o por docena. De acuerdo con los panaderos, las compras se volvieron fraccionadas, por montos fijos en pesos o por unidades contadas: la gente se acerca a pedir “dos pancitos” o “mil pesos de pan” para el consumo inmediato. Los jubilados, uno de los segmentos más fieles de la clientela, se ven cada vez menos por los locales, ya que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los alimentos básicos.
Del otro lado del mostrador, los costos se dispararon. “La caja de margarina pasó de $40.000 o $45.000 a superar los $120.000 y luego se estabilizó entre los $85.000 y $90.000; los huevos pasaron de un rango de $35.000 a $72.000 el cajón, y la bolsa de harina escaló desde los $9.000 hasta los $18.000”, detalló Mora, quien sumó otros dos gastos a la cuenta: “A eso se le suman las tarifas de energía y el alquiler, por eso estamos más que complicados”.
La asfixia financiera de las panaderías respondió a una pinza económica: menos clientes por un lado y costos fijos en alza por el otro. Las facturas de energía eléctrica promedian los $800.000 mensuales, montos impagables para comercios de estructura familiar, que se vieron obligados a ingresar en planes de refinanciación de deudas y a acumular saldos pendientes en las tarjetas de crédito. A eso se agregó un encarecimiento constante del 30% en insumos esenciales como la harina, la grasa y la levadura, aumentos que los comerciantes no pudieron trasladar por completo al precio final para no ahuyentar a los pocos compradores que quedan.
Representantes de la Cámara de Industriales Panaderos explicaron que el sector ya trabaja directamente a pérdida, con márgenes de rentabilidad nulos, con tal de mantener las persianas abiertas. Los cierres golpearon a un rubro reconocido por ser una fuente de empleo barrial.
Frente a este panorama, los panaderos apelaron a estrategias de emergencia. Un relevamiento de Noticias Argentinas en panaderías del Área Metropolitana de Buenos Aires detectó que varios comercios venden las facturas del día anterior a mitad de precio para evitar que la mercadería termine en la basura. La medida apunta a recuperar al menos el costo de la materia prima y a ofrecer una alternativa más económica a los clientes de menores recursos. En paralelo, los locales redujeron de manera drástica las horneadas diarias, y algunos optaron por reconvertirse o anexar servicios, como la venta de café al paso, para aprovechar el tránsito de trabajadores de la zona y sumar ingresos mínimos.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial, el equipo que atiende la salud del jefe de Estado. La decisión quedó plasmada en la Resolución 505/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Rige desde el 1° de octubre. La norma no explicó los motivos de la salida ni designó un reemplazante.
—La Resolución 505/2026, con la firma de Karina Milei, data del 3 de noviembre y recién se publicó dos días después; Hoffmann había sido designado por el Decreto 389 del 7 de mayo de 2024
La firma de la hermana del Presidente respondió al organigrama, ya que la Unidad depende de la Secretaría General. Según los considerandos, Hoffmann presentó su dimisión mediante una nota administrativa. Las áreas competentes no formularon objeciones. Los informes del expediente indicaron que no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, y la Subsecretaría Legal informó que no está vinculado a sumarios en trámite. También se ordenó a la Dirección General de Administración el pago de su liquidación final.
— Diego Hoffmann
Cerca del Gobierno aclararon que la salida no alcanzó a la conducción del área: “renunció un coordinador que depende del jefe (Martelletti). Lo sabíamos hace unos días“, deslizó una fuente oficial a Infobae. El titular de la Unidad desde agosto de 2025, Cristian Luis Martelletti, sigue en funciones y, en este momento, acompaña a Milei en España. En el oficialismo definieron el puesto vacante como de menor jerarquía y señalaron que podría ocuparlo alguien del equipo de Martelletti.
Según la versión oficial, hace algunas semanas, en su visita anterior a Madrid, Milei sufrió un “accidente doméstico” al salir de la bañadera y el golpe le dejó un hematoma en el cuello que debió cubrir con un vendaje.
Cardiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires, Hoffmann integró la Unidad desde 2016, cuando la gestión de Mauricio Macri lo designó médico asistente, y continuó en el equipo durante la presidencia de Alberto Fernández. Cubrió además guardias de Cardiología en el Hospital Fernández y acumuló más de una década en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. Con Milei en el poder, el Decreto 389/2024 lo designó coordinador desde el 8 de marzo de ese año.
La economía argentina acumuló una caída del 3.9% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, lo que representa uno de los cuatro peores desempeños para los primeros ocho meses de un año desde 1993, superado solo por las crisis de 1995 (Tequila), 2001 y la pandemia de 2020.
Dentro de la serie comparable utilizada por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (EMAE), ese recorrido enero-agosto de 2026 fue el cuarto peor desde 1993, detrás de 2020 (-8%), 2001 (-7.4%) y 1995 (-6.9%). A diferencia de los antecedentes históricos de crisis, el escenario actual no presenta una ruptura del régimen monetario, una crisis bancaria generalizada ni restricciones sanitarias extraordinarias, sino que se explica por un consumo deprimido, baja inversión y falta de dinamismo industrial.
La actividad económica mostró un estancamiento en agosto, con un crecimiento mensual desestacionalizado de apenas 0.1% que no compensó la caída del 2.8% registrada en julio, manteniendo la economía significativamente por debajo del nivel de cierre del año previo.
La actual contracción económica se manifiesta en el segundo trimestre de 2026 mediante una caída del 0.6% del PBI respecto al trimestre anterior, impulsada por un retroceso generalizado en la demanda interna, incluyendo el consumo privado (-2.4%), el consumo público (-2.3%) y la inversión (-0.8%).
A pesar de la caída trimestral, el PBI muestra una variación interanual positiva del 2% en el segundo trimestre de 2026, sostenida principalmente por un fuerte crecimiento de las exportaciones (13.7%), lo que refleja una recuperación desigual en los componentes de la economía.
— La evolución del EMAE publicado por el INDEC, comparando la variación acumulada de la actividad contra diciembre del año anterior en distintos años históricos (1995, 2000, 2001, 2002, 2018)
La severa contracción económica ha tenido un impacto directo en las condiciones sociales, elevando la pobreza al 32.3% en el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento de 4.1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025 y afecta a 15 millones de personas.
El deterioro del poder adquisitivo es un factor clave en la crisis, evidenciado por el hecho de que en el primer semestre de 2026 los ingresos per cápita aumentaron un 11.5%, mientras que el costo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total subieron considerablemente más, un 21.4% y un 19.6% respectivamente.
La crisis de 1995, conocida como el “Efecto Tequila”, impactó severamente en la economía argentina tras la devaluación mexicana, provocando una contracción del PBI del 2.8% en dicho año y desencadenando una profunda crisis en el sistema bancario local.
— La variación acumulada de la actividad económica en Argentina durante 2026, siendo el mes de julio la caída más pronunciada (-4.0%)
El colapso de la convertibilidad en 2001 fue el punto culminante de un período de recesión prolongada, durante el cual el PBI argentino cayó un 13.1% entre el último trimestre de 1998 y el mismo período de 2001, derivando en una depresión económica y crisis financiera.
La crisis del 2020, motivada por la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento, produjo el mayor desplome económico de las últimas décadas, con una caída anual del PBI del 9.9% debido a una combinación de crisis de oferta, demanda y financiera.
La pobreza alcanzó al 32.3% de las personas en los 31 aglomerados urbanos durante el primer semestre, 4.1 puntos más que en el segundo semestre de 2025. En el Nordeste —región que incluye a Corrientes— llegó al 41.5%, el registro regional más elevado.
¿Qué mide el dato?
El EMAE, resume la evolución de los sectores productivos y funciona como anticipo mensual del PBI. Para estudiar el movimiento entre meses debe utilizarse la serie desestacionalizada, que intenta retirar efectos repetitivos como vacaciones, días hábiles, cosechas o festividades.
— El índice retrocedió a 101.3, reflejando la desaceleración o contracción de la actividad económica en el tercer trimestre del año
El 3.9% surge de comparar el nivel desestacionalizado de agosto de 2026 con el de diciembre de 2025. Los índices oficiales fueron 156.0 en diciembre y 149.9 en agosto; por eso, la diferencia relativa es aproximadamente -3.9%. En julio, la actividad cayó 2.8% mensual desestacionalizada y en agosto aumentó apenas 0.1%. Por lo tanto, agosto recuperó una porción mínima del retroceso de julio. No hubo un rebote capaz de devolver rápidamente la economía al nivel previo.
El mismo mes puede mostrar una baja en una comparación y una suba en otra porque cada porcentaje responde una pregunta diferente. Esta distinción es indispensable para interpretar correctamente el informe. La actividad económica registró en agosto de 2026 una leve recuperación del 0.1% respecto de julio, según los datos desestacionalizados del INDEC. Sin embargo, el nivel de producción se mantuvo un 1.7% por debajo del registrado en el mismo mes de 2025. Pese a esta caída interanual, el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró un crecimiento del 1.2% frente a igual período del año anterior.
La comparación con el cierre de 2025 reflejó un panorama más desfavorable. De acuerdo con estimaciones del Banco Provincia, la actividad económica de agosto se ubicó un 3.9% por debajo del nivel alcanzado en diciembre del año pasado, lo que evidencia una pérdida de dinamismo a lo largo de 2026.
Por su parte, el Producto Bruto Interno (PBI) registró una contracción del 0.6% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con los primeros tres meses del año. No obstante, la economía mantuvo un crecimiento interanual del 2% frente al mismo trimestre de 2025. Los resultados muestran que, si bien la actividad económica permaneció por encima de los niveles del año anterior en algunas comparaciones, su evolución reciente estuvo marcada por el estancamiento y las caídas respecto de períodos más cercanos.
El gasto público también puede impulsar o frenar la demanda agregada. Según la desestacionalización del Banco Provincia, el gasto primario nacional de septiembre estaba solo 0.5% por encima del promedio enero-agosto, por lo que no habría proporcionado un estímulo importante para compensar la debilidad privada.
— El eje horizontal detalla los meses desde enero de 2023 hasta agosto de 2026
Las exportaciones fueron la principal excepción en el segundo trimestre, puesto que las mismas crecieron 2.5% frente al trimestre anterior y 13.7% interanual. En cambio, el consumo privado bajó 2.4% trimestral, el público 2.3% y la inversión 0.8%. A su vez, la inflación mensual fue de 1.7% en agosto y 1.9% en septiembre. El dato de septiembre equivalió a 33.4% interanual. Esta desaceleración respecto de los niveles extremos de años anteriores es un resultado macroeconómico relevante, pero no garantiza por sí misma recuperación productiva.
Desinflar suele requerir políticas que reduzcan la expansión nominal y moderen la demanda. Si la mejora de expectativas, el crédito, el salario real y la inversión tarda en aparecer, puede abrirse un período en el que los precios suben más lentamente, pero la economía real permanece estancada, cae o entra en recesión. Con los datos oficiales disponibles, el PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al primero. Para hablar convencionalmente de “recesión técnica” se requieren dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, por lo que todavía falta la confirmación oficial del tercer trimestre.
— El PIB de Argentina creció un 2.0% interanual en el segundo trimestre de 2026, aunque registró una caída del 0.6% en la medición desestacionalizada respecto al trimestre anterior
La tasa de desocupación fue 7.9% en el segundo trimestre de 2026. El INDEC indicó que no tuvo una variación estadísticamente significativa frente al mismo trimestre de 2025, aunque la tasa de actividad aumentó 0.8 puntos porcentuales.
La relativa estabilidad del desempleo no elimina el deterioro laboral. En el segundo trimestre los puestos asalariados bajaron 0.8% interanual, mientras los no asalariados crecieron 3.9%. Además, la participación de la remuneración asalariada en el valor agregado descendió de 45.4% a 42.9%.
¿Qué sectores cayeron?
La contracción fue amplia. Según el cálculo del Banco Provincia, solamente 3 de 16 ramas —minas y canteras (+7.6%), hoteles y restaurantes (+1.7%) y servicios sociales y de salud (+0.7%)— estaban en agosto por encima de diciembre de 2025; las otras 13, que representan alrededor del 90% de la economía y el 88% del empleo asalariado privado registrado, estaban por debajo.
Los tres grandes sectores con mayores encadenamientos retrocedieron desde diciembre, entre ellos industria -3.2%, construcción -4.0% y comercio -4.8%. Juntos representan aproximadamente el 35% de la actividad y el 45% del empleo privado registrado, por lo que su deterioro se transmite a proveedores, logística, servicios profesionales, empleo e ingresos familiares.
Es importante no mezclar esas variaciones con las interanuales. En la comparación agosto de 2026 contra agosto de 2025, el INDEC registró industria -3.2%, construcción -2.5% y comercio -3.5%; minería, en cambio, creció 11.1% interanual. Los datos muestran una economía dividida. En agosto, minería y energía fueron las actividades con mayor aporte positivo, mientras industria y comercio realizaron las mayores contribuciones negativas al EMAE interanual.
La minería puede crecer con fuerza y aportar exportaciones, divisas e inversión, pero tiene menor peso y menos capacidad de arrastre inmediato sobre el empleo urbano y el consumo masivo que el conjunto formado por comercio, industria y construcción. El informe del Banco Provincia resume este problema como la insuficiencia de un “sector de enclave” para impulsar por sí solo a toda la economía.
Esta heterogeneidad explica por qué algunos indicadores externos o extractivos pueden mejorar mientras hogares, pymes y sectores orientados al mercado interno perciben recesión. No es una economía uniformemente paralizada, sino una estructura en la que pocos sectores expansivos no compensan la debilidad de los de mayor peso y articulación.
El consumo depende principalmente del poder adquisitivo, la cantidad y calidad del empleo, las transferencias públicas y el acceso al crédito. El Banco Provincia señaló que el crédito en pesos cayó 0.5% real entre julio y septiembre, con una reducción de 2% en el financiamiento a las familias y estancamiento en empresas.
— Las variaciones porcentuales por rubro de las ventas minoristas pymes en Argentina correspondientes a septiembre de 2026, conforme a datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
Las ventas minoristas pyme bajaron 1.2% mensual en septiembre, encadenaron cuatro retrocesos y acumulaban una contracción de 2.1% durante 2026. Al mismo tiempo, la variación interanual de septiembre fue levemente positiva, de 0.3%, otra demostración de que el diagnóstico cambia según la base utilizada.
En el segundo trimestre, la formación bruta de capital fijo cayó 0.8% frente al trimestre previo y 11.1% interanual. Dentro de esta última comparación, maquinaria y equipo descendió 15.2% y equipo de transporte 22.1%, señales particularmente relevantes porque la inversión amplía la capacidad productiva futura.
Una empresa invierte cuando espera ventas suficientes y rentabilidad razonable, y cuando puede financiarse a un costo compatible con el proyecto. Si las ventas están débiles, existe capacidad ociosa o el crédito resulta restrictivo, la estabilización nominal por sí sola puede no alcanzar para activar nuevas inversiones.
Tras una investigación realizada por el periodista Manuel Román, se reveló que distintas dependencias del Estado nacional adjudicaron 23 contrataciones millonarias a OCP Tech, empresa vinculada a Leonardo Scatturice, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), empresario relacionado con el asesor presidencial Santiago Caputo y propietario de la aerolínea Flybondi.
Según el relevamiento, las adjudicaciones se concretaron durante la gestión del actual presidente Javier Milei e involucraron a distintos organismos públicos, entre ellos la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. Los contratos, establecidos tanto en dólares como en pesos, alcanzan un valor cercano a los 7 millones de dólares y superan los 1.400 millones de pesos en moneda nacional, con un monto conjunto estimado en alrededor de 10.000 millones de pesos para realizar gestiones en Estados Unidos.
Desde diciembre de 2023 distintos organismos estatales habrían adjudicado contrataciones por un valor estimado de 6.95 millones de dólares. De ese total de operaciones identificadas, 18 fueron pactadas en moneda estadounidense y las cinco restantes en pesos argentinos. La adjudicación de mayor valor alcanzó aproximadamente 1.79 millones de dólares y correspondió al Ministerio Público Fiscal.
Lo trascendido originalmente en junio de 2026 describió solo 16 contrataciones, de aproximadamente 5.8 millones de dólares y 1.510 millones de pesos, con una equivalencia calculada de unos 8.280 millones de pesos. No se sabía, por lo tanto, que el mismo recuento se extendía aún más para Scatturice, quien es un conocido empresario argentino con antecedentes en el ámbito de la inteligencia y actividades en tecnología, aviación y representación de intereses con referentes republicanos estadounidenses.
Del mismo modo, Scatturice mantiene vínculos empresariales con distintas compañías que desarrollan actividades en los sectores tecnológico, financiero y de consultoría internacional. Entre ellas se encuentra la misma OCP Tech, dedicada a la provisión de equipamiento tecnológico, licencias de software y servicios informáticos.
El empresario también está relacionado con Tactic Global y Tactic COC, firmas vinculadas a servicios de consultoría y representación de figuras como Barry Bennett, consultor político estadounidense vinculado al trumpismo, con quien Scatturice participó en actividades empresariales. Una de estas compañías suscribió un acuerdo con la SIDE para realizar tareas de asesoramiento y vinculación institucional en territorio estadounidense, convenio que fue declarado ante las autoridades de ese país. Por otra parte, Scatturice está asociado a COC Global Enterprise, grupo inversor que adquirió una participación mayoritaria en la aerolínea argentina Flybondi durante el año 2025.
Existirían documentos oficiales que permiten comprobar dichas operaciones concretas, como archivos del Ministerio Público Fiscal donde adjudicó a OCP Tech distintas contrataciones destinadas a la adquisición de infraestructura tecnológica, servicios informáticos y equipamiento de conectividad. Entre las operaciones identificadas figura la licitación pública 44/24, correspondiente a la contratación de un sistema de hiperconvergencia para integrar distintas funciones informáticas de un centro de datos, por un monto de 685.732,90 dólares. Conforme al Boletín Oficial, la adjudicación favoreció a OCP Tech, mientras que otra de las ofertas presentadas fue desestimada por incumplimientos técnicos.
Asimismo, mediante la licitación pública 2/25, el organismo adjudicó a la compañía un contrato de 96.800 dólares para la suscripción de servicios de soporte técnico y capacitación vinculados al sistema operativo Red Hat para Linux. La operación quedó formalizada a través de la Resolución ADM 74/25.
Por otra parte, la licitación pública 42/24 contempló la contratación de trabajos de cableado de datos para puntos de acceso a redes wifi. En ese procedimiento se adjudicaron tres renglones por 55.844, 28.166 y 30.292 dólares, respectivamente. Posteriormente, una resolución administrativa dispuso una ampliación contractual por otros 2.986 dólares.
El papel de Karina Milei
OCP Tech obtuvo la mayoría de las adjudicaciones para suministrar insumos informáticos y de red de parte de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de la hermana del presidente en diciembre de 2024. En ese procedimiento también participaron otras compañías adjudicatarias en una supuesta “cancillería clandestina”.
El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un acuerdo con Tactic Global para desarrollar actividades de asesoramiento y vinculación institucional en Estados Unidos. El contrato fue presentado ante el Departamento de Justicia estadounidense el 16 de junio de 2025, en cumplimiento de la legislación norteamericana sobre representación de intereses extranjeros (FARA).
El documento establecía una compensación de 10.000 dólares mensuales y contemplaba tareas como coordinar reuniones entre funcionarios argentinos y estadounidenses, facilitar contactos y brindar asesoramiento estratégico a la SIDE, a pesar de ya existir una estructura diplomática para representar los intereses argentinos en otros países, siendo trabajado correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas y los consulados.
El dato fundamental sería que el convenio con Tactic Global terminó sin pagos declarados por parte de la SIDE. En otro texto presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, correspondiente al período terminado el 30 de noviembre de 2025, informa expresamente que la Secretaría de Inteligencia argentina no realizó pagos a esa compañía.
A su vez, el periodista Ignacio Grimaldi confirmó el pasado 10 de septiembre de 2026, que el acuerdo había finalizado sin pagos declarados y que fuentes vinculadas al caso sostenían que las tareas contratadas nunca llegaron a ejecutarse, así como se sospechaba de las contrataciones de OCP Tech en relación a un episodio anterior. En julio de 2024, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, que establecía una ampliación presupuestaria de 100.000 millones de pesos para la SIDE, destinados al fortalecimiento del sistema de inteligencia y con carácter reservado.
El Congreso de la Nación rechazó ese decreto y generó cuestionamientos de distintos sectores políticos por la magnitud de los recursos asignados y los mecanismos de control sobre su utilización. El 21 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el decreto con 156 votos en contra, 52 a favor y seis abstenciones, lo que representó un primer revés legislativo para la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2024, el Senado también rechazó la disposición, lo que determinó la derogación definitiva del DNU e impidió que el Gobierno mantuviera vigente la ampliación presupuestaria destinada al organismo de inteligencia.
— El empresario argentino Leonardo Scatturice, que incluye vínculos con OCP Tech, el grupo COC Global Enterprise y la aerolínea Flybondi
Tras la decisión del Congreso, el Ejecutivo informó que se había completado, el 7 de octubre de 2024, la devolución al Tesoro Nacional de 80.000 millones de pesos previamente transferidos a la SIDE. Constatando a las declaraciones oficiales, esos recursos fueron restituidos mediante las correspondientes operaciones administrativas y presupuestarias.
Compensación de esos fondos
La hipótesis sería que algunas contrataciones públicas podrían haber servido como mecanismos alternativos para financiar operaciones relacionadas con inteligencia o gestiones políticas después del rechazo legislativo.
El beneficio de la duda estaría algo respaldada por el nombre de Scatturice, que aparece relacionado con un episodio polémico ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando un Bombardier Global 5000 de la empresa OCP Tech aterrizó en la Argentina transportando a Laura Arrieta, una exazafata y empresaria liberal argentina de 32 años, miembro del comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre internacional de líderes de derecha que se realizó en Buenos Aires, entró y sacó del país 10 valijas que fueron enviadas a las Islas Canarias.
Su rol en el comité organizador de la CPAC en la edición de Buenos Aires (celebrada en el Hotel Hilton de Puerto Madero) sirvió de puente para entablar un asiduo contacto con la Casa Rosada y posar en fotografías junto al mandatario Javer Milei. Previamente trabajó bajo la supervisión directa de Scatturice, desempeñándose como vicepresidenta y gerente de operaciones corporativas en COC Global Enterprise y empleada de la firma OCP Tech.
El viaje fue objeto de críticas por presuntas irregularidades en los controles aduaneros del equipaje, contando con las valijas de ambos individuos que no habrían sido inspeccionadas con intervención de Santiago Caputo.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof adjudicó una obra pública por $840.695.627,02 para construir un espacio comunitario en el barrio El Retiro, de Los Hornos, partido de La Plata. El proyecto debía mejorar un predio destinado a actividades deportivas, recreativas y culturales, especialmente para niños y adolescentes.
Sin embargo, ocurrió algo llamativo. La construcción comenzó formalmente el 2 de marzo de 2026 y fue suspendida el 13 de marzo, apenas once días después. Durante los meses siguientes no se reanudaron los trabajos y, finalmente, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) decidió rescindir el contrato por falta de financiamiento.
La Provincia se quedó sin fondos disponibles del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ese proyecto y tampoco contaba en ese momento con recursos presupuestarios propios para continuarlo. El proyecto, denominado Equipamiento comunitario y mejoramiento de espacio público, estaba ubicado en las inmediaciones de las calles 62 y 166 del barrio El Retiro.
— La planta de implantación del proyecto de un salón comunitario y espacio público en el barrio El Retiro, ubicado en la localidad de Los Hornos, La Plata (Buenos Aires)
El mismo contemplaba la intervención de aproximadamente 4.320 metros cuadrados, con la construcción de un salón de usos múltiples (SUM) de 200 metros cuadrados, equipado con cocina y sanitarios para el desarrollo de reuniones, talleres y actividades comunitarias. Además, estaba prevista la instalación de un playón deportivo de 30 metros de largo por 17 de ancho, destinado a la práctica de fútbol, básquet y otras disciplinas. Las obras también incluían juegos infantiles, veredas, iluminación, mobiliario urbano, forestación y acondicionamiento de espacios verdes, con el objetivo de mejorar la infraestructura del barrio y ofrecer nuevos lugares de encuentro y recreación para los vecinos.
La iniciativa había sido presentada oficialmente por el OPISU el 13 de octubre de 2025, como parte de una política de integración social y urbana destinada a mejorar las condiciones de vida en barrios populares. No se trataba simplemente de embellecer una plaza. El objetivo era dotar a los vecinos de infraestructura pública para realizar actividades que, en muchos casos, requieren trasladarse a otros sectores de la ciudad.
El Gobierno bonaerense, a través del OPISU, adjudicó la obra a la unión transitoria integrada por Aleste S.A. Empresa Constructora y Marle Construcciones S.A. por un monto de $840.7 millones. El contrato fue firmado el 13 de febrero de 2026 y los trabajos comenzaron formalmente el 2 de marzo, con un plazo de ejecución previsto de 180 días corridos. La obra se licitó dentro del proyecto AR-L1288 y con un préstamo BID 4823/OC-AR. El BID informaba para el programa un crédito aprobado de USD$100 millones, una contrapartida argentina de USD$11.15 millones y un costo total de USD$111.15 millones.
No obstante, apenas once días después, el 13 de marzo, el organismo provincial y las empresas acordaron suspender la construcción y neutralizar los plazos contractuales.La paralización se prolongó durante más de seis meses, hasta que el 30 de septiembre el OPISU dictó la Resolución 271/2026, mediante la cual dispuso la rescisión unilateral del contrato bajo el argumento de fuerza mayor. La decisión se hizo pública en octubre, luego de su publicación en el Boletín Oficial.
Pero la cuestión de fondo va más allá de esos once días. El proyecto fue contratado con un plazo de ejecución que superaba el período informado de ejecución del préstamo internacional, y la Provincia tampoco disponía de una alternativa presupuestaria para continuarlo. Con un plazo contractual de 180 días corridos y un comienzo el 2 de marzo, la terminación teórica caía hacia fines de agosto de 2026. En cambio, el período de ejecución del préstamo finalizaba el 24 de junio, aproximadamente dos meses antes.
La adjudicación se firmó el 6 de enero, el contrato el 13 de febrero y el inicio el 2 de marzo. Es decir, OPISU avanzó sucesivamente con la adjudicación, contratación e inicio de una obra cuyo plazo completo excedía el período informado para el préstamo que debía financiarla.
¿Por qué la Provincia se quedó sin financiamiento?
La obra estaba contemplada dentro del préstamo internacional 4823/OC-AR, otorgado por el BID para financiar el Programa de Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires. El crédito, aprobado el 2 de julio de 2019, ascendía a 100 millones de dólares, mientras que el costo total del programa alcanzaba los 111,15 millones de dólares. Según los registros del organismo internacional, el período de ejecución del financiamiento finalizó el 24 de junio de 2026.
Los recursos estaban destinados a un conjunto de proyectos de urbanización y mejoramiento de barrios populares, entre los que se encontraba la intervención prevista en Los Hornos. A través de este mecanismo, la Provincia podía financiar obras de infraestructura social y urbana, siempre que se ajustaran a los objetivos del programa y cumplieran con las condiciones y los plazos establecidos en el acuerdo con el BID.
Pero apareció una incompatibilidad importante, siendo que la ejecución del préstamo terminó el 24 de junio de 2026, según los registros publicados por el BID en la base internacional IATI. Mientras tanto, la obra de Los Hornos tenía un plazo contractual de 180 días y, de no haberse suspendido, debía finalizar hacia fines de agosto de 2026.
Es decir, el proyecto estaba programado para terminar aproximadamente dos meses después de que concluyera el período de ejecución del financiamiento. Esto plantea la duda de por qué se adjudicó y contrató una obra cuyo cronograma superaba el período de ejecución del préstamo que debía financiarla.
El segundo problema fue una decisión de la propia Provincia, ya que la documentación administrativa, recogida en la Resolución 271/2026, señala que la Provincia solicitó al BID desafectar el financiamiento correspondiente a la obra y que el banco tomó conocimiento de esa decisión.
— Funcionarias del OPISU del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el acto de licitación y apertura de sobres para proyectos de infraestructura y reurbanización en barrios populares
Esto significaba retirar una obra de la asignación de recursos que tenía prevista dentro de un programa de financiamiento. Por ejemplo, si una provincia tiene varias construcciones programadas dentro de un crédito internacional, puede gestionar cambios en los proyectos que serán financiados. Eso no equivale necesariamente a que el organismo prestamista haya decidido unilateralmente cancelar el dinero, puesto que la propia gestión provincial solicitó una desafectación.
El tercer inconveniente fue la falta de presupuesto provincial. Una vez que la obra dejó de contar con ese financiamiento internacional, quedaba solo la posibilidad de terminarla con recursos propios del Gobierno bonaerense. Asimismo, la Dirección General de Administración del OPISU informó que no existía disponibilidad presupuestaria de Rentas Generales para garantizar la continuidad de los trabajos. En términos sencillos, la Provincia no disponía de una partida alternativa para pagar la construcción y el resultado fue la rescisión del contrato.
El OPISU recindió el contrato por fuerza mayor
La directora ejecutiva del OPISU, Romina Analía Barrios, firmó la Resolución 271/2026 para poner fin unilateralmente al contrato con las constructoras Aleste y Marle.
El OPISU justificó la rescisión del contrato por razones de fuerza mayor, una causal contemplada en el artículo 65 de la Ley provincial 6.021 de Obras Públicas. La normativa permite poner fin a una contratación cuando circunstancias extraordinarias impiden su cumplimiento y establece mecanismos para reconocer los trabajos ejecutados y los materiales acopiados hasta el momento de la interrupción.
Pese a ello, la falta de financiamiento no constituye necesariamente una situación de fuerza mayor desde el punto de vista jurídico. Para determinar si corresponde aplicar esa figura, resulta necesario establecer si la imposibilidad de continuar con la obra respondió a circunstancias imprevisibles e inevitables, ajenas al control de la administración provincial, o si pudo haberse anticipado mediante una adecuada planificación presupuestaria. Aunque el organismo invocó ese argumento en la resolución, su inclusión en el acto administrativo no implica que la justificación haya sido avalada por una instancia judicial.
La licitación contemplaba la posibilidad de otorgar un anticipo financiero equivalente al 10% del contrato, siempre que las empresas adjudicatarias lo solicitaran y cumplieran con los requisitos establecidos, pero hasta el momento no se ha podido confirmar públicamente si ese desembolso llegó a concretarse.
Por su parte, el OPISU dejó pendiente la evaluación de los gastos que eventualmente deberán reconocerse a las constructoras como consecuencia de la rescisión. Entre los conceptos que podrían ser considerados se encuentran los trabajos efectivamente realizados, la adquisición de materiales, la instalación del obrador y los costos derivados de la paralización y el retiro de equipos, siempre que estén debidamente acreditados y contemplados en las condiciones contractuales.
En este sentido, la Ley provincial 6.021 de Obras Públicas prevé el reconocimiento de determinados gastos improductivos ocasionados por la suspensión de los trabajos, mientras que el pliego de licitación establece los procedimientos para efectuar las liquidaciones correspondientes tras la finalización anticipada del contrato.
De esta manera, aunque no existen elementos suficientes para afirmar que la Provincia haya perdido los $840,7 millones correspondientes al monto adjudicado, tampoco puede descartarse que la rescisión genere nuevas obligaciones económicas para el Estado bonaerense. El costo definitivo dependerá de los gastos que logren acreditar las empresas y de aquellos que finalmente sean reconocidos por la administración provincial.
La vicepresidente Victoria Villarruel firmó el pasado viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para los empleados endeudados de la Cámara alta. Podrán pedir un adelanto de haberes a tasa cero, de hasta tres sueldos netos de octubre, para cancelar por completo lo que deben.
En los fundamentos de la norma, Villarruel escribió que la situación económica del país llevó a las familias a usar más el crédito para pagar gastos corrientes y aumentó sus obligaciones mensuales. Para respaldarse citó al Banco Central. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas, el 54,7% de los adultos, tenían algún tipo de financiamiento, y el saldo promedio por deudor llegó a su máximo desde enero de 2020. En junio de 2026, el 12,8% de los créditos a familias tenía pagos atrasados. En las fintechs, las emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, la cifra fue del 26,9% en febrero.
Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo.
El anuncio cayó mal en X y Villarruel contestó sin anestesia: “Cuesta entender lo que leen”. A quien le pidió frenar los aumentos de los legisladores le recordó que Diputados depende de Martín Menem y que los senadores votan sus propias dietas. “No soy senadora y no intervengo en sus dietas”, aclaró. Según afirmó, en lo que sí controla ahorró 30.000 millones de pesos.
Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper.
Un docente de Entre Ríos que dijo cobrar $700.000 reclamó el alivio para sí mismo. “¿Te pensás que el Senado está en otra galaxia?”, le devolvió la vicepresidente, que aseguró que algunos empleados de la Cámara ganan cifras parecidas. “Viven en Narnia”, les disparó a otros usuarios, a quienes acusó de ignorar lo que cuesta alquilar, viajar al trabajo, comer o criar un hijo con uno o dos millones de sueldo. “Salgan del tupper”, remató.
El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan…
“¿El empleado endeudado de mantenimiento qué casta es?”, preguntó ante quienes le reprocharon sumar privilegios. También defendió al personal de limpieza, a los choferes y a los custodios del Congreso frente a los que los llamaron ñoquis. A un usuario que calificó de ilegal la medida le contestó que “ilegal es otra cosa” y que quien trabaja en el Estado también es profesional, padre o madre de familia, inquilino y estudiante. Y redobló: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”.
Sostuvo además que el programa alcanza a casos puntuales y a salarios medios y bajos. Según afirmó, la reducción de 1.200 empleados también generó ahorro. A un usuario que cuestionó los ataques contra los empleados públicos le dijo que las entidades de bien público siguen siendo necesarias. “El odio que leo en ciertos mensajes habla mal de lo que dicen defender”, escribió.
Podrán acceder los trabajadores de planta permanente y temporaria. El adelanto servirá para saldar deudas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y con bancos públicos y privados o entidades habilitadas por el BCRA. También cubre deudas con billeteras virtuales y plataformas de pago que prestan dinero (Proveedores de Servicios de Pago, PSP) y con fintechs y emisoras de tarjetas (Proveedores No Financieros de Crédito, PNFC/OPNFC). Quedan afuera los créditos prendarios, que tienen un vehículo como garantía, y los hipotecarios.
La inscripción cierra el 20 de noviembre. Para anotarse hay que presentar una constancia del acreedor con el capital, los intereses, la tasa, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para cancelarla. Los beneficiarios devolverán solo lo que recibieron, sin intereses ni costos financieros, en hasta nueve meses. Según Villarruel, el programa se pagará con el ahorro y los recuperos de la administración del Senado.
La Secretaría General de la Presidencia figura entre los organismos que contrataron a OCP Tech, compañía vinculada al empresario relacionado con Santiago Caputo. Recibió adjudicaciones de distintas dependencias nacionales por casi 7 millones de dólares y más de 1.400 millones de pesos.
El sector perdió más de 16.000 puestos de trabajo en dos años. Con la bolsa de harina al doble de precio y boletas de luz que promedian los $800.000 mensuales, los panaderos admitieron que ya trabajan a pérdida para no bajar la persiana.
En tres temporadas, la Provincia más que triplicó el pago a los cazadores. Para controlar a la especie, exigirá contar, medir y registrar el sexo de cada pieza.
📖 IL DIARIO PERSONALE DI PAPA FRANCESCO.
Dal 24 novembre le pagine personali di Jorge Mario Bergoglio diventano un libro, presentato e commentato dal card. Víctor Manuel Fernández.
🌍 Un’uscita mondiale in 94 Paesi e 5 lingue: italiano, spagnolo, inglese, portoghese e francese. https://t.co/vptymfgmIc
