Gobernador K se aumentó el sueldo y cobrará MÁS DE $700 MIL
Melella, el mandatario a favor de una corte suprema plural y federal, será investigado junto a su gobierno por malversación de fondos públicos.
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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de carácter kirchnerista, decidió aumentarse el sueldo y el de los demás funcionarios públicos. De esta forma el actual gobernador pasará a cobrar un sueldo de $720 mil.
Mientras los políticos se aumentan el sueldo, muchos se encargan también de gastarlo. Tal es el caso de Martín Pérez, intendente de Río Grande, quien se vio envuelto en un escándalo luego de que llegara el resumen de la tarjeta corporativa.
Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana, es quien tenía a su cargo los gastos de la tarjeta que se utiliza para manejar la gestión del dinero municipal. Se ha pedido que se inicie una investigación luego de que César Segovia, ex director de Juventudes, hiciera compras millonarias y gastos personales con la tarjeta corporativa.
Todos los involucrados pertenecen al gobierno actual de Tierra del Fuego, siendo Melella gobernador por el partido de la concertación FORJA desde el año 2019 y Ferro un abogado especializado en administración publica y fiel militante peronista.
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El pasado domingo se llevó a cabo la primera jornada de festejos por el Año Nuevo Chino en la Plaza Parques Nacionales Argentinos, ubicada en el barrio porteño de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad se invitó a participar de “una jornada abierta para compartir en familia y dar la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, símbolo de la energía, el movimiento y la renovación”. La actividad fue organizada por la Dirección General de Colectividades y Migrantes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, junto a Phoenix Dorada (una asociación de chinos comunistas que propagan la ‘Cultura del Partido’ en Argentina) y la Colectividad China en nuestro país.
Como todos los años, practicantes argentinos de la comunidad religiosa de la Escuela Buda Falun Dafa asistieron al evento. Lo hicieron vestidos con su tradicional camiseta amarilla y acompañados por su lema fundamental: “Verdad, Benevolencia, Tolerancia”. Sin embargo, de acuerdo con el material difundido por la organización, el evento no fue realmente abierto ya que personal de una empresa de seguridad contratada en los accesos les impidió el ingreso.
– Chinos tapan a Falun Dafa con una bandera del PCCh
Sucede que en China esta creencia está terminantemente prohibida y es brutalmente perseguida por el sangriento régimen comunista desde el año 1999.
Ante esa situación, los practicantes permanecieron fuera del predio repartiendo folletos informativos a quienes ingresaban al evento. Sin embargo, al atravesar los accesos, el personal de seguridad exigió a los asistentes que descartaran ese material en la basura. El episodio generó indignación entre varias personas y momentos de tensión que no escalaron en gravedad.
DATA24 tuvo acceso al comunicado difundido por la Asociación Civil Estudio de Falun Dafa en Argentina, allí se indicó que incluso se negó el paso a personas que tenían remeras amarillas siendo ajenas a Falun Dafa.
En ese marco, los practicantes de Falun Dafa afirmaron que la persecución que aún sucede en China se extendió también a la Argentina “con la colaboración de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En el gigante asiático, explicaron, sucede “una persecución sin precedentes en la historia, un genocidio perpetrado por el régimen comunista; que incluye diversas prácticas perversas como secuestros, torturas, campos de trabajo forzado, centros de reeducación y hasta sustracción forzada de órganos”.
La información aportada indicó que en Argentina existió “un historial documentado de más de dos décadas de episodios de violencia, discriminación y censura ejecida por agentes chinos que responden a su embajada y por fuerzas de seguridad metropolitana contra ciudadanos argentinos de bien”. Según el texto las acciones policiales fueron “ostensiblemente favorables a los intereses de la Embajada de China en Buenos Aires y contrarias a la seguridad ciudadana”, en el marco de una “persecución religiosa trasnacional” contra los creyentes de esa disciplina, “reconocida oficialmente como culto religioso en nuestro país”.
La presidenta de la Asociación, LiweiFu, declaró que “como practicantes pacíficos y creyentes en Dios, participamos en estos eventos para compartir y mostrar la verdadera esencia espiritual de la cultura china, no para confrontar. Pero la historia de violencias nos obliga a alzar la voz: no podemos permitir que un régimen totalitario extranjero siga persiguiendo a creyentes pacíficos argentinos en su propio país. Instamos a la prensa, la sociedad civil y las autoridades a pronunciarse en la defensa de la soberanía y la libertad religiosa. La rectitud de nuestros líderes traerá prosperidad a Argentina, rechazando el avance maligno del comunismo chino y protegiendo a sus ciudadanos”.
El comunicado también recordó antecedentes similares. Durante la celebración del Año Nuevo Chino del año pasado, “los practicantes argentinos de Falun Dafa sufrieron una persecución brutal sin precedentes, bajo órdenes de la Embajada de China”.
Clarin Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es un movimiento espiritual de origen chino basado en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Nació en China en 1992 y llegó a reunir a decenas de millones de practicantes antes de ser prohibido por el Partido Comunista Chino en 1999.
– Fuente: Clarín
Según se puede ver en los videos a los que también accedió este medio, agentes de civil argentinos y efectivos policiales de la Ciudad colaboraron con “las agresiones violentas” ejercidas por “patotas chinas”, mientras funcionarios y el propio embajador de China observaron desde el escenario principal “sin intervenir”.
Asimismo, sostuvo que esos hechos fueron denunciados judicialmente y que se esperaba que se sumaran a “las siete causas judiciales abiertas en Argentina” por “constantes golpizas perpetradas por matones de origen chino a practicantes argentinos en su propio país”.
En relación con ese historial, Fu agregó: “En ningún otro país del mundo ocurre una situación como la que vivimos en Argentina, donde ciudadanos son hostigados únicamente por ser creyentes espirituales de una fe que es brutalmente perseguida en China por el régimen comunista. Es una vergüenza que autoridades, funcionarios y fuerzas de seguridad hayan actuado en connivencia con ese régimen, a través de la embajada china, para perseguir a ciudadanos pacíficos. La persecución no ha cesado. La embajada continúa ejerciendo su influencia en el barrio chino, frente al consulado, presionando a la policía y a la Cancillería para restringir la libertad de permanencia en ciertos lugares a practicantes argentinos. Esta situación lleva más de 20 años. No debería permitirse que algo así ocurra en nuestro país, bajo un gobierno nacional que debe garantizar el debido respeto y la protección de creyentes espirituales pacíficos que actúan conforme a los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia”.
Acerca de Falun Dafa
Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una creencia milenaria de la Escuela Buda basada en los principios universales de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Actualmente se practica libremente en más de 100 países e incluye ejercicios de qigong de alto nivel y una meditación que promueven la salud física y mental. En China, la disciplina fue difundida abiertamente al público por primera vez en 1992 y llegó a contar con más de 100 millones de practicantes en solo 7 años.
Este gran despertar espiritual en la población china de los años 90 fue tomando como una amenaza a la naturaleza atea del Partido Comunista chino (PCCh), que durante décadas buscó eliminar completamente la verdadera cultura tradicional china de 5000 años de historia, caracterizada por creer en Dios. Por eso, en 1999, el régimen comunista emprendió una enorme campaña para difamar y perseguir brutalmente a los practicantes de Falun Dafa, que continúa hasta hoy.
Esta persecución religiosa a gran escala incluye detenciones arbitrarias, torturas, campos de trabajo forzado y la sustracción forzada de órganos en vida a practicantes detenidos, calificada como un “genocidio silencioso” y “una maldad nunca vista en este planeta” por el abogado canadiense David Matas, nominado al Premio Nobel de la Paz.
A pocos metros de la costa de Lago Escondido, en un valle encajonado entre cerros que superaron los dos mil metros, Joseph Lewis avanzó con una estructura subterránea de 4.000 metros cuadrados, de características militares, sin planos visibles ni autorizaciones que avalaran la obra. Según las descripciones incorporadas en pedidos de informes, la fortificación contó con tres subsuelos y dos plantas, y quedó enterrada en morenas glaciarias con hormigón y acero.
El financista británico regresó a su estancia patagónica en enero de 2026, luego de recibir el indulto de Donald Trump tras haber sido condenado por fraude en Estados Unidos. En ese marco, supervisó los trabajos de una construcción que incluyó salas de comunicaciones, spa y peluquería, además de un piso exclusivo para su estadía. Las imágenes satelitales apenas insinuaron la magnitud de las excavaciones y, de acuerdo con lo consignado, ningún funcionario inspeccionó la obra.
La legisladora Magdalena Odarda sostuvo durante siete años pedidos de explicaciones sin respuestas y volvió a exigir precisiones sobre quién autorizó la intervención. En su presentación, describió la fortificación como “totalmente apta para uso militar” y pidió determinar si funcionó como un refugio antiaéreo o si respondió a una decisión personal del magnate. También señaló que se abrió un camino de ocho kilómetros junto a la costa que no respetó la línea de sirga establecida por ley.
Mientras se desarrollaron las excavaciones, el Ministerio de Defensa de la Nación mantuvo desactivado el visor online de áreas de frontera del Instituto Geográfico Nacional, una herramienta que, según se indicó, resultó clave para establecer si las obras vulneraron zonas sensibles vinculadas a la soberanía.
El cuadro, de acuerdo con la misma información, incluyó otros emprendimientos en la Patagonia. El Emir de Qatar contó con una residencia excavada en la roca a 1.700 metros de altura en el cerro Baguales, en un contexto en el que también se mencionó a un magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiso construir represas privadas. A su vez, el fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, desplegó infraestructura en la cordillera y en la costa atlántica.
Ese último grupo adquirió del holding Tavistock, propiedad de Lewis, un aeropuerto privado en la costa atlántica rionegrina, en Sierra Grande, ubicado a 700 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Allí, según se consignó, ningún control estatal supervisó el tráfico aéreo: Gendarmería no ingresó, Prefectura no ingresó y, cuando la propia policía rionegrina intentó hacerlo, se le negó el acceso sin que se registraran consecuencias.
En paralelo, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sin aviso ni invitación a los gobernadores. Gustavo Melella protestó tibiamente y Rolando Figueroa se enojó con la prensa que lo sorprendió sin respuestas. A 48 horas de esa visita, el embajador Jamieson Greer, secretario comercial de la representación comercial en Argentina, firmó un acuerdo de comercio recíproco con Pablo Quirno.
El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.
La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.
Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa
La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.
La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.
El legendario Tanque Argentino Mediano
Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.
Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina
Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAMy otros programas de equipamiento militar autóctonos.
En la noche del jueves 12 de febrero de 2026, cerca de las 21 horas, la pantalla de TN fue testigo de un naufragio argumentativo que dejó en evidencia las carencias de una de las figuras del oficialismo. La senadora nacional por Salta, Emilia Orozco, protagonizó un cruce de antología frente a la diputada del PRO, Florencia De Sensi. En pleno debate sobre la modernización laboral, la lógica mileísta de Orozco colapsó ante una propuesta de libertad básica: que cada trabajador elija dónde cobrar su sueldo.
Todo comenzó cuando De Sensi, con precisión técnica y el respaldo del bloque de Cristian Ritondo, planteó que el 80% de los trabajadores traspasa su sueldo de un banco a una billetera virtual apenas lo percibe: “a diferencia de lo que opina la Senadora Orozco, nosotros vemos —y de hecho el BCRA respalda la regulación de las billeteras virtuales— y sabemos que el 80% de los trabajadores que hoy perciben su salario lo traspasan inmediatamente a una billetera virtual. Lo que estaríamos haciendo es reconocer legalmente algo que ya sucede de hecho”, explicó la diputada nacional por Buenos Aires.
De Sensi, abogada con formación en derecho público y referente de la modernización estatal en el PRO, lanzó una pregunta que descolocó a la senadora salteña: “en un gobierno tan liberal, tan liberal, ¿por qué no se le permite a los trabajadores, que son los dueños de su salario, agarrar y ponerlo donde ellos decidan? En una billetera virtual, en un banco, en cualquier lado”.
Diputada del PRO Florencia de Sensi
Sin embargo, EmiliaOrozco —cuya formación académica es, paradójicamente, la Licenciatura en Comunicación— falló en lo más básico: la comprensión del mensaje. Con tono altanero, la Senadora consultó “¿de dónde es la Diputada, de qué provincia?”. Ante la respuesta de De Sensi confirmando su origen bonaerense, Orozco espetó: “bueno, ahí está. Es una mirada muy centralista. Yo te cuento la realidad del interior. Esta cuestión de traspasar el sueldo a una billetera virtual es cierta. Ahora: ¿qué pasa cuando estás en lugares donde no hay conectividad, donde no hay internet, y donde solamente tenés el cajero de los bancos? Ese traspaso a tu billetera virtual para poder hacer la extracción en físico del billete, no la tenés con esa facilidad”.
La respuesta de De Sensi fue lógica y dejó en evidencia que la Senadora no había entendido que se hablaba de una opción y no de una imposición: “¿por qué el trabajador no puede elegir? Están las dos cosas. Nunca va a estar mal la posibilidad de elegir, elegir no está mal”. El panel de periodistas de TN tuvo que sumarse a la explicación pedagógica ante la mirada de Viale, quien con los labios gesticuló un “bueh” en silencio ante la argumentación de Orozco. Desde el piso, un periodista señaló “si no hay conectividad, se deposita en un banco; donde hay conectividad, si querés, en una billetera virtual”.
Acorralada por la lógica, Orozco apeló al manual de la evasiva: “todo tiene un porqué, chicos, todo tiene un porqué”, sentenció con una sonrisa cínica, pero sin explicar jamás ese misterioso motivo.
Replicando los mensajes crípticos
El episodio fue un calco de aquel momento de 2023, también en TN, cuando Patricia Bullrich dejó estupefacto a Diego Sehinkman. En aquella oportunidad, ante la necesidad de propuestas concretas, Bullrich balbuceó: “vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad… estén todos bajo una filosofía muy interesante”.
Ante la lógica confusión del periodista, la hoy compañera de bloque de Orozco remató con un soberbio: “ya lo vas a entender”. Tres años después, desde La Libertad Avanza intentaron la misma receta para ocultar la falta de argumentos: “todo tiene un porqué”.
¿Quién es Emilia Orozco?
Este nuevo traspié de Orozco no es un hecho aislado. La misma Senadora Nacional que hoy se aferra a un porqué fantasma, es la que tildó a las universidades públicas de “cáncer de la Argentina” y la que protagonizó un bochornoso escándalo por el “carancheo” de despachos. En aquel entonces, Orozco intentó apropiarse ilegalmente de una oficina que no le correspondía con el único objetivo de estar físicamente cerca de las terminales de poder de Karina Milei y Martín Menem; una maniobra de casta que le salió mal y terminó con la legisladora desalojada de sus pretensiones.
Senadora de La Libertad Avanza Emilia Orozco
Aquella concejal que saltó a la fama en Salta escrachando a sus pares por cobrar dietas millonarias parece haber quedado en el olvido. Orozco construyó su carrera sobre la supuesta austeridad, pero hoy, instalada en la comodidad de una dieta de Senadora Nacional, cobrando cerca de $10 millones en bruto, su preocupación es otra: como ya contamos en Data 24, la salteña se quejó recientemente porque no le están liberando los contratos que ella “necesita” para engrosar su planta de asesores.
Orozco parece quedar atrapada en contradicciones que ni su título de comunicadora logra disimular. Utiliza al “interior profundo” como una muletilla para justificar el inmovilismo, mientras por lo bajo reclama la caja que antes denunciaba. Al final, el único “porqué” que quedó claro en la noche de TN es el de su propia incapacidad para sostener un debate de altura frente a una colega que le marcó la cancha con datos y sentido común.
La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores
En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.
La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.
Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte
La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.
Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La respuesta del Estado Argentino
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.
Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal.El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.
Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.
La dirección de Emergencias y Catástrofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El área —clave en la coordinación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)— enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.
El conflicto se da en el marco de la gestión provincial actual y expone tensiones en un área estratégica para la respuesta sanitaria ante emergencias y catástrofes.
La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno
Uno de los cambios más significativos en la estructura operativa de la dirección de Emergencias y Catástrofes fue la instalación de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allí funciona parte del despliegue logístico de emergencias provinciales.
Sin embargo, según pudo reconstruir el portal REALPOLITIK a partir del testimonio de profesionales del área, las condiciones edilicias del lugar serían críticas. “El exhospital Naval le cedió una parte a la dirección para la base de ambulancias del SIES. Está en estado deplorable, es donde duermen choferes, enfermeros y médicos”, relataron fuentes con años de antigüedad en el servicio.
– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilación
Según la descripción, los baños centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio básico, mientras que el resto del personal “no tiene forma de higienizarse”. “A veces en los techos se escuchan ratas”, agregaronó. Además, explicaron que esos espacios originalmente eran depósitos y “nunca estuvieron destinados a albergar personal”.
En paralelo, el reordenamiento interno habría profundizado tensiones preexistentes: “Sacaron al coordinador que teníamos porque no les gustaba que tuviera buena relación con el personal. Dos médicos renunciaron, otros dos se fueron y el clima es cada vez peor”, aseguraron profesionales.
– Los dormitorios están conformados por económicas estructuras de pino y, en algunos casos, sin luz
En el mismo sentido, señalaron que la situación impactó también en personal vinculado a la Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM): “Personalmente hace más de 15 años que trabajo ahí y la estoy pasando muy mal”, agregó una profesional, que continúa en funciones y pidió reserva de identidad.
Otro de los puntos señalados tiene que ver con el manejo de los recursos del SAMO. “Cobramos dos veces SAMO, pero no sé qué hacen con la plata, no hay control”, confió un trabajador, dejando entrever posibles irregularidades administrativas. Asimismo, indicó que el personal de ambulancias no está encuadrado bajo el régimen de trabajo por insalubridad, a diferencia del personal hospitalario, pese a tratarse —según explicó— de una tarea “mucho más insalubre y peligrosa”.
– Baños con duchas improvisadas y el menú del día
Conducción y designaciones cuestionadas
Las críticas también alcanzan al estilo de conducción del área. “Se maneja como patrón de estancia, diciéndote cosas como ‘si no te gusta ahí está la puerta’ o ‘lo hacés porque lo digo yo’”, afirmó la médica.
Según su testimonio, Chaparro Fresco —quien proviene del IOMA— habría incorporado médicos reguladores que “nunca trabajaron con nosotros y les falta capacitación”, pese a que su función es administrar recursos y definir derivaciones en situaciones críticas.
“Están en el ministerio sentados en oficinas”, sostuvo. Como ejemplo mencionaron que una de las médicas reguladoras es neonatóloga, lo que no se ajustaría a la dinámica general de emergencias.
Operativos bajo tensión
Las críticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en Bahía Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas señalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.
Según los relatos, durante los recambios de equipos cada tres días se realizaban encuentros que incluían celebraciones y expresiones político-partidarias, más propias de militantes que de profesionales de la salud. Si bien estos hechos no forman parte de ninguna denuncia judicial, reflejan un clima de fuerte fragmentación interna en un área que debería operar bajo estrictos criterios técnicos y sanitarios.
Chaparro Fresco, denuncia y antecedente
En paralelo al conflicto operativo, se radicó una denuncia penal por presunta extorsión contra el actual director del área, Jerónimo Chaparro Fresco. La presentación quedó registrada en el ministerio Público Fiscal de La Plata y ya cuenta con número de expediente.
Según pudo saber este medio, la denuncia se originó luego de que el funcionario amenazara a una médica con iniciarle un sumario administrativo si no renunciaba a su trabajo. “Me amenazó con un sumario si no me iba”, afirmó la médica.
– La denuncia por extorsión contra Jerónimo Chaparro Fresco
Además de la presentación penal, la profesional indicó que también realizó una denuncia ante el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, en la comisión de Violencia y Ética. “La denuncia está en fiscalía, no sé en qué instancia”, aseguró.
El nombre de Chaparro Fresco no es nuevo en el ámbito sanitario bonaerense. Durante su paso por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la gestión de Homero Giles, ya había sido mencionado en investigaciones vinculadas a conflictos con clínicas privadas.
Vale recordar que, en diciembre de 2022, REALPOLITIK publicó una investigación sobre denuncias penales contra directivos del instituto en el marco de presuntas presiones económicas a sanatorios. En aquel expediente también figuraba su nombre.
– Jerónimo Chaparro Fresco
Silencio oficial
Mientras todo esto ocurre, profesionales del área advierten que la crisis impacta directamente en la operatividad del sistema de emergencias en territorio bonaerense, en un contexto donde la coordinación entre el SIES, el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) y los hospitales resulta clave para la atención de situaciones críticas.
El conflicto en Emergencias se suma así a un escenario más amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los últimos años tuvo como eje de debate la destrucción del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.
En distintos sectores del ámbito médico se habla de un progresivo deterioro institucional y de una creciente politización de estructuras técnicas. Las críticas apuntan a designaciones realizadas por afinidad política antes que por trayectoria profesional, en un proceso que algunos trabajadores describen como “camporización” de áreas sensibles del estado.
La dirección de Emergencias y Catástrofes, por su rol estratégico en la atención de desastres y situaciones críticas, no queda al margen de ese debate. En un sistema donde cada decisión impacta directamente en la salud de miles de bonaerenses, las denuncias internas y el malestar profesional vuelven a poner bajo la lupa el rumbo sanitario de la gestión de Axel Kicillof.
La violencia se produjo durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Vecinos que protestaban pacíficamente denunciaron agresiones que atribuyeron a “patoteros” del intendente Walter Cortés.
Con 26 votos a favor y 6 en contra, el Senado provincial reformó el protocolo de actuación policial para reforzar el resguardo administrativo de los efectivos.
Impulsada por Ignacio Torres, la medida fijó la verificación de antecedentes fiscales y administrativos para otorgar, renovar o transferir permisos y habilitaciones en la actividad pesquera. El oficialismo la presentó como una herramienta de transparencia y control.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
