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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de carácter kirchnerista, decidió aumentarse el sueldo y el de los demás funcionarios públicos. De esta forma el actual gobernador pasará a cobrar un sueldo de $720 mil.
Mientras los políticos se aumentan el sueldo, muchos se encargan también de gastarlo. Tal es el caso de Martín Pérez, intendente de Río Grande, quien se vio envuelto en un escándalo luego de que llegara el resumen de la tarjeta corporativa.
Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana, es quien tenía a su cargo los gastos de la tarjeta que se utiliza para manejar la gestión del dinero municipal. Se ha pedido que se inicie una investigación luego de que César Segovia, ex director de Juventudes, hiciera compras millonarias y gastos personales con la tarjeta corporativa.
Todos los involucrados pertenecen al gobierno actual de Tierra del Fuego, siendo Melella gobernador por el partido de la concertación FORJA desde el año 2019 y Ferro un abogado especializado en administración publica y fiel militante peronista.
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Rogelio Frigerio consiguió que los diputados le den el ok a la reforma electoral para Entre Ríos en una sesión especial donde contó con el acompañamiento de las cinco bancas libertarias. En tanto, el PJ, que votó en contra, se esmeró en marcar que no está en contra de la Boleta Única de Papel (BUP), eje de la norma.
El proyecto de ley, que promovió el Ejecutivo, establece la instrumentación de la BUP, lo que significará un cambio significativo en modo de votar de los entrerrianos. Además, emparda la el sistema a las provincias de la Región Centro, aunque con distintos modelos. Se trata, el de Entre Ríos, de una boleta parecida a la nacional aunque aquí si se podrá optar tildando un casillero el voto por la lista completa.
La nueva normativa guarda para el gobernador la potestad de definir la fecha de elecciones. Aunque la misma estará encorsetada por la extensión de los cronogramas y la necesidad de que no se pisen, eventualmente, en ningún punto con el calendario nacional. Este aspecto fue cuestionado por el bloque peronista en el debate.
LA DEFENSA DEL PROYECTO DE FRIGERIO:
Gabriela Lena, diputada radical del bloque Juntos por Entre Ríos, fue una de las voces oficialistas durante la sesión. En su alocución habló del “dictamen que lamentablemente no es único”. “No venimos a tener una victoria numérica”, agregó cuando ya era visible que la primera minoría no iba a acompañar la iniciativa.
“Lo más novedoso o importante es la BUP”, subrayó y valoró: “Nos pone en consonancia con la Región Centro y con la Ley nacional”. Así, a favor de la propuesta destacó que “propone una modernización pero además es una actualización democrática”. En la defensa, destacó, además, que en la provincia se mantienen las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) “a diferencia de la Nación”, donde, si avanza el proyecto de la Casa Rosada, serían eliminadas.
“Es la oportunidad de ser protagonistas de un cambio en la historia. Los entrerrianos esperamos este momento. Levantando la mano para votar no solamente lo haremos por un proyecto de ley, lo haremos por un futuro de mejorar la democracia y la calidad institucional”, cerró su discurso en defensa del proyecto de reforma política de Frigerio.
Marcelo López, el último orador de la jornada, destacó que “esta reforma garantiza los principios de la democracia, de ciudadanía, de igual de votos, de representación partidaria, imparcialidad y transparencia, de paridad de género y de participación de las minorías“.
EL PJ ENTRERRIANO “PATALEÓ”
La bancada del PJ dijo no estar “en contra de los avances” pero pidió “debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera”. La presidente del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, negó que el espacio que lidera retrase el debate porque, argumentó, se debate una ley que, en rigor, va a aplicarse en las elecciones provinciales de 2027. “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene, pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en 2027 llama la atención”, explicó la exvicegobernadora.
“Estamos a favor de tener boleta única en la provincia”, machacó el peronista Juan José Bahillo y repitió, luego de que lo hicieran también sus compañeras de bancada, que son otros los aspectos que rechazan, como el modo de los pegados.
AHORA, LA PELOTA ESTÁ EN EL SENADO PROVINCIAL:
La cámara alta tiene 17 bancas, una por cada departamento en que se divide políticamente la provincia. De ellas, 9 pertenecen al bloque del PJ y las 8 restantes a Juntos. Sin embargo, hoy los tantos están empatados por la ausencia del senador por Villaguay, Juan Cosso, quien sufriera un accidente y sigue con licencia.
Hace semanas, el oficialismo usó el reglamento para sacar el RIGI en una sesión especial. Así, se abre el interrogante respecto de si puede repetirse el instrumento en caso de que se dé el mismo escenario. Fue Bahillo el que chicaneó con el antecedente y adelantó que espera que el frigerismo no haga uso del empate circunstancial.
Otra posibilidad es que el PJ pueda introducir cambios en la cámara alta y, luego en Diputados, el oficialismo ratifique su texto original con la mayoría que posee.
El gobernador destina casi $50 millones por año a Radio Madres AM 530, mientras áreas críticas como salud, educación y seguridad enfrentan serios recortes. De fondo, el negocio de los intermediadores de la pauta.
En un contexto económico crítico para la provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof sigue destinando sumas multimillonarias a pauta publicitaria. En ese marco, se destaca el caso de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Según datos oficiales a los que tuvo acceso el portal REALPOLITIK, la organización percibe un monto mensual de al menos 4.065.600 pesos por publicidad en Radio Madre AM 530, lo que, en términos anuales, se traduce en la impactante cifra de 48.787.200 pesos para una emisora con escasos oyentes.
Esta absurda cifra, que la emisora percibe a través de la cooperativa de Trabajo, Comunicación y Cultura por Venir Ltda., corresponde solo a la asignada desde el ejecutivo bonaerense, por lo que no contempla los montos que podría percibir desde otros organismos del gobierno de Axel Kicillof.
Este gasto, que proviene plenamente de las arcas públicas bonaerenses, que se nutre de los impuestos de quienes habitan en territorio provincial, plantea serios interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de recursos en una provincia que enfrenta problemas estructurales como el deterioro de la infraestructura, el déficit en salud y educación, y la inseguridad creciente.
Si bien el apoyo a organismos de derechos humanos es históricamente una política central del oficialismo, el desmesurado monto destinado exclusivamente a la pauta publicitaria en Radio Madre parece carecer de justificación en un escenario de ajuste para otras áreas clave y su nivel de oyentes. Además, este gasto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política comunicacional que favorece a medios y figuras alineadas con el relato K.
Mientras tanto, áreas sensibles de la gestión provincial sufren recortes y ajustes, con eje en los trabajadores de la administración pública. Desde los hospitales sin insumos hasta escuelas con serios problemas de infraestructura, la dirigencia kirchnerista observa con silencio cómplice cómo los recursos que deberían destinarse a mejorar su calidad de vida terminan en manos de organizaciones y medios vinculados al oficialismo.
El sospechoso rol de las organizaciones intermediarias
Del gasto que la gestión bonaerense realiza en pauta publicitaria, este medio advirtió el día de ayer sobre el rol de organizaciones intermedias con nexos al kirchnerismo. Empresas como Sentidos SA, dirigida por Andrés Bidart y vinculada en los pasillos de la gobernación al kirchnerismo duro, actúan como intermediarias, manejando recursos multimillonarios sin ser medios de comunicación.
En la práctica, estas compañías funcionan como un “pasamanos”, cobrando comisiones mientras distribuyen fondos hacia medios nacionales afines ideológicamente, tales como Página/12, Canal Siete y Crónica, o hacia canales internacionales alejados de los intereses bonaerenses, como A&E, Europa Europa, El Gourmet, Film&Arts, Lifetime, Sony Entertainment Television, Bravo TV, The History Channel o The History Channel 2.
En contraste, hospitales, escuelas y la seguridad provincial enfrentan una crisis estructural, relegados en las prioridades presupuestarias del gobierno. El modelo pone en evidencia el uso de recursos públicos con fines políticos, dejando a los bonaerenses a la deriva mientras se asegura la narrativa favorable al oficialismo.
La Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó recientemente un proyecto de ley que establece la prohibición del acceso a los estadios de fútbol a aquellos padres que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos.
La reforma, que fue presentada por el legislador Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica), establece que cualquier progenitor que adeude dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario será automáticamente restringido de ingresar a los partidos. Esta medida se implementará sin necesidad de la intervención de un juez, simplemente con la verificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
En una reunión encabezada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry, se destacó la dimensión de género de la problemática, dado que el 98% de los afectados por la falta de pago son mujeres, y dentro de este grupo, el 68% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Parry subrayó que el proyecto también introduce medidas que buscan optimizar el cobro de las deudas alimentarias y proteger los derechos de niños y niñas, quienes son los principales perjudicados por la morosidad.
La iniciativa contempla que quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no solo verán restringido su acceso a los estadios de fútbol, sino que también se les podrán aplicar otras sanciones, como la responsabilidad solidaria de los empleadores que intenten ocultar dichas deudas.
En cuanto a la implementación de la medida, Del Gaiso explicó que utilizará las mismas herramientas tecnológicas que ya se emplean para controlar el ingreso de barrabravas a los estadios. “Es un mecanismo fácil de aplicar porque ya está la tecnología y las herramientas en funcionamiento en la actualidad”, sostuvo el legislador. Además, destacó que esta medida representa un “hecho de justicia”, ya que considera que es injusto que un progenitor que no cumple con sus responsabilidades alimentarias tenga la posibilidad de gastar grandes sumas de dinero en entretenimiento. “Si tenés 100 mil pesos para ir a un partido de fútbol, pero no le pasás ni un centavo a tus hijos, sería justo que esta ley fuera posible”, afirmó.
El proyecto de ley también establece que, al momento de ingresar a los estadios, los asistentes deberán presentar su DNI, y si se encuentra en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se activará una alerta que impedirá su acceso. Esta medida no solo afecta a los padres morosos, sino que también tiene como objetivo enviar un mensaje claro sobre las responsabilidades familiares.
El proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable, se someterá a votación en la próxima sesión de la Legislatura porteña, prevista para el 12 de diciembre. La propuesta ha generado una amplia discusión, pero Del Gaiso se mostró optimista respecto al apoyo que recibirá de diversas fuerzas políticas. Aunque mencionó que podría haber algunas sorpresas, como ya ocurrió en votaciones anteriores, el legislador espera que la medida sea respaldada por la mayoría de los diputados, incluidos los de La Libertad Avanza (LLA).
Con esta reforma, el legislador porteño también destacó la importancia de priorizar las necesidades básicas de los hijos sobre los gastos personales de los deudores alimentarios, alineándose con una postura que busca la justicia social y una distribución más equitativa de los recursos en la sociedad.
En el primer aniversario del gobierno de La Libertad Avanza, la vicepresidente Victoria Villarruel compartió en sus redes sociales un video que resume su gestión en el Senado. Con apenas una breve mención al presidente Javier Milei, la publicación evidencia la tensa relación entre ambos. “Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor. ¡Todo por Argentina!”, escribió Villarruel junto al audiovisual que destaca momentos clave de su labor.
El video, de poco más de dos minutos, incluye un repaso de actividades como el retiro del busto de Néstor Kirchner del Salón de las Provincias, una decisión que justificó afirmando: “Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios”. También recordó su papel crucial en la aprobación de la Ley Bases, cuando tuvo que desempatar en el Senado, declarando: “Mi voto es positivo, pensando en los argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos”.
La relación entre Villarruel y Milei, que mostró daños desde el inicio de la gestión, se tensó aún más con decisiones como la designación de Patricia Bullrich en el Ministerio de Justicia y Luis Petri en Defensa, áreas que Villarruel consideraba propias. A lo largo del año, también protagonizó episodios polémicos como un conflicto diplomático con Francia, su ausencia en la firma del Pacto de Mayo, y una visita a España en la que se fotografió junto a Isabel Perón, lo que generó malestar en el Ejecutivo.
En una entrevista reciente, Milei fue contundente al referirse a la vicepresidente. Señaló que Villarruel “no tiene injerencia en la toma de decisiones” y que su diálogo con ella es “meramente institucional”. Además, la vinculó al “círculo rojo” y la inclusión en lo que denomina “la casta”. Villarruel, por su parte, continúa marcando un camino independiente dentro del Gobierno, con protagonismo propio y lejos del liderazgo de su compañero de fórmula.
En los primeros días de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), los interventores MarianoGallegos y MarinaAlegre revelaron serias irregularidades en la gestión del organismo.Los hallazgos preliminares indicaron una deuda acumulada de $43.000 millones, sueldos de hasta $16 millones para funcionarios, y un déficit operativo mensual de $3.000 millones.
La auditoría determinó que la deuda del IOSPER ascendió a más de $43.000 millones, cifra que duplica los $21.000 millones reportados anteriormente por el ex presidente Fernando Cañete. Este desbalance expuso inconsistencias en la gestión financiera y la falta de claridad en los informes previos. El 56% de esa suma correspondió a gastos en medicamentos, reflejando problemas en la negociación y adquisición de insumos. Este nivel de endeudamiento comprometió seriamente la capacidad de la obra social para mantener sus prestaciones.
Además, los interventores identificaron una práctica irregular en la que los miembros del directorio desdoblaron sus salarios para ocultar sus ingresos reales. El caso más grave involucró al ex presidente, quien percibió $16 millones mensuales a través de una doble liquidación no registrada oficialmente. Esta práctica se replicó en al menos 25 casos más, lo que subrayó la falta de transparencia y el abuso de los recursos de la institución.
Se detectaron incrementos arbitrarios en los aranceles prestacionales, como un aumento del 15% aprobado por la gestión saliente, que habría generado un déficit mensual adicional de $1.000 millones. Los interventores anularon esta medida debido a la falta de documentación que la justificara.
En cuanto al uso de recursos materiales, destacó el caso de un gerente que utilizó vehículos oficiales para trasladarse semanalmente entre Corrientes y Paraná, generando un gasto de $10 millones en transporte y hospedaje. También se reportaron sobreprecios en servicios menores, como el lavado de autos oficiales, cuyos costos superaban ampliamente los precios de mercado. En algunos casos, incluso se pagaron servicios de televisión por cable para oficinas que no contaban con televisores.
Otra irregularidad destacada fue la falta de aplicación de descuentos ofrecidos por proveedores de medicamentos, lo que generó un sobrecosto de $1.700 millones. Esto evidenció una negligencia administrativa que afectó directamente la capacidad para optimizar recursos.
El golpe a los afiliados
Los afiliados, organizados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA), expresaron su apoyo a la intervención decretada por el gobernador Rogelio Frigerio el 10 de diciembre.Norma Radichi, representante de ADDA, destacó la urgencia de una investigación profunda que abarque varios años de gestión: “Estas irregularidades afectaron directamente nuestras prestaciones y generaron demoras intolerables”, señaló.
Entre los problemas mencionados por los afiliados se incluyeron retrasos significativos en tratamientos para enfermedades graves, como cáncer y enfermedades crónicas, que requieren una atención continua. La falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo llevó a muchos pacientes a interrumpir sus terapias, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Algunos afiliados reportaron esperas de hasta seis meses para autorizaciones críticas.
Debido a estas demoras, un alto número de afiliados recurrió a la judicialización de sus casos mediante amparos, un mecanismo que, aunque efectivo para garantizar el acceso a los servicios, incrementó los costos operativos de la obra social. Según datos proporcionados por los interventores, estos amparos significaron un gasto financiero considerable y generaron una sobrecarga administrativa que dificultó la atención de otros casos.
Radichi enfatizó que estas fallas en la gestión no solo perjudicaron a los afiliados: “Muchos de nosotros hemos perdido la fe en la capacidad del IOSPER para garantizar nuestras necesidades de salud. Es imperativo que esta intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que siente las bases para una administración más eficiente y humana”, afirmó.
“La eficiencia administrativa es esencial“
Los interventores afirmaron que trabajan en un esquema de distribución de fondos más equitativo, que priorice el pago a prestadores y garantice la continuidad de los servicios médicos. “No hay prestadores privilegiados. Eso se terminó”, declaró Gallegos. La redistribución de recursos buscará asegurar que cada peso invertido beneficie directamente a los afiliados, dejando de lado las prácticas clientelistas detectadas en la gestión anterior.
Un aspecto clave en su estrategia será la mejora de los controles administrativos. Alegre explicó que planean implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para las contrataciones y compras de insumos, con el objetivo de evitar sobreprecios y reducir los tiempos de aprobación. Esto incluye la creación de una unidad especializada en auditorías internas que supervisará cada transacción significativa. “La eficiencia administrativa es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima”, agregó Alegre.
Otro de los objetivos prioritarios será la reducción de los amparos judiciales, que actualmente representan una carga económica y administrativa significativa. Para abordar este problema, los interventores trabajan en la creación de un sistema de respuesta rápida para solicitudes de prestaciones críticas, evitando que las demoras lleven a la judicialización. Además, planean establecer un canal directo de comunicación con los afiliados para atender reclamos de manera más eficiente y transparente.
Gallegos ejemplificó esta problemática con el caso de una prestación que inicialmente costaba $200.000, pero que, debido a demoras administrativas, escaló a $7 millones tras judicializarse. “No solo es un gasto innecesario, sino que también refleja una falla estructural que debemos corregir con urgencia”, señaló. Alegre añadió que la eliminación de burocracias innecesarias será clave para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema.
Por último, los interventores destacaron la importancia de renegociar los acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían ahorrar al IOSPER cientos de millones de pesos anuales, recursos que se reinvertirán en mejorar las prestaciones y reducir los tiempos de espera.
Durante el acto de Entrega de Sables de la Policía Federal, el presidente, Javier Milei hizo referencia al cambio de género de los presos en las cárceles.“Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paragüas de la identidad de género y vamos a impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir”, dijo.
Dicho acto tuvo epicentro en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado Patricia Bullrich. Hizo referencia a que los presos hacen uso de este cambio de género para que los trasladen a cárceles de mujeres y así aprovecharse de las reclusas.
Estas declaraciones son una respuesta a dos casos que resonaron fuerte en la opinión pública durante los últimos días: el preso de Bouwer que se autopercibió mujer y fue trasladado a un pabellón femenino donde cometió abusos, y el de Ariel Cantero, líder de los Monos, quien dijo autopercibirse mujer y pidió -mediante un habeas corpus- el traslado a la cárcel femenina de Marcos Paz.
“LOS BUENOS SON LOS DE AZUL, LOS MALOS SON LOS DELINCUENTES”
El presidente resaltó los logros de gestión en materia de seguridad y reiteró su respaldo a las Fuerzas Armadas: “Era tal el ninguneo que se llegó al absurdo de liberar presos o castigar policías por hacer su trabajo”, planteó.
“Nosotros venimos a girar el timón 180 grados, el monopolio de la fuerza y la represión del delito es una responsabilidad pública e indelegable”, siguió.
En este sentido, recordó que mantendrá “tres pilares fundamentales” en su gestión. El primero: “El que las hace las paga, el delito hay que castigarlo en todo momento y lugar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Luego, en referencia a los piquetes, dijo que “el orden público es sagrado, la calle es de todos, no la pueden secuestrar un puñado de inadaptados”. Y por último, el tercer eje: “Los buenos son los de azul, los malos son los delincuentes. El Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios”.
“La misión de este Gobierno es establecer bases que sean duraderas para restablecer la grandeza de nuestra Nación, en seguridad y en los demás órdenes de la vida también. Porque entendemos que llegará el día en el que nosotros no seamos gobierno y le tocará a otros continuar con nuestro legado. Las Fuerzas de Seguridad tendrán que sostener los pilares que reivindican el rol social de las fuerzas del orden. Ustedes serán los verdaderos protagonistas de este cambio de paradigma”, le dijo Milei a los uniformados presentes en el Salón Blanco.
Y finalizó con dos consignas que definió como “verdades inmutables”: “La seguridad pública es indispensable para el crecimiento de nuestro país, y son las leyes las que separan a los hombres de las bestias, y están para ser cumplidas”.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Un llamado al 911 en el momento justo en que los delincuentes entraban a robar en un edificio del barrio de Recoleta puso en acción a la Policía de la Ciudad.
Inmediatamente los 6 delincuentes, 4 de ellos extranjeros, fueron detenidos.… pic.twitter.com/uaa5kYSIlN
