EL FINAL DE RIAL | Sus vínculos con el kirchnerismo y su maldad hacia Beatriz Salomón

El conductor quedó esta semana en el ojo de la tormenta en las redes; perfil de un conductor de espectáculos que se asoció a oscuros empresarios y ganó millones de pesos en pauta K

24/06/2019

El conductor quedó esta semana en el ojo de la tormenta en las redes; perfil de un conductor de espectáculos que se asoció a oscuros empresarios y ganó millones de pesos en pauta K.

La carrera pública del conductor de Intrusos, Jorge Rial, es un caso extraño en el mundo de la televisión: hizo sus primeras armas en el mundo del espectáculo, pero con el paso de los años fue inclinando su perfil hacia la política, donde logró posicionarse hasta ocupar el podio entre los periodistas que más pauta oficial recibieron entre 2009 y 2015.

Al compás de esa metamorfosis, los editoriales de Intrusos fueron también mutando: dejó de hablar de los escándalos e infidelidades de la farándula, y se internó de lleno en los temas políticos, con una marcada defensa a las políticas y proyectos que por ese entonces impulsaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Al asumir Mauricio Macri como presidente, comenzó a lanzar incesantes dardos contra el macrismo, ganándose la inmediata simpatía de la “militancia” kirchnerista. Sin llegar al fanatismo extremo de un Roberto Navarro o un Gustavo Sylvestre, el ex-chimentero fue identificándose cada vez más con las huestes kirchneristas, hasta erigirse en uno de sus principales voceros.

ASÍ COMENZÓ EL “PROPAGANDISTA K”

Pero volvamos hacia atrás, para recordar los distintos “servicios” que prestó al gobierno anterior. En 2010, por ejemplo, dio una señal inequívoca de su devoción kirchnerista, al publicar el siguiente mensaje en Twitter:

Un año después, Boudou devolvería la gentileza al participar del lanzamiento de una línea de vinos del conductor. Durante ese evento, el hoy detenido ex vicepresidente se dejó sosteniendo una botella del vino Rocío Moreno.

En 2012 se convirtió en el principal propagandista del ex-ministro del Interior y Transporte K, Florencio Randazzo, al que elogiaba sin cesar (y sin disimulo) en su cuenta de Twitter:

Un año más tarde, Rial fue “premiado” con una entrevista con la entonces presidente, Cristina Fernández de Kirchner. Se trataba de la segunda entrevista en cuatro años que brindaba la ahora ex jefa de Estado.

Ese mismo año, Rial prestó sus servicios para una de las operaciones más recordadas más oscuras de la historia periodística argentina, siempre en favor del kirchnerismo. A pedido de Carlos Zannini tal como reveló años después a LPO uno de los implicados llevó al valijero Leonardo Fariña a su programa Intrusos, para que se desdiga públicamente de todo lo que había revelado previamente en “Periodismo Para Todos”, de Jorge Lanata.

De esta manera, Rial intentó bajarle el precio a la investigación contra Lázaro Báez y el matrimonio Kirchner, que venían llevando adelante PPT y el diario Clarín, entre muchos otros. La puesta en escena para favorecer a los santacruceños le duró poco a Rial: poco después, Fariña confesó ante la Justicia que todos sus dichos en el programa de Rial habían sido guionados, y que la primera versión -que hizo pública Jorge Lanata- era la verdadera.

JORGITO, EN EL PODIO DE LA PAUTA K:

Entre 2009 y 2015, el conductor fue el tercer periodista que más dinero recibió por parte del Estado Nacional en forma de pauta, sólo superado por Roberto Navarro y Mauro Viale.

Durante esos años, la Jefatura de Gabinete K reconoció haberle entregado $ 13.378.012, siendo el 2013 año en el que entrevistó a Cristina y prestó su programa para que Fariña mintiera el más jugoso en términos de ingresos personales.

Esos fondos ingresaron a dos sociedades: Ideas + Ideas SRL, empresa que Rial compartía con su ex esposa Silvia D’Auro (de la que luego se divorció), y La Maña SRL, flamante compañía que pertenece al conductor de “Intrusos en el Espectáculo” y es administrada por Raquel DAuro, su ex cuñada.

Es importante aclarar, en este punto, que el Estado Nacional no es el único que pagaba jugosas pautas a los periodistas afines al kirchnerismo, habiendo otras cajas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Anses o AFIP, entre otras, que hicieron lo propio, aunque la falta de registros fiables impide conocer en detalle los esponsoreos que el protagonista de esta columna recibió.

Lo que está fuera de discusión, como se verá más adelante, es que Rial aprovechó sus vínculos con el kirchnerismo para acceder a otras pautas millonarias, incluso emanadas de gobiernos municipales, pequeños y con pocos ingresos.

NEGOCIOS CON EL “BERNIE MADOFF” ARGENTINO:

Durante todo el 2012, Rial se encargó de promocionar, por encargo de Enrique Blacksley y Guillermo Marín, la visita de Roger Federer al país, para jugar un partido, en Tigre, con Juan Martín Del Potro.

En la foto tomada en diciembre de aquel año, se lo puede ver junto a su novia de entonces, La Niña Loli, y al propio Blacksley, que hoy corre la misma suerte que Boudou: se encuentra procesado y detenido por la quiebra fraudulenta del fondo de inversión Hope Funds, maniobra por la cual se lo acusa de estafar a dos mil inversores por un total de $ 1.500.000.000.

El evento promocionado por Rial contó también con el aporte del entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, todavía en las filas kirchneristas, que prestó instalaciones para que pudiera llevarse a cabo. Finalmente hubo que evacuar a 150 personas, cuando una de las estructuras tubulares del improvisado “estadio” cedió, aunque afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.

¿LÁZARO BÁEZ, SOCIO DE JORGE RIAL?

Pero los vínculos de Rial con el kirchnerismo y con el empresario detenido Lázaro Báez no acabaron en 2013. De hecho, sólo estaban comenzando.

En mayo del 2015, Rial fundó el sitio de noticias Big Bang News. Si bien en un comienzo Rial se presentó como su único dueño, pronto se supo que tenía como socio oculto a Miguel Ángel Pires, señalado como “pantalla” para múltiples negocios de Lázaro Báez. Según reveló entonces el periodista Nicolás Wiñazki, Pires inyectó la jugosa cifra de 400.000 dólares para ser socio con el 50% del sitio.

Estallado el escándalo, Rial se vio obligado a reconocer su sociedad con Pires y también confirmó que éste mantiene vínculos con Lázaro Báez, pero se apuró en desmentir que el empresario santacruceño esté detrás de Big Bang News: “Nada tiene que ver esa relación con mi emprendimiento”. Pocos le creyeron.

El Racing de los K y el misterioso Miguel Pires – Informe Periodismo Para Todos

El informe del programa Periodismo Para Todos que conduce Jorge Lanata sobre la vinculación de la “ruta del dinero K” y el empresario representante de jugadores Miguel Pires. Emitido el domingo 19 de mayo de 2013 por Canal 13. Podés ver el resto del programa en www.eltrecetv.com.ar.

Jorge Lanata reveló la trama por la cual Lázaro Báez y el difunto expresidente Néstor Kirchner habrían lavado dinero por intermedio del representante de futbolistas Miguel Ángel Pires, socio de Rial. Pires habría utilizado ese dinero para comprar jugadores, que reforzaron el plantel de Racing Club.

Según el informe, Pires experimentó un súbito enriquecimiento debido a su relación con el empresario K Báez y con Néstor. “Miguel Ángel Pires se enriqueció de la noche a la mañana gracias a sus vínculos con Báez y Néstor”, aseveró la voz en off. El representante habría adquirido numerosos jugadores como Roberto Ramírez, Pablo Luguercio, Cristian Pellerano, Leandro González con “dinero proveniente de Olivos”. “Al menos dos veces lo vieron en Olivos(a Pires), donde Daniel Muñoz (exsecretario Presidencial) le entregó bolsos con dinero para comprar jugadores”, dijo el periodista Nicolás Wiñazki.

LAS PAUTAS MILLONARIAS SIGUEN:

Este año, se conoció una investigación del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz sobre la municipalidad de El Calafate, cuyo intendente es Javier Belloni (FPV), y se confirmó que el conductor de Intrusos recibió una orden de pago por $ 1.210.000 en concepto de publicidad.

Los colegas de Opi Santa Cruz tuvieron acceso a la información recabada por el Tribunal de Cuentas y dieron a conocer todos los contratos de 2018, que en total suman $ 4.136.148 y el nombre de Jorge Rial volvió a aparecer.

Según lo publicado, más del 25% de los pagos totales efectuados por el municipio fue a parar a los bolsillos de Rial, con otra particularidad: a los restantes medios se les pagó en 6 u 8 cuotas mensuales. A Rial, en un solo pago.

CAMPAÑA CONTRA “LOW COST”:

Durante los últimos años del gobierno K, Jorge Rial mantuvo inmejorables vínculos con el ex-titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, a quien solía entrevistar en su programa radial por La Red, ocasiones que Recalde utilizaba para defender encendidamente su deficitaria gestión, que ya ha arrojado pérdidas de 7.000 millones de dólares para los contribuyentes argentinos.

Con el cambio de gestión y la apertura a la competencia de nuevas empresas aéreas, Rial se sumó a la campaña de desprestigio iniciada por C5N y El Destape Web contra las nuevas autoridades de Aerolíneas, y contra las aerolíneas “low cost” que ofrecen pasajes mucho más económicos que los de LATAM o la propia Aerolíneas.

En febrero de este año, una crítica suya a Fly Bondi -la que acusó de lavar dinero por ofrecer viajes económicos- hizo enfurecer a los usuarios de la red social Twitter. La respuesta de la compañía no se hizo esperar, pero el conductor optó por llamarse a silencio.

Vínculos con el sindicalista K y empresario de medios Víctor Santa María:

En las últimas semanas, Rial volvió a usar su cuenta de Twitter para promocionar un nuevo medio de comunicación del empresario K, en este caso del titular del SUTERH, Víctor Santa María. Sin decir a quién pertenecía la nueva radio, el conductor escribió en su perfil: “Siempre es bueno anunciar el lanzamiento de un nuevo medio. Hoy arranca Club Octubre 947, la nueva FM deportiva. Éxitos!!!”.

Santa María se convirtió no sólo en un hombre de medios ligado directamente al kirchnerismo, sino un interlocutor en el armado político del nuevo Frente Patriótico, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Ni lento ni perezoso, Rial ya comienza a alinearse junto al sindicalista y empresario de medios, que muchos creen ocupará el lugar de Cristóbal López, en caso de que el binomio Fernández-Fernández se alce con el poder.

EL TRISTE FINAL DEL CHIMENTERO:

Tras la muerte de Beatriz Salomón, miles de usuarios se volcaron a las redes para expresar su repudio a Rial, por considerarlo uno de los responsables del escándalo ocurrido en el año 2004, cuando fue invitada a Intrusos junto a su marido, el cirujano plástico Alberto Ferriols, y sin mediar aviso alguno se le exhibió una cámara oculta que mostraba el vínculo de este último con pacientes travestis, y terminó por destruir su matrimonio.

Fue así que durante el último fin de semana largo, nada menos que tres hashtags vinculados a Rial se alternaron como los Nro. 1 de la República Argentina, a saber: #RialCagon, #RialBasura y #RialHDP. A continuación, algunos de los mensajes que los usuarios le dejaron:

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Jubilaciones VIP: la contradicción del discurso anticasta que choca con las cajas del poder

Augusto Grinner 9 de septiembre de 2026

El ajuste fiscal sobre los ingresos de la población contrasta con la vigencia ininterrumpida de un esquema de excepción diseñado por y para la clase política. Las asignaciones vitalicias no constituyen un beneficio previsional ordinario, sino un régimen regulado por la Ley 24.018 que no exige años de aportes ni una edad mínima para su cobro. Concebidas formalmente como un reconocimiento al mérito y al honor, estas liquidaciones garantizan haberes equivalentes a las remuneraciones de la cúpula del Poder Judicial de la Nación.

La distancia entre estos ingresos y la realidad del ciudadano común expone una brecha insalvable. Un solo haber mensual de la nómina de exmandatarios equivale a varias decenas de jubilaciones mínimas del sistema general y supera por multiplicadores de dos dígitos al Salario Mínimo, Vital y Móvil de un trabajador formal. Se trata de un nivel de ingresos blindado ante la inflación que se financia de manera directa con los recursos del Tesoro Nacional.

A esta asimetría se suma la paradoja que atraviesa a la propia administración pública en funciones. Mientras los salarios del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentran congelados en torno a los 4 y 5 millones de pesos brutos por decisión política, los exmandatarios percibientes de este régimen duplican, triplican y hasta quintuplican esos montos sin ejercer función alguna.

La nómina de la abundancia

El Estado nacional liquida un total bruto de $219.926.637 mensuales para sostener 12 asignaciones vitalicias vigentes. La cifra equivale a más de 387 jubilaciones mínimas abonadas en un solo mes a este reducido grupo de 12 personas.

Expresidentes

· Alberto Fernández: $26.092.447 (46 jubilaciones mínimas).

· Mauricio Macri: $25.043.153 (44 jubilaciones mínimas).

· Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253 (42 jubilaciones mínimas).

· María Estela Martínez de Perón: $12.936.493 (23 jubilaciones mínimas).

Exvicepresidentes

· Marta Gabriela Michetti: $18.192.138 (32 jubilaciones mínimas).

· Julio César Cleto Cobos: $17.999.446 (32 jubilaciones mínimas).

· Daniel Osvaldo Scioli: $12.486.621 (22 jubilaciones mínimas).

Familiares

· Zulema Yoma (viuda de Carlos Menem): $20.618.733 (36 jubilaciones mínimas)

· Inés Pertiné (viuda de Fernando de la Rúa): $17.561.990 (31 jubilaciones mínimas).

· Bety Nelly Andrés (viuda de Roberto Levingston): $16.214.248 (29 jubilaciones mínimas).

· Cristina Fernández (pensión percibida por Néstor Kirchner): $16.090.877 (28 jubilaciones mínimas).

· Amalia Carmen Guido (hija de José María Guido): $12.691.238 (22 jubilaciones mínimas).

*Daniel Scioli como vicepresidente de Néstor Kirchner.*

Expedientes bajo la lupa

Detrás de la nómina millonaria se esconden particularidades operativas y giros judiciales que pintan la discrecionalidad del sistema. En el caso de Alberto Fernández, ANSES le retiene mensualmente el 30% de su haber bruto por una orden judicial destinada al pago de la cuota alimentaria de su hijo menor, Francisco. Por su parte, Mauricio Macri sostiene públicamente la donación parcial de su asignación a la fundación Margarita Barrientos, mientras que Adolfo Rodríguez Saá cobra varios millones de pesos al mes por un mandato interino de apenas siete días en diciembre de 2001, a diferencia de sus sucesores Ramón Puerta y Eduardo Camaño, quienes renunciaron formalmente a tramitar el beneficio.

El apartado de los exvicepresidentes expone irregularidades institucionales y amparos de largo alcance. Daniel Scioli percibe su jubilación como exvicepresidente mientras ejerce simultáneamente como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, una acumulación permitida únicamente por desempeñarse en el cargo actual de forma ad honorem, por el que cobraría mucho menos si no hubiera renunciado a ese sueldo. A su vez, María Estela Martínez de Perón (95 años) radica en Madrid desde hace décadas y continúa percibiendo su asignación desde el exterior sin condicionamiento alguno.

El listado consolida también anacronismos históricos y concesiones extraordinarias. Bety Nelly Andrés, viuda de Roberto Marcelo Levingston, cobra su pensión por un presidente de facto designado por la junta militar de la dictadura de 1970. El caso más insólito lo protagoniza Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido —quien no fue electo por voto popular—, que cobra su haber tras una transferencia excepcional del beneficio efectuada en la década de 1990 que extendió la pensión a una hija mayor de edad por fuera de las reglas del régimen general.

El panorama previsional se completa con la reciente actualización del frente judicial. Tras las resoluciones de la ANSES dictadas en noviembre de 2024 que revocaron los beneficios de Cristina Kirchner y Amado Boudou por “indignidad sobreviniente” tras sus condenas penales, la justicia previsional otorgó una medida cautelar a favor de la expresidenta. Con ese fallo se ordenó la restitución inmediata de la pensión derivativa por Néstor Kirchner, manteniendo a Boudou como el único exmandatario con la asignación completamente dada de baja.

*Amado Boudou como vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner.*

El pacto con el menemismo

La embestida contra estas asignaciones constituye una de las banderas centrales del discurso oficialista. La Libertad Avanza promueve la eliminación de las jubilaciones de privilegio como un eje de su política de ajuste a la “casta”, respaldándose en informes técnicos como el de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, la cruzada moral del Gobierno encuentra un límite difuso al chocar con sus propias alianzas y simpatías políticas.

El origen de este régimen excepcional se remonta a la Ley 24.018, sancionada en 1991 bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem. El proyecto original en el Senado llevó la firma de un entendimiento bipartidista entre el menemismo —con Juan Carlos Romero, Oraldo Norvel Britos y Felipe Ernesto Ludueña— y el radicalismo —a través de Adolfo Gass, Luis Agustín Brasesco y Eduardo Pósleman—. La norma llevó además la firma de Eduardo Menem —hermano de Carlos Saúl— como presidente del Senado en ejercicio del Poder Legislativo, el mismo dirimiente político que promovió y blindó la norma de privilegio que hoy, tres décadas después, aparentemente cuestiona su propio hijo, Martín Menem, desde la presidencia de la Cámara de Diputados.

*Javier Milei, “Lule” Menem y Eduardo Menem —firmante de la promulgación de las jubilaciones de privilegio—.*

Es la misma normativa que hoy sostiene la caja millonaria de Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem. La vigencia de este privilegio contrasta con la prédica anticasta del Ejecutivo, que al mismo tiempo reivindica la figura del expresidente riojano y cobija a su entorno directo en los puestos de mayor jerarquía del Estado, con Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados y Eduardo “Lule” Menem instalado en la cúpula del Poder Ejecutivo.

Esta convivencia política expone una marcada selectividad en la aplicación de los criterios éticos del Estado. Dependiente del poder Ejecutivo, ANSES actuó con celeridad para disponer la quita de beneficios a Cristina Kirchner y Amado Boudou invocando la “indignidad sobreviniente” tras sus condenas penales, pero no aplicó la misma vara con el beneficio derivado de Carlos Menem, quien falleció con condenas firmes ratificadas por la Justicia por delitos contra la administración pública, como el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia. La cercanía y la afinidad personal de la conducción oficial con la familia Menem dejó intacto el haber que mensualmente se liquida a su viuda.

*Martín Menem —presidente de la Cámara de Diputados— junto a Carlos Menem —quien falleció condenado—.*

El blindaje en el Congreso

Pese al impacto mediático del discurso oficial y los intentos legislativos por dar de baja estas asignaciones, la eliminación del régimen se encuentra trabada en el laberinto parlamentario. En junio de 2024, durante la discusión de la Ley Bases en el Congreso, la Cámara de Diputados votó por mantener las jubilaciones de privilegio tras una ajustada definición donde sectores de la oposición colaboraron para sostener el esquema.

Ante ese revés, los diputados nacionales del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, redactaron un proyecto específico para desmantelar este entramado. La iniciativa propone derogar no sólo la Ley 24.018 de expresidentes y exvices, sino también la 21.540 de dignatarios eclesiásticos, la 22.430 de legisladores mandato cumplido y la 22.731 del servicio exterior (embajadores, cónsules, etc.), sumando además un mecanismo para que el Ejecutivo invite formalmente a los exmandatarios a renunciar voluntariamente a sus cobranzas. Sin embargo, si bien tuvo un apoyo inicial del gobierno, el por entonces presidente de la Comisión de Previsión y Presupuesto, José Luis Espert, optó por cajonear el proyecto.

*José Luis Espert cuando presidía la Comisión de Previsión y Presupuesto.*

A la falta de consenso político se le suma una infranqueable valla jurídica: el principio de irretroactividad de las leyes. Diversos constitucionalistas y especialistas en derecho previsional coinciden en que, incluso si el Congreso lograra sancionar la derogación de la Ley 24.018 para los futuros mandatarios, la medida difícilmente pueda aplicarse a los 12 beneficiarios actuales. Al tratarse de derechos adquiridos bajo el amparo de una legislación vigente al momento de su otorgamiento, cualquier intento de quitar el haber por vía administrativa choca de frente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

Esta combinación de cálculo político y cerrojo judicial garantiza que la erogación mensual superior a los $219 millones continúe saliendo de las arcas del Estado. De este modo, mientras la sociedad asimila la pauta de austeridad y las jubilaciones del régimen general se actualizan a ritmo goteado, el ecosistema de privilegio de la política argentina mantiene intacto su blindaje, exponiendo la distancia entre la narrativa electoral y la dura realidad de las cajas del poder.

*Por Augusto Grinner

Un exintendente propuso crear una policía militar en el conurbano bonaerense para combatir la inseguridad y el narcotráfico

Redacción 15 de septiembre de 2026

El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.

La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.

El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.

De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.

El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata. “En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.

Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.

Presentaron un pedido formal de información sobre la salud mental del Presidente

Redacción 16 de septiembre de 2026

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó ayer un pedido de acceso a la información pública para que el Gobierno informe si el presidente Javier Milei cuenta con alguna evaluación que acredite su aptitud psicofísica y psíquica para ejercer el cargo. La solicitud, amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, llegó por escrito a la Jefatura de Gabinete que encabeza Diego Santilli.

La nota, firmada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, en representación de la organización, se dirigió al responsable de Acceso a la Información Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. El propio sindicalista la difundió en sus redes sociales.

El escrito recordó que el Estado tiene un plazo de 15 días para responder. Sin embargo, desde el Gobierno ya trascendió que no contestarán el requerimiento.

Punto por punto, qué pidieron

En primer lugar solicita a la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete que informen si existe en relación con Milei “algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica”.

En caso de que esa evaluación exista, el gremio reclamó que “se informe fecha de realización, organismo u profesional interviniente y resultado (“apto/no apto” o equivalente), sin requerirse el detalle clínico, diagnóstico u otros detalles de la historia”.

El segundo punto apunta a las reglas de juego. ATE pidió saber si hay alguna normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente y, si la respuesta es afirmativa, que se entregue una copia.

Por último, el sindicato previó un posible rechazo. Si el Gobierno decide negar total o parcialmente la información, la negativa deberá presentarse por escrito y con fundamentos, con indicación precisa de qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública invoca y con la aplicación del correspondiente test de daño e interés público.

El documento también contempló un escenario adicional. Si no existe ningún tipo de examen o apto médico realizado a Milei, Aguiar exigió que se lleve a cabo para constatar si el Presidente se encuentra en pleno uso de sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.

La presentación aclaró que el gremio no requiere información reservada, como la historia clínica o los antecedentes médicos del mandatario. Lo que pide es conocer si Milei está “apto o no apto”, si existen organismos que evalúen su aptitud psicofísica, tal como ocurre con todos los trabajadores del Estado, y si alguna norma prevé esas evaluaciones.

Para respaldar el pedido, ATE citó declaraciones públicas sobre presuntos problemas mentales del Presidente. Entre ellas figuran las del periodista Nelson Castro, el exdiputado Facundo Manes, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el diputado Jorge Araujo Hernández y las de varios psicólogos.

“Acá se controla a los trabajadores”

En su publicación, Aguiar fue tajante. “Los desequilibrios mentales del Presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, sostuvo.

El dirigente basó parte del reclamo en la diferencia entre las exigencias que enfrentan los estatales para ingresar a la administración pública y la falta de controles sobre la máxima autoridad política del país. “Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, remarcó. Y agregó: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA”.

Aguiar se anticipó a las críticas. “Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, aclaró. Luego advirtió sobre el alcance de una eventual respuesta negativa: “Si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”.

En paralelo con el trámite administrativo, ATE anunció que impulsará una iniciativa legislativa para que, a partir de las elecciones de 2027, todos los candidatos a cargos electivos estén obligados a realizarse un examen psicofísico preocupacional antes de la presentación de listas.

“Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también exámenes psicofísicos a los cargos electivos a partir del año que viene”, propuso Aguiar. El titular del gremio estatal cerró con una advertencia: “Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar”.

Chubut | Torres desafió una orden judicial que le exige comprar carne para los presos y apuntó contra el “garantismo judicial”

Joaquín Horacio Herrera 27 de agosto de 2026

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que su gestión no acatará una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo provincial comprar carne roja para reforzar la alimentación de los detenidos en dos unidades penitenciarias de Trelew.

“Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”, escribió el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de X.

El conflicto estalló cuando un juez penal de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, resolvió intimar al Poder Ejecutivo de Chubut a comprar una partida de carne roja para reforzar las viandas de los detenidos alojados en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y en la Alcaidía de Trelew, con un plazo de 72 horas para cumplir.

*— El juez Marcelo Nieto Di Biase que resolvió intimar al Poder Ejecutivo Provincial de Chubut*

“Yo creo que, a esta altura, seguir naturalizando el garantismo berreta judicial que tanto problema generó y tan mal le hizo a toda la Argentina, es un tema para que podamos trabajar todos juntos, la dirigencia política y ponerle un punto final definitivamente”, subrayó Torres.

La orden surgió de un hábeas corpus colectivo —una acción judicial que no defiende a un preso individual sino a todo un grupo de detenidos que comparte una misma situación de agravamiento en sus condiciones de encierro— presentado en representación de los internos, quienes venían reclamando desde marzo por la falta de proteínas en sus alimentos.

Según trascendió, el reclamo fue elevado por la Defensa Pública y el propio Poder Ejecutivo ya había iniciado un expediente administrativo para comprar carne antes de que el juez fijara el plazo perentorio, lo que sugiere que la discusión no era solo si comprar carne, sino los tiempos y la forma en que el Poder Judicial se lo impuso al Ejecutivo.

Nacho Torres on X (formerly Twitter): “BASTA DE GARANTISMO BERRETAHay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien.Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para… pic.twitter.com/owfjrISeDC / X”
BASTA DE GARANTISMO BERRETAHay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien.Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para… pic.twitter.com/owfjrISeDC

“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días, es una locura. Si está preso, es un delincuente”, declaró públicamente en Radio Rivadavia el gobernador Ignacio Torres, agregando con ironía que “falta que tengamos que preguntarles a los presos qué quieren comer todos los días”. La audiencia de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la orden judicial estaría prevista para el lunes siguiente al anuncio de Torres.

Para entender por qué un juez puede ordenarle a una provincia cómo alimentar a sus presos, hay que remontarse al fallo “Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2005 a raíz de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las condiciones de detención en comisarías bonaerenses.

Ese fallo estableció dos cosas centrales que siguen vigentes. Por un lado, que el hábeas corpus puede usarse en forma colectiva —no solo individual— cuando el agravamiento de las condiciones de detención afecta a todo un grupo de personas por igual. Por otro, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos constituyen el piso mínimo obligatorio para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que “las cárceles sean sanas y limpias”.

*— La entrada de la Alcaidía Policial de Trelew*

Esta herramienta se llama hábeas corpus correctivo porque no busca liberar a nadie, sino corregir el trato que recibe una persona legalmente privada de su libertad cuando ese trato se agrava de forma ilegítima. El artículo 43 de la Constitución Nacional, en su último párrafo, habilita explícitamente esta vía cuando se produce “agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención”.

Bajo esta lógica, un déficit alimentario sostenido —falta de proteínas, por ejemplo— puede encuadrarse como un agravamiento de las condiciones de detención, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de encierro, independientemente de la culpa o inocencia de la persona detenida. Es exactamente este marco jurídico el que usó el juez Nieto Di Biase para justificar su intimación al gobierno chubutense.

El arzobispo de Córdoba cuestionó a Milei en la previa de la visita del Papa: “La macroeconomía no baja al plato”

Joaquín Horacio Herrera 9 de septiembre de 2026

En la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, lanzó unas duras declaraciones contra la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó el impacto social de su política económica.

“Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato”, afirmó Rossi durante una conferencia de prensa inesperada en Córdoba. En la misma línea, la Pastoral Social reivindicó la justicia social, en un claro cuestionamiento al modelo económico impulsado por el Gobierno.

“Cuando dicen ‘hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza’, no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria”, destacó Rossi sin negar literalmente que el índice de pobreza haya bajado.

Su ironía —“es cierto que los han sacado; la cosa es dónde los han puesto”— cuestiona que cruzar estadísticamente la línea de pobreza equivalga necesariamente a alcanzar una vida segura y digna. Una familia puede dejar de ser clasificada como pobre por superar apenas el valor de una canasta y, al mismo tiempo, continuar endeudada, trabajando informalmente, reduciendo consumos esenciales o sin capacidad para afrontar un imprevisto económico.

La intervención de su persona adquiere mayor peso por tres razones cruciales. Rossi es un jesuita nacido en Córdoba, arzobispo metropolitano de esa provincia desde 2021 y cardenal desde septiembre de 2023. Antes de llegar al episcopado creó la Fundación Manos Abiertas, dedicada a asistir a personas pobres y vulnerables, y abrió un hogar para personas en situación de calle; esa trayectoria ayuda a entender por qué suele leer la economía desde sus consecuencias sociales concretas.

Además, participó como elector en el cónclave de 2025 que eligió a Robert Francis Prevost como León XIV. Su relevancia no depende solamente de una supuesta cercanía personal con el actual Papa, sino que ocuparía un lugar importante en la Iglesia argentina y sería el anfitrión eclesiástico de una de las escalas más visibles del viaje. Rossi explicó que ya había conocido y tratado a Prevost en el Sínodo sobre la Sinodalidad, donde ambos integraron un grupo de trabajo por idioma, se sentaron en la misma mesa y compartieron unos dos meses de trabajo.

Córdoba será una escala de la visita papal a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y sus afirmaciones convergen con un documento institucional de la Comisión Episcopal de Pastoral Social al término de la Semana Social 2026, hecho también en Córdoba bajo el lema de “Puentes hacia el Bien Común”. Por eso, aunque Rossi habló con un tono especialmente directo, la discusión excede de por sí su opinión personal y se conecta con la doctrina social católica y con una señal más amplia de la Iglesia argentina.

“No llega con los ojos vendados”, expresó Rossi, anticipando que el Papa encontrará un país “cascoteado” y consideró que su presencia puede contribuir a renovar la esperanza en medio de una situación social difícil, después de 39 años (la última fue de Juan Pablo II en 1987). Su primera gran gira por América Latina buscaría priorizar los países que el Papa Francisco no había visitado en su rol papal (Uruguay, Argentina y Perú).

— El Papa León XIV junto al cardenal y eclesiástico Ángel Rossi

El lunes 9 de noviembre, León XIV encabezará un homenaje especial a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mismo templo donde Jorge Bergoglio fue arzobispo por 15 años. Ubicó su recorrido por Córdoba para el 10 de ese mes, en la Santa Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), con capacidad proyectada para 600.000 fieles.

Debido a la magnitud del evento, el Gobierno nacional ha creado tres comandos unificados que integran a la Policía Federal, Gendarmería y las fuerzas policiales de la Ciudad, de Buenos Aires y de Córdoba para blindar la seguridad del Pontífice. Asimismo, el Congreso y el Ejecutivo evalúan declarar días no laborables o asueto escolar y administrativo (especialmente el 9, 10 y 11 de noviembre) para ordenar el colosal movimiento de feligreses que llegarán desde todas las provincias.

— El Papa Francisco con Ángel Rossi

“Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase”, subrayó Rossi, siendo que esta postura contraria al discurso oficialista es el “criterio estructurado” de la Iglesia Católica para obtener una vida estable, siendo que gracias a ella se dan “exigencias concretas de la dignidad humana” como el acceso al alimento, la vivienda, la educación, la salud y el transporte.

La Pastoral Social junto a su vez al trabajo en el centro de su diagnóstico. Lo definió como “el gran ordenador de la vida” y advirtió que la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial (IA) no deben relegar a la persona a una “variable de ajuste” en nombre de la eficiencia o el lucro.

Villarruel le exigió al Gobierno una baja de impuestos urgente para el campo

Joaquín Horacio Herrera 9 de septiembre de 2026

Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.

También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.

La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.

La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene que el crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.

Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.

“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.

La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.

“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.

Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.

La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Más infraestructura y empleo

Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.

Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.

“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.

En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.

En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.

Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.

Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.

Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.

HUMOR por Argüelles

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Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.

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— Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 9, 2026