08 febrero, 2025

EL FINAL DE RIAL | Sus vínculos con el kirchnerismo y su maldad hacia Beatriz Salomón

El conductor quedó esta semana en el ojo de la tormenta en las redes; perfil de un conductor de espectáculos que se asoció a oscuros empresarios y ganó millones de pesos en pauta K
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El conductor quedó esta semana en el ojo de la tormenta en las redes; perfil de un conductor de espectáculos que se asoció a oscuros empresarios y ganó millones de pesos en pauta K.

La carrera pública del conductor de Intrusos, Jorge Rial, es un caso extraño en el mundo de la televisión: hizo sus primeras armas en el mundo del espectáculo, pero con el paso de los años fue inclinando su perfil hacia la política, donde logró posicionarse hasta ocupar el podio entre los periodistas que más pauta oficial recibieron entre 2009 y 2015.

Al compás de esa metamorfosis, los editoriales de Intrusos fueron también mutando: dejó de hablar de los escándalos e infidelidades de la farándula, y se internó de lleno en los temas políticos, con una marcada defensa a las políticas y proyectos que por ese entonces impulsaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Al asumir Mauricio Macri como presidente, comenzó a lanzar incesantes dardos contra el macrismo, ganándose la inmediata simpatía de la “militancia” kirchnerista. Sin llegar al fanatismo extremo de un Roberto Navarro o un Gustavo Sylvestre, el ex-chimentero fue identificándose cada vez más con las huestes kirchneristas, hasta erigirse en uno de sus principales voceros.

ASÍ COMENZÓ EL “PROPAGANDISTA K”

Pero volvamos hacia atrás, para recordar los distintos “servicios” que prestó al gobierno anterior. En 2010, por ejemplo, dio una señal inequívoca de su devoción kirchnerista, al publicar el siguiente mensaje en Twitter:

Un año después, Boudou devolvería la gentileza al participar del lanzamiento de una línea de vinos del conductor. Durante ese evento, el hoy detenido ex vicepresidente se dejó sosteniendo una botella del vino Rocío Moreno.

En 2012 se convirtió en el principal propagandista del ex-ministro del Interior y Transporte K, Florencio Randazzo, al que elogiaba sin cesar (y sin disimulo) en su cuenta de Twitter:

Un año más tarde, Rial fue “premiado” con una entrevista con la entonces presidente, Cristina Fernández de Kirchner. Se trataba de la segunda entrevista en cuatro años que brindaba la ahora ex jefa de Estado.

Ese mismo año, Rial prestó sus servicios para una de las operaciones más recordadas más oscuras de la historia periodística argentina, siempre en favor del kirchnerismo. A pedido de Carlos Zannini tal como reveló años después a LPO uno de los implicados llevó al valijero Leonardo Fariña a su programa Intrusos, para que se desdiga públicamente de todo lo que había revelado previamente en “Periodismo Para Todos”, de Jorge Lanata.

De esta manera, Rial intentó bajarle el precio a la investigación contra Lázaro Báez y el matrimonio Kirchner, que venían llevando adelante PPT y el diario Clarín, entre muchos otros. La puesta en escena para favorecer a los santacruceños le duró poco a Rial: poco después, Fariña confesó ante la Justicia que todos sus dichos en el programa de Rial habían sido guionados, y que la primera versión -que hizo pública Jorge Lanata- era la verdadera.

JORGITO, EN EL PODIO DE LA PAUTA K:

Entre 2009 y 2015, el conductor fue el tercer periodista que más dinero recibió por parte del Estado Nacional en forma de pauta, sólo superado por Roberto Navarro y Mauro Viale.

Durante esos años, la Jefatura de Gabinete K reconoció haberle entregado $ 13.378.012, siendo el 2013 año en el que entrevistó a Cristina y prestó su programa para que Fariña mintiera el más jugoso en términos de ingresos personales.

Esos fondos ingresaron a dos sociedades: Ideas + Ideas SRL, empresa que Rial compartía con su ex esposa Silvia D’Auro (de la que luego se divorció), y La Maña SRL, flamante compañía que pertenece al conductor de “Intrusos en el Espectáculo” y es administrada por Raquel D’Auro, su ex cuñada.

Es importante aclarar, en este punto, que el Estado Nacional no es el único que pagaba jugosas pautas a los periodistas afines al kirchnerismo, habiendo otras cajas como YPF, Aerolíneas Argentinas, Anses o AFIP, entre otras, que hicieron lo propio, aunque la falta de registros fiables impide conocer en detalle los esponsoreos que el protagonista de esta columna recibió.

Lo que está fuera de discusión, como se verá más adelante, es que Rial aprovechó sus vínculos con el kirchnerismo para acceder a otras pautas millonarias, incluso emanadas de gobiernos municipales, pequeños y con pocos ingresos.

NEGOCIOS CON EL “BERNIE MADOFF” ARGENTINO:

Durante todo el 2012, Rial se encargó de promocionar, por encargo de Enrique Blacksley y Guillermo Marín, la visita de Roger Federer al país, para jugar un partido, en Tigre, con Juan Martín Del Potro.

En la foto tomada en diciembre de aquel año, se lo puede ver junto a su novia de entonces, La Niña Loli, y al propio Blacksley, que hoy corre la misma suerte que Boudou: se encuentra procesado y detenido por la quiebra fraudulenta del fondo de inversión Hope Funds, maniobra por la cual se lo acusa de estafar a dos mil inversores por un total de $ 1.500.000.000.

El evento promocionado por Rial contó también con el aporte del entonces intendente de Tigre, Sergio Massa, todavía en las filas kirchneristas, que prestó instalaciones para que pudiera llevarse a cabo. Finalmente hubo que evacuar a 150 personas, cuando una de las estructuras tubulares del improvisado “estadio” cedió, aunque afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.

¿LÁZARO BÁEZ, SOCIO DE JORGE RIAL?

Pero los vínculos de Rial con el kirchnerismo y con el empresario detenido Lázaro Báez no acabaron en 2013. De hecho, sólo estaban comenzando.

En mayo del 2015, Rial fundó el sitio de noticias Big Bang News. Si bien en un comienzo Rial se presentó como su único dueño, pronto se supo que tenía como socio oculto a Miguel Ángel Pires, señalado como “pantalla” para múltiples negocios de Lázaro Báez. Según reveló entonces el periodista Nicolás Wiñazki, Pires inyectó la jugosa cifra de 400.000 dólares para ser socio con el 50% del sitio.

Estallado el escándalo, Rial se vio obligado a reconocer su sociedad con Pires y también confirmó que éste mantiene vínculos con Lázaro Báez, pero se apuró en desmentir que el empresario santacruceño esté detrás de Big Bang News: “Nada tiene que ver esa relación con mi emprendimiento”. Pocos le creyeron.

El Racing de los K y el misterioso Miguel Pires – Informe Periodismo Para Todos

El informe del programa Periodismo Para Todos que conduce Jorge Lanata sobre la vinculación de la “ruta del dinero K” y el empresario representante de jugadores Miguel Pires. Emitido el domingo 19 de mayo de 2013 por Canal 13. Podés ver el resto del programa en www.eltrecetv.com.ar.

Jorge Lanata reveló la trama por la cual Lázaro Báez y el difunto expresidente Néstor Kirchner habrían lavado dinero por intermedio del representante de futbolistas Miguel Ángel Pires, socio de Rial. Pires habría utilizado ese dinero para comprar jugadores, que reforzaron el plantel de Racing Club.

Según el informe, Pires experimentó un súbito enriquecimiento debido a su relación con el empresario K Báez y con Néstor. “Miguel Ángel Pires se enriqueció de la noche a la mañana gracias a sus vínculos con Báez y Néstor”, aseveró la voz en off. El representante habría adquirido numerosos jugadores como Roberto Ramírez, Pablo Luguercio, Cristian Pellerano, Leandro González con “dinero proveniente de Olivos”. “Al menos dos veces lo vieron en Olivos(a Pires), donde Daniel Muñoz (exsecretario Presidencial) le entregó bolsos con dinero para comprar jugadores”, dijo el periodista Nicolás Wiñazki.

LAS PAUTAS MILLONARIAS SIGUEN:

Este año, se conoció una investigación del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz sobre la municipalidad de El Calafate, cuyo intendente es Javier Belloni (FPV), y se confirmó que el conductor de Intrusos recibió una orden de pago por $ 1.210.000 en concepto de publicidad.

Los colegas de Opi Santa Cruz tuvieron acceso a la información recabada por el Tribunal de Cuentas y dieron a conocer todos los contratos de 2018, que en total suman $ 4.136.148 y el nombre de Jorge Rial volvió a aparecer.

Según lo publicado, más del 25% de los pagos totales efectuados por el municipio fue a parar a los bolsillos de Rial, con otra particularidad: a los restantes medios se les pagó en 6 u 8 cuotas mensuales. A Rial, en un solo pago.

CAMPAÑA CONTRA “LOW COST”:

Durante los últimos años del gobierno K, Jorge Rial mantuvo inmejorables vínculos con el ex-titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, a quien solía entrevistar en su programa radial por La Red, ocasiones que Recalde utilizaba para defender encendidamente su deficitaria gestión, que ya ha arrojado pérdidas de 7.000 millones de dólares para los contribuyentes argentinos.

Con el cambio de gestión y la apertura a la competencia de nuevas empresas aéreas, Rial se sumó a la campaña de desprestigio iniciada por C5N y El Destape Web contra las nuevas autoridades de Aerolíneas, y contra las aerolíneas “low cost” que ofrecen pasajes mucho más económicos que los de LATAM o la propia Aerolíneas.

En febrero de este año, una crítica suya a Fly Bondi -la que acusó de lavar dinero por ofrecer viajes económicos- hizo enfurecer a los usuarios de la red social Twitter. La respuesta de la compañía no se hizo esperar, pero el conductor optó por llamarse a silencio.

Vínculos con el sindicalista K y empresario de medios Víctor Santa María:

En las últimas semanas, Rial volvió a usar su cuenta de Twitter para promocionar un nuevo medio de comunicación del empresario K, en este caso del titular del SUTERH, Víctor Santa María. Sin decir a quién pertenecía la nueva radio, el conductor escribió en su perfil: “Siempre es bueno anunciar el lanzamiento de un nuevo medio. Hoy arranca Club Octubre 947, la nueva FM deportiva. Éxitos!!!”.

Santa María se convirtió no sólo en un hombre de medios ligado directamente al kirchnerismo, sino un interlocutor en el armado político del nuevo Frente Patriótico, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Ni lento ni perezoso, Rial ya comienza a alinearse junto al sindicalista y empresario de medios, que muchos creen ocupará el lugar de Cristóbal López, en caso de que el binomio Fernández-Fernández se alce con el poder.

EL TRISTE FINAL DEL CHIMENTERO:

Tras la muerte de Beatriz Salomón, miles de usuarios se volcaron a las redes para expresar su repudio a Rial, por considerarlo uno de los responsables del escándalo ocurrido en el año 2004, cuando fue invitada a Intrusos junto a su marido, el cirujano plástico Alberto Ferriols, y sin mediar aviso alguno se le exhibió una cámara oculta que mostraba el vínculo de este último con pacientes travestis, y terminó por destruir su matrimonio.

Fue así que durante el último fin de semana largo, nada menos que tres hashtags vinculados a Rial se alternaron como los Nro. 1 de la República Argentina, a saber: #RialCagon, #RialBasura y #RialHDP. A continuación, algunos de los mensajes que los usuarios le dejaron:

Redacción

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Frigerio destacó el equilibrio fiscal de Entre Ríos y anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos: “Continuaremos hasta eliminarlos”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos en la provincia y resaltó que en su primer año de gestión logró el equilibrio fiscal. El mandatario provincial del PRO calificó ambos tributos como “impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo” y aseguró que planeaba eliminarlos de manera progresiva.

“Primer año de gestión: equilibrio fiscal y baja de ingresos brutos y sellos”, afirmó Frigerio en sus redes sociales. Al referirse a la situación económica, subrayó: “Bajamos el gasto público y, con un 20% menos de recursos, pasamos de una provincia con déficit a tener equilibrio fiscal”. Agregó que “con mucho esfuerzo” cumplieron con los vencimientos de la deuda en dólares heredada de la gestión anterior y expresó: “Estamos seguros de que este es el camino”.

Frigerio informó que presentó en la Legislatura un proyecto para reducir Ingresos Brutos y Sellos “y continuaremos en este sendero hasta eliminarlos, como ya hicimos en algunos sectores”. El gobernador destacó que estas iniciativas surgieron tras los lineamientos que el gobierno nacional estableció luego de reducir temporalmente las retenciones al campo.

Por su parte, el senador provincial Rubén Dal Molín, del bloque Juntos por Entre Ríos, brindó detalles sobre la Reforma Tributaria impulsada. Explicó que, tras reuniones con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se introdujeron “mejoras significativas” en la legislación. “Son cuestiones de fondo que pretendemos aprobar tal como las envió el Ejecutivo”, afirmó el legislador.

Entre las reducciones planteadas, Dal Molín señaló:

  • Industria en general: bajó la alícuota de 1,5% a 1% (una disminución del 33%).
  • Comercio: pasó de 5% a 4% (una reducción del 20%).
  • Servicios de salud: se redujo de 2,5% a 2% (una baja del 20%).
  • Suministro de electricidad y gas para actividades industriales, producción primaria y comercio: descendió de 2% a 1% (se redujo a la mitad).

En el Impuesto a los Sellos, se propusieron rebajas para sectores como el transporte, maquinaria agrícola y la inscripción de vehículos 0 km. Además, se incluyeron cambios en la determinación de la base imponible para excluir ingresos provenientes de IVA, impuestos internos y/o venta de bienes de uso.

Dal Molín recordó que los Ingresos Brutos representaron alrededor del 75% de los recursos provinciales y remarcó que en 2017 se había firmado un pacto fiscal que apuntaba a la disminución de este tributo. Según el senador, aquella iniciativa sufrió distorsiones, motivo por el cual el Gobierno provincial retomó la senda de la reducción al lograr el equilibrio fiscal en el primer año de gestión.

Mientras tanto, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció que eximiría de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural al sector productivo ganadero. “Es posible gracias a una administración eficiente de los recursos, que nos permitió alcanzar un escenario de superávit financiero en apenas un año”, aseguró en un comunicado oficial. También anticipó que eliminaría la “ridícula tasa del zorro”, tributo que consideró “un impuesto absurdo que contribuía a que la provincia sea más burocrática y regresiva”.

El Gobierno de Entre Ríos, en línea con estas medidas, presentó su proyecto de Reforma Tributaria con el objetivo de seguir reduciendo gravámenes como Ingresos Brutos y Sellos. De esta manera, continuó con los planes de aligerar la carga fiscal y fomentar la producción, la inversión y la generación de empleo en el territorio entrerriano.

Redacción

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De Ángeli advierte que “el kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado”

Alfredo De Angeli, quien asumió como jefe del PRO en el Senado el 29 de enero de 2025, afirmó que “habrá una alianza” entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), aunque la definición dependerá de las realidades locales, sin un acuerdo nacional unificado. Destacó que el PRO es el partido “más cercano ideológicamente” al oficialismo, pero rechazó cualquier sumisión automática hacia este. Hizo hincapié que apoyarán los proyectos de Milei solo si benefician a los argentinos, dejando claro que la postura será evaluada “en tanto y en cuanto” sea favorable “distrito por distrito”.

Además, cuestionó que el Senado actúe como mero validador de iniciativas del Ejecutivo, exigiendo diálogo previo para evitar que el kirchnerismo logre cuórum propio si lograra contar con la cantidad de senadores necesarios para que el Senado apruebe iniciativas sin la necesidad de apoyo o aliados de otros sectores.

“Va a haber mucho debate porque ya no hay mayorías automáticas como muchos años que me tocó estar con que venían los proyectos del Ejecutivo y no se le podía tocar una coma. Va a ser un gran desafío”, expresó.

Señaló que su posición responde a una postura desligada de Ariel Lijo, rectificando que “como bloque y partido ya tenemos la postura adoptada” y “no lo vamos a acompañar” en su nominación como Juez de la Corte Suprema.

De Ángeli recalcó su preocupación por la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ha señalado que “no es bueno ver esas diferencias entre Milei y Villarruel”, pero que “ella está muy alineada al Gobierno, se la vio trabajando duro con Guillermo Francos”, pero que la posibilidad de que obstaculicen el Senado, “es algo que lo tienen que entender”.

“Si no tenes 37 senadores sentados te inmovilizan el Senado”. Según detalló, si la oposición consigue asegurar ese número de escaños, podría paralizar el funcionamiento del cuerpo legislativo. “El kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado cuando jure la nueva senadora”,

“Ellos con solo 6 senadores y algunos sin experiencia, nosotros con Luis Juez los ayudamos a sacar los proyectos que necesitaban porque el kirchnerismo no quería aprobar ni las autoridades del Cuerpo a la vice, nosotros desde el PRO pusimos lo que teníamos que poner. El kirchnerismo siempre estuvo obstruyendo porque no están de acuerdo con las políticas de Milei”, refiriéndose a la ayuda que recibió LLA en todo lo que va de su gestión.

Redacción

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El Gobierno avanzó con una reforma migratoria inspirada en las medidas de Donald Trump

El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.

El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.

– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane

A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.

El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.

La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.

El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.

Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.

Redacción

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El Ministerio de Defensa dio de baja a 23 militares retirados y generó un fuerte rechazo

Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.

La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:

  • Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
  • Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
  • Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri

En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.

Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.

Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.

A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.

“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.

Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.

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Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.

La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.

Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.

AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.

Redacción

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ENTRE RÍOS | 33 Héroes de Malvinas obtienen cobertura de salud completa tras una gestión de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, concurrió el pasado jueves a la sede del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) junto a representantes del Centro y la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, para reunirse con la subinterventora de la entidad, Marina Alegre. Durante el encuentro, se confirmó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de concretar la afiliación a la obra social de entrerrianos que combatieron en el conflicto bélico y sus esposas e hijos menores de edad.

“Tenemos el mandato y una decisión firme del gobernador de que estas demandas tienen que llegar a un resultado positivo y en eso hemos trabajado desde el primer minuto en la Cámara: hacer que las cosas que les importan a los entrerrianos sucedan. Tuve la gran oportunidad, como representante del gobierno provincial, de iniciar la gestión y de acompañar”, sostuvo Hein luego de la reunión.  

El presidente de la Cámara baja destacó la “apertura y la capacidad de trabajo” de la subinterventora del Iosper para hacer posible “una reivindicación y una decisión de saldar las deudas pendientes que se tienen con los veteranos”. A su vez, recordó que “Malvinas es una causa diaria, no solamente para el 2 de abril”.  

Acerca de los resultados de esas gestiones, consideró: “Lo que ha ocurrido hoy podemos resumirlo en lo que los veteranos siempre nos han legado: no abandonar la lucha, más allá de las tormentas que hemos pasado y estamos pasando, de la desidia y del abandono que ellos han sentido por la falta de empatía de un Estado muchas veces ausente. Hemos decidido poner en valor los temas reales, donde el Estado tiene que estar presente. Lo hacemos con lo que nos incumbe desde la Cámara y bajo la norma de un gobernador que ha decidido tomar el toro por las astas y mostrar otra manera de hacer política”.

Por su parte, Alegre brindó precisiones sobre la cobertura. “Nuestra provincia tenía una gran deuda pendiente que es la afiliación de 33 veteranos de Malvinas, que no han sido incorporados a la obra social. A partir de ahora lo serán, porque hay un derecho, hay una ley que los avala y es una reivindicación histórica que la provincia les debe”, dijo, y agregó que “esta afiliación es para ellos, para sus esposas, e hijos de hasta 21 años y hasta 25 si estudian y tienen los certificados correspondientes. Tienen los mismos beneficios que cualquier otro afiliado”.

“Tenemos que hacer pequeñas modificaciones en el sistema y en no más de diez días ya van a gozar de todos los beneficios de ser afiliados, completó, tras lo cual destacó que “fue muy importante la gestión de Gustavo Hein”, a través de quien tomaron conocimiento del expediente que se encontraba a la espera de una resolución.

En tanto, Oscar Eguias, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, remarcó que se trataba de “una deuda pendiente de hace más de 30 años, hay mucha gente sin obra social y lo que más necesita hoy un viejo veterano es salud”. Y agregó: “Valoramos la reivindicación por parte de Hein y Alegre. Nos vamos muy contentos con este trámite que termina después de un largo camino”.

Acerca de la situación de los veteranos que se beneficiarán con esta decisión, dijo: “Hasta ahora era precaria, sin la cobertura que necesitaban. Son 49 veteranos, de los cuales 33 presentaron la documentación. Hoy tenemos la certeza de que hemos sido escuchados y de que esta gente va a tener Iosper, que es la obra social que nos dieron gobiernos anteriores por ley”.

De la reunión también participaron Julia Garioni, secretaria de la Cámara de Diputados; Joaquín Castellano, gerente de Prestaciones del Iosper; Ladi Ojeda, vocal del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, y Ricardo Álvarez, secretario del Centro y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos.

Redacción

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El Gobierno calificó de “ridículo” el informe de Amnistía sobre el protocolo antipiquetes

“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.

El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Amnistía Internacional no entiende nada” – Patricia Bullrich

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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.

El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.

Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.

En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.

Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.

Redacción

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