Con la firma de Gisela Marziotta, este proyecto fue presentado el viernes pasado y en él detalla la implementación de varios artículos en la Ley Micaela para implementar la obligatoriedad de capacitación contra la violencia de género en los espacios políticos.
Detalla el artículo 2: «La formación y capacitación permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres será de cumplimiento obligatorio para las personas que integren candidaturas a cargos públicos electivos. Para los afiliados y afiliadas la capacitación será voluntaria».
Estas capacitaciones deberán ser certificadas, y el material de evaluación será brindado por el Ministerio de las Mujeres o, en su defecto, los partidos que no simpaticen con estos módulos podrán presentar los suyos.
El financiamiento de esta capacitación será adquirida de los partidos políticos que, deberán destinar al menos el 20% de lo que reciban en concepto de aporte anual para «desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación», expresa el proyecto en el artículo 12.
Además, se establece que un 30% del monto destinado a la capacitación debe «afectarse a las actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores de 30 años».
Seguidamente continúa detallando lo que será, de llegar a aprobarse este proyecto, parte del presupuesto destinado a la implementación de esta ley: «También se establece que por lo menos otro 30% sea destinado para la formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido».
Y finaliza, «Se establece que por lo menos otro 30% sea destinado a la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres».
De manera casi obscena, este proyecto rectifica que se destinará gran parte de lo recaudado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades con la única petición de que este se encargue del lanzamiento de los módulos evaluativos que se necesitarán.
LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD
En paralelo a lo presentado por Marziotta en representación a las mujeres, según explaya en su escrito, el accionar del oficialismo en torno a estos problemas continúan dejando inconsistencias en el camino.
- Caso Alperovich: Tanto desde el Congreso, como Justicia se han encargado de resguardar al ex gobernador de Tucumán ante las denuncias de su sobrina por abuso sexual. Lo insólito es que, también desde Mujeres lo hayan hecho, siendo que son quienes quieren obligar a los demás partidos a implementar políticas que ellos en su momento no hicieron. «Al amigo, todo».
El año pasado la ministra Alcorta brindó una entrevista en donde fue consultada por el caso Alperovich, ante la recriminación del periodista por el selectivo silencio ante este caso, Alcorta argumentó: «Soy muy defensora de las garantías de todos y todas. Pero nosotros levantaríamos la voz si Alperovich estuviera haciendo uso de su banca». - Violación en la escuela tomada por Ofelia Fernández: Otro caso en el que el oficialismo podría haber condenado un hecho concreto y decidió no hacerlo. Antes de que Ofelia Fernández ocupe el cargo en el que hoy se desempeña, la joven utilizaba la toma de colegios para ganar exposición mediática y lanzarse políticamente en el colegio Carlos Pellegrini. En una de esas tomas lideradas por Ofelia una alumna denunció haber sido violada por varios compañeros.
- 15 dirigentes de La Cámpora denunciados por abuso:
La responsable de presentar estas denuncias y accionar frente a ello, era Mayra Mendoza quién se desempeñaba en La Cámpora como representante de Género, antes de ser intendente de Quilmes. Estas denuncias fueron de público conocimiento gracias a las víctimas y a una cuenta de Instragram que se contactó con ellas y expuso a los abusadores y violentos.
Estos hombres son: Ignacio Alvarez armador de Mariano Recalde y al momento de la denuncia ocupaba un cargo como Responsable Comunal.
Lucas Carrasco, denunciado por abuso sexual y corrupción de menores, delitos por los que finalmente fue condenado a 9 años en prisión.
Pablo Galardo, militante de La Cámpora en Almirante Brown.
Pablo Ramos, presidente del Consejo Deliberante de Escobar, a él lo denunciaron por encubrir un caso de abuso sexual.
Pablo Ortiz Maldonado encabezó una lista de la comuna 12 a pesar de las insistentes denuncias por acoso sexual de sus compañeras.
Diego Méndez fue denunciado por abuso sexual, aún así Mayra Mendoza no tomó la denuncia de su víctima cuando tuvo la oportunidad y este logró ser concejal.
Agustín Laffeille también fue denunciado por abuso sexual por una compañera, pero siguió desempeñándose como Responsable de Secundarios en Claypole.
Gonzalo Galasso responsable de la organización de la comuna 7 y de la unidad básica Néstor Vive, fue denunciado por su víctima y el abusador la trató de «loca», minimizando los hechos.
Tomas Andrade, Javier Palomo, Esteban Bondaruk, Rodrigo Barandiaran, Nahuel Kitanovich, Jorge “Loco” Romero, y Nicolás Barranco, también fueron denunciados por sus víctimas y también fueron ignoradas.
