En el medio de una situación económica ruinosa que tiende a empeorar con cada medida tomada por el Gobierno del Frente de Todos (FdT), la vida de los trabajadores se deteriora a un ritmo vertiginoso y constante. Por otro lado, algunos pocos privilegiados, con beneplácito y complicidad del Estado, aprovechan para sacar rédito de forma escandalosa.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, puso en marcha a principios de este año un sistema de certificación de seguridad de los vehículos pesados y de transporte que se denomina Informe de Configuración de Modelo (ICM), y habilitó un negocio de más de 450 millones de pesos que manejan apenas 15 empresas en todo el país con muy poco control por parte del Estado.
El requisito, que comenzó a ser exigible en el mes de febrero, básicamente da cuenta de las modificaciones que pueda haber sufrido el vehículo respecto de su configuración de fábrica y previamente a la entrada en vigencia de la nueva resolución, se realizaba directamente a través del taller que hacía ajustes y siempre que esta estuviera dentro de los parámetros aceptados por la legislación vigente.
Pero ahora, el propietario de cada camión, indistintamente del uso que del mismo, debe afrontar un gasto que llega a los 30 mil pesos por unidad, para realizar una nueva inspección a cargo de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA), que de manera corporativa y con el apoyo de otras entidades como el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME) y por supuesto el visto bueno del Ministerio de Transporte que puso en marcha el ICM.
Según estimaciones, tras el período de empadronamiento obligatorio, a valores actuales con el ICM se generaría un negocio residual de por lo menos 50 millones de pesos al año, que manejarían solo 15 firmas, dueñas de las 84 plantas distribuidas en el territorio, y claramente insuficiente para atender la demanda del más de medio millón de unidades que forman parte de la flota de vehículos pesados a nivel nacional.
Malestar entre empresarios por la puesta en marcha del ICM
El malestar se hizo sentir entre los empresarios del transporte, que suman un costo extra y un nuevo trámite, que antes se resolvía directamente durante la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que realizan anualmente. Por lo que calificaron la medida como “innecesaria” y “redundante”, pero además puso en alerta a sectores vinculados a la ingeniería mecánica, que en lugar de ver una expansión de la demanda de profesionales, notaron rápidamente una manejo netamente corporativo.
Existen versiones que indican la puesta en escena de controles que se realizan con escaso rigor técnico, por lo que algunos hablan de los “Reyes del certificado trucho”. Ya que el verdadero objetivo del ICM sería meramente recaudatorio.
Por el momento, el sistema sigue vigente, pero solo cosecha críticas por lo que se espera que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte encaren algún tipo de modificación para, al menos, intentar bajar los niveles del escándalo.
