El Concejo rosarino le retirará la distinción a L-Gante tras la repercusión de sus audios con la banda de Los Monos
Luego de que se dieran a conocer audios que involucran a Elian Valenzuela con integrantes de la mafia narco Los Monos, el cuerpo parlamentario pidió retirarle la distinción que le habían otorgado.
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El Concejo municipal de Rosario, Santa Fe, le retirará la distinción que le hicieron al cantante de trap Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, luego de que se dieran a conocer audios que lo vinculan con una de las bandas narco más problemáticas de la Ciudad, Los Monos.
El proyecto que acordaron votar todos los bloques en labor parlamentaria es el que presentó Miguel Tessandori en noviembre de 2022. Aunque la propuesta tomó relevancia en las últimas horas por los mensajes mencionados.
QUÉ DICEN LOS AUDIOS
“Qué onda prima, ¿todo piola? Te deseo pronta libertad, vos sabés, prima, al toque. Cumbia 420 pa’ los negros”, fue el primer mensaje de audio que L-Gante le envió a Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, quien está detenido en el penal de Ezeiza desde diciembre del año pasadoacusado de asesinar a dos personas.
En otro de los audios, Valenzuela se pone a cantar para “Pupito”: “Toma tusi y se descoca. Toma mari, y queda loca“. Para vos, Pupito. De parte de L-Gante. Cumbia 420 pa’ los negros”.
Desde diciembre de 2023, la economía soportó sucesivos paros y manifestaciones que, según el Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), generaron perjuicios superiores a USD 1.000 millones. El cálculo abarcó dos paros generales y dos del transporte, todos posteriores al primer paro del 24 de enero de 2024 —cuya pérdida “puede haber superado los USD 500 millones”, según coincidieron economistas—, por lo que el costo total podría superar con holgura los USD 1.500 millones.
El segundo paro general, realizado el 9 de mayo de 2024 con amplia adhesión sindical, dejó de producir $489.272 millones de entonces, equivalentes a USD 544 millones. UADE precisó que esa cifra representó el 1,1 % del PBI de mayo y el 24,3 % del PBI del día. Los rubros más golpeados fueron la industria manufacturera (USD 110 millones), educación y salud (USD 90 millones) y los impuestos netos de subsidios (USD 89 millones).
“Para el cálculo de este impacto se estimó el efecto en cada uno de los sectores económicos basado en eventos similares en el pasado. Algunas actividades prácticamente no sufrieron ningún impacto y otras lo recuperaron rápidamente. Sin embargo, hubo rubros y empresas que sufrieron pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pudieron compensar gran parte de lo perdido, lo hicieron en un plazo mucho más largo”, explicó el economista Martín Álvarez, analista de la UADE.
El 30 de octubre de 2024, la Mesa Nacional del Transporte encabezó un paro sectorial que paralizó buena parte de la logística nacional y provocó pérdidas por USD 204 millones, equivalentes al 0,3 % del PBI mensual. En esta ocasión, los “impuestos netos de subsidios” lideraron el ranking de perjuicios con USD 89 millones, seguidos por la industria manufacturera (USD 66 millones) y la educación (USD 35 millones). “Cabe destacar que la continuación del normal servicio de colectivos (UTA no adhirió) influyó en que la pérdida económica sea menor a la de anteriores paros, en los que el transporte no funcionó en su totalidad”, comentó Álvarez.
Ya en 2025, el último paro general —10 de abril— generó un impacto preliminar de $208.497 millones o USD 194 millones, es decir el 0,3 % del PBI de abril y el 6,4 % del producto diario. “En el caso de que no hubiese habido colectivos, la cifra del costo ascendería a USD 530 millones. Es decir, la posibilidad de tener al menos una línea de transporte disponible disminuye significativamente el impacto real del paro”, recalcó el economista, quien además subrayó: “Hay sectores que sin líneas de colectivos simplemente no pueden trabajar, como pasa con rubros como la construcción o el comercio, que requieren si o sí de la presencialidad”.
A estas cifras se añadió el reciente paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectó a más de 300 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias provincias. Sin análisis específico aún, UADE estimó pérdidas cercanas a USD 300 millones.
El estudio de UADE mostró que la industria manufacturera y la construcción concentran la mayor parte del daño: registraron pérdidas difíciles de recuperar o solo compensables con mayores costos. El comercio logró recuperar apenas el 35 % de lo no vendido y los restaurantes nada. En el extremo opuesto, el sector financiero recuperó el 99 % de su operatoria, las actividades inmobiliarias el 96 % y la explotación de minas y canteras el 50 %.
Para las pymes comerciales, el impacto resultó evidente. Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), afirmó que “si bien el transporte de colectivos no se vio afectado por la medida de fuerza, se constató un menor nivel de afluencia en los locales comerciales del micro y macro centro durante la jornada del paro”. Añadió que “es evidente la necesidad que existe en el sector comercial Pyme de hacer frente a esta coyuntura de recesión, por lo que un paro de actividades repercute negativamente en este momento”.
Desde la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Day evaluó que “a nivel macro, un impacto del 0,3 % al 1,1 % del PBI mensual no llega a mover la aguja en el total del año, pero a nivel micro el golpe es grande”. Precisó además: “Hay sectores, como el comercio, que pierden mucho con un paro general. Lo que no venden en un día es difícil que lo recuperen en otro y los empleadores tienen que pagar los sueldos igual. En otros casos el impacto no es tan grande, porque tienen forma de sustituir la actividad. En la rama financiera, por ejemplo, muchos trámites se pueden hacer online”.
Con dos paros generales y dos sectoriales medidos, la actividad económica dejó de producir más de USD 1.000 millones durante la presidencia de Javier Milei. De incluirse el primer paro del 24 de enero de 2024, cuyo costo no fue calculado con precisión pero “puede haber superado los USD 500 millones”, las pérdidas globales superarían los USD 1.500 millones.
La campaña de la izquierda en su totalidad ya no sorprende a nadie. La estrategia repite la fórmula de siempre: populismo, clientelismo y manipulación de los sectores más vulnerables. Esta vez, el escándalo surgió a partir de una escena grotesca: punteros políticos usaron a ciudadanos bolivianos para hacer proselitismo en barrios carenciados de la Ciudad de Buenos Aires. Ramiro Marra, dirigente liberal y candidato a legislador por la UCeDé, no se contuvo y lanzó una acusación explosiva: “Llenaron las villas de inmigrantes ilegales para mantenerse en el poder”.
El mensaje apareció en su cuenta de X, acompañado por imágenes que mostraron a militantes de agrupaciones de izquierda en su eterno y arcaico reparto de volantes en asentamientos y villas, mientras alentaban a comunidades extranjeras a sumarse a la campaña. Marra, con su estilo frontal y directo, disparó:
“Mientras los argentinos se rompen el lomo para llegar a fin de mes, la izquierda usa a los extranjeros ilegales como maquinaria electoral. Les regalaron viviendas, planes y documentos para que les devuelvan favores en las urnas”.
La denuncia no es nueva, pero sí cada vez más al hueso. El ex candidato a jefe de Gobierno desde hace tiempo levanta la voz de alerta sobre el sistema de prebendas y asistencialismo sostenido con fondos públicos en las villas de CABA. En esta oportunidad, sumó una nueva cuestión: la migración masiva e irregular, que afecta el acceso a la salud, la vivienda, la educación y la seguridad.
“Esto no es xenofobia, es sentido común”, afirmó en declaraciones radiales. “La Argentina debe elegir: o defiende la ciudadanía o se convierte en una villa miseria multicultural gobernada por punteros”.
Desde el oficialismo respondieron con tibieza. Algunos dirigentes intentaron calificarlo de “discriminador”, otros lo acusaron de “facho”. Pero en las redes sociales, el respaldo a Marra se multiplicó. Muchos usuarios compartieron testimonios desde el conurbano y otras zonas críticas, donde hospitales colapsan y los servicios públicos ya no dan abasto, mientras los beneficios sociales parecen orientarse hacia quienes ni siquiera cuentan con documentación legal.
El debate “¿campaña o clientelismo?” incomoda pero ya no se puede hacer la vista gorda. ¿Un extranjero sin residencia debe recibir más ayuda estatal que un argentino que aportó toda su vida? ¿El Estado puede permitir que partidos políticos operen impunemente en villas a cambio de votos?
Marra fue claro: “No es casual que aparezcan más bolivianos en las campañas que en las embajadas. Esto no es integración, es uso político de la pobreza importada”.
Desde el kirchnerismo reina el silencio. Vanina Biasi recorre sonriente los barrios como si nada ocurriera. Detrás del discurso inclusivo, se oculta una maquinaria que no integra: administra la pobreza para convertirla en poder electoral.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
La Cámara de Senadores rechazó anoche el proyecto de Ficha Limpia con 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de los 37 requeridos para convertirlo en ley. La iniciativa habría impedido que candidatos con condena firme en segunda instancia por corrupción pudieran competir en elecciones.
El Gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, calificó la decisión como una traición a la ciudadanía: “Han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo”. El mismo texto apuntó a Unión por la Patria: “Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes“.
Desde sus redes sociales, Javier Milei resumió su enojo: “Lamentable, fin”. Poco después, el Ejecutivo aseguró que el Presidente “no descansará hasta que Ficha Limpia sea ley”.
Mientras el oficialismo denunciaba la maniobra opositora, en el kirchnerismo se desató el festejo. Dentro del Instituto Patria, Cristina Kirchner atribuyó la iniciativa a un intento por excluirla de la contienda presidencial de 2027 y, en la intimidad, se lamentó: “Me tienen miedo”. Al confirmarse el resultado, sus colaboradores se abrazaron entre memes del actor Guillermo Francella y repitieron eufóricos: “La jefa sigue en cancha”.
Horas antes de la votación, la expresidenta recibió a sus principales referentes en el Senado —José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio— para delinear la estrategia. Ellos fueron los que defendieron su posición incluso cuando el conteo preliminar indicaba una derrota segura. Finalmente, la sorpresa llegó con el cambio de postura de dos misioneros que inclinó la balanza.
Con la Ficha Limpia archivada por ahora, Cristina Kirchner evaluó dos caminos: postularse a diputada nacional o presentarse como candidata bonaerense, opción que en el peronismo consideran “excelente” para el conurbano. Sus allegados también analizaron la ventaja de obtener fueros provinciales si la Corte Suprema confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
El proyecto, que había obtenido media sanción en Diputados, deberá empezar de nuevo su trámite legislativo. El Gobierno adelantó que insistirá con la propuesta para “desterrar la corrupción” e impedir que condenados ocupen cargos públicos. Desde la oposición K, en cambio, celebraron la derrota parlamentaria y sostuvieron que “la jefa sigue en carrera” hacia 2027, convencidos de que la votación fortaleció su liderazgo dentro del espacio kirchnerista.
En plena campaña para las elecciones porteñas, el Gobierno nacional anunció una reforma migratoria que incluirá mayores exigencias para el ingreso y residencia de extranjeros, así como mecanismos acelerados para su deportación en caso de delitos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que en los próximos días se publicará un DNU en el Boletín Oficial para implementar las nuevas medidas.
La iniciativa, promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retoma aspectos del DNU 70/2017, aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri y derogado por Alberto Fernández en 2021. Sin embargo, desde las redes, se recordó como “el principal impulsor de estas políticas” a Ramiro Marra, el candidato a legislador expulsado de La Libertad Avanza, quien desde hace meses viene reclamando un mayor control migratorio.
Prohibición de ingreso para cualquier extranjero con antecedentes penales.
Deportación inmediata de quienes cometan delitos, sin importar la gravedad de la pena.
Expulsión acelerada de inmigrantes que ingresen por pasos no habilitados o mientan en su declaración migratoria.
Pago obligatorio de servicios de salud para residentes transitorios, temporarios e irregulares, además de la exigencia de un seguro médico al ingresar al país.
Arancelamiento opcional en universidades nacionales para estudiantes extranjeros no residentes.
Mayores requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, que solo se concederá tras dos años de residencia continua.
Adorni justificó las medidas al afirmar que “Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular” y destacó que, en los últimos 20 años, más de 1.700.000 personas entraron al país sin cumplir los requisitos legales. El Estado gasta $114.000 millones anuales en atención médica a extranjeros.
Aunque el anuncio fue realizado por Adorni, “el verdadero abanderado” de esta reforma fue Ramiro Marra, quien desde 2024 viene denunciando el “abuso” de los inmigrantes en el acceso a servicios públicos. En febrero de 2024, el legislador criticó a los estudiantes extranjeros que se benefician de la educación gratuita: “Más de 13.000 estudiantes de Ecuador se recibieron sin pagar un impuesto que aportara a la educación pública”, afirmó.
A través de sus redes sociales, Marra también insistió en la necesidad de deportar delincuentes extranjeros y frenar la inmigración irregular. En abril de 2024, celebró la decisión de Milei de expulsar a inmigrantes que cometan delitos: “Suena algo obvio, pero durante décadas en Argentina, la política y la justicia se dedicaron a defender a criminales”, escribió.
El anuncio se produce en medio de la campaña por las elecciones porteñas, donde Adorni es candidato a legislador. Sin embargo, el vocero negó que la medida tenga fines políticos y aseguró que busca “proteger a los ciudadanos argentinos”.
Bullrich, por su parte, busca reimpulsar su política migratoria de 2017, que fue declarada inconstitucional por la Justicia por considerar que vulneraba derechos humanos. No obstante, el Gobierno insiste en que las nuevas normas garantizarán “un país ordenado”, tal como lo expresó Milei en su discurso del 1° de marzo, cuando adelantó la necesidad de reformar el sistema migratorio.
¿“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”? Esa consigna quedó obsoleta, ahora el debate dentro del espacio libertario está en “kirchnerismo o libertad”. Pareciera ser que la hermana del Presidente quiere poner el último clavo del ataúd del kirchnerismo absorbiendo a cuanto kirchnerista se pase a sus filas.
El análisis de la nómina de candidatos a la Legislatura porteña de La Libertad Avanza, encabezada por el aún vocero presidencial, Manuel Adorni, y bajo la directa influencia del armado de Karina Milei y la jefa del partido en la Ciudad, la ex-camporista Pilar Ramírez, evidencia que los principales puestos de la lista, con chances de ingresar al parlamento local, están ocupados por figuras con pasados y vínculos en estructuras políticas que el propio espacio suele criticar con vehemencia. Esta conformación, lejos de ser un fenómeno aislado en el distrito porteño, se inscribe en una aparente estrategia de La Libertad Avanza a nivel nacional y con un patrón definido.
Candidatos kirchneristas y larretistas
En los primeros lugares de la boleta porteña se observan nombres con claras conexiones en la política pre-Milei.
La segunda y el tercero en la lista, Solana Pelayo y Nicolás Pakgojz, ambos acomodados por el esposo de Pilar Ramírez —Darío Wasserman— como directora del Banco Nación y presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, respectivamente. Ambos responden a la ex-camporista Ramírez, quien supo ser amiga del ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, y del senador kirchnerista y ex director de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Ramírez decidió cambiar de amistades, ahora se junta con la secretaria general de presidencia. Lejos quedó aquella época en la que Ramírez presidía la fundación de Mariano Recalde, siendo luego expulsada de la aerolínea de bandera durante el gobierno de Mauricio Macri, deviniendo en un juicio al Estado por parte de esta mujer.
– Mariano Recalde, Alessandra Minnicelli (esposa de Julio De Vido) y Pilar Ramírez (presidente de La Libertad Avanza de CABA).
En el caso de Pakgojz, además, se trata de un retirado funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta durante más de cinco años, y de hecho fue militante del ex jefe de gobierno durante 2023.
Los vínculos con Ramírez y su entorno también son notorios en varios tramos de la lista, como es el caso de la cuarta candidata, Andrea Freguia, la jefa de despacho de Pilar y ex asesora de la retirada Senadora kirchnerista María Laura Leguizamón, por entonces parlamentaria de Cristina Fernández.
– Nicolás Pakgojz junto a Karina Milei y Pilar Ramírez
Antes de seguir en orden numérico, podemos mencionar también al número nueve, Diego Vartabedián, quien actualmente trabaja para Karina Milei con un cargo con 24 palabras de extensión, habiendo sido previamente destinado a Nación Seguros por el esposo de Ramírez. O también llama la atención la número doce, Patricia Holzman, y del número quince, Yamil Minakowski, quienes supieron vivir del contribuyente respectivamente durante siete años y tres años de la gestión larretista. Y si al lector no le alcanza con la jefa de despacho y los amigos de Ramírez, sepan que también tendrán de candidato a Dante Di Carlo, secretario de la legisladora ex-camporista.
El desembarco de figuras con pasados kirchneristas o peronistas en las filas del mileísmo es un patrón que se repite en distintos niveles y distritos del país, evidenciando una fórmula de armado que trasciende ideología. Ejemplos notorios incluyen a Daniel Scioli, ex Vicepresidente y Gobernador kirchnerista, hoy en el gabinete nacional; su hermano Nicolás Scioli, también con trayectoria K; Leila Gianni, ex funcionaria del kirchnerismo y ex La Cámpora, actualmente referente en La Matanza; Sebastián Pareja, armador provincial de LLA con pasado en el kirchnerismo incluso como aportante de campaña; Manuel Quintar, ex candidato jujeño del kirchnerismo y cercano a Milagro Sala; Ramón “Nene” Vera, diputado provincial de LLA en Buenos Aires también ex candidato kirchnerista; y Sonia Limache, actual referente de LLA en Quilmes, anteriormente referente K.
Entre el sexto y el octavo puesto, tenemos bancas que intentan renovar, como es el caso de Lucía Montenegro quien, entre otras cosas, fue noticia en 2022 por haber contratado como asesor a un filo-nazi ex candidato de Alejandro Biondini.
¿Por qué Pilar Ramírez tiene tanto poder?
En el contexto del armado de listas, circula una versión, persistente en ciertos círculos políticos, sobre un supuesto video con cámara oculta que registraría un importante aporte monetario para la campaña de 2023, en el cual, Karina Milei estaría contando dinero en efectivo de un enorme pago realizado por Darío Wasserman. El marido de Pilar Ramírez estaría extorsionando a la hermana del Presidente con algo tan básico. La versión busca explicar el particular ascendente de estas figuras con pasados kirchneristas dentro del espacio, y alimenta las suspicacias sobre las razones detrás de algunas designaciones.
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