El Concejo rosarino le retirará la distinción a L-Gante tras la repercusión de sus audios con la banda de Los Monos
Luego de que se dieran a conocer audios que involucran a Elian Valenzuela con integrantes de la mafia narco Los Monos, el cuerpo parlamentario pidió retirarle la distinción que le habían otorgado.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El Concejo municipal de Rosario, Santa Fe, le retirará la distinción que le hicieron al cantante de trap Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, luego de que se dieran a conocer audios que lo vinculan con una de las bandas narco más problemáticas de la Ciudad, Los Monos.
El proyecto que acordaron votar todos los bloques en labor parlamentaria es el que presentó Miguel Tessandori en noviembre de 2022. Aunque la propuesta tomó relevancia en las últimas horas por los mensajes mencionados.
QUÉ DICEN LOS AUDIOS
“Qué onda prima, ¿todo piola? Te deseo pronta libertad, vos sabés, prima, al toque. Cumbia 420 pa’ los negros”, fue el primer mensaje de audio que L-Gante le envió a Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, quien está detenido en el penal de Ezeiza desde diciembre del año pasadoacusado de asesinar a dos personas.
En otro de los audios, Valenzuela se pone a cantar para “Pupito”: “Toma tusi y se descoca. Toma mari, y queda loca“. Para vos, Pupito. De parte de L-Gante. Cumbia 420 pa’ los negros”.
El afamado economista Juan Carlos de Pablo advirtió, delante del mandatario nacional, que una eventual derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos podría afectar severamente a la Argentina. Lo hizo durante un homenaje a Adam Smith realizado el último miércoles donde ambos compartieron una disertación sobre La riqueza de las naciones.
De Pablo hizo una pausa en su exposición para referirse a las elecciones de medio término que se realizarán el 3 de noviembre en Norteamérica: “¿Qué pasa si el presidente Trump pierde la elección de medio término y se convierte en un pato rengo? Nos jodemos”. La sala atravesó un incómodo silencio.
En esos comicios, los votantes renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y también una parte del Senado, en una elección que pondrá a prueba el respaldo al oficialismo republicano frente a la oposición demócrata.
¿Qué pasa si pierda y se convierte en un pato rengo?
Antes de esa frase, había planteado el vínculo entre la Casa Rosada y Washington. “Ustedes saben que el presidente de la nación anda en muy buena relación con su par de Estados Unidos”. Milei interrumpió esa afirmación entre risas con un irónico “ponele”. La intervención generó risas simpáticas y efusivos aplausos en el auditorio del Palacio Libertad.
De Pablo completó luego su planteo con una referencia al costo político de esa estrategia internacional. “Pero qué le vas a decir, ¿por qué te jugaste con él? La decisión siempre es única. Siempre tenés este dilema entre los beneficios y los riesgos, eso es inevitable”.
El gobierno provincial de Río Negro, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck por el partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), destinó un contrato de $932,4 millones para el dictado de cursos virtuales de inglés en el marco del programa “Río Negro Bilingüe”.
El proceso, identificado como licitación pública 112/2025, generó cuestionamientos por tres razones centrales. El organismo estatal que impulsó la medida fue la Secretaría de Energía y Ambiente, y no el Ministerio de Educación. A ello se sumó el descarte de la oferta más barata y un costo por alumno muy por encima de los valores de mercado.
El programa habría sido lanzado en octubre de 2025 por Weretilneck con el argumento de fortalecer el capital humano provincial en un contexto de desarrollo energético e inversiones productivas. La iniciativa prevé la entrega de 10.000 licencias anuales de formación en inglés con modalidad virtual y asincrónica, complementada con talleres presenciales optativos en distintas localidades.
La propuesta estaría dirigida a un perfil amplio de beneficiarios que incluye a trabajadores vinculados a los sectores de energía, logística y servicios, así como a empleados públicos de áreas como salud, seguridad, policía y bomberos. También alcanza a emprendedores, comerciantes y prestadores turísticos, además de estudiantes de los últimos años del nivel secundario, terciario y universitario. A su vez, contempla a adultos que se encuentran fuera del sistema formal y buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad.
La formación está estructurada en 10 niveles alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), con tutorías sincrónicas y uso de inteligencia artificial. Hacia diciembre de 2025 ya había alcanzado 6.667 preinscriptos y la provincia amplió su cobertura territorial hacia la zona andina (Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón) y la costa atlántica.
Una de las críticas más llamativas es que la contratación fue impulsada desde la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, a cargo de Andrea Confini, actual esposa del mandatario, y no desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Si bien el programa fue presentado como una articulación entre ambas áreas, la licitación y adjudicación quedaron bajo la órbita energética.
Esto genera interrogantes legítimos sobre el circuito administrativo. Los ministerios de educación provinciales son los organismos naturales para contratar servicios de formación académica, cuentan con equipos técnicos especializados y son los que habitualmente articulan con universidades e institutos terciarios. Que sea el área de energía quien adjudique una plataforma educativa resulta, cuanto menos, atípico desde el punto de vista de la lógica institucional.
¿Por qué energía y no educación?
La justificación oficial es que el bilingüismo se enmarca en la estrategia de desarrollo económico y la transición energética de la provincia, por lo que Energía tiene incumbencia directa. Sin embargo, esto no elimina la pregunta sobre por qué no se canalizó a través de instituciones con capacidad instalada para ofrecer estos servicios, como universidades públicas o institutos provinciales de formación docente.
“En Río Negro hay un triángulo de poder que maneja muy mal la provincia”, afirmó José Luis Berros, presidente de Vamos con Todos y vicepresidente del Partido Justicialista de Río Negro, en una entrevista con LUVER. El dirigente se mostró además crítico con la conducción provincial por su “escaso apego a la rendición de cuentas”. “El triángulo está compuesto por Facundo López (líder del armado legislativo de JSRN), la señora del Gobernador y el propio gobernador”, agregó, y cuestionó su desempeño al señalar que “están manejando muy mal la cuestión pública”.
La apertura de sobres se realizó el 16 de enero en Viedma, con la participación de tres empresas. EL LAB Taller de Idiomas SRL presentó la oferta más elevada, por $1.100.000.000, mientras que SDC SRL realizó la propuesta más baja, por $893.000.000. Por su parte, EDIR Emprendimientos SRL ofertó $932.4 millones y resultó finalmente adjudicada.
El 3 de febrero, la Comisión de Preadjudicación descartó a SDC SRL —la empresa más barata— argumentando que su plataforma “no era específica para la adquisición de lenguas”, sino que tenía un enfoque más cercano a una implementación tecnológica general.
Esta decisión dejó el camino libre para EDIR Emprendimientos SRL, cuya oferta era $39 millones más cara que la descartada. La justificación técnica del descarte no se hizo pública en detalle, lo que alimenta las dudas sobre si los criterios aplicados fueron objetivos o respondieron a intereses particulares.
A su vez, el punto que concentra mayor controversia es el costo unitario del servicio. Con 10.000 licencias anuales y un contrato total de $932.4 millones, el cálculo arroja un costo de aproximadamente $93.240 por alumno al año, equivalente a unos $7.770 mensuales por usuario.
En comparación, el mercado ofrece alternativas de menor costo o con mayores prestaciones. La suscripción individual a Duolingo Plus ronda los $56.454 anuales con impuestos incluidos, mientras que un curso online del Instituto Cambridge en Buenos Aires tiene una matrícula que va de $63.500 a $90.500, a lo que se suman cuotas mensuales de entre $83.000 y $97.000 por clases en vivo de dos horas semanales. Por su parte, ABA Lenguas ofrece cursos online cuatrimestrales con clases en vivo desde $256.000, lo que equivale a unos $512.000 al año.
En el ámbito público, la Ciudad de Buenos Aires implementó un programa casi idéntico denominado “Ciudad Bilingüe”, a través del cual contrató a la empresa Edusoft para brindar una modalidad similar —virtual, asincrónica, con 10 niveles y certificación— de manera gratuita para los porteños.
EDIR Emprendimientos SRL es una empresa familiar radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en la avenida Lope de Vega 1620. Fue constituida el 10 de diciembre de 2016 por Miguel Eduardo Schriftman y Yaniv Schriftman, padre e hijo que desde entonces han diversificado sus actividades en distintos rubros.
Según sus registros, la firma opera en servicios de consultoría en tecnología de la información y en el área de enseñanza desde 2017. Posteriormente, en 2018, incorporó actividades vinculadas al sector inmobiliario. A partir de 2020, amplió su alcance hacia la venta mayorista de instrumental médico y artículos ortopédicos, así como de libros y publicaciones.
La empresa no figura como empleadora ni surge, al menos de forma visible, que tenga personal declarado, lo que resulta llamativo para una firma que pretende gestionar un programa de formación para 10.000 usuarios. Se trata, en apariencia, de una firma de estructura reducida y sin personal declarado. No obstante, tiene antecedentes concretos en el sector educativo. En octubre de 2025 el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires registró la prórroga de un contrato adjudicado a EDIR Emprendimientos SRL (en unión transitoria con Ediciones Logos SA) para la “actualización de la plataforma de aprendizaje para la enseñanza de idioma inglés por medios electrónicos” en CABA. Esto indica que EDIR tiene al menos un antecedente relevante con el gobierno porteño en el mismo rubro.
Un patrón de contrataciones cuestionadas
La licitación 112/2025 no constituye un hecho aislado. La administración de Weretilneck acumula una serie de contrataciones directas y procesos licitatorios que han sido cuestionados de manera sistemática por la oposición legislativa.
Entre los casos señalados se encuentran la contratación directa de Epoge SRL por parte de la Subsecretaría de Medios, con un costo cercano a los $750.000 diarios por servicios de seguimiento de medios y redes sociales, en medio de versiones sobre presuntos vínculos políticos. También se objeta la contratación de una consultoría jurídica externa para la Fiscalía de Estado por $96 millones, así como una consultoría en comunicación interpersonal para el Tribunal de Cuentas por $10.350.000.
A estos antecedentes se suma la contratación directa de publicidad institucional en enero de 2026 por más de $128 millones, una cifra que, según los cuestionamientos, supera ampliamente el tope legal vigente.
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, es uno de los opositores más activos en la denuncia de estas presuntas irregularidades y llegó a presentar una nota formal ante el Procurador General solicitando investigación por posibles delitos contra la administración pública.
El cura y diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina declaró un patrimonio de USD$1 millón y cuatro inmuebles, dos en Ciudad de Buenos Aires y dos en el Gran Buenos Aires.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral, presentada en enero de 2026 bajo la modalidad inicial 2025, expone una fortuna que llama la atención por su magnitud y que se contrapone con el perfil de vida sencilla que el legislador suele mostrar en el plano público.
El dato más llamativo del documento es la existencia de una caja de ahorro en dólares en el país con un saldo declarado de USD$330.338,50. Al tipo de cambio vigente de $1.420 por dólar, eso equivale aproximadamente a $469 millones. Molina también declara tres cajas de ahorro adicionales en pesos con saldos que suman alrededor de $14.6 millones y una cuenta corriente con $56.436. El total de sus depósitos y efectivo alcanza los $483.7 millones.
Además del efectivo, Molina declara cuatro propiedades inmobiliarias, cuya valuación oficial resulta llamativamente baja. Según el informe, dos de las propiedades están ubicadas en San Vicente y fueron adquiridas el 17 de diciembre de 2009, junto con una casa habitación valuada en $20.833.246 y un lote de terreno declarado en $1.042.180.
El legislador también informó la tenencia de dos departamentos con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, ambos comprados el 18 de mayo de 2017. Uno de ellos fue valuado en $75.035.844, mientras que el otro figura por $2.528.903. En conjunto, el detalle patrimonial expone un patrimonio de por sí millonario, integrado por propiedades en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal.
Molina, a su vez, declaró poseer un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L, año 2021, adquirido en agosto de ese año, valuado en $28 millones de pesos —equivalente a unos USD$35.000 al valor de mercado actual. Su origen habría sido por “ingresos propios”.
El mecanismo que permite estas valuaciones irrisorias es lo que los expertos tributarios llaman la “trampa del 1 m²”. Al declarar una superficie de “1 metro cuadrado” para todas sus propiedades, el sistema registra los inmuebles a su valuación fiscal histórica de origen —en pesos, con cifras antiguas y desactualizadas— en lugar del valor real de mercado. Esto “licua visualmente el tamaño de la fortuna ante la opinión pública”, según la descripción de un tributarista consultado al respecto.
Para aproximarse al valor real del patrimonio inmobiliario, es necesario dolarizar el análisis usando precios actuales de mercado. Un análisis conservador construido con dimensiones estándar para este tipo de propiedades arroja que existe una disparidad “abismal” entre los dos departamentos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comprados el mismo día en 2017 —uno declarado en $75 millones y el otro en apenas $2.5 millones— lo que sugiere que uno podría ser un piso de gran metraje o categoría superior.
Sumando los activos líquidos a la valuación de mercado de los inmuebles y el vehículo, el patrimonio real estimado total ascendería a aproximadamente USD$931.838, es decir, casi un millón de dólares.
¿De dónde proviene el dinero?
Esta es la pregunta central que el documento oficial no logra responder satisfactoriamente. En la declaración, Molina justifica absolutamente todos sus bienes como producto de sus “ingresos propios”, sin herencias, legados ni donaciones de ningún tipo.
Para dimensionar la inconsistencia, basta con cruzar las fechas de adquisición de los bienes con la trayectoria laboral de Molina. Las propiedades de San Vicente fueron compradas en 2009, cuando estaba al frente de la Fundación Valdocco, una organización financiada por el Vaticano y con fondos públicos provinciales. Ahí surge otra duda inevitable: ¿cómo logró un directivo de una ONG sin fines de lucro acceder a esas compras?
En el caso de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, adquiridos en 2017, la duda no es menor, ya que fueron comprados dos años después de su salida de la SEDRONAR en 2015. Allí también queda sin respuesta cuál fue la fuente de ingresos que le permitió adquirir dos unidades con cochera en la Capital Federal. A eso se suma lo más paradigmático de todo, los USD$330.000 en efectivo, un monto difícil de explicar para alguien que habría desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de una organización sin fines de lucro o bajo una dieta legislativa.
Un hallazgo adicional del análisis de la declaración es un error grave en la confección del documento. Molina registró su cargo de “Diputado Nacional” bajo la categoría de “Sector Privado”, señalando como empleador a la “Fundación Valdocco”. Esto es técnicamente imposible, siendo que una fundación privada no puede emplear a un legislador nacional, cuyas dietas las paga el Estado. El análisis concluye que se mezclaron dos trayectorias distintas en una misma línea del formulario —con consecuencias legales que la Oficina Anticorrupción no observó ni corrigió.
La situación patrimonial no puede desligarse de las denuncias judiciales que recaen sobre la Fundación Valdocco. Desde 2024, Molina enfrenta una causa penal en la que se le atribuyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación, defraudación a la administración pública, falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita.
La investigación reveló que la fundación cobraba fondos millonarios simultáneamente de dos provincias. Con 250 millones de pesos mensuales de Santa Cruz y 124 millones de pesos mensuales de Chaco, aunque en este último caso la institución no operaba realmente. Se detectó que 78 docentes cobraban salarios en ambas jurisdicciones al mismo tiempo. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia e incluye pedidos de allanamientos y secuestro documental.
La provincia de Chaco, por su parte, bloqueó la transferencia de recursos públicos a la fundación tras la investigación, mientras que el gobierno de Santa Cruz también realizó denuncias por falta de transparencia en el manejo de fondos.
¿Quién es Juan Carlos Molina?
Juan Carlos Molina, nacido el 8 de diciembre de 1966, es un sacerdote católico argentino que ha construido una trayectoria inusual en la que se entrelazan la fe, la política kirchnerista y la gestión de organizaciones sociales. Su apodo, “cura coraje”, sintetiza la perspectiva pública que él mismo cultivó. La de un hombre de Iglesia supuestamente comprometido con los más vulnerables, dispuesto a meterse en terrenos conflictivos donde otros no se atreven.
Molina surgió como sacerdote salesiano en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajó con niños y jóvenes en situación de riesgo social. Más tarde, sin que se conozca públicamente el motivo, pasó al clero de la diócesis de Río Gallegos. Fundó la Fundación Valdocco —nombre del barrio turinense de Turín donde San Juan Bosco comenzó su obra— con casas para jóvenes adictos y menores vulnerables en Santa Cruz, Chaco y Haití. Esta fundación lo proyectó al primer plano de la política kirchnerista de Santa Cruz y lo acercó a la familia Kirchner, en especial a Alicia Kirchner, hija de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
La primera gran plataforma pública que manejó Molina fue la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), designado en noviembre de 2013 por CFK. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich lo presentó como alguien con “amplia experiencia en la problemática de las adicciones”. Renunció en mayo de 2015, declarando que había “cumplido los objetivos”.
“Escobar fue un poco Robin Hood, el pueblo lo lloró porque ocupó el lugar del Estado: hizo hospitales, calles, le dio trabajo a la gente…”, destacó Molina, en marzo de 2014, en una entrevista radial, durante su gestión al frente de la SEDRONAR.
La comparación desató una tormenta mediática. Al día siguiente, Molina intentó aclarar que había sido “sacado de contexto”, que Escobar “era un psicópata, un asesino” y que nunca lo había defendido. También usó un lenguaje colorido para describir el revuelo, diciendo que había pasado “de ser el secretario de la SEDRONAR a ser el hijo de puta defensor de Escobar”.
Décadas después, en 2024, Molina decidió volver a la política activa como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en Santa Cruz. Ganó las elecciones legislativas de 2025 con un margen muy mínimo y asumió su banca en diciembre de ese año, integrando a UxP.
Javier Milei no oculta su fascinación por el judaísmo, o mejor dicho, por una interpretación política y espiritual que lo lleva a visitar el Muro de los Lamentos con la frecuencia de quien busca un certificado de pureza.
Para el mandatario, que se autodefine como “el presidente más sionista del mundo”, cualquier cuestionamiento a esta devoción es tratado como una afrenta personal. Lo demostró recientemente al celebrar como una “master class” de derecho la denuncia contra el comunicador Tomás Rebord, cuyo “pecado” fue referirse al muro como una simple pared.
Meme en respuesta al retuit reciente de Milei.
El fervor por la Tierra Prometida se traduce, en suelo criollo, en una generosidad fiscal sin precedentes para su amigo y ex-anfitrión del Hotel Libertador, el empresario judío Eduardo Elsztain, situación de la que ya hablamos en Data 24 recientemente.
Pero esta vara de medir lealtades y purezas religiosas se vuelve extrañamente flexible cuando se trata de purgar a los propios y cobijar a los conversos de última hora.
Javier Milei junto al empresario Eduardo Elsztain.
Catolicismo prohibido y aliadas conversas
La obsesión de Milei por la pureza ideológica tiene víctimas predilectas: a Victoria Villarruel, su compañera de fórmula en dos elecciones, la sentenció al ostracismo interno bajo el cargo de ser “católica y nacionalista”. Para el presidente, defender los valores tradicionales y la soberanía argentina parece ser un pecado imperdonable que impide cualquier convivencia política sana.
Sin embargo, esa intransigencia se evapora cuando se trata de figuras como Sabrina Ajmechet. Mientras Milei castiga el nacionalismo de su vice, abraza con entusiasmo a una diputada que no sólo reniega de la identidad nacional, sino que ha hecho del desprecio por los símbolos patrios su marca personal. En el universo mileísta, parece que “ser colonia” es un mérito que el nacionalismo no puede comprar.
Javier Milei junto a Victoria Villarruel.
El prontuario de la “inglesa” y el cargo como religión
Antes de descubrir las mieles y las cremas del pseudo-liberalismo, Ajmechet cultivó un perfil de desprecio nacional digno de una oficina de prensa británica. En 2012, mientras la mayoría recordaba la gesta, ella se preguntaba: “¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres?”, en un tuit donde afirmaba que las Malvinas sonbritánicas. Para ella, la soberanía argentina es un estorbo: “Las Malvinas no son ni NUNCA fueron argentinas” y “Las Falkland Islands son de los kelpers”.
Incluso, con una soberbia notable, celebraba que otros bajaran los brazos: “Ahora muchos empiezan a pensar que las Malvinas no son argentinas y que el deseo de los kelpers vale. ¡Bienvenidos!”. Su postura no deja lugar a dudas sobre su lealtad: “Entre patria o colonia, elijo colonia, sin dudas”.
Esa aversión por lo propio alcanzó también a los símbolos patrios.“Detesto la bandera argentina con el sol”, disparó en 2014, sumando su desprecio por la estética de la soberanía: “Es imposible imaginar una versión de la bandera argentina más fea que la que tiene el dibujo de Malvinas en el medio”. Para la actual diputada nacional, el sentimiento por las islas es algo que debe desaparecer: “Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio”.
Sin embargo, esta anglofilia militante que la hacía exclamar en 2018 “ninguna duda que lo que se necesita es Inglaterra campeón”, entró en pausa en 2021. Sólo cuando el calendario electoral le puso una banca de diputada a tiro, la misma que considera “irracional” el reclamo por las islas, ensayó una retractación de compromiso para maquillar su historial y manotear el cargo. El cinismo fue premiado y la inglesa terminó cobrando del Estado argentino, demostrando que su anti-patriotismo se acaba donde empieza su recibo de sueldo.
Ajmechet y Milei, actualmente aliados políticos y religiosos.
Del insulto al veleteo por la banca
El salto de Ajmechet a las filas de “Las fuerzas del cielo” no fue una conversión mística, sino un ejercicio de supervivencia ante lanecesidad de renovar su cargo. Durante 2022 y 2023, la diputada se dedicó a fustigar a quien hoy es su jefe con una saña notable. En octubre de 2022, los acusaba de ser funcionales al sistema: “Milei, Villarruel y Píparo están en sus casas, ¿así piensan terminar con el populismo?”.
Ajmechet en 2022 criticando a Milei, Villarruel y Píparo.
La virulencia escaló durante la campaña presidencial de 2023. Ajmechet no sólo defendía a Patricia Bullrich afirmando que Milei la atacaba con mentirasycampaña sucia, sino que apeló a la grosería directa para celebrar un cruce en el debate: “La tenés adentro, @JMilei. La casta la tenés adentro. Y lo aceptás”, disparó en sus redes sociales.
Ajmechet criticando a los que serían sus aliados.
Sin embargo, cuando el poder cambió de manos y su reelección corría peligro, la inglesa que mandaba a Milei a callarse con términos de vestuario ensayó un veleteo digno de una profesional del cargo público. Aquellos a quienes acusaba de quedarse en sus casas se convirtieron, de la noche a la mañana, en sus nuevos jefes; y aquellos que consideraba casta pasaron a ser sus nuevos compañeros de bloque. Hoy, con la sumisión de quien sabe que su sueldo depende de esa obediencia, Ajmechet milita los tuits de Milei esperando que “el presidente más sionista del mundo” le garantice transitar con facilidad los siguientes cuatro años de privilegio estatal.
Cuando Ajmechet militaba a Bullrich y acusaba a Milei de mentir.
La “superioridad judía”
El último capítulo de esta comedia del absurdo ocurrió cuando Ajmechet publicó una estadística sobre los premios Nobel: “Los judíos representamos el 0,2% de la población mundial y aún siendo tan poco, ganamos más del 20% del total de premios Nobel de la historia”. El posteo incluía un desglose por especialidades (40% en Economía, 26% en Medicina, etc.).
Javier Milei no tardó en citar el tuit con una sentencia lapidaria: “PRIMERO LOS DATOS. Fin”. Sin embargo, lo que pretendía ser una validación terminó en una humillación digital.
La reacción en la red X fue inmediata y demoledora. El periodista Juan Luis González —autor de “El Loco”, biografía de Javier Milei— fue directo al hueso al preguntarle a la diputada: “O sea digamos: ¿hay razas inferiores y razas superiores?? ¿De qué régimen totalitario me suena esto che?”.
En la misma sintonía, el ex-campeón del mundo de MMA, Emiliano Sordi, le propinó un cachetazo de realidad: “¿Estás queriendo decir que son mejores? ¿Una raza superior? Suena un poco nazi tu post”.
Desde otros sectores, la respuesta fue igual de despiadada. Pablo Muñoz Iturrieta, escritor y conferencista argentino, utilizó un sarcasmo corrosivo para exponer lo peligroso del planteo: “Ah, mi amiga supremacista, mientras otros hablan de sus pequeños éxitos, siempre hay que recordarles a los goyim la verdadera superioridad racial de la raza judía”. En su texto, menciona irónicamente a Einstein como un “sangre pura” y cierra con un contundente: “¡Heil a la superioridad judía, que eclipsa meras estadísticas!”.
Por su parte, el ingenio popular la liquidó con memes. Circularon montajes de Milei sosteniendo a un niño con la bandera de Israel mientras deja que uno con la de Argentina se ahogue en una pileta, bajo el titular “soy el presidente más sionista del mundo”, y otro de Osvaldo Laport con la cara del mandatario: “Necesito hacer algo judío”.
Ajmechet intentó vender una superioridad estadística y terminó logrando que las redes le recordaran que su identidad actual es tan cuestionable como su patriotismo.
El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos años, según el último Índice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital Seúl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.
El resultado perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses más bajos de la medición. Según una de las comparaciones incluidas en el informe, el índice quedó además 11 puntos por debajo de noviembre del año pasado.
De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venían siendo detectados. La economía y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie.
El estudio también registró un deterioro en las expectativas. Cayó la esperanza respecto del futuro del país y empeoraron las perspectivas económicas, tanto personales como colectivas. Volvió a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir”.
La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del país. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el máximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.
El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente más altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.
La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanía que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el análisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.
El trabajo también señaló que el oficialismo conservó un núcleo duro de apoyo. Parte de ese respaldo, indicó el análisis, se sostuvo en el “temor al pasado”, identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo, más que en el entusiasmo con el presente económico. Ese factor operó como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.
Las cinco fuerzas federales de seguridad convocaron una protesta conjunta para el 2 de abril en reclamo por los bajos salarios y el empeoramiento de sus condiciones laborales. La manifestación consistirá en un abrazo solidario al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro (Capital Federal), y reunirá, por primera vez en la historia, a integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
La convocatoria se fijó para las 11 e incluyó también a familiares y allegados de los efectivos. La elección de la fecha incorporó, además, una dimensión simbólica, ya que coincidió con el aniversario número 44 del inicio de la Guerra de Malvinas.
El eje principal del reclamo estuvo vinculado con la cuestión salarial. Los uniformados denunciaron que el último aumento se otorgó a fines de 2025 y advirtieron que, en numerosos casos, los haberes quedaron por debajo de la línea de pobreza. Ese desfasaje los obligó a buscar ingresos complementarios, ya fuera mediante horas adicionales por fuera de la jornada habitual o a través de trabajos extra, como manejar un Uber, para sostener la economía doméstica.
En ese marco, dentro de las propias fuerzas se subrayó una contradicción entre la narrativa oficial y la experiencia concreta de los agentes. Mientras el Gobierno sostuvo que busca “cuidar a quienes nos cuidan”, los efectivos afirmaron que los salarios y las condiciones laborales se deterioraron de manera progresiva.
A la crisis salarial se sumó el conflicto por la cobertura médica. La situación de la obra social Iosfa se convirtió en otro de los principales focos de malestar entre los uniformados. De acuerdo con las informaciones difundidas, la entidad acumuló una deuda millonaria, recortó prestaciones y redujo la entrega de medicamentos, una combinación que dejó a miles de afiliados y a sus familias sin cobertura o con un acceso severamente limitado a la atención de la salud.
La protesta también activó una preocupación política creciente dentro de la Casa Rosada, donde se intensificaron los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el oficialismo la describieron como una funcionaria de perfil académico, pero sin capacidad de conducción operativa sobre las fuerzas.
El antecedente de Córdoba profundizó esas dudas dentro del Gobierno. Algunos funcionarios recordaron que Monteoliva estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial cuando, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía cordobesa se acuarteló y la capital provincial atravesó horas de saqueos y una situación de extrema tensión. Después de ese episodio, la funcionaria dejó el cargo.
A ese cuadro se añadió una interna política con efectos sobre la cadena de mando. Monteoliva decidió alinearse con Karina Milei en la disputa con su ex jefa política, la actual senadora Patricia Bullrich. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich benefició a la cúpula de la Gendarmería por su vínculo con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni, una decisión que generó malestar en los rangos bajos y resentimiento en el resto de las fuerzas, que se consideraron desplazadas.
La licitación fue tramitada por la Secretaría de Energía y Ambiente, no por Educación. Además se descartó la oferta más barata, lo que abrió interrogantes sobre los criterios técnicos aplicados y el costo por alumno.
La Gendarmería los sorprendió en plena faena en la cordillera sanjuanina y la Fiscalía Federal les atribuyó tres delitos, entre ellos la tentativa de contrabando de exportación de oro.
Mientras el Gobierno intenta contener el malestar con un pago que los uniformados tildan de “el vuelto de los banquetes de los políticos”, la tensión en las Fuerzas Federales llegó a un límite histórico.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
