El armador del frente de Javier Milei fue denunciado en Catamarca por pedido de “coimas”
El referente de Catamarca, José Jalil Colomé, inculpó al jefe de campaña del dirigente libertario, Carlos Kikuchi, por exigirle dinero para el armado electoral.
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Luego de las polémicas dentro del entorno del Frente La Libertad Avanza de Javier Milei tanto en Neuquén, San Juan y Entre Ríos, ahora se sumó Catamarca, debido a la acusación que hizo el referente de dicha provincia hacia quien fue el principal operador que tuvo el economista al solicitarle un “soborno”.
Según la información que divulgó el diario catamarqueño El Ancasti, Kikuchi fue denunciado por el propio Jalil tras haberle solicitado U$D100.000 para la oficialización de su candidatura. El pago iba a ser en dos tramos de 50 mil dólares con el objetivo de poder garantizarle las listas y a la hora de presentar el modelo de boleta oficial.
“Me la pidió Kikuchi durante una conversación que tuvimos por teléfono”, expresaría más tarde Colomé en una entrevista con La Nación. “Ratifico: fue un pedido de coima. Tengo como testigo al arquitecto Fernando Rivera, que también integra nuestro espacio”, continuó el apoderado.
En consecuencia, el fallido candidato aseguró que hará una denuncia penal tras haber recibido amenazas por teléfono en los últimos días luego de que sus dichos llegaran a la televisión. “Se presentará mi abogado. Si me cita un juez, ratificaré lo que dije sobre el pedido de dinero de Kikuchi”.
Al generarse toda esta controversia, Javier Milei, a través de una carta que le envió al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, denunció que “esta investigación por la presunta venta de candidaturas es una ilegítima intromisión en las elecciones”.
En la misma soltó: “La realidad es que la real ‘gravedad institucional’ es la ilegítima intromisión del Dr. Ramiro González en el proceso eleccionario mediante la apertura de una investigación preliminar que no es otra cosa que una ‘incursión de pesca’, cuyo único objetivo es menoscabar mi imagen, la de mis colaboradores y de la Alianza La Libertad Avanza”.
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Si bien está ampliamente documentado que La Libertad Avanza (LLA), bajo el mando de SebastiánPareja, atraviesa un proceso de autodestrucción en la provincia de Buenos Aires -donde la práctica stalinista de eliminar a los viejos camaradas es una constante-, es en Avellaneda donde el sainete libertario alcanza su máxima expresión. En este distrito del sur del conurbano, el “armado” del espacio liderado por Javier Milei se convirtió en un entramado de experonistas, barrabravas, operadores K y empresarios de obra pública que conviven entre contradicciones y escándalos de corrupción.
En un principio, el armado local de LLA estuvo bajo el mando de Arnaldo “Peppo” Díaz, un oscuro personaje recordado por su participación en un escándalo de cámaras ocultas. Sin embargo, su papel protagónico fue opacado rápidamente por Cristian Frattini, barrabrava del Club Deportivo Dock Sud, y empresario de la construcción con fuertes lazos con el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, uno de los principales alfiles del gobernador Axel Kicillof.
Frattini es socio de Ariel Ricardez en la firma Geo Movimientos SA, una constructora que provee obras a la municipalidad de Avellaneda. Además, ambos integran J.B.D. SA (CUIT 30-71549004-4) y, según registros consultados por este medio, Ricardez aparece vinculado a la firma CETACO SA (CUIT 30-61788800-5), beneficiaria de múltiples contratos durante los gobiernos kirchneristas, como la emblemática remodelación de la Estación de Trenes de La Plata.
En Avellaneda nadie duda de que Frattini es un “caminante de los senderos peronistas”: militó junto a Hilda “Chiche” Duhalde, integró el armado de Roberto Lavagna y Margarita Stolbizer con la agrupación 5 de Abril, y siempre se movió con la bendición de Ferraresi. Que hoy sea el máximo referente local de los libertarios es un gesto más de la descomposición política general.
Su desembarco formal en el mundo Milei se produjo a mediados de 2024, cuando fue nombrado interventor de la mesa de coordinación. Desde entonces, Frattini protagonizó una seguidilla de escándalos que combinan elementos de política y marginalidad. Al inaugurar el local partidario en Gerli, lo hizo acompañado por barrabravas de su entorno, incluyendo a un referente del paravalanchas del Club Atlético Independiente vinculado a Pablo Alejandro “Pepote” Álvarez, quien quedó a cargo del espacio.
Uno de los episodios más grotescos de esta tragicomedia fue el apoyo explícito de Frattini a “Peppo” Díaz como referente de LLA en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda. En marzo de 2024, con bombos y platillos, celebró la ampliación del bloque tras el ingreso de dos concejales del Pro, dejando a Díaz como presidente del mismo. Sin embargo, apenas una semana más tarde, luego de que Díaz apareciera en medios involucrado en presuntos actos de corrupción, Frattini se desdijo y pidió su expulsión.
La contradicción es brutal: mientras afirma que Díaz fue expulsado en septiembre de 2023 por “hechos de corrupción”, en diciembre lo sostenía públicamente, y en marzo de 2024 lo colocaba al frente del bloque. La pregunta que recorre los mitines libertarios en Avellaneda es si Frattini peca de ingenuidad política o si participa activamente de las mismas prácticas que denuncia.
– Una postal de cuando Cristian Frattini militaba junto al intendente K, Jorge Ferraresi
Detrás de todo, el aparato construido por Díaz sigue operando. Quienes tomaron las terminales locales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) siguen allí, sin cuestionamientos. Un caso paradigmático es el del actual director de la UGL PAMI Avellaneda, Pascual Sanseverino, quien llegó al cargo gracias a Díaz y a su operador Julián “Jaimito” Laham. La semana pasada, Sanseverino sorprendió a todos al aparecer públicamente apoyando la candidatura del técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi a legislador… por una lista contraria a LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
– Pascual Sanseverino junto a Carusso Lombardi
¿Ignorancia política o cinismo puro? ¿Será, como especulan algunos, que Sanseverino padece alguna clase de deterioro cognitivo? Lo cierto es que sigue en funciones y nadie en LLA parece haberse enterado.
El único desplazado: el que no quiso “recaudar”
En contraste con la impunidad generalizada, el único director apartado de su cargo en Avellaneda fue Martín Irrazabal, militante de larga trayectoria en defensa de los derechos de las personas con discapacidad -una causa que lo toca personalmente-, quien fue separado por presuntamente negarse a participar del esquema recaudatorio instalado en el PAMI local.
Mientras tanto, Sanseverino sigue paseándose como si nada, y Frattini, con su confusa conducción, mantiene una estructura que responde más a viejos códigos del conurbano peronista que a las ideas libertarias con las que Javier Milei llegó a la presidencia.
La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.
En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.
El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.
Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y Bunge–Viterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.
JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES
En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.
DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:
A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.
El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.
El bloque de La Libertad Avanza en el ConcejoDeliberante de LaMatanza presentó un proyecto para que el intendente, FernandoEspinoza, tomara licencia luego de que la Justicia confirmara la elevación a juicio oral y público de la causa en la que lo acusaron de abuso sexual simple y desobediencia. La denuncia se originó cuando su exsecretaria, Melody Rakauskas, lo denunció por hechos ocurridos mientras trabajaba en la secretaría privada del municipio. Según la causa, Espinoza también habría incumplido una orden judicial de restricción al contactar supuestamente a Rakauskas a través de su expareja, Gustavo Cilia, un allegado al jefe comunal.
– Melody Rakauskas, la víctima de Espinoza
La edil libertaria Lorena Ramos señaló que se le solicitará al burócrata que “se tome licencia, o la suspensión preventiva hasta que la situación legal se aclare. Esperamos que los concejales opositores y también oficialistas nos acompañen. Es una facultad establecida en el artículo 247 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”. Ese artículo indica que “el Intendente, cuando incurra en transgresiones, será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”. Sin embargo, el artículo 248 de la misma norma estipula que la suspensión preventiva procede únicamente si existe prisión preventiva, o la destitución se aplica tras una condena firme por delito doloso, situación que no se daba en el caso de Espinoza.
La propuesta de LLA requería para su aprobación el respaldo de dos tercios de los 24 concejales del cuerpo, 13 de los cuales respondían al intendente. De prosperar, el reemplazo recaería en quien figuró primero en la lista del jefe comunal; en este caso, se trataba de la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Yambrún. El trámite legislativo contemplaba la conformación de una comisión investigadora con representantes de todos los bloques, un período de defensa para Espinoza y la elaboración de un informe final, para luego convocar a una sesión especial donde, nuevamente, se necesitarían dos tercios de los votos. La próxima reunión del Concejo quedó pautada para el 15 de abril.
– La concejal de LLA, Lorena Ramos
Rakauskas celebró la decisión de la Justicia de elevar la causa a juicio y cuestionó la actuación de dos fiscales, a quienes acusó de haberla atacado durante la investigación: “Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Estoy muy feliz. Tengo algo de justicia”.
El año pasado, cuando Espinoza fue procesado por la denuncia de Rakauskas, los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda ya habían impulsado sin éxito iniciativas para que el intendente se apartara del cargo. La fuerza opositora presentó un pedido de licencia formal, mientras que el Frente de Izquierda propuso crear un protocolo específico contra la violencia de género y reclamó la intervención de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades.
– EL COMUNICADO: “El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza presentará un proyecto para que Fernando Espinoza sea suspendido de manera preventiva hasta que su situación judicial se regularice. Gastan millones de pesos en el Ministerio de la Mujer, pero son ellos los primeros en cometer los peores delitos contra ellas. Hipocresía al palo”.
En el peronismo de La Matanza se generó tensión interna. “Hay un revuelo impresionante y sectores del propio oficialismo pidiendo por la licencia. Hacia afuera, el espinozismo sigue planteando que no lo va a hacer”, sostuvo un dirigente matancero. Otro referente subrayó que “no corresponde (que se aparte al intendente). Ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni los reglamentos lo dicen expresamente. Se requiere condena firme; aquí solo hay procesamiento y elevación a juicio. Este caso es un escándalo”. El exconcejal y exdiputado nacional Fernando Asencio agregó: “Legalmente, no tiene por qué correrse. La Ley Orgánica de las Municipalidades lo avala hasta que tenga condena firme. Pero, moralmente, yo me apartaría para ser juzgado”.
Mientras tanto, trabajadores municipales de la salud intensificaron sus reclamos con un “ruidazo” en el Policlínico de San Justo para exigir mejoras en sus salarios, que, según denunciaron, rondaban los $400.000. Un informe del Instituto de Estudios y Administración Local (Ideal) indicó que La Matanza destinaba alrededor del 24% de su presupuesto al pago de sueldos.
En una jugada inesperada, Héctor Daer le puso fecha de vencimiento a su ciclo en la CGT. Este martes, durante una reunión a puertas cerradas en Azopardo, avisó que en noviembre no buscará la reelección. Y con ese gesto, pateó el tablero sindical: empieza una nueva etapa con recambio de nombres y alianzas cruzadas.
Hasta ahora, muchos daban por hecho que Daer quería ser el secretario general único, en reemplazo del triunvirato. Pero la sorpresa fue doble: no solo da un paso al costado, sino que ya dejó en puerta el nombre de su sucesor. Se trata de Jorge Sola, actual secretario de Prensa de la CGT y referente del Sindicato del Seguro, apadrinado por Andrés Rodríguez, jefe de UPCN y aliado histórico de Daer.
El anuncio lo hizo antes de una conferencia de prensa y frente a una mesa sindical de peso: estaban Carlos Acuña (estaciones de servicio), Octavio Argüello (Camioneros), Rodríguez, SergioRomero (UDA), Juan CarlosSchmid (Dragado y Balizamiento), JulioPiumato (judiciales) y su hermano RodolfoDaer (Alimentación).
Como argumento, habló de un desgaste natural después de tantos años en la conducción, aunque dejó claro que no se va ya mismo: primero quiere “acomodar todo esto”, en alusión a la pelea contra la reforma laboral que busca reinstalar el Gobierno. Una agenda que la CGT piensa resistir con un nuevo paro general, el tercero contra la gestión de Javier Milei.
Lo cierto es que la decisión de Daer llega justo cuando enfrenta elecciones en su gremio, ATSA Buenos Aires, que conduce desde hace 32 años. Todo indica que adelantará los comicios para junio y así evitar el armado de una lista opositora aprovechando la transición en la CGT.
La salida de Daer también reacomoda internas. En los últimos tiempos se había alejado de su perfil dialoguista y endurecido su postura, más cercana a la de Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, hoy críticos del Gobierno. En cambio, dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA) y Armando Cavalieri (Comercio) apuestan aún al pragmatismo y al diálogo con la Casa Rosada. Y en el medio, aparece Luis Barrionuevo (gastronómicos), que alienta una renovación con figuras propias.
Con Daer fuera de juego, la pregunta es quién tomará las riendas. Nadie parece tener hoy el consenso para asumir como líder único, por lo que vuelve a tomar fuerza la idea de una conducción colegiada de tres o cuatro cabezas. Además de Sola, suenan Cristian Jerónimo (vidrio), apoyado por Sasia y Martínez, y Daniel Vila (Carga y Descarga), el hombre de Barrionuevo que le ganó la pulseada a Camioneros por el encuadramiento sindical en Mercado Libre.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza se ubicó en 38,1% de la población durante el segundo semestre de 2024, lo que implicó una disminución de casi 15 puntos porcentuales frente al 52,9% que se registró en la primera mitad de ese año. Según la proyección oficial, hubo 17,9 millones de personas pobres en todo el país, mientras que la indigencia retrocedió de 18,1% a 8,2%.
El organismo estadístico señaló que la cantidad de pobres se redujo también en comparación con el 41,7% de fines de 2023, cuando finalizó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El primer año de gestión de Javier Milei concluyó con la pobreza más baja desde el primer semestre de 2022, de la mano de un alza en los ingresos, cierta estabilidad laboral y una desaceleración de la inflación.
En un comunicado oficial, la Oficina de la Presidencia celebró que “la pobreza sin precedentes que había dejado el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que llegó a un pico del 52,9% en la medición del primer semestre de 2024, se redujo al 38,1% en el segundo semestre, mientras que la indigencia disminuyó del 18,1% al 8,2%, como efecto directo de la lucha contra la inflación que ha llevado adelante el Presidente Javier Milei, además de la estabilidad macroeconómica y la eliminación de restricciones que durante años limitaron el potencial económico de los argentinos”. El texto añadió: “Dichos índices reflejan el fracaso de las políticas del pasado, que sumieron a millones de argentinos en la precariedad mientras vendían que estaban ayudando a los pobres, pero la pobreza no paraba de aumentar. La gestión actual demuestra que el camino de la libertad económica y la responsabilidad fiscal es la vía para reducir la pobreza a largo plazo”.
El presidente Milei reaccionó con un mensaje en la red social X. Primero publicó: “Saquen del medio mandriles. Fin”. Luego amplió: “La pobreza cayó muy fuertemente. La baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas. Si se considera el dato punta, la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 millones”. Finalmente apuntó: “Lo disfrutan los argentinos de bien y lo sufren mandriles econochantas, el club de los devaluadores seriales, los políticos miserables y los periodistas ensobrados/ignorantes (desde esos que se autoperciben como el centro bienpensante –zurdos no asumidos– hasta la izquierda más rancia)”.
Los datos oficiales provinieron de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y consideraron 31 aglomerados urbanos. Dentro de ese universo, se registraron 11.337.979 personas pobres (38,1%) y 2.451.657 personas indigentes (8,2%). El Gran Buenos Aires concentró la mayor cantidad de personas pobres: 5.987.424, de las cuales 1.382.378 estuvieron en situación de indigencia. Al discriminar esa región, se contabilizaron 5.486.186 pobres y 1.311.698 indigentes en los partidos del conurbano, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) exhibió 501.238 personas pobres (17,9%) y 70.680 indigentes (4,7%).
En el Noreste argentino (NEA) se observó el índice más alto, con un 47,0% de su población urbana bajo la línea de pobreza. En particular, Gran Resistencia (Chaco) registró 60,8% de personas pobres (259.067) y 22,4% de indigentes (95.358). En el Noroeste (NOA), la pobreza alcanzó el 42,8% y la indigencia se situó en 8,1%, con Salta (45% de pobreza y 7,7% de indigencia) y Santiago del Estero-La Banda (48,6% y 11,1%, respectivamente) entre los puntos más afectados.
La región Pampeana, que abarcó 2.278.753 personas pobres (35,6%) y 495.403 indigentes (7,7%), incluyó aglomerados con altos valores, como Concordia (57,1% de pobreza y 13,9% de indigencia) y San Nicolás-Villa Constitución (45,4% y 11,5%). En la zona de Cuyo, la pobreza cerró en 41,9% (782.442 personas) y la indigencia en 6,5% (120.477), con Gran Mendoza y Gran San Juan como los principales conglomerados afectados. Por otro lado, la Patagonia, si bien promedió los índices más bajos (33,5% de pobreza y 4,5% de indigencia), exhibió cifras elevadas en algunos sectores, como Rawson-Trelew (28,1% y 9,2%) o Viedma-Carmen de Patagones (39,4% y 7%).
Según el Indec, la incidencia de la pobreza en menores de 14 años alcanzó al 51,9%, lo que representó cerca de 5,7 millones de niños y niñas en hogares cuyos ingresos no cubrieron la canasta básica total. El ingreso familiar total promedio de los hogares pobres fue de 599.837 pesos mensuales, mientras que la canasta básica total de referencia para ese mismo conjunto promedió los 952.313 pesos. La brecha de la pobreza alcanzó el 37%, con un descenso notorio frente a lo registrado en el primer semestre de 2024.
Entre los pronunciamientos oficiales, La Libertad Avanza publicó: “Los kukas nos dejaron una pobreza de 52,9% y Milei la bajó a 38,1%. Abrazo”. En tanto, el Ministerio de Economía resaltó que “con respecto al primer semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró una disminución, tanto en los hogares como en las personas, de 13,9 y 14,8 puntos porcentuales respectivamente, mientras que en el caso de la indigencia la baja fue de 7,2 en los hogares y 9,9 en las personas”.
El Indec también precisó que, en el área de Gran Córdoba, la pobreza alcanzó al 35,5% de la población, con 25,2% de los hogares en esa condición, mientras que en Río Cuarto se ubicó en 37,5% de las personas y en 27,5% de los hogares. Con estos números, distintos sectores evaluaron los factores que motivaron la caída de los indicadores sociales, en especial la desaceleración de los precios y la recomposición de ingresos en el segmento informal durante los últimos meses de 2024.
A modo de balance, el Gobierno destacó que la pobreza “se redujo al 38,1% en el segundo semestre”, y el propio Milei sostuvo que su administración “profundizará este camino que ha demostrado devolverles a los argentinos la dignidad que les fue negada durante décadas”. El dato oficial finalizó así por debajo de la medición de cierre de la anterior gestión, que había quedado en 41,7%, y lejos del récord de 52,9% de la primera mitad de 2024.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
