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En diálogo con La Nación (Mariano Confalonieri), el expresidente Eduardo Duhalde, lanzó polémicas declaraciones referidas a los acontecimientos políticos que golpean al país. Equiparando la época que protagonizó, señaló que “Había un sólo grito, el que se vayan todos nos incluía a todos, a mí también. Ahora, los reclamos están diversificados”.
Duhalde advirtió que la dirigencia está “haciendo un maremoto en una palangana” porque la Argentina no debe más de lo que produce “el problema es que no produce”. “No veo que esto no tenga solución. En aquel momento hicimos una mesa de diálogo que incluía a todos los sectores, estaba la industria, la Iglesia. Ahora deberían incluir a los empresarios, que pareciera que son enemigos, cuando no hay empleos sin empresas”, afirmó.
“La situación es muy delicada” y “no hay que echar más leña al fuego”. La renuncia masiva de ministros y funcionarios que responden a Cristina Kirchner es, según Duhalde, un intento de seguir condicionando a Alberto Fernández. “Están prosiguiendo con lo mismo que han empezando desde hace rato: echarle la culpa a Alberto, incluso a través de los medios cristinistas, para que cambie. Pero él no está de acuerdo”, explicó.
El temor de Duhalde es que la situación se torne violenta porque ahí se va todo de control, “eso nadie lo puede parar”. “Que no pase lo que pasa en Colombia. En cualquier momento puede haber enfrentamientos entre sectores, entre gente con distintas posiciones. Es la antesala de un gran problema”, analizó.
“No (estamos) como con la ferocidad de 2001, porque en ese momento había un solo grito, pero ahora, producto de la pandemia, no está tan unida en un solo reclamo”, precisó. “El cristinismo trata de que el presidente le siga haciendo caso y él no está de acuerdo. Realmente situación muy delicada no echar leña al fuego hay demasiado fuego”, indicó.
El lunes, tras la derrota del Gobierno en las PASO, Duhalde había criticado la gestión. “Sorpresa porque el resultado no era el esperado. De todas maneras, la situación esta seria, muy grave, la gente se expresó y le dio un cachetazo al Gobierno”.
*Con información de La Nación
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El dirigente piquetero Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y exprecandidato presidencial de Unión por la Patria, lanzó fuertes críticas al presidente JavierMilei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, durante la presentación de su libro Argentina Humana en la ciudad costera.
En un evento que colmó las instalaciones del Sindicato Luz y Fuerza, Grabois instó a sus seguidores a confrontar con firmeza lo que calificó como un modelo de “deshumanización” impulsado por el gobierno libertario.
“Vamos a derrotar a los que deshumanizan a nuestro pueblo: a Montenegro, a Bullrich, a Milei, a Caputo, a Sturzenegger y a toda esa banda de hijos de puta que los vamos a hacer correr”, declaró el dirigente, remarcando la necesidad de una oposición frontal y sin “buenos modales”. Además, criticó las políticas de “cultura del descarte” y subrayó que “el capitalismo está llevando a la destrucción de la humanidad”.
En una jornada marcada por su confrontación con el intendente de Mar del Plata, Grabois también anunció que presentará una denuncia penal contra Montenegro por “abuso de autoridad” en los operativos municipales para desalojar a “trapitos” y “limpiavidrios”. “Están violando el Estado de derecho, maltratando a personas que no se pueden defender. La criminalidad de Estado es un problema grave”, denunció.
Montenegro, por su parte, respondió desde sus redes sociales: “Tu lógica es el apriete, tirar piedras, exigir planes. Pedir, pedir y pedir. A los trapitos y fisuras que ranchan en cajeros y amedrentan a los trabajadores que quieren retirar plata: en Mar del Plata no”.La relación conflictiva entre Grabois y Montenegro tiene antecedentes. Hace dos años, el intendente acusó al dirigente de estar detrás de la ocupación de tierras en El Marquesado.
El dirigente de ultraizquierda también anunció sus intenciones de presentarse como candidato en las elecciones legislativas de 2025, aclarando que no aceptaría encabezar listas con figuras de la "partidocracia" y apostando por propuestas que, según él, están "más cerca de Noruega que de la Unión Soviética". Destacó que su modelo político busca un equilibrio entre justicia social y responsabilidad fiscal, aprendiendo de los errores de gestiones anteriores.
Durante la jornada, Grabois también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan los movimientos sociales en el contexto político actual. "Nuestra responsabilidad es levantar a quienes están caídos en la angustia y la incertidumbre, y combatir la crueldad a través de la organización comunitaria", enfatizó. Con estas palabras, invitó a los asistentes a participar activamente en la construcción de un modelo más inclusivo y solidario.
El Ministerio de Salud confirmó la renuncia de la directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), María Verónica Pesce, tras la baja de 56 contratos en ese organismo. La noticia surgió en medio del anuncio oficial de que no se renovarían 1400 contratos en la órbita de Salud y luego de que el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, publicara, el 7 de diciembre de 2024, un informe en su canal de YouTube que expuso el vencimiento de fármacos oncológicos.
Según detallaron fuentes del INC, Pesce presentó su dimisión ayer luego de que el ministerio solicitara 56 bajas en el plantel de ese instituto de funcionarios claves para la gestión de la directora. Los gremios se declararon en estado de alerta y, tras conocer el comunicado, exigieron una reunión con carácter de urgencia con las autoridades de Salud para solicitar que se revisaran uno por uno los casos.
EL INFORME DE EL PRESTO DENUNCIA: Dejaron “PUDRIR” toneladas de medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer
En paralelo, la investigación difundida por el periodista Prestofelippo señaló que la funcionaria quedó asociada a la caducidad de un amplio cargamento de morfina y metadona: fármacos usados para tratar dolores intensos de pacientes con cáncer. “Hablaremos hoy de una de esas burócratas que complica aún más la endeble situación del sistema de salud: la kirchnerista María Verónica Pesce, actual directora del Instituto Nacional del Cáncer, quien fuese designada en ese cargo por la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, el 17 de diciembre de 2021 a través del Decreto 858/2021 publicado en el Boletín Oficial”.
También el periodista agregó: “Quizás te suene su apellido… María Verónica es familiar directo de Miguel Ángel Pesce, el presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del Frente de Todos. En concreto, es hija de un primo del funcionario que más se enriqueció durante el infame período Fernández-Fernández”.
El informe incluyó críticas a la gestión: “¿Y cuál es el problema? Como siempre, la gestión… Se venció el 50% de un cuantioso cargamento de morfina y metadona (fármacos utilizados para tratar el dolor intenso causado por el cáncer, cuando otros analgésicos no son suficientes) solicitado el 18 de febrero de 2022. Más o menos la mitad de este cargamento de… MORFINA: Un millón trescientos sesenta y nueve mil quinientos comprimidos ranurados de liberación inmediata de 10 miligramos en blíster de diez comprimidos. METADONA: Seiscientos veinticinco mil trescientos ochenta comprimidos de 5 miligramos en blíster de 10 comprimidos. … yace ‘podrido’ en el Banco de Drogas Oncológicas de la calle Dr. Ramón Carrillo altura 489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Prestofelippo se apoyó en documentos oficiales donde queda expuesto que se gastó —a plata de hoy— más de ciento ochenta y cinco millones de pesos en medicamentos que terminaron pudiéndose.
Pesce permaneció alrededor de cinco años al frente de la institución. “Nunca me atendió el teléfono y desconozco qué hizo en ese Instituto durante esos años porque solo mandaron un par de gacetillas con poca información”, señalaron fuentes. Al momento, no trascendió el nombre de su reemplazante. La exdirectora del INC dejó su cargo en un escenario marcado por el cuestionamiento a su administración y las tensiones gremiales surgidas por la no renovación de contratos.
Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.
La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:
Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri
En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.
Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.
Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.
A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.
“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.
Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.
Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.
La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.
Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.
AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.
El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú realizó, este jueves a las 10:30, una sesión extraordinaria presidida por la Dra. Julieta Carrazza. Participaron los ediles de Juntos por Entre Ríos, Maximiliano Lesik, Micaela Rodríguez, María José Carro, Juan Pablo Castillo, Benito Bacigalupo y Jorge Roko; de La Libertad Avanza, Mirta Sulzyk y Marcelo Rodríguez; y de Más para Entre Ríos, Delfina Herlax, Emiliano Zapata, Jorge Maradey y María Sira Ghisi.
Durante la sesión ingresó un proyecto presentado por los concejales de Juntos por Entre Ríos para disminuir la alícuota por el cobro de instalación de soporte de sistemas de telecomunicaciones. La iniciativa buscó “mejorar la conectividad en la ciudad”, permitir el acceso a mayor cobertura en servicios de telefonía móvil e internet a la población en general y atraer inversiones para fomentar el emprendimiento y la productividad.
Asimismo, se presentó otro proyecto que modificó artículos de la Ordenanza 12.418/2020. Entre los cambios figuró el Nº 22, que establecía el Registro Público Municipal de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones. A partir de la propuesta, se anexó la obligación de que los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, Operadores de Comunicaciones Móviles y empresas propietarias y proveedoras de infraestructuras de soporte para telefonía celular, redes de fibra óptica y cable coaxial presentaran a la Dirección de Rentas una Declaración Jurada detallando las estructuras existentes, su localización, metros de altura y la cantidad de metros lineales de tendido. Además, se dispuso que adjuntaran un informe emitido por un profesional competente sobre el control y el mantenimiento estructural periódico, el cual sería supervisado por el Municipio.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) sufre una interna de marcada intensidad que se profundizó en las últimas horas. Según trascendió, el director por la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Cano, habría pedido que se desplace al presidente del organismo, Lucas Figueras, en medio de un escándalo con un frigorífico. Apuntado por todos, el propio Cano encabezó la defensa de la empresa en la interna del organismo, y todos hablan de presuntos manejos económicos.
El escándalo de Ricardo Bruzesse no cesa y si bien se levantó la clausura de su empresa en Monte Grande, la consecuencia política parece no tener fin. Es que como trascendió, habría sido el propio Marcelo Cano quien encabezó las gestiones de pedido de quita de cierre del lugar para que volviera a operar con normalidad tras un posible acuerdo económico con el empresario denunciado. Fue esto lo que produjo la crisis en el ente estatal: cada vez son más contundentes los rumores que indicarían que Cano habría recibido dinero por su gestión.
– Marcelo Daniel Cano junto a Jorge Macri
Tal situación expuso a Figueras y el control que tiene sobre la firma. La situación escaló hasta el ministerio de Economía (área dependiente hoy día de ACUMAR) y por estas horas se analizan cambios en el directorio. Dicho de otro modo, por la dureza que presenta el gobierno nacional ante los problemas de corrupción o manejo de dinero por parte de los funcionarios, el caso ACUMAR quedó en el centro de la escena y la resolución parece transformarse en un caso testigo. Ante la falta de pruebas, por estas horas se piensa en una salida con un mensaje claro: se va Cano o debería dejar su lugar Figueras, quien se enteró del rol del director por el escándalo mediático.
– Lucas Figueras
Claro que el peso del director es menor al del presidente y en conocimiento de esto, el propio Cano fue quien solicitó primero la salida de Figueras por desmanejos en la administración del ente desde su asunción en diciembre pasado. Además, se lo vio a Cano muy crítico en una importante reunión en el centro porteño: argumentó que no se pudo hacer la reducción que el gobierno pidió, planteó que Figueras responde a Horacio Rodriguez Larreta y se definió como “bullrichista y mileista” para sobrevivir en la interna. Sin embargo, buscó despegarse del escándalo que lo roza. Negó contactos con el empresario kirchnerista Bruzesse, manifestó que no comparte la conducción actual y se despegó de cualquier vinculo económico. Tampoco quiso dar declaraciones respecto al tema.
Mientras que en las próximas horas, se espera conocer qué pasará en ACUMAR la ola sigue abriendo paso y los caminos conducen a acercar consecuencias a partir del caso Bruzesse. ¿Será el momento de buscar presidente, se renovará una silla o quedará todo como esta en la Cuenca?
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió este jueves a Jorge Miranda, CEO de la empresa Power Trading LLC, y a Javier Antonio Aguilar, director comercial de la misma firma y concejal de Concordia. Durante la audiencia, los ejecutivos propusieron a Hein una iniciativa que favorecería las exportaciones entrerrianas a través del corredor bioceánico.
“Traemos iniciativas relacionadas con el futuro de las empresas y los estados provinciales, que estamos gestionando desde organizaciones de empresarios del Caribe y del Mercosur. Tratamos de darle mayor relevancia al corredor Capricornio, que es el corredor bioceánico que une Antofagasta (Chile), Jujuy, Salta, Bolivia, Paraguay y termina en Santos (Brasil), y estamos tratando de unirlo con el corredor del Mercosur”, explicó Aguilar.
Sin embargo, sostuvo que “esto no es tan fácil con la nueva legislación”, y amplió: “Hoy, las nuevas normas de la Unión Europea con respecto a la deforestación y la ley misma de deforestación, acarrean un sinfín de problemas a los productores, porque no cuentan con las herramientas necesarias. Ellos son muy conocedores de sus productos, pero están exentos de los instrumentos que los llevan a exportarlos”.
“Buscamos hacer participar a las autoridades del gobierno de la provincia, a los efectos de instruir a los productores para que puedan utilizar ese corredor, que es muy importante, de 45 millones de personas”, agregó.
Aguilar, por su parte, comentó que tienen la intención de que “los productores, especialmente de la provincia de Entre Ríos, puedan llegar a cualquier parte del mundo a través del corredor bioceánico”. En ese sentido, buscan herramientas que permitan avances en este proyecto.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz