El documento señala que “hubo numerosos incidentes de uso excesivo de la fuerza” en el contexto del confinamiento por la pandemia.
El movimiento global Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en diferentes países en el período 2020/2021. En relación a la Argentina, el documento destaca que “hubo numerosos casos de uso excesivo de la fuerza” y desapariciones forzadas en el contexto de la imposición del confinamiento para frenar el avance del virus. Asimismo, señala un aumento de violencia contra las mujeres y las restricciones de libertades de los pueblos indígenas.
Respecto a las fuerzas de seguridad, el informe hace una fuerte reseña a tres sucesos específicos. El primero, sucedido en mayo pasado, cuando agentes de policía mataron en Tucumán a Luis Espinoza, cuyo cadáver no fue hallado hasta una semana después de su muerte.
También menciona cuando las fuerzas de seguridad “irrumpieron violentamente” en las viviendas del pueblo indígena Qom en Fontana (Chaco), y “se llevaron detenidos a tres hombres y una niña de 16 años”, quienes denunciaron haber sido torturados y violados por los agentes.
Por último, se hace menciona el caso de Facundo Astudillo, cuyo cadáver fue hallado 107 días después de que se denunciara su desaparición. “La autopsia determinó que había muerto por asfixia. La existencia de informes policiales contradictorios y otros indicios señalaban que la policía de Buenos Aires podría ser responsable de su desaparición y muerte”, destaca el escrito.
El informe, destaca la preocupación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), conducido por la dirigente rionegrina Magdalena Odarda bajo la órbita del Ministerio de Justicia, en el marco de las denuncias de las mujeres indígenas en Formosa que afirmaron que debían esconderse en el monte para evitar que las sometieran a aislamientos obligatorios, les efectuarán cesáreas en contra de su voluntad, o las separaran de sus hijos.
Igualmente, Amnistía Internacional sostuvo que “el estricto control de los desplazamientos entre provincias dejó a centenares de personas atrapadas fuera de su jurisdicción, sin acceso a suficiente atención médica, higiene y, en ocasiones, a la reunificación familiar”. Y destacó que en noviembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la provincia de Formosa que, después de ocho meses de aplicación de medidas restrictivas, “permitiera a 8.300 personas regresar a sus hogares”.
A modo de resumen sobre la situación del país en el contexto de la pandemia y la cuarentena local, el informe indica: “Argentina seguía inmersa en una profunda crisis económica y social. En junio, según cifras oficiales, el 40,9% de la población vivía en la pobreza y el índice de desempleo era del 13,1%. Persistía la preocupación por los pagos de deuda y la obligación de los Estados de proteger los derechos sociales y económicos durante la pandemia y el período de recuperación”.
