Las cosas no pintan bien para el matrimonio conformado por el ex canciller argentino Felipe Solá y su esposa, María Helena Chaves. Semanas atrás, el dirigente peronista fue increpado durante sus vacaciones en Costa Rica por un turista argentino. “Chorro, mirá, en Costa Rica, chorro”, le espetó el visitante mientras Solá se limitaba a responder: “Andate a la puta que te parió”.

Días después, REALPOLITIK publicaba una nota en la que daba a conocer la oportuna intervención de Chaves en el mundo de las empresas vinculadas a la política. En un nefasto derrotero, las compañías de la esposa de Solá se ven asociadas, una y otra vez, a nombres como Amado Boudou, Sabrina Reynoso y Martín José Cortés, responsable de Neogame SA, propietaria del hotel Casino Howard Johnson e investigado recurrentemente por la Justicia.

Por aquellos años, Solá enfrentaba una de las primeras denuncias por enriquecimiento ilícito. Iniciada en el juzgado de Garantías Nro. 2 de La Plata, por entonces a cargo del ahora ex juez César Melazo, la causa recorrió numerosos juzgados federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de La Plata.

La denuncia nació a partir de una investigación del periódico Miradas al Sur, publicada el 14 de febrero de 2010, donde se describe una presunta connivencia entre Solá y el juez subrogante de Mar del Plata, Facundo Caparelli, en una causa relacionada a la actividad del ahora ex canciller cuando estaba a cargo de la secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el gobierno de Carlos Saúl Menem.

De acuerdo a la denuncia, Caparelli esperó al último día de su cargo como juez subrogante para firmar el cierre de una causa en la que estaba imputado Solá. Milagrosamente, al día siguiente de sobreseer al ex gobernador, Caparelli fue premiado con un ascenso a juez penal de la provincia de Buenos Aires. Inmediatamente, los diputados del bloque del ARI solicitaron el juicio político. Entre ellos, la diputada Marta Maffei aseguró que “Solá tenía una relación de prestación y contraprestación de favores” con Caparelli.

Fue durante aquella investigación que se dieron a conocer numerosas propiedades que, extrañamente, Solá omitió de la declaración jurada obligatoria al momento de asumir como canciller en diciembre de 2019. De acuerdo a lo indicado en la ley 25.188, cualquier omisión en la presentación de las declaraciones juradas “como su falseamiento o la omisión de consignar datos” constituye un delito.

En su declaración jurada correspondiente al año 2020, el por entonces canciller Felipe Solá aseguró tener sólo tres propiedades. Una casa heredada en Miramar, el 19 por ciento de un campo en la misma localidad y el 31 por ciento de un lote en Luján, cuyo destino es de “recreo o veraneo”. De acuerdo al funcionario, su propiedad más cara se cotiza en 1.441.737 pesos: probablemente una suma de dinero menor de la que destinó a su viaje por el Caribe.

Sin embargo, una investigación más aceitada demostró que Solá sería dueño, además, de un campo de 14 hectáreas ubicado en el kilómetro 7.5 de la ruta 28, en la jurisdicción de General Rodríguez, cuyo valor aproximado, en moneda oficial, sería de 174 millones de pesos. Del mismo modo, también sería suya la “Estancia Las Artes”, ubicada en la localidad de Mercedes, de 40 hectáreas de superficie y un valor aproximado de 256 millones de pesos.

Estos datos no sólo demostrarían una importante omisión del ex funcionario en sus declaraciones juradas, sino que además se trataría de la no declaración de propiedades por más de 400 millones de pesos. Aún resta, por otro lado, conocer el destino de otras propiedades que el bloque ARI endilgó al ahora ex canciller argentino que, de demostrarse, complicaría aún más si situación judicial. Entre ellas, se encuentra una chacra en la localidad de Ugarte, ubicada sobre la ruta 5, un establecimiento en Cañuelas y una importante casona en el barrio porteño de Balvanera.

*Fuente: REALPOLITIK

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