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La diputada Gisela Marziotta, del Frente de Todos, presentó un proyecto para lograr la equidad de género en los medios de comunicación. Quieren imponer un cupo mínimo de mujeres en los medios.
“Es muy necesario para la construcción de una sociedad con más justicia social”, le dijo la diputada a Página/12 sobre el proyecto de ley que ya está en el Congreso de la Nación.
El proyecto tiene como objetivo “garantizar la paridad y que se contraten más mujeres en los medios, más la inclusión para personas travestis y trans”.
El tema está en la Cámara de Diputados desde junio de este año y deberá ser debatido en la Comisión de Mujeres y Diversidad.
La iniciativa loable trae polémica sobre su instrumentación. ¿Con que criterio se lo impondrá a una empresa privada un cupo mínimo de contratación de mujeres?¿Es posible ,además, ante el actual mercado laboral atrofiado?
En Canal 7 se lanzó la primera movida al respecto al contratar a la locutora trans, Diana Surco, comprobada profesional de radio pero que en el noticiero no ha podido desarrollar una performance sólida. Se la eligió para cumplir con las formas de inclusión pero en un lugar donde no se ha podido consolidar.
*Fuente: Expediente Político
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A través de esta resolución firmada por el Director de ANSES, MarianoDeLosHeros, se eliminó el “Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones”. Este registro, creado en 2014, obligaba a los ciudadanos que querían iniciar sus trámites jubilatorios a contratar a un abogado o gestor que estaba anotado en este registro de la ANSES.
Esta medida prioriza la simplificación administrativa y la libertad de elección por parte de los ciudadanos de contratar una persona o realizar por sus propios medios este trámite. La resolución se enmarca dentro de la Ley 27742 (Ley Bases), en lo que respecta a la parte de “transformación administrativa” del Estado.
El ministro ministro de Desregulación y Transformación, FedericoSturzenegger, celebró esta decisión en su cuenta de X, afirmando que “seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos. Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el Presidente Javier Milei quiere eliminar”, sentenció.
El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.
Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.
El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.
La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.
La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.
Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.
El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”
El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.
Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.
En el afán de regular la mayor cantidad de cosas posibles, esta vez el kirchnerismo de la mano de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales. Con el argumento de “mejorar el debate público, combatir la desinformación y las cuentas falsas”, esta ley establece sanciones económicas y suspensiones de cuentas para todos aquellos que no verifiquen su identidad, etiquetando las cuentas en “humanos”, “bots”, “multicuentas”.
Esta iniciativa ha recibido críticas por querer establecer formas de control y de censura digital como los hay en países autoritarios como China y Rusia. En esos lugares, las redes sociales están fuertemente reguladas para que el gobierno tenga un control total de la información que por allí circula. De esta manera, aquellos que piensan distinto no pueden manifestarse en un ecosistema hasta ahora “democrático” como son las redes.
En un claro ataque a la libertad de expresión, esta ley podría generar una censura masiva en redes sociales, restringiendo la participación ciudadana, donde las voces disidentes podrían ser calladas automáticamente. Otro caso cercano es el de X en Brasil, donde debido a una orden judicial, esta red social directamente no puede operar en el país, callando las voces de miles de ciudadanos brasileros. En Argentina, bajo esta ley, cualquier usuario que gestione varias cuentas o sea identificado como “bot” podría ser penalizado, sin importar con qué fines lo haga.
Tras criticar el pacto que la canciller Diana Mondino firmó con su par británico David Lammy y luego de su faltazo al acto oficial en Parque Lezama el pasado sábado, la vicepresidenta Victoria Villarruel defendió su postura frente a las Islas Malvinas.
En esta ocasión respondió a usuarios de Instagram que la criticaron por cruzar al Gobierno de manera pública y respondió a algunos ataques donde por ejemplo le decían: “Sin Milei estarías dando notas en Canal Magazine”.
“Pero siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso, digo y cómo vivo”, respondió Villarruel, y agregó: “Agradezco y soy leal al Presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné. El resto de tu comentario habla de tu bajeza, saludos”.
En referencia a los habitantes de las Islas, señaló: “Los kelpers no son parte de la discusión. Son población implantada. Entiendo que no comprendiste lo que expresé pero es bastante más complejo que como lo estás viendo“.
Otro usuario aprovechó para criticar el aumento de sueldos en el Senado, frente a lo que la vicepresidenta indicó: “Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora”.
“Lo mismo hicieron los diputados, que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo“, agregó.
La UCR, Pro y la Coalición Cívica impulsan iniciativas para restringir la “cuota solidaria” y limitar las reelecciones sindicales pero en el oficialismo dicen que “no es el momento” y en línea con el kirchnerismo, anunció que no acompañaría por el momento el dictamen para reformar la ley de Asociaciones Sindicales que buscaba limitar el poder de los gremios.
La firma del dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se esperaba avanzar con un proyecto común entre la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC) que buscaba modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones, se postergó a raíz de ese acuerdo.
“Lamentablemente, el Gobierno cachetea a [Pablo] Biró -secretario general del gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas (APLA)- para la foto, pero después se da vuelta y se abraza a los Gordos de la Confederación General del Trabajo (CGT)”, consideró Martín Tetaz, diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.
“Es lamentable porque este es el cambio que necesita la Argentina: frenar la reelección de los sindicalistas, más libertad en las obras sociales, transparencia en los fondos de los sindicatos. No sé cuál es el cambio que venían a hacer”.
Las iniciativas apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios.
Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.
Sin el acompañamiento de los cinco libertarios que conforman la Comisión de Legislación del Trabajo –Pablo Ansaloni, Manuel Quintar, Marcela Pagano, Alida Ferreyra y Lorena Villavede-, se obstruyó la firma de un dictamen. Con 12 representantes, la CC, el Pro y la UCR necesitaban del aval del oficialismo para obtener la mayoría de los 31 miembros.
Los diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP), que también ofician como dirigentes sindicales, ya habían anticipado su rechazo a los proyectos que apuestan a limitar y transparentar el poder de los gremios. En tándem con los referentes de la CGT, aceleraron las conversaciones con todos los miembros de la comisión para frenar la avanzada.
“[Héctor] Daer también jugó fuerte hablando con los diputados que él conocía y supongo que con [Guillermo] Francos en el gobierno”, confirmó uno de los legisladores kirchneristas. En el oficialismo niegan rotundamente cualquier acuerdo con la bancada liderada por el santafecino Germán Martínez.
Miguel Ángel Pichetto ofició a favor de los gremios y evitó que avance la reforma sindical. El líder de Encuentro Federal fue el principal detractor de los cambios laborales que había impulsado el bloque radical durante la discusión de la Ley Bases. El experimentado legislador hace un delicado equilibrio y prioriza la institucionalidad. Antes que cualquier reforma de peso, pretende sancionar el Presupuesto 2025.
El oficialismo justificó su decisión con el argumento de estar disconformes con la conducción de Tetaz, quien hace más de dos meses está al frente de la puesta en común de un texto que aglutine a los 26 proyectos en discusión.“Nunca nos llamó”, brama un referente del bloque libertario sobre el legislador radical, quien subrayó el vaivén de vínculo de la UCR con el Gobierno.
“Es un proyecto nuestro, nosotros impulsamos esta reforma”, señalan en el oficialismo. No descartan impulsar su propios cambios en el corto plazo. El primer intento del Gobierno fue en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Esta claro que este Gobierno está asociado, como el anterior, a las mafias sindicales”, bramó Mónica Frade, de la Coalición Cívica, al enterarse de la postergación de la reunión.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
