Desde el Min. de Mujeres intentan promover una ley de “Gestión Menstrual”
Esta ley apunta a una normativa que regule y garantice "el acceso a una gestión menstrual sustentable con el ambiente y sostenible en términos económicos".
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Este jueves, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta participó en una jornada que apuntó a la promoción de una ley de Gestión Menstrual. Esta jornada se llevó a cabo en en el Salón Azul del Senado de la Nación, a cargo de la presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, María Eugenia Catalfamo.
Dicha jornada se dio bajo el marco del Día de la Gestión Menstrual Saludable, fue allí que la ministra de Mujeres hizo mención de la importancia de implementar una ley que regule y garantice el acceso a los productos de higiene femenino y no solo para las mujeres, sino también para los no binarios que, según argumentas diversos movimientos feministas, también menstrúan.
Desde prensa de la Nación informaron acerca de esta reunión y promovieron el uso del término “personas menstruantes” en lugar de mujeres. En cuanto a la ministra Gómez Alcorta, declaró: “Pensar la gestión menstrual desde la política pública es clave porque es un derecho que favorece al ejercicio de otros derechos. Esta agenda llegó para quedarse, por lo que resulta central continuar el trabajo articulado entre el ejecutivo y el parlamento, además del vínculo con los gobiernos provinciales y locales”.
También mencionó y destacó la relevancia de la participación de los diputados y senadores “varones” en este proyecto: “Es importante que también sea acompañado por diputados y senadores varones. Que nosotras seamos las que menstruamos no quiere decir que no sea un tema de política pública y como se trata además del acceso a derechos, es un tema de todos, de todas y de todes”.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La tarde del miércoles explotó en el Parque Mitre de Recoleta. Manuel Adorni —candidato a legislador porteño— y el presidente Javier Milei encabezaron el cierre de campaña de La Libertad Avanza.
Sin embargo, un sospechoso suceso de episodios molestó la jornada cuando supuestos militantes pagos reclamaron el dinero supuestamente prometido para llenar el Parque. Jóvenes llegados en micros desde el Conurbano aseguraron que viajaron “bajo el compromiso de cobrar $25.000” y que, una vez allí, les ofrecieron menos.
Una mujer que se presentó como Danila y dijo ser oriunda de Lanús afirmó ante los medios que “no les querían abonar lo acordado” y que les retuvieron el DNI. Otro de los asistentes gritó: “¡Nos quieren dar 20 lucas! ¡Nos vinimos acá por 25!”. La confusión escaló cuando un tercer participante protestó: “Dijeron que nos iban a pagar $10 000 y ahora quieren pagarnos $20 000”, sin advertir que se quejaba por una cifra superior a la inicial.
Los testimonios apuntaron a un reclutamiento organizado por Sebastián Pareja, armador bonaerense de Karina Milei, quien habría delegado la tarea en Ramón “Nene” Vera. Ambos, de pasado kirchnerista, quedaron bajo la lupa luego de que fuentes libertarias confesaran al periodista Lautaro Maislin: “Estoy sorprendido con el papelón de Pareja pagándole a gente. Nosotros siempre llevamos a gente genuina y este se manda esta cagada. Es Pareja queriendo subirse el precio de que lleva gente”.
Desde el círculo de Pareja rechazaron las acusaciones: “Hay que preguntarle a la gente que dice eso, si no es la prueba imposible, nadie de nosotros hace eso, hay que cambiar las cosas y esto es parte de lo que hay que cambiar”.
En redes, militantes orgánicos de LLA diferenciaron a los “infiltrados” de los seguidores que creen sin cobrar un peso.
El periodista Manuel Jove añadió otra pieza al rompecabezas desde X: “Ante testimonios de participantes del acto que aseguraron que les prometieron plata para ir, desde LLA lo desmintieron rotundamente. La pregunta será entonces por qué había filas de gente con remeras violetas cuando terminó el acto. ¿Era para cobrar o solo para tomar lista?”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció ayer en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) concluirá en los próximos días con la deuda “astronómica de 45 mil millones de pesos” totalmente cancelada y con las cuentas en equilibrio. “Producto del compromiso, la transparencia y el esfuerzo con el que se viene trabajando desde la intervención, podemos decir que salvamos la obra social justo a tiempo”, afirmó.
Acompañaron al mandatario el interventor del organismo, Mariano Gallegos; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el subinterventor Ricardo García y los senadores Gloria Cozzi, Rafael Cavagna, Hernán Méndez y Gustavo Vergara. El mandatario provincial detalló que al asumir la gestión encontró un déficit mensual superior a los $3.000 millones y “puso en caja a la obra social con los mismos recursos que tenía en el pasado” lo que “evidencia el nivel de desidia y la falta de transparencia con la que se administraba”.
El gobernador enumeró las irregularidades detectadas durante los seis meses de intervención: sobreprecios en medicamentos y prótesis, contratos sin cobertura y proveedores que jamás cobraron montos millonarios: “Encontramos una obra social en terapia intensiva, manejada como una caja para unos pocos, mientras se le negaban prestaciones a miles de afiliados”.
Frigerio elogió al equipo que condujo el proceso. “Quiero hacer un reconocimiento público al interventor, al subinterventor y a todos los que trabajaron con seriedad y compromiso para sanear Iosper. También a quienes, desde dentro del organismo, acompañaron este proceso, a pesar de los boicots y las resistencias de quienes no querían perder privilegios”, expresó.
En vísperas de la sesión del Senado prevista para hoy a las 13, donde se debatirá la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Frigerio dio por segura la aprobación de la norma y explicó que el nuevo marco legal surgió tras “corregir y aclarar todas las dudas de la legislación anterior”. Aseguró que el sistema mantendrá su carácter solidario, incorporará la cobertura del grupo familiar y establecerá “controles permanentes que antes no existían”.
El mandatario atribuyó la oposición de la Intersindical a la intención de sostener privilegios. “Si la lucha es por la caja van a perder. Porque la obra social es de los afiliados, no es de unos vivos que se quieren llenar los bolsillos con los recursos de todos”, lanzó. E insistió: “A partir de la nueva ley, eso forma parte del pasado”.
Frigerio recordó que durante un año solicitó información al antiguo directorio y no la obtuvo. Con la OSER, dijo, la conducción ya no dependerá de un directorio sino de una estructura con controles estrictos y un consejo consultivo de trabajadores: “Pero no van a poder hacer lo que quieran. Van a tener que hacer las cosas que hay que hacer para brindar servicios de calidad”.
El gobernador proyectó que, con la nueva ley, la obra social alcanzará un “equilibrio firme y sustentable” antes de fin de año. “Lo que viene es una obra social transparente, con control real sobre los recursos, pensada para los 300.000 afiliados que merecen una atención digna, eficaz y profesional”, concluyó.
– INTERVENTORES: Marina Alegre y Mariano Gallegos
Mientras tanto, el Senado debatirá hoy el dictamen que crea la OSER y define su esquema de gobernanza. Frigerio evitó adelantar quién quedará al frente del organismo, aunque volvió a destacar la gestión de Gallegos durante la intervención que permitió saldar la deuda y cerrar una etapa que, según sus palabras, “usaba la obra social como una caja para unos pocos”.
Con la deuda cancelada, las cuentas saneadas y el nuevo marco legal en puerta, el Poder Ejecutivo provincial se dispondrá a poner en marcha una obra social bajo reglas que, según Rogelio Frigerio, impedirán repetir los desvíos detectados y garantizarán la participación —aunque acotada— de los trabajadores en la toma de decisiones.
En un gesto inédito en la campaña porteña, el candidato a legislador porteño Ramiro Marra anunció que no destinará fondos a un búnker para el día de las elecciones y, en cambio, sorteará los 10.000 dólares presupuestados entre quienes se inscriban a través de un formulario online. La iniciativa busca poner el foco en “menos festejo y más devolución” en un contexto económico que, según Marra, exige prioridades distintas.
El liberal explicó que, tras consultar varios presupuestos, le presentaron cifras que rondaban los 10.000 dólares por un búnker modesto en un hotel. “Me parece innecesario hacer ese gasto para una campaña para legislador y mucho menos en el contexto en el cual se encuentra este país”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales. Para dejar en claro que no se trata de un ahorro personal, el candidato puso en marcha un sorteo abierto a la comunidad mediante un formulario.
El candidato advirtió que las campañas políticas suelen reproducir “una lógica de gastos innecesarios” y consideró que “las discusiones políticas tienen que darse desde otro lado y no desde un gasto enorme de dinero completamente innecesario”. Al sortear esos recursos, Marra busca demostrar que “es una manera de mostrar dónde tienen que estar las prioridades: menos festejo y más devolución hacia todos los argentinos que están apoyando el cambio de rumbo del país y, por supuesto, lo que estamos buscando para la Ciudad de Buenos Aires”.
Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó lo que definió como “la reforma estructural más ambiciosa de la historia porteña”. El proyecto replica, puertas adentro de la Capital, la lógica de ajustes aplicada a nivel nacional: reducir de 60 a 30 el número de legisladores, suprimir las quince comunas y recortar drásticamente los presupuestos de organismos que, según el libertario, “el Gobierno porteño usa para mantener gastos superfluos”.
Marra aseguró que el Consejo Económico y Social (CESBA), el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), el Ente de Turismo y la Defensoría del Pueblo encabezan un listado de dependencias que “pueden funcionar con la mitad —o menos— de los recursos actuales”. La reducción alcanzaría también al Banco de la Ciudad y a otros entes autárquicos cuyo financiamiento, sostiene, “se paga con impuestos que asfixian al vecino, como el ABL o las patentes”.
“La motosierra funcionó muy bien a nivel nacional. Es momento de traer una aplanadora para hacer la reforma estructural más ambiciosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, invocando el símbolo con el que el oficialismo libertario promocionó sus recortes en el plano federal. En la misma línea, calificó a las comunas —creadas en 2005 para descentralizar la administración— como “aguantadero para buscas de la política” y anunció su intención de disolverlas. “Basta de comunas; los comuneros no tienen funciones definidas, son buscas que cobran un excelente sueldo”, lanzó.
El esquema propuesto se fundamenta en una premisa: disminuir los cargos políticos y la burocracia para bajar impuestos. Marra insiste en que la mitad de los proyectos que se discuten hoy en la Legislatura “no generan un beneficio real” y que una cámara reducida evitaría “iniciativas irrelevantes” y agilizaría la labor parlamentaria.
Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente como proyecto de ley, ya encendió el debate puertas adentro de la Legislatura. Voceros del oficialismo porteño señalan que la Ciudad cuenta con mecanismos de control y participación que “no deben desmantelarse sin antes garantizar instancias alternativas de representación”. El bloque libertario, por su parte, sostiene que la recaudación actual “puede alcanzar para mejorar servicios esenciales” si se limita el gasto político.
En un contexto de ajuste nacional y tensión fiscal, la propuesta de Marra invita a reabrir la discusión sobre el tamaño del Estado capitalino. El candidato confía en que su “aplanadora” sumará adhesiones entre los contribuyentes que sienten el peso de la carga impositiva. Quedará por ver si el resto del arco político acompaña un recorte que, de concretarse, modificaría de raíz la arquitectura institucional de Buenos Aires.
La campaña de la izquierda en su totalidad ya no sorprende a nadie. La estrategia repite la fórmula de siempre: populismo, clientelismo y manipulación de los sectores más vulnerables. Esta vez, el escándalo surgió a partir de una escena grotesca: punteros políticos usaron a ciudadanos bolivianos para hacer proselitismo en barrios carenciados de la Ciudad de Buenos Aires. Ramiro Marra, dirigente liberal y candidato a legislador por la UCeDé, no se contuvo y lanzó una acusación explosiva: “Llenaron las villas de inmigrantes ilegales para mantenerse en el poder”.
El mensaje apareció en su cuenta de X, acompañado por imágenes que mostraron a militantes de agrupaciones de izquierda en su eterno y arcaico reparto de volantes en asentamientos y villas, mientras alentaban a comunidades extranjeras a sumarse a la campaña. Marra, con su estilo frontal y directo, disparó:
“Mientras los argentinos se rompen el lomo para llegar a fin de mes, la izquierda usa a los extranjeros ilegales como maquinaria electoral. Les regalaron viviendas, planes y documentos para que les devuelvan favores en las urnas”.
La denuncia no es nueva, pero sí cada vez más al hueso. El ex candidato a jefe de Gobierno desde hace tiempo levanta la voz de alerta sobre el sistema de prebendas y asistencialismo sostenido con fondos públicos en las villas de CABA. En esta oportunidad, sumó una nueva cuestión: la migración masiva e irregular, que afecta el acceso a la salud, la vivienda, la educación y la seguridad.
“Esto no es xenofobia, es sentido común”, afirmó en declaraciones radiales. “La Argentina debe elegir: o defiende la ciudadanía o se convierte en una villa miseria multicultural gobernada por punteros”.
Desde el oficialismo respondieron con tibieza. Algunos dirigentes intentaron calificarlo de “discriminador”, otros lo acusaron de “facho”. Pero en las redes sociales, el respaldo a Marra se multiplicó. Muchos usuarios compartieron testimonios desde el conurbano y otras zonas críticas, donde hospitales colapsan y los servicios públicos ya no dan abasto, mientras los beneficios sociales parecen orientarse hacia quienes ni siquiera cuentan con documentación legal.
El debate “¿campaña o clientelismo?” incomoda pero ya no se puede hacer la vista gorda. ¿Un extranjero sin residencia debe recibir más ayuda estatal que un argentino que aportó toda su vida? ¿El Estado puede permitir que partidos políticos operen impunemente en villas a cambio de votos?
Marra fue claro: “No es casual que aparezcan más bolivianos en las campañas que en las embajadas. Esto no es integración, es uso político de la pobreza importada”.
Desde el kirchnerismo reina el silencio. Vanina Biasi recorre sonriente los barrios como si nada ocurriera. Detrás del discurso inclusivo, se oculta una maquinaria que no integra: administra la pobreza para convertirla en poder electoral.
El candidato a legislador porteño por la UCeDé, Ramiro Marra, fue interpelado durante una recorrida de campaña por un hombre en situación de calle que le planteó de forma directa su realidad. El diálogo, breve pero contundente, giró en torno al lenguaje utilizado por Marra y la falta de respuestas concretas para las personas que viven en la vía pública. “Como a vos te gusta hablar, vos tenés que escuchar”, dijo el hombre, y cuestionó el uso del término “fisura” para referirse a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Eso es discriminar”, remarcó.
Marra negó que sus palabras tuvieran una connotación discriminatoria y sostuvo que se trataba de “conversaciones” que mantiene con distintas personas en condiciones similares. Sin embargo, el hombre insistió en su reclamo, visiblemente afectado por lo que considera una mirada estigmatizante. Aun así, expresó cierta esperanza en el diálogo político:“Sabés que me encanta tu forma de ser. Si hablás así, yo te voto”, afirmó.
El momento más sensible del intercambio llegó cuando el hombre confesó: “Estoy pidiendo ayuda porque no quiero delinquir. No quiero más estar en la calle”. En este contexto, volvieron a cobrar relevancia las anteriores declaraciones de Marra, en las que propuso la implementación de multas o detenciones para quienes duerman en la vía pública, bajo el argumento de que “las normas de convivencia, las contravenciones, ayudan a ordenar a las personas que no se están dando cuenta que están cometiendo un error”.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
