01 octubre, 2025

Denuncian que la intendencia de Luján está loteando terrenos por connivencia política

"Acá no tenemos a un Montenegro que pueda parar la situación o al gobernador de Mendoza, acá tenemos a un intendente que apoya lo que diga el oficialismo", se lamentó un vecino de Torres, el pueblo afectado.
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Los terrenos loteados pertenecen a la colonia nacional de salud mental Manuel A. Montes de Oca y serían capitalizados, con permiso de Nación y el aval del intendente camporista Leonardo Boto, a organizaciones sociales, aunque aún no definieron cuáles, según detalló Ricardo Pérez, un vecino de Torres.

Si bien el loteo o el otorgamiento de estos terrenos no es una maniobra ilícita por parte del estado, sí podría considerarse poco ético e inmoral. De acuerdo a lo expresado por los habitantes del pequeño pueblo, el loteo de terrenos se habilitó de un día para el otro, tal cual como ocurrió en varios predios en la provincia de Mendoza. La única diferencia es que, en este territorio, tienen el completo aval de la intendencia, dado que pertenecen a la misma bandera política que el gobierno nacional.

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“Nos informaron los concejales de la oposición, porque sino no estaríamos enterados. Estamos alarmados, porque no estamos preparamos para sostener a más familias. Son más de 440 lotes”, precisó Pérez.

Sobre la situación del pueblo, los residentes admiten que infraestructuralmente no están preparados para recibir a más ciudadanos. “Actualmente tenemos que esperar más de un día en las afueras del colegio en fechas de inscripción. La única asistencia médica cercana que tenemos funciona hasta medianoche, tampoco tenemos cloacas y cuando llueve gran parte del pueblo se inunda”, explicó Pérez. “No sé qué clase de vida le prometieron a la gente a la que le van a vender los terrenos, pero por ahora la situación no es favorecedora”, agregó.

“Acá no tenemos a un Montenegro que pueda parar la situación, o como pasa en Mendoza (con el gobernador Rodolfo Suárez). Acá tenemos a un intendente que apoya lo que diga el oficialismo”, se lamentó el vecino.

Tanto en Mendoza como en Mar del Plata, el Frente de Todos está loteando terrenos estatales para intentar aplacar la urgencia habitacional que agolpa a todo el país. En ambos casos, los movimientos no son ilícitos, pero sí podría considerarse poco ético, dado que se entregan por connivencia política. El reclamo en ambos territorios comandado por los mandatarios opositores es que los loteos se realizan sin aval de la provincia o la intendencia, desconociendo el terreno, su capacidad y/o posibles proyectos que ya tenían previstos para dichos lotes.

En el caso de Mendoza, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) comandado por el íntimo amigo de Amado Boudou, Alejandro Marmoni, le cedió tierras a las comunidades mapuches, pero ante la negativa del gobernador, Nación dio marcha atrás.

Lo mismo ocurrió en Mar del Plata. El intendente Guillermo Montenegro ha realizado insistentes denuncias contra dirigentes oficialistas por comandar a las organizaciones sociales hasta Las Heras, un predio privado que fue tomado por casi un mes, pero debido al repudio que generó y al movimiento de la Justicia, también dieron marcha atrás.

En el caso de Las Torres, tal como afirman sus habitantes, la situación es completamente distinta. No hay fuerza opositora que pueda hacerle frente a las decisiones del oficialismo, el intendente Boto asiente a todo. “Estamos indefensos ante los caprichos de los políticos”, expresó desganado Pérez.

Si bien admitió que fueron los concejales opositores quienes alertaron a los vecinos sobre los loteos, Pérez confesó que actualmente los funcionarios “se borraron” y aunque se comprometieron a realizar “comisiones para parar” las obras, “nada ocurrió”.

QUÉ DIJO EL GOBIERNO

En paralelo, el gobierno nacional aseguró que en los terrenos se construirá un “barrio inclusivo” exclusivo para personas que, por su condición y/o problemas de salud mental, no puedan conseguir vivienda.

Según el decreto 49/2023 publicado a inicios de este año “se ha diagramado la construcción y apertura de cincuenta dispositivos residenciales comunitarios destinados a usuarios y usuarias, que actualmente se encuentran alojados y alojadas en pabellones, los que conformarán un barrio inclusivo”.

Además, desmintieron que los terrenos vayan a ser loteados según “la bandera política”, sino que las viviendas serán destinadas únicamente a “a usuarios de la institución” con el objetivo de “consolidar una comunidad libre de discriminación, segregación y marginalización de personas por motivos de discapacidad intelectual y otras problemáticas de salud mental”.

En cuanto a los fondos que serán necesarios para ejecutar este plan de viviendas, el decreto publicado en el Boletín Oficial detalla: “La realización de las obras requerirá aproximadamente 500 millones de pesos”, que serán debitados del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el ministerio de Salud de la Nación.

*Fuente: REALPOLITIK

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PILAR | LLA se quebró antes de asumir y se desató una pelea por el liderazgo

La lista libertaria sufrió un revés contundente en las elecciones del 7 de septiembre y, apenas una semana después, los concejales electos ya rompieron filas antes de asumir el 10 de diciembre. El frente La Libertad Avanza en Pilar se dividió en una guerra abierta por el liderazgo local: hubo reproches sobre la estrategia de campaña, denuncias por el manejo de fondos de fiscalización y un reclamo formal para concentrar el sello partidario en una sola bancada.

La derrota electoral fue categórica: el peronismo local alcanzó el 60,5% de los votos frente al 29,1% de la lista libertaria, escenario que precipitó el quiebre interno. Las críticas se enfocaron en Andrés Genna, cabeza de la lista libertaria, dirigente vinculado a Patricia Bullrich y señalado internamente como cercano a Ramón “Nene” Vera, operador de Sebastián Pareja en la Primera sección.

La concejal electa Solana Marchesán, segunda en la lista, y el concejal reelecto Sebastián Neuspiller (PRO), tercero en la boleta, apuntaron directamente contra Genna por la estrategia y el armado electoral. Marchesán fue tajante en su denuncia pública: “Tiene una Pyme de robo de fondos de la fiscalización, busca voluntarios y se queda con la plata, con eso cambia el auto. Viven de eso, él y su familia, hace años”.

– Concejal electa Solana Marchesán, segunda en la lista

Ese señalamiento llevó a Marchesán a presentar este martes una nota formal en el Concejo Deliberante exigiendo la exclusividad del sello de LLA, que hoy se encuentra repartido en tres bloques. En redes sociales, la concejal dejó un mandato claro dirigido a Genna y a la futura concejal María Ratti: “Quien desee integrar la bancada de LLA a futuro deberá hacerlo bajo mi conducción y liderazgo”.

Marchesán justificó la presentación en el Concejo con un reclamo por la preservación de la identidad del espacio: “Quienes estamos desde los inicios debemos velar porque se mantenga la coherencia en el espacio, con sus debidas y necesarias purgas”, y agregó: “Aquellos que se sumaron después y sobre todo quienes luego eligieron otros espacios políticos deben respetar el rol y la representación original. La Libertad Avanza en Pilar no se vende”.

Neuspiller fue el primero en vocalizar la frustración tras el resultado y responsabilizó al armado que colocó a Genna en la cabeza de la lista. En diálogo con el programa radial Agenda Propia, el concejal comparó los guarismos con comicios previos y señaló: “En el 2023, La Libertad Avanza sacó 62.500 votos y Juntos por el Cambio 42.900. Eso hacía un total de 106.000. Ahora, en 2025, se sacó la mitad”. Para reforzar su crítica recordó la legislativa de 2021: “El PRO sacó 64.000 votos, La Libertad Avanza 18.500, o sea 82.000. De doce concejales, entraron seis. Ahora entraron cuatro”.

Sobre la elección de candidatos y la percepción del electorado, Neuspiller enfatizó que los comicios se definen por referentes más que por sellos: “Cuando la gente va a votar, no elige sellos. Yo creo que acá se subestimó pensando que la gente iba a elegir el color violeta. Pero la gente quiere entrar al cuarto oscuro y encontrar la foto de una persona que le genere confianza”.

– Sebastián Neuspiller

El concejal PRO también cuestionó la línea discursiva de Genna, que incluyó propuestas duras contra el personal municipal, en línea con el discurso de Javier Milei. Neuspiller sostuvo: “Si yo le doy un mensaje a todos los trabajadores municipales de Pilar de que voy a poner la motosierra arriba de ellos, eso se complica. Porque el empleado municipal no es político, es alguien que se mata y se desvive por Pilar”.

Además, Neuspiller criticó el armado exprés de la campaña y contrastó esa debilidad con su propia experiencia territorial: “Pilar es gigante, con 365 kilómetros cuadrados, y si la gente no te conoce, ¿cómo hacés para en un mes llegar a la gente?”. En ese marco, recordó: “Yo, para estar cercano a los vecinos, durante tres años me paré con una mesita chiquitita y un banquito en todas las esquinas de Pilar para hacer test de diabetes, y así todo, no me alcanzó”.

Pese a las críticas, Neuspiller mantuvo la convicción de conservar la alianza entre LLA y el PRO: “Fuimos con Solana Marchesán el primer interbloque de la Libertad Avanza y el PRO en toda la provincia en 2021. Y sigo pensando que tenemos que ir juntos porque compartimos electorado”. No obstante, reclamó cambios: “Tenemos que trabajar entendiendo que no se puede subestimar al votante pensando que solamente van a votar con el sello. Se tendrán que hacer internas, habrá que mejorar”, y adelantó su objetivo personal: “Voy a trabajar estos 2 años duramente para volver a ser candidato a intendente”.

La fractura interna se agravó por decisiones tomadas en el cierre de listas. Fuentes cercanas indicaron que el quiebre entre Marchesán y Genna surgió cuando Marchesán fue notificada, a último momento por Vera, de que no encabezararía la lista y que en su lugar iría Genna, ex vice de la Coalición Cívica con paso previo por el PRO. “Eso es lo que más le dolió a Marchesán y a Martín Maganás”, señaló una fuente con acceso a la concejal y al ex candidato libertario a la intendencia, quien impulsó a la primera candidata al Consejo Escolar en estas elecciones.

Con la nueva composición del Concejo, la división ya no sólo se expresó en declaraciones: Marchesán y Neuspiller comenzaron a articular un interbloque LLA–PRO, mientras que permanecieron otros bloques, como los de Juan Pablo Casañas Onganía (con dos años más de mandato) y Juan Martín Tito (que finalizó este año y quedó relegado en el último armado). La configuración resultante dejó a LLA con dos concejales menos que en 2023, cuando el frente había sumado porcentajes significativos.

La derrota y la sucesión de acusaciones públicas y reclamos formales dejaron al espacio en medio de una pulseada por el sello y el liderazgo que, a pocos días del inicio de funciones el 10 de diciembre, reconfiguró las alianzas y profundizó las divisiones internas.

Un informe del BCRA dice que la UBA no evidencia grandes complicaciones presupuestarias

La Universidad de Buenos Aires aparece en la última actualización de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con compromisos crediticios por más de 230 millones de pesos. Según los registros, la casa de estudios mantiene líneas activas con el Banco Galicia y el Banco Patagonia, todas en “situación 1”, es decir, normal y sin atrasos.

El dato más llamativo de la casa de estudios que conducen que conducen Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector respectivamente, surge en agosto de 2025, cuando la deuda declarada con el Galicia pasó de apenas 50 mil a más de 225 millones en un solo mes, lo que evidencia la toma de una nueva y significativa línea de financiamiento. Con el Patagonia, en tanto, la UBA sostiene un endeudamiento mucho más acotado de 4,6 millones, aunque también con un repunte marcado respecto de períodos anteriores.

UBA

A pesar de esta aceleración en su nivel de endeudamiento, según el informe del BCRA, la UBA muestra una estabilidad financiera general, sin cheques rechazados ni atrasos en pagos, lo que refleja una administración ordenada de sus compromisos en un contexto económico adverso.

El contraste, sin embargo, llega desde el frente político. La semana pasada, la propia universidad advirtió que el proyecto de presupuesto 2026 del presidente Javier Milei profundiza la crisis del sistema universitario argentino. En un duro comunicado, sostuvo que las partidas previstas consolidan el deterioro salarial docente, no contemplan recomposiciones para gastos esenciales ni prevén la reactivación de obras de infraestructura paralizadas desde hace años.

“Los profesores seguirán con salarios bajo la línea de pobreza, las becas estudiantiles se mantienen congeladas y no existe previsión alguna para la recuperación del poder adquisitivo”, alertó la institución, que también remarcó que la inversión proyectada para 2026 se ubica por debajo del 0,5 por ciento del PBI, el piso histórico de las últimas dos décadas.

– Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector

La paradoja es evidente: mientras en los papeles financieros la UBA aparece como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a crédito bancario en condiciones normales, en la arena pública se presenta ahogada y amenazada en su funcionamiento.

Con esta doble fotografía, la universidad pública más importante del país queda atrapada entre la estabilidad y las denuncias de ajuste estructural contra el gobierno nacional, una tensión que anticipa nuevos capítulos en la disputa por el financiamiento educativo en 2026.

*Fuente: REALPOLITIK

El nuevo ministro del Interior de Milei fue funcionario K y tiene curros millonarios por doquier

*Por Christian Sanz (Tribuna de Periodistas)

El martes 28 de abril de 2020, a través de la Decisión Administrativa 552/2020, el gobierno de Alberto Fernández designó a Lisandro Catalán como director del Registro Nacional de Reincidencia.

Allí se desempeñó hasta que llegó Javier Milei a la Casa Rosada. Lejos de eyectarlo, fue promovido al frente de la Secretaría de Interior, un despacho clave encargado de aceitar las relaciones con los gobernadores de las provincias.

De hecho, Catalán supo trabajar “codo a codo” con Guillermo Francos, hasta este miércoles, que fue nombrado jefe de Gabinete. Ahora es él quien maneja la cartera de Interior.

No obstante la designación de marras, Catalán ya había sido puesto como director titular del Correo, con un salario cercano a los 9 millones de pesos, a pesar de que él jura que lo hacía ad honorem.

Se trata de un abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la Universidad Austral. Y una “extensa” carrera en la administración pública.

Supieron depender de él áreas estratégicas del Estado: la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y el Archivo General de la Nación.

A través de algunas de esas dependencias, Catalán ha encontrado la manera de avanzar en puntuales curros. Uno de ellos, el de cobrar “mensualidades” a puntuales comercios para que puedan operar.

Tres de ellos pertenecen a una misma persona, José María Ríos: un minimercado ubicado en el sector del Cotecar de Paso de los Libres, un supermercado y una parrilla buffet. Los tres ponen una millonaria “tarasca” mensualmente para poder trabajar, siempre de manera “precaria”.

No es el único choreo: en Entre Ríos, el dúo mantiene un convenio con Uruguay de 200 mil dólares por refacciones y mantenimiento. Es por ello que en estas horas postulan con énfasis a dos coordinadores que llegan con el impulso del gobierno de esa provincia.

Si la Justicia se decidiera a investigar, debería posar su mirada en el Centro de Fronteras de Horcones y el Centro único de control de cargas de Uspallata. Específicamente debe poner la lupa en los dos buffet y la estación de servicio, la cual modificó la circulación de la terminal de descarga. Allí se habla de una “contraprestación” de 2 millones de pesos al mes.

Algo similar ocurrió en el Centro de Fronteras San Sebastián, Tierra del Fuego, donde se propuso como coordinadora a la dueña de una empresa proveedora del Estado, Hester Gonzales. Pero esa es otra historia…

CRISIS EN LAS FF.AA | Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares renunciaron

En menos de dos años, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 militares, que pidieron la baja desmotivados por el retraso salarial y la falta de estímulos profesionales. Así surge del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados y de las interpretaciones que se hacen puertas adentro de los cuarteles.

El informe del jefe de Gabinete, que responde a las preguntas de los legisladores con datos aportados por el Ministerio de Defensa el mes pasado, revela que a partir del 10 de diciembre de 2023, fecha en que asumió el presidente Javier Milei, dejaron las fuerzas 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios.


La mayor deserción se dio en las filas del Ejército y, especialmente, entre los uniformados que conforman la tropa voluntaria. Las Fuerzas Armadas tienen hoy un plantel de 83.000 militares desplegados en todo el país.

Según el detalle ofrecido por Francos, de los 18.659 efectivos que pidieron la baja, 14.614 pertenecen al Ejército, 2971 a la Fuerza Aérea y 1074 a la Armada. En distintas unidades coinciden en que la cantidad de bajas no es compensada por los egresos de los institutos de formación militar. Ya en julio pasado había salido a la luz que más de 2200 militares y efectivos de seguridad habían pedido la baja en el primer semestre del año, por los bajos salarios.

“No es un problema nuevo, se viene dando hace diez años. Pero no por eso deja de ser alarmante y preocupante”, dijo un general en actividad, que mira los números con preocupación.


En cambio, en sectores cercanos a la conducción de las Fuerzas Armadas relativizaron las cifras. “Es un número excesivo. Además de las bajas debe contabilizar el personal retirado, que no es lo mismo. El retiro comprende a los que cumplen los años de servicio. Desde el punto de vista estadístico no presenta ninguna alarma. El movimiento de soldados es normal. Todos los años hay bajas y altas”, argumentó la fuente castrense, ante una consulta del diario La Nación.

EL RETRASO SALARIAL:

Los militares conservan el reclamo de la equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad, una promesa que lleva ya varios años y, por lo menos, dos gobiernos. En muchos casos, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas pelean por no caer bajo la línea de pobreza, que para una familia tipo, según el Indec, ascendía agosto último a $1.160.780.

Los bajos salarios impactan particularmente en las jerarquías más bajas. Mientras un capitán y un teniente de navío cobran $1.109.913, la remuneración de un teniente primero y de un teniente de fragata llega a $987.202. Un teniente del Ejército y un teniente de corbeta perciben $889.995y un subteniente, un guardiamarina y un alférez –las categorías más bajas entre los oficiales- cobran $806.045.

Entre los suboficiales, un sargento y un cabo principal perciben $853.088, un cabo primero, $765.596 y un cabo segundo, $765.596.

En el interior de las fuerzas entienden que la problemática salarial es decisiva, dado que el estilo de vida de los militares, en general, obliga a tener un solo ingreso familiar, porque con cada cambio de destino su cónyuge suele perder su trabajo. “También existen privaciones relativas a su entorno familiar y de amigos, que muchas veces influye en la decisión de pedir la baja, pese a la vocación”, señaló una fuente castrense.

Incluso, hay voces que sostienen que los suboficiales presentan mejores condiciones relativas que los oficiales que los mandan. “La mayor permanencia en los destinos permite a los suboficiales que su pareja o cónyuge tenga un trabajo más estable y acceso a planes provinciales de vivienda y a emprendimientos. Algunos consideran que tal vez les habría convenido ser suboficial. La diferencia de responsabilidades no está reflejada en las escalas salariales”, señaló una de las fuentes consultadas.

“Hoy la información circula con rapidez y los jóvenes oficiales advierten que en las Fuerzas Armadas de países vecinos, a diferencia de la situación local, proveen el uniforme y las botas. Acá duran seis meses y las fuerzas entrega anualmente un 20% de las necesidades. En las fotos de ejercicios militares se puede ver el nivel de desgaste de los materiales y elementos”, resumen las fuentes consultadas.

Como ejemplo ilustrativo de las restricciones en el equipamiento, muchos militares en el Ejército portan los mismos fusiles FAL que se usaban en Malvinas, un arma con 70 años de vigencia, sin todos los accesorios de tiro y visión de un arma moderna.

“Los morteros pesados, de 120 milímetros, han pasado periodos de cuatro o cinco años sin municiones y unos pocos al año para los morteros de 81 milímetros. La artillería de 105 milímetros recibe unos 40 a 60 proyectiles anuales, lo que alcanza apenas para una sesión de tiro de escuela. Armas antitanque modernas, como el AT4, fueron compradas de a una para cada unidad y hacen solo un disparo al año”, describen en los cuarteles, al señalar que ello impacta en la insatisfacción profesional y la consecuente pérdida de vocación militar.



*Fuente: Diario La Nación

Uno de los mayores aportantes de Alberto y Cristina en 2019 será candidato de LLA

Tomás Ise Figueroa no es un improvisado ni un desconocido. Hasta diciembre de 2023 se movía como asesor de José Emilio “Pichón” Neder en el Senado, histórico operador del zamorismo y una de las espadas políticas más fuertes del norte argentino. Hoy aparece con el sello de La Libertad Avanza como candidato a senador nacional en Santiago del Estero. El giro desconcierta a propios y ajenos: de engranaje de la maquinaria kirchnerista y zamorista a “libertario” de pura cepa en cuestión de meses.

El burócrata aportó $1.778.400 para la campaña de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo a través de una transferencia bancaria, el 8 de agosto de 2019, según confirman los registros de la Cámara Nacional Electoral. Fue el segundo financista individual más importante del Frente de Todos, solamente superado por el empresario santafesino Walter Grenón.

A valores de hoy, el monto aportado por Figueroa ronda los $70 millones.

El contraste no termina ahí. Además de haber sido asesor del zamorismo y financista del kirchnerismo, Figueroa ni siquiera reside en Santiago del Estero: vive en la Ciudad de Buenos Aires.

La militancia libertaria, que esperaba renovación y ruptura, estalló en redes sociales. Varios jóvenes lo tildaron de “caballo de Troya” y otros directamente de “garrón”. El descontento se hizo sentir: quienes apoyaron a Milei en la calle no entienden cómo la dirigencia eligió a un exfinancista K como la cara visible en una provincia clave.

La conducción de LLA en Santiago defiende la jugada. Figueroa no solo asumió la presidencia provincial del partido de Karina Milei, sino que además diseñó el armado junto a dirigentes locales y se encargó de garantizar recursos para una campaña que, de otra manera, sería imposible de financiar. Para ellos, pesa más la capacidad técnica y económica que la “pureza ideológica” que reclaman los militantes de primera línea.

El contraste es brutal. Milei construyó su discurso sobre el rechazo frontal al populismo y a la casta política, pero en Santiago lo representa un hombre que trabajó con el zamorismo y aportó a la caja del kirchnerismo.

La lista completa de LLA en la provincia también muestra un armado con nombres variados: Andrea Jorge acompaña a Figueroa en el Senado, mientras Laura Godoy y Matías Faila encabezan las candidaturas a diputados nacionales. Ítalo Cioccolani, por su parte, competirá por la gobernación. Un mix de dirigentes jóvenes, empresarios y técnicos que intentan vender como “renovación”.

Diputados | La Coalición Cívica no quiere citar a Karina por las coimas: “Se comunica con mucha dificultad”

La oposición en la Cámara de Diputados unificó este martes los proyectos de la peronista Sabrina Selva, el pichettista Oscar Agost Carreño y el trotskista Christian Castillo para citar a Karina Milei y Mario Lugones para que den explicaciones sobre las coimas de la Andis y logró dictamen de mayoría.

Los bloques de UP, Miguel Pichetto, Facundo Manes, la izquierda y Marcela Pagano juntaron 41 firmas a favor, los libertarios sumaron 12 en rechazo, la Coalición Cívica aportó dos para su propio proyecto y la tucumana Paula Omodeo presentó otro por su cuenta. 

El “lilito” Juan Manuel López se negó a apoyar la citación de Karina para que “brinde informes verbales” sobre las coimas de la Andis ante la Cámara Baja, para no convertir la escena en “un show de una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente”.

Su preocupación era que la hermana de Javier Milei podría “autoincriminarse” con lo que diga. “Vamos a interpelar a alguien que le cuesta bastante comunicarse y que, como está siendo investigada y ya está imputada, va a hacer uso del artículo 18 de la Constitución nacional, argumentó en referencia a que no puede ser obligada a declarar contra sí misma.

El tratamiento de los proyectos se realizó durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud y Acción Social, presididas por Nicolás Mayoraz y Pablo Yedlin. La reunión se concretó porque el miércoles pasado, durante la sesión en que le voltearon a Milei los vetos a las universidades y el Garrahan, los legisladores aprobaron el emplazamiento a Mayoraz, que venía eludiendo el llamado para trabar el expediente.

De hecho, Martín Menem había puesto Asuntos Constitucionales como comisión cabecera con el objetivo de que el proyecto no caminara.

Cuando se abrió el debate, Yedlin justificó el proyecto en que “los pedidos de informe por escrito han quedado siempre sin respuesta”. “No encontramos, en el marco de lo que el reglamento de la cámara tiene, otra herramienta más idónea que la citación a un informe verbal”, sostuvo.

La massista Selva leyó fragmentos de la transcripción de los audios de Diego Spagnuolo, cuya divulgación desató el escándalo, y enfatizó que “nadie niega la veracidad” de su contenido.

Luego, defendió la citación de Karina frente a los diputados libertarios que contestan que la secretaria general de la Presidencia no tiene rango de ministro, en los términos del artículo 71 de la Constitución. “El artículo 204 del Reglamento habilita a que, en uso del artículo 71, cuando esta cámara de diputados cita a un ministro pueda también citar a los secretarios que consideremos que tengan la responsabilidad de venir a dar explicaciones”, fundamentó.

A su turno, Margarita Stolbizer alertó sobre el riesgo de que se ponga la atención en los audios cuando adelantó su respaldo al dictamen unificado. “No me gustaría que el foco estuviera puesto en los audios, eso es un error conceptual”, dijo, y agregó: “No debemos equivocar el objetivo de nuestra convocatoria porque no vamos a analizar los audios sino la gravedad de los hechos”.

Al final, hasta Pagano anunció el apoyo del dictamen de mayoría para citar a Karina. “Vamos a apoyar, vamos a acompañar y queremos que en el recinto se puedan acelerar los procesos porque las fechas urgen para dar una respuesta”, remarcó.


*Fuente: La Política Online

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