La demanda internacional de la vacuna contra el coronavirus provocó avances científicos inesperados para otras épocas, ya que los tiempos de su desarrollo se han acelerado notablemente en pos de hallar la inmunización para la población mundial. En esta carrera, Argentina no se queda atrás y fabricará la vacuna de Oxford de la farmacéutica Astra – Zeneca, lo que representa un privilegio en plena pandemia. Sin embargo, el reconocido médico y asesor presidencial, Pedro Cahn, también se ha presentado para desarrollar la vacuna y ya han sido aprobados la realización de los estudios correspondientes.
En este sentido, la abogada y especialista en derecho de familia, Elizabeth Márquez, presentó un escrito judicial pidiendo que la vacuna no sea obligatoria. En su carácter de gestora oficiosa de la fundación Visión Médica Humanista denunció y advirtió “un grave daño por la sanción del proyecto de ley sobre el desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 y que dicho daño acarrearía el delito de lesa humanidad contemplado por el Estatuto de Roma”.
Ante tal acusación, solicitó al Senado de la Nación que “se abstenga de dar sanción al proyecto de ley” o que, en su defecto, se incorpore el siguiente artículo: “Todas las vacunas que se aprueben consecuencia de los beneficios extraordinarios que confiere la presente ley, quedan exceptuadas de la obligatoriedad establecida por ley 27.491 y por lo tanto no podrá ser inducida por autoridad alguna como parte del calendario de vacunación obligatoria”.
Cabe destacar que la disposición del poder ejecutivo nacional, con fecha el 13 de agosto, establece que “la firma de laboratorio Elea Phoenix SA solicita autorización para efectuar el denominado “ensayo clínico de fase III”, aleatorizado, de doble enmascaramiento, controlado con placebo, en grupos paralelos para evaluar la eficacia, inmunogenicidad y la seguridad de la vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 en una población sana entre los 18 años y los 85 años de edad”. A tal efecto, solicita “autorización para ingresar al país la droga necesaria y enviar material biológico al exterior”.
Finalmente, la resolución del gobierno nacional aclara que el estudio clínico autorizado “se llevará a cabo en el centro a cargo del investigador principal y con el / los modelo / s de consentimiento/s aprobados por el comité de Ética en Investigación”. En esta línea, uno de los peticionantes, según figura en el documento oficial de la administración nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica, es ni más ni menos que Pedro Cahn, uno de los asesores del presidente Alberto Fernández.
*Fuente: REALPOLITIK
