09 febrero, 2025

CORONAVIRUS | El Gobierno prepara medidas para endurecer la cuarentena

Alberto se reunió dos veces en el día con Larreta. Buscan reducir aún más la presencia en la calle. Por ahora se descarta el Estado de Sitio...
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El Gobierno prepara medidas para endurecer la cuarentena de la población que hasta ahora fue motivada por medidas como la suspensión de clases, pero sigue en gran medida librada a la voluntad de la gente.

Fuentes oficiales confirmaron a La Política Online que se trabaja para endurecer la obligación de confinamiento de la gente aprovechando incluso el fin de semana largo y sumándole feriados, en un recorrido que en alguna medida acompaña las medidas que se tomaron en España y en México. Se mencionó incluso la posibilidad de decretar el Estado de Sitio, en base a un decreto que algunos rumores señalaban estaba trabajando el procurador Carlos Zannini. Fuentes de la Casa Rosada y el kirchnerismo lo desmintieron.

La idea del presidente sería anunciar el nuevo fin de semana extra largo y las mayores exigencias de confinamiento este jueves, acompañado por los gobernadores, que fueron convocados a la Casa Rosada.

Como el área de mayor concentración de casos es la Capital y el Conurbano, es lógico que el presidente Alberto Fernández haya intensificado los contactos con ambos. El medio anteriormente mencionado, pudo confirmar que Horacio Rodríguez Larreta volvió a la tarde a la Casa Rosada. Por la mañana fue el primer encuentro con el Presidente, donde se difundió una foto de ambos trabajando en el análisis de la situación del coronavirus.

Esta tarde Larreta regresó a la Casa Rosada, ya sin foto ni anuncios, acompañado por su ministro de Salud, Fernan Quirós. Es lógico. Las medidas está cerca de anunciarse. “Se busca el mayor cese de actividades pero garantizando la comida, la energía, la seguridad y la salud”, explicaron a La Política Online fuentes oficiales.

Algo se deslizó en la reunión que tuvo también esta tarde el Presidente con los líderes parlamentarios de la oposición. Se habló de unificar feriados con el fin de semana largo y estirar la cuarentena, ya de tintes más obligatorios, otros quince días. Se habla incluso de suspender el transporte público fines de semana y feriados para desalentar a la gente que quiera salir de su casa. En general los líderes opositores acompañaron la decisión de endurecer el confinamiento de la gente.

Pedro Sánchez

Un camino similar tomó el socialista Pedro Sánchez en España, donde decretó el Estado de Alarma, que le permite al Estado Nacional asumir competencias de las provincias, sobre todo en materia sanitaria y de seguridad, pero no restringe de manera drástica derechos de la población como el Estado de Sitio, aunque limita fuerte las posibilidades de circular y reunirse.

En España desde el sábado pasado, sólo se puede salir de la casa para ir al supermercado, a la farmacia o al trabajo si es algo urgente o indispensable la presencia. No se permite pasear, ni salir a correr o hacer gimnasia, ni ninguna actividad solitaria o en grupo en la calle y además de todos los establecimientos públicos se cerraron los parques. “Es importante que la gente entienda que no son vacaciones, que se tiene que quedar en la casa”, afirmó a La Política Online un funcionario del gobierno nacional.

El gobernador Axel Kicillof se sumó a la argumentación pública de la necesidad de restringir el movimiento de las personas y dijo esta tarde que “se quiere evitar que el virus se traslade de una ciudad a otra”.

Lo que se busca en definitiva es lo que logró con éxito Corea del Sur, aplanar la curva de contagios, mediante medidas de autocuidado y de distancia social. De esa manera se ralentiza la expansión de la epidemia, cede la mortalidad y no se colapsan los servicios de salud.

*Fuente: La Política Online


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El conurbano de Kicillof, BAÑADO EN SANGRE: Se registraron 18 asesinatos en apenas 7 días

El primer mes de 2025 estuvo marcado por una escalada de inseguridad en el Conurbano bonaerense del kirchnerista Axel Kicillof, concentrada especialmente en los partidos de La Matanza y Moreno, donde ocurrieron homicidios de civiles y enfrentamientos armados con agentes de las fuerzas de seguridad.

Uno de los casos que generó mayor conmoción fue el asesinato de Lucas Aguilar, un repartidor de 20 años que intentó defender a un vendedor ambulante de un robo en Moreno y terminó apuñalado. Familiares, amigos y vecinos protestaron frente a la Municipalidad de Moreno, y la manifestación concluyó con balas de goma y gases lacrimógenos. Las autoridades municipales, encabezadas por la intendenta Mariel Fernández, describieron el homicidio casi como una riña callejera. Sin embargo, en simultáneo se conoció que otros cuatro asesinatos sacudieron ese mismo distrito en diferentes episodios, incluido el de un motociclista de 25 años en un asalto sobre la ruta 7, un crimen intrafamiliar y un doble homicidio vinculado a un presunto ajuste de cuentas narco.

Las estadísticas históricas mostraron que Moreno ya había registrado altas tasas de homicidios en años anteriores: en 2016 llegó a 15,8 casos cada 100.000 habitantes, superando el índice que en ese entonces mostraba Rosario (12,1). En 2023, la Procuración General bonaerense computó 59 homicidios en el departamento judicial Moreno-General Rodríguez, con cinco asesinatos cometidos por menores. De hecho, un informe del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) alertó sobre un incremento del 48,7% de menores involucrados en hechos delictivos en Moreno y General Rodríguez desde 2023.

– La intendente Mariel Fernández junto a Cristina Kirchner

El impacto de la violencia también se sintió en La Matanza, que se ubicó como el partido con mayor cantidad de hechos de inseguridad en los últimos 31 días, afectando localidades como Villa Madero, Isidro Casanova, La Tablada, San Justo y alrededores. Según datos publicados por el Fuero Criminal y Correccional (FCC), La Matanza quedó tercera en un ranking general de distritos con aumentos de casos de inseguridad (18,3%), detrás de Mar del Plata (25,9%) y La Plata (19%), y por encima de Moreno-General Rodríguez (18,1%) y Lomas de Zamora (15,1%).

En medio de esta ola delictiva, ocurrió el asalto al ministro de Transporte, Martín Marinucci, el 21 de enero en Ramos Mejía. Ladrones agredieron a su esposa y huyeron con su cartera y el teléfono del funcionario. Días después, la UFI N.º 13 de La Matanza detuvo a un menor de 16 años por el hecho y recuperó la cartera en Dock Sud.

También predominaron los enfrentamientos entre delincuentes y agentes de la Policía Bonaerense y de la Policía de la Ciudad. En La Matanza, al menos diez efectivos se batieron a tiros con asaltantes durante enero. El primer caso ocurrió el 3 de ese mes, cuando un oficial de civil fue interceptado por tres ladrones armados en Villa Luzuriaga. El policía abrió fuego y mató a uno, hirió a otro y el tercero se dio a la fuga. A lo largo de las semanas, se contaron ocho delincuentes muertos y tres heridos en distintas balaceras, incluida la de dos motochorros que abordaron a un policía de civil en Villa Madero: uno murió por un disparo y el otro se estrelló contra un auto al intentar escapar.

“Vinieron a golpearnos”: Así fue la agresión a los medios en La Matanza

La cobertura de este último episodio terminó con agresiones a la prensa cuando familiares y amigos de los ladrones muertos enfrentaron a los periodistas que llegaron al lugar. “Fueron directo a golpearnos y lo hicieron porque pudieron”, denunció Ana Ortiz, notera de TN, quien afirmó que los agresores no mostraron temor alguno a los oficiales que presenciaban la escena.

La violencia también alcanzó a los propios miembros de las fuerzas de seguridad fuera de su horario de servicio. En Castelar, dos motochorros asesinaron a Brian Coria, un oficial de la Policía Bonaerense de 34 años que se dirigía a la casa de su novia en una motocicleta Kawasaki Z400. Los delincuentes le dispararon en la zona del coxis, le robaron el vehículo y su pistola Bersa reglamentaria. Días después, se confirmó que uno de los asaltantes muertos en Villa Madero, de 15 años, había participado en ese homicidio, aunque no habría sido el tirador, sino el conductor de la moto. El mismo menor también habría cometido el robo que sufrió el médico Santiago Bos el 14 de enero, cuando lo balearon en el estómago y en la pierna para quitarle su moto y otras pertenencias.

En Moreno, otro episodio trágico ocurrió con Pablo Fernando Bartoli, de 38 años, asesinado de un disparo en la espalda cuando se dirigía a su trabajo en la madrugada. Por el hecho, fue detenido un menor de 17 años que había participado en otro robo de motocicleta la noche anterior en la misma zona de Cuartel V.

La seguidilla de homicidios y robos, sumada a la participación recurrente de menores en los delitos, intensificó el cruce entre el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y su par bonaerense, Javier Alonso. Wolff exigió medidas más efectivas en territorio provincial, al argumentar que 13 de los últimos 14 policías asesinados en la provincia pertenecían a la Policía de la Ciudad.

Aunque ambos funcionarios se reunieron la semana pasada, el encuentro terminó con reproches públicos. Tras la reunión, Alonso afirmó que “los problemas políticos internos, la inseguridad agravada por fugas de presos, y la suciedad que invade las calles porteñas se maquillan con estrategias superficiales, como si un perfume pudiera ocultar la falta de soluciones reales para los vecinos”. Además, desmintió la existencia de ataques sistemáticos contra policías porteños.

Wolff respondió con un comunicado donde aseguró que habían acordado trabajar en conjunto, pero luego contestó: “Fui a la PBA a verlo, ministro. Le llevé un plan de acción para hacerle la vida más segura a gente de carne y hueso y me contestó con chicanas entre políticos”. Y añadió: “2024 fue el año con menor cantidad de homicidios generales y en ocasión de robo en la historia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de haber gobernado PBA 40 años, todavía no entendieron que la gente quiere soluciones, con las chicanas siguen sufriendo la inseguridad. Lo espero para trabajar cuando quiera”.

– El ministro de Seguridad de CABA, Waldo Wolff

En este contexto, el asesinato de Lucas Aguilar cobró una dimensión nacional cuando el presidente Javier Milei destacó el accionar del joven y anunció la creación de la Condecoración al Valor del Hombre Común: “Hoy mataron a Lucas Aguilar, un repartidor de Moreno que defendió a un vendedor ambulante de un asalto. El vendedor ambulante fue apuñalado pero sobrevivió gracias a Lucas, que hizo el sacrificio máximo por un desconocido y entregó su vida para defenderlo”, manifestó el mandatario. La distinción sería entregada a los familiares del joven, quien murió apuñalado por un agresor identificado como Luis Benjamín Benítez, de 36 años, con antecedentes y tres condenas firmes que no le impidieron recuperar la libertad el 16 de abril de 2024.

La secuencia de hechos violentos que se concentró en las últimas semanas incluyó también el caso de Esteban Jesús Maciel, de 29 años, asesinado en Pericles y Pirovano, y el enfrentamiento en Daract y Vicente López, donde un policía de la Ciudad abatió a un joven de 18 años que intentó robarle la moto. Los partes oficiales señalaron que ese delincuente ya tenía antecedentes y una orden de captura vigente.

Pese a las detenciones, las cifras de criminalidad en el Conurbano bonaerense continuaron en aumento durante el primer mes de 2025, con La Matanza y Moreno como principales escenarios de robos, homicidios y la aparición reiterada de menores en el circuito delictivo.

Redacción

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ENTRE RÍOS | 33 Héroes de Malvinas obtienen cobertura de salud completa tras una gestión de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, concurrió el pasado jueves a la sede del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) junto a representantes del Centro y la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, para reunirse con la subinterventora de la entidad, Marina Alegre. Durante el encuentro, se confirmó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de concretar la afiliación a la obra social de entrerrianos que combatieron en el conflicto bélico y sus esposas e hijos menores de edad.

“Tenemos el mandato y una decisión firme del gobernador de que estas demandas tienen que llegar a un resultado positivo y en eso hemos trabajado desde el primer minuto en la Cámara: hacer que las cosas que les importan a los entrerrianos sucedan. Tuve la gran oportunidad, como representante del gobierno provincial, de iniciar la gestión y de acompañar”, sostuvo Hein luego de la reunión.  

El presidente de la Cámara baja destacó la “apertura y la capacidad de trabajo” de la subinterventora del Iosper para hacer posible “una reivindicación y una decisión de saldar las deudas pendientes que se tienen con los veteranos”. A su vez, recordó que “Malvinas es una causa diaria, no solamente para el 2 de abril”.  

Acerca de los resultados de esas gestiones, consideró: “Lo que ha ocurrido hoy podemos resumirlo en lo que los veteranos siempre nos han legado: no abandonar la lucha, más allá de las tormentas que hemos pasado y estamos pasando, de la desidia y del abandono que ellos han sentido por la falta de empatía de un Estado muchas veces ausente. Hemos decidido poner en valor los temas reales, donde el Estado tiene que estar presente. Lo hacemos con lo que nos incumbe desde la Cámara y bajo la norma de un gobernador que ha decidido tomar el toro por las astas y mostrar otra manera de hacer política”.

Por su parte, Alegre brindó precisiones sobre la cobertura. “Nuestra provincia tenía una gran deuda pendiente que es la afiliación de 33 veteranos de Malvinas, que no han sido incorporados a la obra social. A partir de ahora lo serán, porque hay un derecho, hay una ley que los avala y es una reivindicación histórica que la provincia les debe”, dijo, y agregó que “esta afiliación es para ellos, para sus esposas, e hijos de hasta 21 años y hasta 25 si estudian y tienen los certificados correspondientes. Tienen los mismos beneficios que cualquier otro afiliado”.

“Tenemos que hacer pequeñas modificaciones en el sistema y en no más de diez días ya van a gozar de todos los beneficios de ser afiliados, completó, tras lo cual destacó que “fue muy importante la gestión de Gustavo Hein”, a través de quien tomaron conocimiento del expediente que se encontraba a la espera de una resolución.

En tanto, Oscar Eguias, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, remarcó que se trataba de “una deuda pendiente de hace más de 30 años, hay mucha gente sin obra social y lo que más necesita hoy un viejo veterano es salud”. Y agregó: “Valoramos la reivindicación por parte de Hein y Alegre. Nos vamos muy contentos con este trámite que termina después de un largo camino”.

Acerca de la situación de los veteranos que se beneficiarán con esta decisión, dijo: “Hasta ahora era precaria, sin la cobertura que necesitaban. Son 49 veteranos, de los cuales 33 presentaron la documentación. Hoy tenemos la certeza de que hemos sido escuchados y de que esta gente va a tener Iosper, que es la obra social que nos dieron gobiernos anteriores por ley”.

De la reunión también participaron Julia Garioni, secretaria de la Cámara de Diputados; Joaquín Castellano, gerente de Prestaciones del Iosper; Ladi Ojeda, vocal del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, y Ricardo Álvarez, secretario del Centro y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos.

Redacción

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Tras detectar irregularidades, el Gobierno eliminó un programa de subsidios a comunidades indígenas

El Gobierno nacional decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que brindaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal y técnico en conflictos de tierras. La decisión se formalizó con la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según el documento oficial, la medida respondió a la falta de mecanismos de control adecuados y a la detección de desvíos en la ejecución de los fondos.

El Programa estaba destinado al “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”. No obstante, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó “deficiencia y desvíos” en los informes de auditoría, entre ellas la inexistencia de herramientas de registro y sistematización de datos “que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de fortalecimiento Comunitario otorgado desde su creación”.

La resolución resaltó que el programa no cumplió con sus objetivos fundacionales y que no disponía de un sistema de monitoreo que permitiera evaluar su impacto real. El texto oficial señaló: “Se ha constatado que el Programa de Fortalecimiento Comunitario no cuenta con una herramienta de registro y sistematización de la información que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios otorgados”. En el mismo sentido, la decisión gubernamental argumentó la necesidad de “dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.

Asimismo, el Gobierno enmarcó la iniciativa en la emergencia pública decretada en diciembre de 2023 mediante el decreto 70/2023, al sostener que “es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que atraviesa el país”. De acuerdo con funcionarios del INAI, la administración de Javier Milei buscó reorganizar el sistema de asistencia y reducir la cantidad de subsidios directos, con miras a instaurar nuevos criterios de transparencia y eficiencia.

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Por medio de la Resolución 8/2025, el titular del INAI resolvió: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI”.

En paralelo, el Gobierno también adoptó otras medidas que afectaron a distintas comunidades. Hace poco menos de una semana, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad indígena del pueblo Qom, Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, ubicada en la localidad de Makallé, Chaco. La Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial anuló el reconocimiento previo de ocupación tradicional y pública del lote 175 de Makallé, el cual había sido otorgado mediante la Resolución INAI N° 144/2023 del 29 de noviembre de 2023.

La revocación surgió a partir de una denuncia de Mariel Luisa Crespo, quien se presentó como copropietaria de una fracción del inmueble en disputa y afirmó que el procedimiento administrativo vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. Tras analizar la documentación, el INAI determinó que el relevamiento inicial omitió antecedentes jurídicos y títulos de propiedad que acreditaban los derechos de Crespo. En consecuencia, el organismo dio lugar al recurso de revisión y resolvió invalidar el permiso de ocupación. La nueva resolución especificó: “El planteo de inexistencia de la comunidad indígena como sujeto de derecho, su denominación y localización, deberá ser tratado por ante el organismo con competencia indígena de la provincia del Chaco, en tanto no resulta del análisis de los obrados”.

Las autoridades provinciales evaluarán las próximas acciones con relación al reconocimiento de la comunidad en esa jurisdicción y la situación de la propiedad del inmueble, en concordancia con las disposiciones del INAI.

Redacción

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De Ángeli advierte que “el kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado”

Alfredo De Angeli, quien asumió como jefe del PRO en el Senado el 29 de enero de 2025, afirmó que “habrá una alianza” entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), aunque la definición dependerá de las realidades locales, sin un acuerdo nacional unificado. Destacó que el PRO es el partido “más cercano ideológicamente” al oficialismo, pero rechazó cualquier sumisión automática hacia este. Hizo hincapié que apoyarán los proyectos de Milei solo si benefician a los argentinos, dejando claro que la postura será evaluada “en tanto y en cuanto” sea favorable “distrito por distrito”.

Además, cuestionó que el Senado actúe como mero validador de iniciativas del Ejecutivo, exigiendo diálogo previo para evitar que el kirchnerismo logre cuórum propio si lograra contar con la cantidad de senadores necesarios para que el Senado apruebe iniciativas sin la necesidad de apoyo o aliados de otros sectores.

“Va a haber mucho debate porque ya no hay mayorías automáticas como muchos años que me tocó estar con que venían los proyectos del Ejecutivo y no se le podía tocar una coma. Va a ser un gran desafío”, expresó.

Señaló que su posición responde a una postura desligada de Ariel Lijo, rectificando que “como bloque y partido ya tenemos la postura adoptada” y “no lo vamos a acompañar” en su nominación como Juez de la Corte Suprema.

De Ángeli recalcó su preocupación por la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ha señalado que “no es bueno ver esas diferencias entre Milei y Villarruel”, pero que “ella está muy alineada al Gobierno, se la vio trabajando duro con Guillermo Francos”, pero que la posibilidad de que obstaculicen el Senado, “es algo que lo tienen que entender”.

“Si no tenes 37 senadores sentados te inmovilizan el Senado”. Según detalló, si la oposición consigue asegurar ese número de escaños, podría paralizar el funcionamiento del cuerpo legislativo. “El kirchnerismo está a dos senadores de inmovilizar el Senado cuando jure la nueva senadora”,

“Ellos con solo 6 senadores y algunos sin experiencia, nosotros con Luis Juez los ayudamos a sacar los proyectos que necesitaban porque el kirchnerismo no quería aprobar ni las autoridades del Cuerpo a la vice, nosotros desde el PRO pusimos lo que teníamos que poner. El kirchnerismo siempre estuvo obstruyendo porque no están de acuerdo con las políticas de Milei”, refiriéndose a la ayuda que recibió LLA en todo lo que va de su gestión.

Redacción

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El Gobierno avanzó con una reforma migratoria inspirada en las medidas de Donald Trump

El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.

El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.

– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane

A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.

El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.

La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.

El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.

Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.

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La agenda legislativa 2025 de Entre Ríos contempla reformas clave y alivio fiscal

Entrevistada por medios locales, la diputada Gabriela Lena (de Juntos por Entre Ríos) se refirió a los temas que se plantea como objetivos para el año 2025, entre los cuales mencionó principalmente dos reformas: a la Ley de Municipios y a la del Consejo de la Magistratura, así como el alivio fiscal anunciado por el gobernador.

“Todavía nos quedaron pendientes algunos temas importantes del año pasado. En Diputados hemos avanzado bastante en reformas que tienen que ver con la institucionalidad en la provincia, en el marco de la comisión que yo presido (Legislación General), y de esto nos quedan dos temas que para mí van a ser el inicio del año legislativo”, indicó la legisladora.

LAS DECLARACIONES DE LENA:

En ese sentido, dijo que uno de esos temas será la reforma del Consejo de la Magistratura y la modificación de las regulaciones sobre municipios y comunas, en un trabajo conjunto con la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, que preside María Elena Romero

“Esto va a llevar un tiempo, porque necesita mucho debate. Es un tema sensible, porque afecta directamente a cada uno de los municipios de la provincia, y hay dos proyectos de ley que hay que consensuar”, dijo sobre las propuestas para reformar la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 que comenzaron a ser tratadas en comisiones en 2024 y que pertenecen a Andrea Zoff (Más para Entre Ríos) y Romero.

Por otro lado, mencionó a la reforma electoral como uno de los pasos más importantes de la actividad parlamentaria del 2024. “Si bien hubo muchas leyes importantes que han sido aprobadas, ésta ha sido una de las más importantes”, comentó. “Ojalá este año podamos tener una ley que para mí también es muy importante, que está todavía en el Senado, que es la de Ética Pública y Ficha Limpia”, agregó.

Finalmente, dijo que los diputados están a la espera del ingreso del proyecto de ley anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio sobre “alivio fiscal” a través de la reducción de alícuotas de los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. “Cuando ingrese el proyecto, va a ser seguramente uno de los primeros temas a tratar”, señaló. 

Redacción

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