08 enero, 2025

Córdoba | Milei asegura que NUNCA le dio su apoyo al polémico pre candidato Petetta

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Javier Milei pone el foco exclusivamente en su campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires. Pero hay candidatos en las provincias que aprovechan la imagen de Milei para captar más votos. Y eso le molestó al economista liberal, especialmente luego de que trascendiera que el primer candidato a diputado del frente Avanza Libertad, en Córdoba, Rubén Petetta, estuvo detenido hace 15 años por intentar cobrar el cheque de una coima y ahora no saliera a aclarar esa situación.

Rubén Petetta es el tesorero y apoderado de la Unión del Centro Democrático (UCeDé) en Córdoba y encabeza la lista de candidatos a diputados apadrinada por Milei en esa provincia, que lleva el mismo nombre del frente electoral porteño. Pero estuvo detenido en el año 2006 por cobrar el cheque de una coima de $30.000 de un hacendado, equivalentes a 10.000 dólares de ese entonces.

Fuentes cercanas a Javier Milei se despegaron del candidato cordobés y señalaron que el armado político del economista es “exclusivamente porteño. No nacional“. Y agregaron: “En Córdoba pusieron el nombre La Libertad Avanza y usaron una imagen alegórica a la melena de Javier porque no hay ningún impedimento legal ni jurídico para que lo hagan. Eso no implica un respaldo político”. 

Encabezado de la lista de los falsos libertarios en Córdoba

El actual candidato a diputado Petetta se negó a responder los múltiples y reiterados mensajes que en estos días se le dejaron, para que aclare la situación de su detención por el cheque de la coima que intentó cobrar en 2006.

El mecanismo de corrupción arrancó cuando un inspector de la Agencia Córdoba Ambiente, Darío David Almada, le cobró una coima de $30.000 a un hacendado, para no multarlo por un desmonte en Las Arrias, quien le dio un cheque por esa cifra. El hacendado hizo la denuncia y la fiscalía fotocopió los 300 billetes que le iban a entregar a Almada, para tener registradas la serie y la numeración de los valores pagados y poder acreditar así el delito cometido. Por eso, cuando Petetta fue a cobrar ese cheque, con Almada afuera del banco, lo detuvieron en posesión de esos billetes recién entregados. 

“Capturaron a un expolicía que era buscado por coima”, titulo el 21 de septiembre de 2006 el diario cordobés La Voz. Allí se contaba que dos días atrás “Rubén Peteta” (escribieron mal el apellido, con una sola letra “t”) fue a cobrar un cheque de una coima de $30.000 en la sucursal Laguna Larga del Banco Nación, en el departamento de Río Segundo, en Córdoba.

Cuando Petetta quiso cobrar ese cheque, en la sucursal bancaria le dieron 300 billetes de $100, con los números fotocopiados. Y enseguida, cuando se quiso retirar, lo detuvieron a Petetta, por considerarlo en ese momento como parte de la banda que cobró la coima.

Su acompañante era el expolicía Almada, inspector de la Agencia Córdoba Ambiente, que llegó con Petetta a la sucursal bancaria, pero no ingresó y siguió viaje, dándose a la fuga cuando su cómplice fue detenido -el actual candidato a diputado-.

Almada estuvo prófugo durante dos días, hasta que fue capturado por la policía provincial. Y luego fue echado de su cargo de inspector en la Policía Ambiental. Pero se desconoce qué ocurrió después con Petetta. 

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Petetta no quiso responder los mensajes, ni atender el teléfono, durante varios días, en reiteradas oportunidades. Tampoco las fuentes cercanas a Milei se preocuparon por aclarar la situación creada en torno a Petetta -más allá de desvincular al economista de su relación con el candidato cordobés-, pese a que su discurso se centra en terminar con la “casta política” y los “políticos chorros”.

Además, las fuentes cercanas a Milei sostuvieron que su armado electoral está enfocado en la ciudad de Buenos Aires. “En algunas provincias hubo gente que se acercó para apoyar el proyecto, pero eso no significa que haya un armado nacional”, dijeron.

Sin embargo, cuando Milei lanzó su campaña el sábado pasado, en Plaza Holanda, Petetta fue uno de los dirigentes que viajó a la ciudad de Buenos Aires para apoyar ese lanzamiento. Y se sacó fotos ahí con Milei y la precandidata a senadora cordobesa Eugenia Gordillo, que también viajó para apoyar al candidato porteño cuyo frente electoral se llama igual que el de Córdoba.

Después de ese acto público, el candidato cordobés aseguró que fueron a tomar un café con Milei y subió la foto a las redes sociales.

Javier Milei con Ruben Petetta

“Rubén y Javier el encuentro en un café de Bs As, después de la fiesta de la libertad en Plaza Holanda. Dos grandes y un mismo objetivo!! Abrazar los ideales de la libertad en Córdoba, Es hora de despertar leones. Basta de corderos”, tuiteó esta semana el frente cordobés La Libertad Avanza, con una foto de Petetta y Milei en un bar.

“Javier no publicó esa foto, ni le dio RT”, intentando despegarse del polémico candidato cordobés, para marcar su disconformidad con esa foto que subieron a las redes sociales desde la cuenta en Twitter de La Libertad Avanza Córdoba Oficial y que retuiteó Petetta.

La relación se tensó tanto entre ambos candidatos que algunos hasta dudaron de ese encuentro publicitado por Petetta con Milei, mostrando su disconformidad con el accionar del primer candidato a diputado cordobés de La Libertad Avanza.

Publicado en Clarín

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Redacción

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Los puertos siguen administrados por los K: déficit, corrupción y “casta” que resiste a los cambios de Milei  

A un año de la llegada de Javier Milei al gobierno, la “motosierra” prometida para reducir el gasto público y reformar el Estado no logró desmontar las estructuras enquistadas en la Administración General de Puertos (AGP). Esta sociedad del Estado, que controla vías esenciales para el comercio exterior como el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía Paraná-Paraguay, enfrenta un panorama crítico: pasó de un superávit de 28 millones de dólares en 2021 a un déficit acumulado de 60 millones entre 2022 y 2024.  

– Diego y Leonardo Salom con el exinterventor y actual asesor de la AGP José Beni

El desmanejo financiero se atribuye a una gestión signada por la corrupción, la discrecionalidad y el clientelismo político, encabezada por funcionarios designados durante el gobierno de Alberto Fernández y ratificados en sus cargos tras la asunción de Milei. Entre ellos destaca José Carlos Beni, exinterventor de la AGP y referente del Instituto Patria, quien continúa como asesor de la entidad, cobrando un salario bruto de $6,5 millones mensuales. Su influencia, según fuentes internas, sigue siendo determinante debido a la inexperiencia de su reemplazo, Gastón Benvenuto.  

– Verónica Piñero, gerenta general de la AGP, de fuertes vínculos con el kirchnerismo y el massismo

Además, la actual gerente general, Verónica Piñero, vinculada al massismo, cuenta con un historial polémico. Durante su gestión, se observaron procedimientos de contratación directa con criterios cuestionables que generaron desconfianza entre analistas del sector. Estas prácticas reforzaron una percepción de discrecionalidad en la gestión de recursos.  

– El director de planificación de la AGP, Diego Salom, con Sergio Massa

Pese al cambio de gobierno, los proveedores cuestionados por sobreprecios, como Unlimited Solutions SRL y Smarty Group SRL, continúan ganando licitaciones mediante procedimientos de “compulsa abreviada”, un sistema diseñado para eludir controles y permitir contrataciones directas. Las críticas también alcanzan a empresas como Tecnología Vial Aplicada SA, cuyas contrataciones abarcan rubros que van desde neumáticos hasta organización de eventos, todo bajo el mismo cuestionado mecanismo.  

– Gastos escandalosos de la actual gestión de la AGP: impresión de 1000 libros para obsequio por $34 millones

Otro punto controvertido es la influencia de los hermanos Diego y Leonardo Salom, sobrinos de un histórico líder sindical portuario y vinculados al massismo. Ambos ocupan cargos jerárquicos en la AGP mientras manejan gremios y empresas relacionadas al sector. Según fuentes del organismo, el nivel de vida de los Salom mejoró significativamente en los últimos años, con lujos que incluyen autos de alta gama y exclusivos viajes internacionales. La conexión de los Salom con figuras como Hugo Moyano y Sergio Massa también genera sospechas sobre posibles manejos irregulares.  

– Fuentes de la AGP destacan que cambió el nivel de vida del sindicalista Diego Salom desde su llegada al organismo, con autos de alta gama y viajes internacionales

Los Salom también están vinculados a la Fundación Mundo Puerto, registrada como empresa, y cuyo domicilio coincide con el de otra firma que ganó licitaciones recientes. Este entramado refuerza la imagen de una “casta portuaria” que parece estar a ambos lados del mostrador, maximizando su influencia tanto en el ámbito sindical como en el corporativo.  

– Leonardo Salom en un encuentro con el Papa Francisco

El símbolo más evidente del descontrol en la AGP es el proyecto del “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo que debía levantarse en el edificio histórico de la entidad con un costo que actualmente asciende a $5.600 millones. Sin embargo, la obra tiene solo un 6,8% de avance. A pesar de esto, la empresa constructora Criba SA ha recibido pagos significativos, justificándolos con demoras atribuibles a trámites burocráticos y permisos pendientes por tratarse de un área de protección histórica.  

– Adjudicación de la obra del museo portuario en 2022, que todavía no se construyó, pero por la que ya se pagaron $1500 millones

La construcción del museo implicó el traslado del personal de la AGP a oficinas alquiladas en Puerto Madero, con un costo mensual de 90.000 dólares. Este gasto adicional se suma a los costos de remodelación de las oficinas temporales, que también fueron cuestionados por su magnitud y poca transparencia en la asignación de contratistas. En paralelo, el Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía estratégica para el comercio exterior que atraviesa siete provincias y mueve el 80% de las exportaciones. Si bien se anunció una concesión por 30 años, la reforma del sistema troncal sigue enfrentando demoras.

– Así luce el edificio de la AGP hoy, abandonado. Hasta el momento, solo se realizaron trabajos de “puesta en valor” del edificio

El contrato contempla profundizar canales secundarios y modernizar tecnologías, pero los avances han sido lentos. La inclusión de nuevos tramos para beneficiar a puertos menores, como los de Entre Ríos, fue destacada, aunque no logró contrarrestar las críticas por la falta de transparencia en los procesos. Empresas internacionales como Shanghai Dredging y Jan de Nul ya han mostrado interés, pero la licitación enfrenta obstáculos políticos y económicos que prolongan la espera de resultados concretos.  

*Con información de Guadalupe Vázquez, Todo Noticias

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El Gobierno cierra la Administración General de Puertos y lanza una nueva agencia para gestionar la Hidrovía

El Gobierno libertario, en su intento de reducir el gasto público y combatir la corrupción, anunció la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En su lugar, se creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía. La medida, oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), comenzó a regir el 1 de enero.

Según Manuel Adorni, vocero presidencial, la creación de la Anpyn busca “eliminar entes y áreas con funciones duplicadas, reducir costos y lograr mayor eficiencia”. Destacó también que “se reducirá un 79% del personal, pasando de 1.420 empleados a solo 300, y se venderán inmuebles y activos innecesarios”. En redes sociales, Adorni calificó a la AGP como un “antro de corrupción y privilegios”.

La medida también incluye la reestructuración de inmuebles e infraestructura utilizados por los organismos disueltos, con el objetivo de optimizar los recursos y reducir costos operativos. Según el Gobierno, esta acción se enmarca en una estrategia más amplia conocida como “la motosierra profunda”, que busca disminuir el gasto público en todas las áreas del Estado. Esta estrategia ha sido presentada como una forma de aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos y reorientar el presupuesto hacia sectores prioritarios.

La Anpyn asumirá el rol de concesionario de la Hidrovía hasta que se adjudique la licitación, un proceso clave para garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de esta vía fluvial estratégica. También centralizará las funciones de la AGP, la Subsecretaría de Puertos y el disuelto Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA).

Entre sus principales tareas se encuentran la supervisión de la Hidrovía Paraná-Paraguay —una arteria clave para el comercio exterior—, la concesión de terminales portuarias y la modernización de los puertos nacionales. Además, la Agencia asumirá un rol protagónico en la promoción de inversiones privadas y la asociación público-privada.

Iñaki Arreseygor, hasta ahora subsecretario de Puertos y Vías Navegables, liderará el nuevo organismo. Arreseygor, abogado con experiencia en el sector público y privado, asumirá el desafío de implementar los cambios propuestos. Su historial incluye cargos en el Gobierno de Cambiemos, lo que refuerza la expectativa de una gestión orientada a resultados concretos. Sin embargo, su designación también ha generado críticas por parte de sectores que cuestionan la falta de un perfil técnico más especializado en la dirección de un organismo con competencias tan amplias.

La nueva Agencia tendrá además la responsabilidad de fomentar la sostenibilidad ambiental en los puertos y las vías navegables. Para ello, se anunció la implementación de programas de monitoreo ambiental y evaluaciones de impacto que permitan garantizar la protección de los ecosistemas aledaños a las zonas de dragado y operaciones portuarias.

El cierre de la AGP y la creación de la Anpyn generó reacciones diversas entre los especialistas y actores del sector. Jorge Álvarez, presidente de la Cámara Naviera, consideró la medida como “muy positiva”. En declaraciones a Clarín, afirmó que la nueva Agencia otorga “jerarquía y autonomía” a un sector vital para el comercio exterior e interno. Además, destacó que el modelo busca reactivar el desarrollo portuario, un área relegada por políticas públicas inadecuadas. “Esperamos que la Anpyn sea una herramienta eficaz para impulsar este sector”, expresó.

Por el contrario, Fernando Morales, presidente de la Liga Naval, mostró preocupación por la falta de claridad en algunos aspectos del proyecto. “El cambio de dependencia del Ministerio de Transporte al de Economía podría complicar los sistemas de transporte multimodal”, advirtió. Morales también cuestionó la rapidez con la que se implementó la medida y la visión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Recordó que este último había planteado la posibilidad de que buques de banderas extranjeras operaran en cabotaje marítimo, una idea contraria a las políticas de la mayoría de los países con litoral.

A su vez, varios expertos destacaron la importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay como eje fundamental del comercio regional. Esta vía fluvial conecta a Argentina con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, facilitando la exportación de cereales y productos industriales. Sin embargo, la falta de una política clara para fortalecer la flota fluvial nacional ha generado críticas. Mientras Paraguay consolidó una de las flotas fluviales más importantes del mundo, la de Argentina ha perdido protagonismo en las últimas décadas. Este desbalance pone de manifiesto la necesidad de una estrategia más integral para el desarrollo del sector.

El cierre de la AGP también responde a problemas financieros significativos. Según datos oficiales, el organismo acumuló un déficit de 9 millones de dólares en los últimos diez meses, un factor determinante en la decisión del Gobierno.

La AGP, en palabras del director del Observatorio PESCARE, Daniel Coluccio, era una “caja utilizada con fines políticos partidarios”. Según Coluccio, en los últimos diez meses del año pasado, el organismo generó un déficit de 9 millones de dólares. “El Gobierno busca un mejor perfil de transparencia en el sector, eliminando modelos asociados a la corrupción”, afirmó en una entrevista a Canal E.

La investigación sobre posibles irregularidades también abarca las concesiones otorgadas en el pasado, muchas de las cuales no cumplían con los estándares legales ni administrativos adecuados. Coluccio subrayó que el Gobierno deberá realizar auditorías detalladas para garantizar que los nuevos contratos sean transparentes y eficaces. Además, indicó que la Hidrovía Paraná-Paraguay deberá ser tratada como una prioridad geoestratégica, dada su relevancia no solo para Argentina, sino también para los países vecinos.

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Kicillof destina $48 millones anuales a la radio de Madres de Plaza de Mayo

El gobernador destina casi $50 millones por año a Radio Madres AM 530, mientras áreas críticas como salud, educación y seguridad enfrentan serios recortes. De fondo, el negocio de los intermediadores de la pauta.

En un contexto económico crítico para la provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof sigue destinando sumas multimillonarias a pauta publicitaria. En ese marco, se destaca el caso de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Según datos oficiales a los que tuvo acceso el portal REALPOLITIK, la organización percibe un monto mensual de al menos 4.065.600 pesos por publicidad en Radio Madre AM 530, lo que, en términos anuales, se traduce en la impactante cifra de 48.787.200 pesos para una emisora con escasos oyentes.

Esta absurda cifra, que la emisora percibe a través de la cooperativa de Trabajo, Comunicación y Cultura por Venir Ltda., corresponde solo a la asignada desde el ejecutivo bonaerense, por lo que no contempla los montos que podría percibir desde otros organismos del gobierno de Axel Kicillof.

Este gasto, que proviene plenamente de las arcas públicas bonaerenses, que se nutre de los impuestos de quienes habitan en territorio provincial, plantea serios interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de recursos en una provincia que enfrenta problemas estructurales como el deterioro de la infraestructura, el déficit en salud y educación, y la inseguridad creciente.

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Si bien el apoyo a organismos de derechos humanos es históricamente una política central del oficialismo, el desmesurado monto destinado exclusivamente a la pauta publicitaria en Radio Madre parece carecer de justificación en un escenario de ajuste para otras áreas clave y su nivel de oyentes. Además, este gasto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política comunicacional que favorece a medios y figuras alineadas con el relato K.

Mientras tanto, áreas sensibles de la gestión provincial sufren recortes y ajustes, con eje en los trabajadores de la administración pública. Desde los hospitales sin insumos hasta escuelas con serios problemas de infraestructura, la dirigencia kirchnerista observa con silencio cómplice cómo los recursos que deberían destinarse a mejorar su calidad de vida terminan en manos de organizaciones y medios vinculados al oficialismo.

El sospechoso rol de las organizaciones intermediarias

Del gasto que la gestión bonaerense realiza en pauta publicitaria, este medio advirtió el día de ayer sobre el rol de organizaciones intermedias con nexos al kirchnerismo. Empresas como Sentidos SA, dirigida por Andrés Bidart y vinculada en los pasillos de la gobernación al kirchnerismo duro, actúan como intermediarias, manejando recursos multimillonarios sin ser medios de comunicación.

En la práctica, estas compañías funcionan como un “pasamanos”, cobrando comisiones mientras distribuyen fondos hacia medios nacionales afines ideológicamente, tales como Página/12, Canal Siete y Crónica, o hacia canales internacionales alejados de los intereses bonaerenses, como A&E, Europa Europa, El Gourmet, Film&Arts, Lifetime, Sony Entertainment Television, Bravo TV, The History Channel o The History Channel 2.

En contraste, hospitales, escuelas y la seguridad provincial enfrentan una crisis estructural, relegados en las prioridades presupuestarias del gobierno. El modelo pone en evidencia el uso de recursos públicos con fines políticos, dejando a los bonaerenses a la deriva mientras se asegura la narrativa favorable al oficialismo.

*Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

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GUÍAS DE HACIENDA: El “curro” que asfixia al campo cordobés y encarece la carne

Las guías de hacienda municipales, un tributo históricamente cobrado por municipios y comunas para el traslado de ganado, desataron una fuerte controversia en el arco noroeste de la provincia de Córdoba. Las Sociedades Rurales de la región emitieron un comunicado tildando esta práctica de “una desagradable costumbre de currar” y exigieron su inmediata eliminación por la falta de contraprestaciones.

En una reunión realizada el 22 de noviembre con el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, dirigentes de las rurales de Jesús María, Cruz del Eje, Villa Dolores, Arroyito, Deán Funes y la Asociación Civil de Productores del Departamento Río Primero (ACIPRO), plantearon su descontento y recibieron el compromiso del funcionario para trabajar en la derogación del impuesto junto a otros organismos provinciales.

UN TRIBUTO BAJO LA LUPA

Las guías de hacienda son tasas que deben abonarse por cualquier movimiento de ganado, desde el traslado entre campos propios hasta la venta en ferias o frigoríficos. Este tributo, exponen los productores, no responde al principio fundamental de toda tasa municipal: la prestación de un servicio.

“Estos animales transitan por rutas y caminos por los cuales ya abonamos como contribuyentes. Además, las operaciones generan impuestos provinciales y nacionales que retornan a los municipios. Sin embargo, no hay ninguna contraprestación local”, señalaron los trabajadores rurales en su comunicado.

Además de la falta de justificación, las entidades advirtieron que este cobro impacta directamente en los costos de producción, lo que finalmente se traslada al precio que paga el consumidor. “Es un impuesto injusto que penaliza a un sector que siempre ha aportado, sin recibir nada a cambio”, lamentaron.

Los ruralistas también enfatizaron que este tributo representa una carga adicional para los pequeños productores, quienes muchas veces operan al límite de la rentabilidad. “No se trata solo de un impacto económico; es también un obstáculo para el desarrollo del sector y una muestra de inequidad tributaria”, explicaron.

UN RECLAMO CON HISTORIA

Aunque el rechazo a estas tasas no es nuevo, las críticas se han intensificado en un contexto económico adverso. Las rurales del Arco Noroeste destacaron que los productores enfrentan crecientes costos impositivos y burocráticos que dificultan la competitividad. “Se trata de una carga punitiva y de bloqueo que no tiene sentido. Incluso se cobra si el movimiento es entre campos del mismo propietario. Una locura adicional”, denunciaron.

Esta situación generó tensiones entre los productores y las autoridades locales. Según los ruralistas, los municipios y comunas utilizan los fondos recaudados sin transparencia, lo que genera dudas sobre el destino real de estos recursos. “No solo estamos frente a un cobro injustificado, sino también ante una gestión opaca que mina la confianza de los ciudadanos”, agregaron.

Durante la reunión con el ministro Sergio Busso, las entidades encontraron apoyo a sus reclamos. “La autoridad del Poder Ejecutivo provincial, en coincidencia de criterios, reconoció el planteo y se comprometió a trabajar desde su lugar con los organismos pertinentes”, aseguraron los ruralistas. Sin embargo, el desafío radica en transformar este compromiso en acciones concretas que alivien la carga tributaria para el sector. “Es hora de terminar con estas prácticas anacrónicas y establecer un sistema tributario más justo y transparente”, subrayaron.

En este sentido, los productores destacaron la importancia de una reforma integral que no solo elimine las guías de hacienda, sino que también garantice un marco impositivo que fomente la productividad. “No pedimos favores ni privilegios; exigimos un trato equitativo que reconozca el esfuerzo de quienes sostenemos la economía local”, manifestaron.

El comunicado también apuntó contra los municipios y comunas por la opacidad en el uso de los fondos recaudados a través de estas guías. “El ‘frasquito de recaudación’ se sigue incrementando, pero nadie sabe cuál es su destino final”, criticaron. Para las rurales del Arco Noroeste, el fin de las guías de hacienda no solo aliviaría la presión fiscal sobre los productores, sino que también beneficiaría a los consumidores al reducir los costos finales de la carne vacuna. “Los ciudadanos exigen que los administradores de nuestros fondos cambien de paradigma. Es momento de dejar atrás estas prácticas que perjudican a todos y no aportan ningún valor”, concluyeron.

Además, las entidades hicieron un llamado a la sociedad para unirse en este reclamo. “La lucha por un sistema tributario justo no es solo una causa del sector rural, sino de todos los ciudadanos que buscan mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, subrayaron.

Por último, los productores reiteraron su compromiso de seguir insistiendo en la derogación de las guías de hacienda y en la construcción de un diálogo constructivo con las autoridades. “El futuro de nuestro sector depende de políticas que promuevan el desarrollo y no de cargas que lo obstaculicen”, concluyeron.

Redacción

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Desde 2027, Entre Ríos implementará la Boleta Única y ahorrará $1.500 millones: “Es un salto de calidad democrática”

Hoy viernes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la reforma al Código Electoral provincial, convirtiéndola en ley. Este cambio establece la adopción de la Boleta Única de Papel a partir de las elecciones de 2027. La iniciativa, promovida desde el Poder Ejecutivo, tuvo como principal defensor al gobernador Rogelio Frigerio, quien la describió como un avance histórico en modernidad y eficiencia democrática.

La nueva ley representa un quiebre con casi un siglo de tradición electoral basada en boletas partidarias. Con esta reforma, Entre Ríos se alinea con otras provincias como Santa Fe y Córdoba, que ya implementaron sistemas similares. El gobernador Frigerio se refirió a este hito de manera enfática: “Después de casi un siglo, los entrerrianos votarán de manera más moderna, ágil y transparente. Es un salto de calidad democrática que nos acerca a las mejores prácticas electorales de la región”.

El mandatario también destacó los beneficios económicos y ambientales asociados con la reforma: “Con la implementación de la BUP, se ahorrarán alrededor de 1.500 millones de pesos y se reducirá drásticamente el uso de papel. En las últimas elecciones, se emplearon 30.000 kilómetros de papel para imprimir boletas; este gasto es insostenible en términos ecológicos y financieros”.

La Boleta Única de Papel consiste en un documento de tamaño A3 que incluye todas las opciones electorales disponibles. Cada votante marca su elección con una cruz y luego deposita la boleta en la urna. Este modelo, además de simplificar el proceso de votación, agiliza el escrutinio. Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos, aseguró que “este sistema es más sencillo y seguro, permitiendo un conteo más transparente y eficiente de los votos”.

Además, se mantienen las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y se introduce un esquema de financiamiento estatal para las campañas, limitando los aportes privados. Esto busca nivelar las condiciones entre partidos grandes y pequeños, reduciendo las desigualdades en las competencias electorales.

La aprobación de la reforma no estuvo exenta de controversias. Aunque la mayoría oficialista de Juntos por el Cambio logró los votos necesarios, el peronismo optó por abstenerse en Diputados, generando tensiones internas. La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, argumentó que “no se incluyeron puntos clave que podrían haber fortalecido la reforma”. Sin embargo, esta postura contrastó con el respaldo que el peronismo había dado al proyecto en el Senado, donde algunos de sus miembros votaron a favor tras negociar modificaciones.

Rafael Cavagna, senador de Juntos por Entre Ríos, subrayó el carácter participativo del proyecto: “Esta ley es el resultado de un proceso abierto y transparente, en el que participaron partidos políticos, entidades educativas, gremios y organismos judiciales”. Cavagna también destacó que la reforma responde a una demanda histórica de 90 años por parte de la sociedad entrerriana.

Uno de los principales desafíos será garantizar que los ciudadanos comprendan cómo utilizar la nueva boleta. El gobierno provincial anunció un plan de capacitación masivo dirigido a votantes y autoridades de mesa. “Queremos que cada entrerriano llegue al día de las elecciones completamente informado y preparado para usar este sistema”, explicó Maneiro.

La reforma electoral se perfila como un avance integral para la democracia en Entre Ríos. Además de modernizar el proceso de votación, promete reforzar la transparencia y la equidad en las elecciones. Para Frigerio, esta medida representa “un legado para las próximas generaciones” y consolida su gestión como un punto de inflexión en la política provincial.

El impacto de esta reforma también se extenderá al financiamiento de las campañas, con topes más estrictos para los aportes privados y un monitoreo más riguroso. Esto no solo garantizará una competencia más justa, sino que también reforzará la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.

Redacción

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Frigerio intervino el IOSPER por irregularidades y pérdidas mensuales de $2.000 millones

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.

Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.

El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.

Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.

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Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.

En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.

“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.

La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.

– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre

La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior, de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.

El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.

– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos

Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.

Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.

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