Córdoba | La Justicia Electoral inició el ESCRUTINIO DEFINITIVO y podría durar 10 días
En medio de la polémica por el escrutinio provisorio que mantiene tensa a la oposición, la Justicia Electoral avanzará con el conteo definitivo de los votos.
10 Years Experiences
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En medio de la polémica por el escrutinio provisorio que mantiene en tensión a Juntos por el Cambio y Hacemos Unidos por Córdoba, la Justicia Provincial iniciará este miércoles oficialmente el conteo definitivo de los votos de la elección a gobernador, vice, legisladores y Tribunal de Cuentas.
En un comunicado, el Tribunal Electoral Provincial anunció que dispuso que el escrutinio definitivo comience a desarrollarse el miércoles 28 de junio, a las 9, en el Salón de los Pasos Perdidos del edificio de Tribunales II, ubicado en Fructuoso Rivera 720, de la ciudad de Córdoba.
El Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba abrirá un expediente administrativo contra Ocasa, empresa responsable de la logística del escrutinio provisorio. Muy sospechosa la demora con boleta única de papel, como se dio vuelta y luego como prácticamente se detuvo la información.
La actividad de escrutinio finalizará el fin de semana. Según trascendió, el conteo durará al menos 10 días, por lo que el resultado final (si el proceso comienza este miércoles) podría estar listo para el sábado 8 de julio próximo.
De todas maneras, recién el miércoles cuando vean el ritmo que puede establecerse en el conteo oficial, sabrán si podrán tener los resultados antes. Para llevar a cabo esta tarea, el tribunal (integrado por los magistrados Marta Vidal, Jorge Namur y Leonardo González Zamar) dispuso que se conformen 10 mesas de validación y una mesa de incidencia.
Desde la Justicia aclararon, además, que el recuento provisorio de votos no tiene ninguna validez legal (“Es una ficción”, describió la fuente) ya que no está contemplado en la ley. Por eso, no sería posible accionar contra las autoridades por lo sucedido hasta hoy, ya que el conteo solo busca adelantar una fotografía del domingo, antes de lo que sucederá la semana que viene.
Desde la Justicia enfatizaron que están las actas y los certificados que sirven legamente para el conteo, y que llevan las firmas de las autoridades de mesa de cada uno de los más de 1478 colegios que participaron en la elección.
El intendente y precandidato a gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
En base a ellos (las urnas no se abren) se realizará el escrutinio definitivo, lo que definirá al nuevo gobernador, como así también la composición de la Legislatura provincial y la mayoría y minorías en el Tribunal de Cuentas, entre otras categorías.
En el escrutinio provisorio, Martín Llaryora, de Hacemos Unidos por Córdoba, quedó en 42,76 por ciento de los votos contra Luis Juez, de Juntos por el Cambio, con 39,76. La diferencia era de 3 puntos porcentuales (la diferencia es de 57.651 sufragios).
Luis Juez, senador y ex candidato a gobernador de Córdoba por Juntos.
En números, Llaryora sumó 822.057 votos mientras que Juez tiene 764.406.
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Alrededor de casi 30 comunas de la provincia de Córdoba denunciaron que arrastran atrasos en los pagos por más de $303.273.148 en el Programa de Atención Médica Integral para jubilados (PAMI), con demoras que superan los seis meses.
La deuda, según los afectados consultados, se suma a créditos impagos anteriores con farmacias y prestadores, y empieza a afectar la provisión de medicamentos y la continuidad de prestaciones básicas para jubilados y pensionados.
Los locales describen la situación como “insostenible”, luego de haber hecho reclamos formales y pedidos de intervención han quedado sin respuesta. La ausencia de respuestas públicas de quien es el director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) III de PAMI en Córdoba desde febrero de 2024, Marcos Patiño Brizuela, representando a La Libertad Avanza (LLA) y reemplazando a Olga Riutort. Es el responsable de la gestión de la obra social local junto al integrante del mismo bloque que maneja el sistema de medicinas por medio del poder judicial, Gabriel Bornoroni.
Los municipios cordobeses actúan como prestadores temporales del PAMI en zonas sin médicos de cabecera, atendiendo consultas médicas a jubilados en sus centros de salud. Por cada consulta, el PAMI paga unos $3.000. Esta espiral se agrava por problemas similares con farmacias en Córdoba, donde las deudas alcanzan miles de millones y amenazan cierres.
Desde el PAMI ya habían afirmado que “tanto la dispensa como la provisión de medicamentos” para sus afiliados “no corre ningún riesgo”. Según explicaron, el conflicto se originó a partir de un supuesto “malentendido” derivado de una comunicación interna del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, dirigido por Germán Daniele, en la que se señalaba que no estaban llegando las notas de crédito emitidas por los laboratorios.
Desde el PAMI aseguraron que el cronograma de pagos se viene cumpliendo con normalidad y precisaron que las liquidaciones se realizan regularmente durante la última semana de cada mes.
Un relevamiento preliminar sobre la situación financiera revela que, al menos en 29 comunas, la deuda acumulada asciende a $303 millones. Especialistas advierten que el monto podría duplicarse una vez que se incorporen los datos de más de un centenar de localidades que aún no han presentado o consolidado sus cifras.
Entre los casos más significativos aparece el municipio de Inriville, que encabeza el listado con una deuda estimada en $94.048.540. Le sigue Capilla del Monte, con compromisos impagos por $32.811.083. También figuran Serrano, con alrededor de $25 millones de adeudados; Pincén, con $22.472.231; y Charras, donde el monto pendiente alcanza los $11.349.049.
El rol de Bornoroni
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados y referente de LLA en Córdoba, es acusado por “no atender llamadas” de intendentes. Su estudio jurídico (Bornoroni y Asociados) influye en la gestión del PAMI provincial, con su socio Marcos Brizuela como titular local, lo que genera reclamos directos.
Su otro confidente es Andrés Bauzá, el hijo de Eduardo Bauzá, el exprimer jefe de Gabinete del expresidente Carlos Menem. Andrés es hoy el delegado provincial de la ANSES, pero no es el único cargo que Bornoroni obtuvo. A Cargo del PAMI local puso a Brizuela.
“Nos dicen que van a pagar a fin de mes, pero ya se acumulan seis vencimientos impagos. Si esto no cambia, cientos de farmacias podrían dejar de atender a los afiliados”, subrayó Germán Daniele, agregando que “el sistema está colapsado”.
Sin pagos, municipios podrían cortar atención a jubilados, rompiendo la red de salud primaria en pueblos remotos y afectando a los más vulnerables. Esto refleja un “descalabro” nacional de deudas del PAMI bajo el gobierno del presidente Javier Milei, con riesgos de quiebre en servicios esenciales.
La deuda
Anteriormente, en agosto del 2024, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba dió a conocer que el PAMI mantenía una deuda cercana a los $12.000 millones con las farmacias de la provincia.
Según Germán Daniele, la suma afectaba ya a casi 1.800 establecimientos distribuidos a lo largo del territorio provincial. “Esa deuda es real”, afirmó en su momento, y advirtió que la mora compromete la sustentabilidad de muchos prestadores locales.
“El que la está padeciendo es el jubilado, que va a su farmacia de barrio, de cercanía, y no encuentra la medicación porque la farmacia no puede reponer su stock porque la droguería le cortó la cuenta por falta de pago”, demandó Germán Daniele.
Aunque la deuda disminuyó $11.697 millones, el monto a saldar aún persiste, sobre todo para quienes son “PAMI dependientes”.
El intendente Mauricio Davico abrió, el pasado jueves 13, un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Gualeguaychú con un discurso atravesado por la reducción de tasas y la baja de la carga impositiva como principal marca de su gestión. En una intervención en la que también repasó obras, servicios y anuncios para 2026, el jefe comunal eligió colocar en primer plano el alivio al contribuyente, la administración austera de los recursos y la ejecución de inversiones con fondos municipales.
Desde el inicio buscó fijar ese encuadre. “Cuentas ordenadas, con inversión y con la menor carga impositiva posible para los contribuyentes”. Más adelante reforzó esa idea con otra definición de tono político: “Con total franqueza y seguridad puedo decirles que hoy tenemos un municipio económicamente ordenado. Sin excusas nos hemos adaptado a los nuevos tiempos austeros del gobierno provincial y nacional”.
El núcleo más fuerte del discurso pasó por la cuestión tributaria. Davico recordó que desde el inicio de su mandato el municipio eliminó cerca del 70% de las tasas existentes y sostuvo que esa orientación continuará durante este año. En ese marco, remarcó la reducción de la tasa sobre el consumo de energía eléctrica: “Esto implica que, en total, todos los contribuyentes van a ahorrar 2.000 millones de pesos”.
El intendente también anunció que en los próximos meses se implementará la boleta digital para las tasas municipales. “Este es el camino de la modernización y la digitalización del Estado”. Según explicó, esta medida generará un ahorro superior a los 100 millones de pesos anuales. Ese dinero será destinado específicamente a mejorar las calles.
También proyectó ese eje hacia lo que viene. “Seguiremos trabajando con esfuerzo para poder eliminar más tasas y bajar alícuotas que descompriman el bolsillo de los contribuyentes”.
En línea con la política austera que el gobierno nacional puso en agenda, el discurso intentó responder una objeción evidente frente a cualquier reducción de tasas: cómo sostener el funcionamiento del Estado mientras se aliviana la carga tributaria. “¿Cómo logramos eliminar tasas y a la vez adquirir equipamientos y hacer obras? Muy sencillo, cuidando la plata de los impuestos de los gualeguaychuenses”, señaló.
A partir de allí, el jefe comunal asoció la baja impositiva con una política de control del gasto y orden administrativo. Dijo que durante su gestión no se amplió la planta de personal municipal y destacó la implementación de controles biométricos para reducir ausentismo y mejorar la prestación de servicios. También aseguró que durante 2025 los salarios municipales superaron la inflación anual.
“No tenemos margen para descuidar los recursos del Estado. No estamos para obras sin sentido. Nuestro criterio es simple, enfocarnos en lo esencial”. Sobre esa base repasó distintas acciones en servicios públicos e infraestructura, entre ellas trabajos sobre el sistema de agua, obras cloacales, recambio de luminarias, modernización de la planta de asfalto y compra de maquinaria. “Son obras que muchas veces no se ven pero que mejoran la vida de los vecinos porque el voto de la gente nos puso acá para resolver problemas”.
Dentro del repaso de obras y equipamiento, Davico sostuvo que la inversión enmaquinaria superó los 2.187 millones de pesos y remarcó que fue realizada íntegramente con recursos municipales.
Otro pasaje con contenido político surgió al referirse a la reactivación de la obra hospitalaria, que atribuyó al compromiso del gobernador Rogelio Frigerio. En ese tramo, el jefe comunal apuntó contra una forma de hacer política asociada a anuncios prematuros y dejó una frase que recibió calurosos aplausos: “No va a haber inauguraciones por cadena nacional o para la foto o para la tribuna”.
El intendente también mencionó el avance hacia el dragado del río, el recupero de fondos de Salto Grande para obras en la ciudad y nuevos proyectos de infraestructura urbana.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este fin de semana un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles en centros de detención de la provincia. La iniciativa fue elevada hoy lunes a la Legislatura y apuntó a frenar estafas digitales, extorsiones y otras maniobras delictivas organizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta contempló además el bloqueo de señales dentro de los centros de detención y un control estricto por parte de la autoridad de aplicación. “Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, aseguró el mandatario, quien detalló que esas maniobras afectaron especialmente a los sectores más vulnerables y crecieron con fuerza en los últimos años.
Torres remarcó además que el sistema penitenciario tiene un costo fiscal sostenido por los contribuyentes y vinculó parte de estas maniobras con organizaciones que operaron desde contextos de encierro mediante el uso clandestino de celulares: “Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”.
Los reos no serán incomunicados, podrán hablar con familiares, defensores y autoridades, pero únicamente mediante sistemas habilitados por las instituciones pertinentes y no por medio de celulares.
UN PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que la propuesta “apunta a recuperar una normalidad que se alteró durante la pandemia. Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”.
El funcionario consideró que el aumento de este tipo de estafas convirtió al uso de celulares en cárceles en un problema de seguridad pública.
– “Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”. El video que compartió Ignacio Torres
En esa línea, el vicegobernador Gustavo Menna calificó al proyecto como “muy trascendente” y dijo que “apunta a atacar de raíz una problemática que incluye extorsiones, estafas y secuestros virtuales”. También explicó que, si bien ya existió una normativa general que restringió el uso de estos dispositivos, hubo interpretaciones diversas que en algunos casos favorecieron la continuidad de esas prácticas.
La autora del proyecto es la diputada provincial María Andrea Aguilera. Explicó que la iniciativa pretende prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para personas privadas de la libertad, al tiempo que garantizó comunicaciones en condiciones seguras. Esos contactos se realizarán en espacios habilitados, con horarios establecidos y mediante sistemas institucionales para la comunicación.
– María Andrea Aguilera
La legisladora recordó que Chubut “fue la primera provincia en sancionar una ley contra la ludopatía digital en jóvenes” y señaló que la provincia avanzó también en otros ámbitos vinculados al uso responsable de dispositivos tecnológicos: “Esta ley viene a sumar herramientas para combatir el ciberdelito y reforzar la protección de los ciudadanos”.
EL DETALLE
El proyecto estableció la prohibición del “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. A su vez, dispuso la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantizó el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660.
La normativa alcanzó a establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier otro lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de Chubut.
En caso de detectarse celulares u otros dispositivos prohibidos, el texto previó su decomiso inmediato y la confección de un acta con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias del hallazgo. Si existieran indicios de un delito, dispuso dar intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.
La iniciativa fijó además como obligación permanente de las autoridades responsables la aplicación de medidas estrictas de control y prevención para evitar el ingreso de dispositivos a los lugares de detención.
En cuanto al sistema de comunicación, la propuesta dispuso que las terminales institucionales habilitadas se configuren exclusivamente para llamadas de voz. Quedó expresamente prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.
Las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados. Además, el sistema llevará un registro de datos básicos de cada llamada, entre ellos la fecha, la hora, la duración, el interno solicitante, la terminal utilizada y el número de destino.
La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores
En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.
La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.
Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte
La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.
Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La respuesta del Estado Argentino
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.
Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal.El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.
Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.
El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, quien ocupa el cargo de Convencional Constituyente de la Provincia de Formosa, ha sido condenado por un tribunal de primera instancia por desmonte ilegal. El juez falló a favor del Gobierno de Formosa, ordenando que pague más de $101 millones, más intereses y costos judiciales.
Todo comenzó con una inspección del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que detectó cambios realizados sin los permisos ambientales correspondientes, dando a conocer una deforestación clandestina en tierras pertenecientes a Paoltroni. Esto significa dañar ecosistemas como selvas o monte nativo, clave para la biodiversidad y el cambio climático en el norte argentino.
“Hemos avanzado con algunas acciones administrativas vinculadas al senador Francisco Paoltroni, al intendente de la localidad de Las Lomitas, Atilio Basualdo, vinculadas a las infracciones”, destacó el ministro de la Producción y del Ambiente, Lucas Rodríguez.
Paoltroni no pagó la multa. Entonces, la fiscal de Estado, Stella Zabala, inició un juicio de ejecución para cobrarla forzosamente. Fue notificado varias veces y tuvo posibilidad de pagar voluntariamente, pero no lo hizo. El juez rechazó todos sus argumentos defensivos y confirmó la deuda.
Basualdo fue sancionado con multas que suman aproximadamente $1.025 millones. Las infracciones incluyen la remoción de 467 hectáreas en las inmediaciones de Pozo Molina, una región considerada de alto valor biológico por sus corredores, y otras 192 hectáreas en la zona del Quemado Nuevo.
En concreto, la indagación contra Paoltroni se originó por presuntas infracciones a la Ley provincial 1660 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, una normativa que surgió “con el fin de promover el desarrollo económico y social a través de la ocupación del espacio físico en forma armónica con la preservación de todos los recursos naturales, en particular de los bosques nativos”.
La defensa sostuvo que, por ser senador, Paoltroni no podía ser sujeto de ese procedimiento. El tribunal rechazó la excepción, afirmando que la inmunidad protege actos y opiniones vinculados a la función legislativa —votos, intervenciones en el recinto—, pero que “no es un salvoconducto para evadir sanciones ambientales”, económicas o responsabilidades civiles y administrativas.
Se alegó que la provincia no estaba legitimada para ejecutar la multa. La jueza consideró, en cambio, que el Estado provincial sí tiene competencia y facultad para aplicar y ejecutar sanciones por infracciones a la normativa ambiental local, y por eso desestimó la excepción.
La defensa planteó que la normativa que sostiene la multa sería inválida. El tribunal, tras analizarla, la declaró válida y ajustada a la Constitución, por lo que el argumento fue igualmente rechazado.
Según la resolución, los desmontes investigados constituyen un “cambio de uso de suelo” sin autorización y alcanzan superficies significativas en varias colonias de la provincia. En total, fue estimado por una “deforestación masiva” que afectó a 597 tierras repartidas en tres colonias de la provincia. Los trabajos fueron efectuados en 112 hectáreas en Colonia El Silencio, 7 en Colonia Brouchard y 478 en Colonia San Roque, zonas cercanas a Ibarreta y Subteniente Perín.
La defensa ya anticipó la intención de apelar la sentencia. Si hay apelación, la causa deberá ser revisada por instancias superiores. A su vez, la provincia puede avanzar con medidas de ejecución (embargos u otras medidas cautelares) para asegurar el cobro si la ley lo permite. La Fiscalía de Estado afirmó que defenderá la resolución en las instancias siguientes.
Historial judicial
La recopilación de casos que involucran al senador formoseño Paoltroni se conforma a partir de una combinación de investigaciones administrativas y expedientes judiciales. En pocos meses, su nombre quedó vinculado a denuncias por embargos judiciales y sospechas de irregularidades económicas relacionadas con su actividad agropecuaria.
Dados los procesos trascendidos, desde noviembre de 2025 comenzaron a aparecer otros expedientes que complicaron aún más su situación. Uno de ellos se tramita en la Justicia Federal y está vinculado a presuntas maniobras financieras relacionadas con la consignataria de hacienda “Ganaderos de Formosa”, empresa con la que Paoltroni opera en el negocio ganadero. Allí se investiga un supuesto fraude contra una sucursal del Banco Nación en Quitilipi, provincia del Chaco, por la emisión y endoso de cheques que luego habrían sido desconocidos. En ese expediente la Justicia también ordenó un embargo, cercano a los $134 millones.
Como consecuencia, la provincia aplicó sanciones económicas que en el caso específico de Paoltroni superan los $104, aunque forman parte de un conjunto de multas más amplio que alcanza cifras mucho mayores dentro de distintos expedientes. Las sanciones fueron derivadas a la Justicia para su ejecución cuando no fueron abonadas en el plazo establecido.
Además, se suman sospechas sobre su crecimiento patrimonial dentro del negocio ganadero. Algunas denuncias mencionan la posibilidad de compras de haciendas “en negro”, evasión impositiva y maniobras para blanquear animales en remates rurales. También se analizan operaciones de distintas sociedades agropecuarias vinculadas directa o indirectamente a Paoltroni, como Agroindustria de Formosa, CSI, El Divisadero o CONAGRI.
Desde su entorno sostienen que las sanciones y expedientes forman parte de una persecución política impulsada por el gobierno provincial del gobernador peronista, Gildo Insfrán. Por otro lado, las autoridades ambientales argumentan que las evidencias son fácilmente verificadas mediante imágenes satelitales del Sistema de Alerta Temprana (SAT).
Regresó a LLA
Paoltroni fue separado del bloque de LLA en 2024 por lo que los propios integrantes describieron como “diferencias irreconciliables”. En los hechos, una serie de críticas públicas a la conducción política y a decisiones estratégicas del sector terminaron rompiendo la convivencia interna y acelerando su expulsión, tachándolo de “impostor” e “impresentable”.
El choque se profundizó cuando Paoltroni cuestionó abiertamente al asesor y estratega cercano al presidente, Santiago Caputo y puso en tela de juicio decisiones relevantes, entre ellas la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, siendo este “parte de la casta”. Las crónicas documentables y las fuentes del propio oficialismo lo describieron como el punto de quiebre que justificó la medida.
“No estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de LLA”, subrayó una alta fuente del Poder Ejecutivo.
Paoltroni, en cambio, sostuvo que sus cuestionamientos eran legítimos y que incluso mantenía de igual forma su apoyo Javier Milei, por lo que reivindicó su espacio político y anunció luego la conformación de su propio espacio llamado, “Libertad, Trabajo y Progreso”.
Posteriormente, integraría su agrupación en una alianza con LLA donde fue Lule Menem —un operador de estrecha confianza de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei— quien gestionó su vuelta.
La relaciónentre Javier Milei y el multimillonario Eduardo Elsztain se selló bajo una absoluta opacidad financiera en el Hotel Libertador, propiedad del Grupo IRSA (propiedad del empresario). Durante más de 50 días, el mandatario ocupó una suite de lujo cuyo costo de mercado oscila entre los 360 y 450 dólares diarios, acumulando una cuenta que supera los 45.000 dólares.
Sin embargo, Milei sólo declaró pagos por montos inferiores, lo que la justicia electoral investiga como posibles dádivas o donaciones irregulares de un gran contratista del Estado. Elsztain, presidente de Banco Hipotecario desde 2009, no sólo puso el hotel; se sospecha que operó como el principal recaudador de aportes de campaña no declarados, acercando a los empresarios más poderosos del país para financiar el ascenso del fenómeno libertario bajo una estructura de aportes en la sombra.
Milei y Elsztain en una sinagoga.
La construcción del candidato
Este vínculo no fue una casualidad electoral, sino una inversión estratégica que comenzó en abril de 2023 durante el Foro Llao Llao. En la exclusividad de Bariloche, el empresario detectó en el candidato presidencial la herramienta para demoler el andamiaje regulatorio estatal y decidió sacarlo de los estudios de televisión para sentarlo en la mesa de los dueños del país.
Elsztain no sólo aportó logística, sino una validación institucional y espiritual clave, acercando al mandatario a la red de Jabad Lubavitch (movimiento del judaísmo ortodoxo) y sellando la alianza con el viaje al Ohel en Nueva York (santuario del Rabino Menachem Mendel Schneerson). La presencia de Elsztain en los balcones del Congreso durante la jura presidencial fue la imagen definitiva de una simbiosis donde el poder económico dejó de ser un actor externo para convertirse en el soporte central de la nueva administración.
Elsztain y los hermanos Milei en la tumba de New York.
Infiltración institucional y funcionarios “doble comando”
La influencia de Eduardo Elsztain en la estructura del Estado nacional se manifestó con claridad mediante el nombramiento de cuadros técnicos vinculados a sus empresas en puestos estratégicos dentro del Estado nacional. El caso más paradigmático fue la designación de Nicolás Pakgojz (actual legislador porteño) como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo responsable de gestionar más de 46.000 inmuebles públicos.
Pakgojz, quien se desempeñó previamente defendiendo proyectos inmobiliarios de IRSA, impulsó desde el Ejecutivo auditorías masivas para poner en venta o concesionar activos estatales, una política que beneficia de forma directa a los grandes desarrolladores, con Elsztain a la cabeza, lo que recuerda fuertemente a las operaciones realizadas durante las presidencias de Carlos Menem (a quien Milei considera un prócer), en las que se vendía empresas y propiedades del Estado a los empresarios amigos del poder.
A esta red se suman figuras como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, histórico abogado de empresas del Grupo IRSA, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, guía espiritual de Milei y estrechamente vinculado a la red de contactos del empresario.
Nicolás Pakgojz, el empleado de Elsztain devenido en empleado estatal y en Legislador Porteño.
El botín minero y el escudo del RIGI
Bajo la arquitectura legal del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Eduardo Elsztain ha consolidado un blindaje normativo por 30 años para sus apuestas más ambiciosas en el sector minero. El empresario, que supo financiar el ascenso de Milei, hoy capitaliza beneficios fiscales y aduaneros inéditos para proyectos como Hualilán en San Juan y El Quevar en Salta. Este último, un yacimiento de “plata pura”considerado unarareza geológica mundial, ha registrado un crecimiento en su valor de mercado de hasta el 370% en apenas un año.
Mientras el gobierno deroga leyes de tierras para facilitar la extranjerización y concentración de recursos, Elsztain activa “gigantes dormidos” con rentabilidades extraordinarias, asegurando que el Estado no pueda alterar las reglas de su negocio hasta mediados de siglo. Es la culminación de un ciclo: el mecenas que pagó la suite presidencial y el ascenso de Milei, ahora cobra los dividendos en onzas de oro y plata.
Yacimiento de plata “El Quevar”.
La Argentina S.A.
La vinculación entre Eduardo Elsztain y Javier Milei representa mucho más que una coincidencia de intereses temporales; es la manifestación de un proyecto de país donde el Estado renuncia a su rol regulador para convertirse en un facilitador de la acumulación de capital concentrado. A través de una simbiosis institucional que coloca a ex empleados de IRSA en puestos clave y una arquitectura legal diseñada para blindar negocios extractivos y financieros, se ha consolidado una nueva élite que desplaza a los sectores productivos tradicionales.
El éxito del modelo mileísta aparece así intrínsecamente ligado a la capacidad de estos grupos económicos para transformar las reformas en flujos de inversión privada, a menudo a expensas de una mayor concentración de la riqueza y de la erosión de los controles democráticos sobre el patrimonio de todos los argentinos. En definitiva, el mecenas del Hotel Libertador ha logrado convertir su apoyo logístico y espiritual en un estatuto de privilegioestatal que redefine los cimientos de la economía nacional.
La Cámara alta provincial avanzó con un proyecto que incorpora la actividad al Código de Convivencia y habilita sanciones, arrestos e intervención policial.
La destrucción del empleo formal golpea con fuerza a los sectores más intensivos en mano de obra. La sobreoferta de choferes y repartidores empuja a la baja la rentabilidad por viaje o pedido.
En la apertura de sesiones, el intendente entrerriano aseguró que los recortes de alícuotas implicarán un alivio de $2.000 millones para los contribuyentes y sostuvo que la implementación de la boleta digital liberará más de $100 millones anuales, que serán destinados a mejorar calles.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
