Córdoba | Juntos busca la unidad para ganar el 2023
El diputado Rodrigo de Loredo junto al senador Luis Juez, van encaminando la unidad de Juntos en Córdoba.
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Lo dice la marcha peronista en una de sus frases más conocidas: “Juntos y unidos triunfaremos”. Una afirmación, dicen los opinólogos actuales, se ha vuelto mandataria para casualmente los principales rivales del peronismo en Córdoba: Juntos por el Cambio (JxC).
En sus recorridas televisivas, el senador Luis Juez ha tratado de concientizar puertas adentro que si no van unidos a las elecciones es muy probable que la coalición opositora sea nuevamente derrotada. En la provincia y la Municipalidad la partida se juega a un solo tiempo, no hay segundo y ballotage por lo que si la propuesta se atomiza la división de los votos puede ser definitiva. La elección del año que viene promete ser bastante reñida.
El senador Luis Juez es el principal precandidato a gobernador por Córdoba, desde la alianza de Juntos
Si bien Martín Llaryora lleva sobre sus espaldas el cansancio lógico de décadas de un mismo partido gobernante y falencias importantes en áreas vitales para el bienestar de los votantes como son salud, educación, seguridad y justicia. También es cierto que las monumentales obras realizadas y una hasta ahora bastante buena gestión municipal, le juegan muy a favor, emparejando posibilidades con un cambiemos que si se divide la puede tener bien complicada.
Y la tiene bien complicada. Hasta ahora en Córdoba prácticamente nunca, Juntos por el Cambio logró ir unido, ni siquiera en el rutilante 2015, donde Ramón Mestre se borró de la lista de aportantes para la Gobernación y luego Luis Juez, pateó el tablero de formando una alianza con Olga Ritourt, una jugada que todavía hoy le juega en contra de sus posibilidades y todavía ni él mismo consigue dar una explicación razonable.
El diputado Rodrigo de Loredo buscaría realizar una alianza con el senador Luis Juez para unir la oposición en la provincia
Los genes divisionistas son muy fuertes, la escasa cantidad de afiliados y la falta de práctica en cuestiones básicas de la democracia como las internas, los liderazgos genuinos y la participación ciudadana, hacen que los dirigentes de Cambiemos deban apelar por enésima vez a la “rosca”, mesas chicas y encuestas para dirimir candidaturas, lo que le deja una gran ventana a los comandos peronistas para introducirse y hacer implosionar los sueños electorales de JxC.
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El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.
Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”.
La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.
La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.
Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”.
Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”.
EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN
El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes.
Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios.
La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.
Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismologró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.
El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.
Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal. Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.
Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.
Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es unórgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.
La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título “sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.
Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó unadenuncia judicialpara declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.
En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.
En pleno debate por el Presupuesto 2026, el correntino Lisandro Almirón celebró un listado de rutas y obras para su provincia como un logro del oficialismo. La oposición le marcó en el recinto que leyó el dictamen de minoría de Unión por la Patria.
Otro hecho consumado entierra aún más la imagen de la libertaria y diputada nacional, Lorena Villaverde. Se trata de una nueva demanda en Las Grutas que continúa socavando la imagen de la congresista con presuntos vínculos con el narcotráfico.
