18 abril, 2025

Concejal de JxC percibe DOS SUELDOS del Estado en simultáneo

La concejal de Luján asumió como "directora general de Conservación del Paisaje Urbano" del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero nunca renunció a su dieta. Desembolsa casi $500 mil mensuales.
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Insólitamente, la presidente y concejal de la Unión Vecinal y titular del interbloque Juntos Luján, Rita Sallaberry, se mostró recientemente preocupada por el destino del dinero público. “Se puede gestionar sin matar a impuestos a la gente”, aseguró, compungida, en una visita a la localidad de Campana, en la que compartió reuniones con el intendente Sebastián Abella.

A pesar de sus dichos y de la preocupación expresada, según la base de datos de ANSES, Sallaberry percibe dos salarios en simultáneo en el estado, en dos ciudades distintas, cometiendo una grave irregularidad ética y legal. En efecto, la ex precandidata a intendente de Luján se encuentra cobrando un jugoso sueldo de la municipalidad local, por 132.165 pesos mensuales, a los que se le suman 318.104 pesos mensuales por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sallaberry, quien a pesar de haber triunfado en las internas tuvo problemas en obtener el apoyo de la Juventud Pro y la Juventud Radical, cumple la función de responsable de la dirección general de Conservación del Paisaje Urbano, dependiente de la subsecretaría de Paisaje Urbano porteña. Su área se encuentra bajo la órbita del jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Felipe Miguel.

En forma simultánea, Sallaberry estaría cobrando otros 132.165 pesos como concejal en Luján en representación del interbloque Juntos Luján. Su mandato, asumido en el 2021, terminará recién durante las últimas semanas del 2025. La posición de la dirigente de Juntos por el Cambio promete despertar polémica, dado que estaría en contraposición a las normas que establecen conflictos de intereses.

De acuerdo a la ley, “las incompatibilidades administrativas se configuran por el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos; o por percibir -al mismo tiempo- una retribución del estado y un haber provisional, o por litigar contra el estado nacional en favor de intereses de terceras personas”.

Si bien la ley establece excepciones, las mismas no coinciden con los roles de Sallaberry. En efecto, se trata de actividades de docencia (con particularidades que deben analizarse en cada caso) y actividades relacionadas con el arte de curar, como la medicina, farmacia, odontología y enfermería, entre otras.

De este modo, la concejal de Luján y funcionaria del gobierno porteño, la dirigente de Juntos por el Cambio se encuentra infringiendo la ley. A pesar de la polémica y los conflictos de intereses, el casi medio millón de pesos mensuales podrían justificarlo todo.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Movimiento Plural confirmó que se presentará en las elecciones de CABA pero rechazó alianzas

El partido Movimiento Plural, liderado por Marcelo Peretta, emitió un comunicado de en el que anunció su decisión de no unirse a alianzas con otras fuerzas. Explicó que prefería diferenciarse de “los partidos tradicionales añosos, que son responsables, por acción u omisión, de que la ciudad esté sucia, insegura, con alto desempleo y mala atención de la salud”. Sostuvo que su principal interés es “beneficiar directamente a los porteños, no a los partidos”.

La fuerza confirmó que competiría en las elecciones porteñas del 18 de mayo de 2025 bajo el sello Remedios para CABA (RPC) y presentó diez “remedios” enfocados, entre otros puntos, en recuperar la cultura del trabajo, fortalecer la seguridad, salir de la especulación financiera y bajar impuestos para impulsar al sector privado. El comunicado tiene las firmas de Mariana Funes (presidenta del Congreso Partidario) y Marcelo Peretta (candidato a legislador).

Desde el partido explicaron que el 19 de marzo vencían las inscripciones para conformar frentes electorales entre los cerca de 80 partidos habilitados en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día, las fuerzas que deseaban unirse debían presentarse para ser publicadas luego en un listado oficial. Aclararon que, al no buscar alianzas, Movimiento Plural aparecería más adelante, ya que el plazo para anotar candidatos individuales se extendería hasta el 29 de marzo. Señalaron, además, que mucha gente se había afiliado y que quisieron brindar certeza sobre su participación y el sello bajo el cual se presentarían.

El costo de los medicamentos constituyó el eje central de la campaña. Según la información divulgada, varios laboratorios controlaron gran parte de la producción, lo cual elevó los precios de los remedios, particularmente para los jubilados con bonos desactualizados. El gobierno nacional anunció un plan para abaratarlos mediante la producción local de drogas de alto impacto, aunque Peretta aseguró: “el gobierno miente, lo anunciado representa un mercado mínimo de la canasta de medicamentos”. También afirmó que “hay que apuntar a los productos masivos que son los que consumen la mayoría de los pacientes” y criticó la burocratización del sistema gratuito de PAMI.

Con todo, Peretta prometió presentar proyectos concretos en la Legislatura para enfrentar el aumento de los medicamentos. Así, el Movimiento Plural dejó asentado que se presentaría en las urnas de manera independiente el 18 de mayo bajo una nueva estructura y con propuestas dirigidas a marcar distancia de los partidos tradicionales.

Redacción

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LLA presentó un proyecto para licenciar a Espinoza tras su elevación a juicio por abuso sexual

El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza presentó un proyecto para que el intendente, Fernando Espinoza, tomara licencia luego de que la Justicia confirmara la elevación a juicio oral y público de la causa en la que lo acusaron de abuso sexual simple y desobediencia. La denuncia se originó cuando su exsecretaria, Melody Rakauskas, lo denunció por hechos ocurridos mientras trabajaba en la secretaría privada del municipio. Según la causa, Espinoza también habría incumplido una orden judicial de restricción al contactar supuestamente a Rakauskas a través de su expareja, Gustavo Cilia, un allegado al jefe comunal.

– Melody Rakauskas, la víctima de Espinoza

La edil libertaria Lorena Ramos señaló que se le solicitará al burócrata que “se tome licencia, o la suspensión preventiva hasta que la situación legal se aclare. Esperamos que los concejales opositores y también oficialistas nos acompañen. Es una facultad establecida en el artículo 247 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”. Ese artículo indica que “el Intendente, cuando incurra en transgresiones, será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”. Sin embargo, el artículo 248 de la misma norma estipula que la suspensión preventiva procede únicamente si existe prisión preventiva, o la destitución se aplica tras una condena firme por delito doloso, situación que no se daba en el caso de Espinoza.

La propuesta de LLA requería para su aprobación el respaldo de dos tercios de los 24 concejales del cuerpo, 13 de los cuales respondían al intendente. De prosperar, el reemplazo recaería en quien figuró primero en la lista del jefe comunal; en este caso, se trataba de la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Yambrún. El trámite legislativo contemplaba la conformación de una comisión investigadora con representantes de todos los bloques, un período de defensa para Espinoza y la elaboración de un informe final, para luego convocar a una sesión especial donde, nuevamente, se necesitarían dos tercios de los votos. La próxima reunión del Concejo quedó pautada para el 15 de abril.

– La concejal de LLA, Lorena Ramos

Rakauskas celebró la decisión de la Justicia de elevar la causa a juicio y cuestionó la actuación de dos fiscales, a quienes acusó de haberla atacado durante la investigación: “Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Estoy muy feliz. Tengo algo de justicia”.

El año pasado, cuando Espinoza fue procesado por la denuncia de Rakauskas, los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda ya habían impulsado sin éxito iniciativas para que el intendente se apartara del cargo. La fuerza opositora presentó un pedido de licencia formal, mientras que el Frente de Izquierda propuso crear un protocolo específico contra la violencia de género y reclamó la intervención de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades.

– EL COMUNICADO: “El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza presentará un proyecto para que Fernando Espinoza sea suspendido de manera preventiva hasta que su situación judicial se regularice. Gastan millones de pesos en el Ministerio de la Mujer, pero son ellos los primeros en cometer los peores delitos contra ellas. Hipocresía al palo”.

En el peronismo de La Matanza se generó tensión interna. “Hay un revuelo impresionante y sectores del propio oficialismo pidiendo por la licencia. Hacia afuera, el espinozismo sigue planteando que no lo va a hacer”, sostuvo un dirigente matancero. Otro referente subrayó que “no corresponde (que se aparte al intendente). Ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni los reglamentos lo dicen expresamente. Se requiere condena firme; aquí solo hay procesamiento y elevación a juicio. Este caso es un escándalo”. El exconcejal y exdiputado nacional Fernando Asencio agregó: “Legalmente, no tiene por qué correrse. La Ley Orgánica de las Municipalidades lo avala hasta que tenga condena firme. Pero, moralmente, yo me apartaría para ser juzgado”.

Mientras tanto, trabajadores municipales de la salud intensificaron sus reclamos con un “ruidazo” en el Policlínico de San Justo para exigir mejoras en sus salarios, que, según denunciaron, rondaban los $400.000. Un informe del Instituto de Estudios y Administración Local (Ideal) indicó que La Matanza destinaba alrededor del 24% de su presupuesto al pago de sueldos.

Redacción

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Caso $Libra | Maniobras cruzadas, internas en la UCR y pulseada con Martín Menem 

La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.

Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.

A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.

Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.

Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.

Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.

Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).

El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.

Redacción

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Frigerio anuló 770 “contratos truchos” y exigió recuperar los millones de pesos robados por la corrupción peronista

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.

La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.

Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.

– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares

Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.

El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.

El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.

En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.

Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.

Redacción

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Ramiro Marra lanzó su candidatura en CABA | “Estoy para ganarle al kirchnerismo”

El legislador Ramiro Marra anunció que competiría en las elecciones legislativas del 18 de mayo para renovar su banca en la Ciudad de Buenos Aires, luego de ser expulsado de La Libertad Avanza (LLA). El lanzamiento se dio a conocer ayer cerca del cierre del plazo para presentar listas. 

Marra explicó que se presentaría con el sello de la UCeDe, conducida en la Ciudad por Andrés Passamonti, y que adoptaría la denominación Libertad y Orden. Según señaló en un comunicado, eligió la UCeDe por considerarla un “ícono del liberalismo argentino que impulsó las reformas económicas más importantes de las últimas décadas”. El economista afirmó que “fue clave para transformar la Argentina. Hoy, cuando el país necesita volver a ese camino, me siento orgulloso de formar parte de este proyecto en la Ciudad”.

“EL KIRCHNERISMO NO ES OPCIÓN”

Pese a su polémica expulsión del partido que ayudó a fundar desde sus inicios, el dirigente ratificó que seguiría respaldando la gestión económica de Javier Milei, “especialmente el superávit financiero, el fin de la emisión y el coraje para cortar con los intermediarios de la política”. También recalcó su adhesión a la “batalla cultural” impulsada por el oficialismo nacional.

El anuncio de su candidatura incluyó fuertes críticas a la situación actual de la Ciudad. Marra prometió “recuperar la calle” y expuso problemas como la “cantidad de gente que anda dando vuelta en mal estado” y la proliferación de “villas que esconden narcotraficantes”. A su vez, planteó reformar el código contravencional para prohibir que se duerma en la vía pública y expulsar a “quienes vengan de la provincia” si no cumplen con las normativas porteñas. “Se terminó la joda”, declaró en relación con las personas que, según su visión, no respetan el espacio urbano.

También cuestionó la falta de acciones de los gobiernos porteños para controlar la ocupación del espacio público. “Larreta dice que hay olor a pis, pero en la gestión de él también había olor a pis, y tampoco dice cómo lo va a solucionar”, sostuvo, retomando la frase utilizada por Horacio Rodríguez Larreta tiempo atrás para lanzar su propia candidatura por fuera del PRO. Además, criticó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, por no frenar los piquetes y las tomas de espacios públicos.

El candidato insistió en que su principal objetivo es ganarle al “kirchnerismo” y aseguró que no buscaba confrontar directamente con La Libertad Avanza: “No encontré algo en contra mío de Karina Milei, yo me enteré (de la expulsión) por un tuit y no quiero entrar en un conflicto”.

En sintonía con su línea de campaña, Marra aseguró que se posicionaría “a la derecha” de Nayib Bukele, presidente de El Salvador con un enfoque de “mano dura” que ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos. El candidato porteño sostuvo que “la libertad sin orden no existe” y consideró prioritario combatir la delincuencia y la ocupación indebida de la vía pública. Mantuvo, además, su determinación de “defender la propiedad privada y terminar con el progresismo que avala la ilegalidad”.

De esta manera, Marra se postuló para renovar su banca a partir de las elecciones de medio término de 2025 bajo la lista Libertad y Orden de la UCeDe. “Durante meses muchos me preguntaron qué iba a hacer. Hoy lo dejo claro: voy a seguir peleando por las ideas de la libertad. Estoy con más fuerza y más decisión que nunca para dar esta pelea”, concluyó.

Redacción

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Torres denunció a un juez por obligar a la obra social de Chubut a cubrir una cirugía de cambio de sexo

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció este jueves que el Estado provincial denunciaría al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por ordenar a la obra social provincial Seros que cubriera el 100% de una cirugía de cambio de sexo. El mandatario consideró que el fallo “pone en riesgo al sistema de salud” y definió al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante”.

Según detalló Torres, la intervención quirúrgica demandaría “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”. El gobernador explicó que, al asumir, encontró a Seros con un déficit de más de 6.000 millones de pesos y que, para su gestión, el fallo del juez Huaiquil “no tiene por qué ser cubierto” por la obra social. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, señaló.

Torres remarcó que no permitiría que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”, y adelantó que haría “un cruce con todos los amparos presentados y los fallos que nos obliguen a cubrir prestaciones que no tiene por qué cubrir nuestra obra social”. Entre los puntos que el magistrado ordenó cubrir se incluyeron “feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula, transferencia de grasa facial, más toda la cobertura sanatorial y honorarios médicos”.

“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones”, puntualizó el mandatario provincial. “Desde el día uno de gestión les dije que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar todas las peleas que sean necesarias de cara a la ciudadanía”, agregó.

No es la primera vez que el Poder Judicial ordenó a Seros cubrir una cirugía de readecuación corporal. En septiembre de 2021, el juez de Familia de Trelew, Daniel Manse, resolvió que la obra social debía brindar cobertura a un adolescente trans de 17 años, luego de que el joven presentara un recurso amparado en la Ley 26.743 de Identidad de Género.

Esa ley ordena la inclusión de los tratamientos de adecuación de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, en febrero pasado, el Gobierno anunció la prohibición de tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en menores de edad, derogando los artículos que permitían a los menores modificar su nombre, sexo y someterse a cirugías de este tipo. Desde entonces, “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, precisaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Dentro de las operaciones afectadas se incluyeron procedimientos como mastectomía, vaginoplastia, faloplastia y otras intervenciones de adecuación de género.

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