En el Boletín Oficial de este martes se publicó la Resolución 144/2020, la cual lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Allí se anuncia la creación del “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”.
El “ciberpatrullaje” comenzará a implementarse en Argentina e integrará a las cuatro fuerzas federales. Las mismas dispondrán de 20 días para amoldarse a la nueva normativa.
Según se indica en el texto, se entiende como “fuentes digitales abiertas” a “los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas, conforme lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus normas reglamentarias”.
Al mismo tiempo, se aclara que “los principios, criterios y directrices generales del Protocolo General serán de aplicación subsidiaria, en lo pertinente, a las tareas de investigación criminal que realizan los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad como órganos auxiliares de la justicia, en tanto impliquen una doctrina compatible con las instrucciones que impartan los magistrados y permitan su mejor ejecución”.
Entre los delitos a los que deberá adaptarse la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval se encuentran, principalmente, aquellos que corresponden a la “comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente; y a los ataques informáticos a infraestructura crítica —especialmente a hospitales y a centros de salud”.
El anexo de la resolución sobre ciberpatrullaje, también incluye como objeto de las tareas de prevención policial las “posibles conductas delictivas cuyo medio comisivo principal o accesorio incluya la utilización de sistemas informáticos con el fin de realizar acciones tipificadas penalmente como la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y terrorismo; conductas que puedan comportar situaciones de acoso y/o violencia por motivos de género, amenaza y/o extorsión de dar publicidad a imágenes no destinadas a la publicación; y delitos relacionados con el grooming y la producción, financiación, ofrecimiento, comercio, publicación, facilitación, divulgación o distribución de imágenes de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes“.
Entre los considerando de la resolución también se estipula que la ministra de Seguridad coordinará una Mesa Consultiva que se reunirá cada dos meses (en tanto y en cuanto continúe la emergencia sanitaria), para controlar la aplicación de las reglas del Protocolo General.
