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Los bonos argentinos finalizaron la jornada financiera el día de ayer con una caída general tras el discurso de la vicepresidentaCristina Kirchner, quien dijo el miércoles pasado que la Argentina “no tiene plata para pagar la deuda”. El riesgo país cerró con una suba y quedó estacionado en los 1.574 puntos, 52 unidades más que en la jornada anterior.
“No estamos diciendo de no pagar la deuda. Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”, agregó.
Las palabras de la vicepresidente hicieron referencia a las negociaciones con el FMI, y en plena misión del ministro de Economía Martín Guzmán en los Estados Unidos.
Entre los bonos con retrocesos más evidentes fueron losGlobales 2035, que finalizó el miércoles con una caída de 2,72%, por lo que su valor se acercó a los 30 dólares por cada 100 nominales. Por su parte, el GD2030 perdió 2,46% y finalizó la jornada en USD 34,29. En tanto que el Global 2029 cedió 2,9 por ciento.
Entre las acciones, el ADR de YPF resignó 2,4%, a USD 410, Grupo Galicia restó un 2,9%, y Mercado Libre retrocedió un 4,1%. En una rueda con predomino de bajas (de hasta 7%, como en el caso de Banco Supervielle, y de 6% para Despegar), destacaron las ganancias para Tenaris (+3,8%) y Ternium (+2,3%).
En este marco, el riesgo país hecho por el Banco JP Morgan volvió a mostrar otra suba. El indicador ajustó un 0,85% durante la jornada, por lo que quedó en 1.535 puntos básicos. Hace dos semanas había tocado un pico de 1.647 unidades, récord desde la resolución del canje de deuda en septiembre del año pasado.
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Carola Laner, diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, representando a la ciudad de Concordia, y presidiendo la importante Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, expresó su preocupación por la situación de la delincuencia y advirtió que “es el peor mensaje que le podemos dar a nuestra sociedad”, en una nota con Eduardo Prestofelippo —más conocido como El Presto—, en Canal EY!
“La ‘puerta giratoria’ empodera únicamente a los delincuentes”, afirmó Laner, agregando: “Es el mensaje de que podemos robar el dinero de todos y que los juicios pueden demorar años.”
El proyecto más destacado y representativo de Laner es su iniciativa para incorporar la figura de “reiterancia delictiva” como criterio para la prisión preventiva en el Código Procesal Penal de Entre Ríos. Presentado el 20 de mayo de 2024, esta iniciativa busca establecer una distinción clara entre reiterancia y reincidencia.
“La reiterancia es la conducta delictiva repetida en el tiempo. Mientras que la reincidencia es aquella persona que ha reiterado en el delito y se produce cuando una persona comete un delito después de una sentencia definitiva”, explicó Laner, algo que se sostiene viendo las estadísticas en Concordia, por ejemplo, de 1.000 detenciones, el 70% corresponden a delincuentes reiterantes.
La diputada provincial Gabriela Lena (Juntos por el Cambio) se refirió a la polémica generada por la postulación de Francisco Azcué a la presidencia del Comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR). La legisladora lamentó la decisión que dejó fuera de competencia al intendente de Chajarí y explicó que, a su entender, se perdía la oportunidad de “mostrar una cara nueva, distinta, una renovación” en la conducción partidaria. Además, se expresó respecto de un posible acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), dejando en claro que la determinación final quedará en manos del Congreso de la UCR.
En diálogo con medios de Entre Ríos, Lena aseguró que la situación que afectó a Azcué “cayó mal porque más allá de que siempre la carta orgánica puede tener interpretaciones diferentes, como cualquier ley, nosotros considerábamos que reunía los requisitos para poder ser presidente y además era una manera de mostrar que una persona joven, un intendente de una ciudad emblemática para la provincia y para nosotros tenía ganas de ponerse el Comité provincial, el partido, al hombro que no es cualquier cosa, porque es una carga pesada. Considerábamos que era mostrar una cara nueva, distinta, una renovación, y obviamente que esta decisión del Tribunal Electoral de nuestro partido y de la Justicia no fue satisfactoria”.
En la misma línea, reconoció que “estaba en los cálculos que podía suceder o no, porque es afiliado desde hace mucho más tiempo, de su antigüedad en la afiliación al partido la tenía. De hecho, en las elecciones anteriores de hace dos años él participó como congresal, donde también necesitaba antigüedad y nunca se reclamó ese requisito. Es decir que hay como cuestiones bastante ambiguas dentro de nuestro partido”.
Al responder a la postura de Alejandro Carbó, la diputada sostuvo: “La carta orgánica es para interpretar, pero además teníamos dentro del partido todas las herramientas como se había planteado en el Tribunal Electoral para que esto se resuelva en los órganos partidarios y en el Congreso partidario. Hubiera sido bueno que esto no llegue a la Justicia, sino que se resolviera dentro del partido”.
Respecto de la resolución judicial, Lena fue contundente: “En lo judicial el conflicto está resuelto, habrá que hacer los corrimientos que se necesitan y ver, de acá en adelante, cómo se sigue porque este era un Comité de consenso, donde se había consensuado una figura a presidente y a partir de allí se habían integrado los nombres con distintas vertientes del partido para dar una muestra de unidad. Pasó esto y hay que ser respetuosos de la decisión de un tribunal, no sé qué actitud tomarán los apoderados de la lista, si se apelará o no”.
La diputada también expresó su pesar por el desenlace: “Siento un tremendo dolor porque no es fácil conseguir personas que tengan ganas de ponerse esto al hombro y que sean innovadoras para el partido. Con esto no se estaba haciendo nada que esté en contra de nuestra carta orgánica, pero si así fuera tendremos que reverla, reformarla quizás, para que estas cosas no vuelvan a pasar, son enseñanzas que tenemos que tomar para ver de qué manera esto no vuelve a pasar dentro de nuestro partido”.
En relación con la nueva conformación de la lista, señaló: “Alicia Oviedo, intendenta de Federal, es vicepresidenta primera en la lista de unidad y al tener un corrimiento quedaría ella como presidenta”.
Sobre las críticas que calificaban a Azcué como un brazo de Rogelio Frigerio dentro de la UCR, Lena aclaró: “Nosotros somos una alianza que confluye dentro de Juntos por Entre Ríos, él es un intendente que llegó a la intendencia en Juntos por Entre Ríos, yo soy una diputada radical, pero estoy dentro de Juntos por Entre Ríos. Nuestro partido integra una alianza, pero tiene sus autoridades, su propio pensamiento y de hecho es importante que lo sigamos manteniendo, pero sí preservar esta coalición electoral donde hoy somos gobierno y compartimos las acciones de gobierno”.
Consultada acerca de un posible acuerdo con La Libertad Avanza, señaló que no se está definiendo formalmente en este momento: “Nosotros no lo estamos discutiendo todavía, hay posiciones encontrada a veces y sólo personales, pero en cuanto a la decisión de qué vamos a hacer, somos respetuosos y será el Congreso el que decidirá. Hasta ahora, son todos comentarios, no hay nada serio, ni ninguna conversación firme respecto de lo que pueda pasar”.
Agregó que, en la Legislatura provincial, el bloque de LLA no actúa de forma homogénea: “Dentro de la Cámara, de los cinco diputados que ingresaron por La Libertad Avanza son cuatro bloques diferentes, es decir que las posturas ni siquiera son comunes entre ellos. La diputada (Liliana) Salinas nos ha acompañado en las decisiones y las leyes importantes que se han tratado”.
Finalmente, Lena aseguró que, a pesar de las diferencias, el diálogo con el peronismo no se ha roto: “Las relaciones nunca estuvieron mal, discusiones hay siempre, diferentes criterios tenemos siempre, diferentes puntos de vista tenemos siempre, pero nunca se perdió el diálogo y eso es lo importante, y por ahí va el sentido de cómo se debe gobernar y cómo se debe llevar adelante una provincia compleja como ésta, nunca perdiendo el diálogo con los que opinan diferente y buscando aquellos puntos de coincidencia para seguir avanzando”.
Joaquín De la Torre abandonó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la provincia de Buenos Aires y decidió conformar un monobloque, aunque aseguró que seguiría alineado con Javier Milei en el plano nacional. Su salida respondió a las diferencias con el armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja, y marcó un cambio en la composición de la Cámara alta, donde el bloque libertario quedó ahora con cuatro miembros.
Desde el entorno de De la Torre aclararon que “no se siente representado por las decisiones que se están tomando en cuanto al armado provincial, pero en lo nacional sigue alineado con el gobierno de Javier Milei”. En tanto, desde la bancada libertaria minimizaron el impacto de su alejamiento al sostener que la relación legislativa con el exalcalde “fue ‘muy buena’” y atribuyeron la ruptura a diferencias con el rumbo provincial del partido. De la Torre, por su parte, negó conflictos con Karina Milei, pero reconoció la tensión con Pareja y también con José Luis Espert, a quien el Presidente promovió como candidato a diputado nacional.
La relación del exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal con el oficialismo libertario había sufrido roces en mayo del año anterior, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, echó a Pablo De la Torre —hermano de Joaquín— de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por una denuncia de retención de 5 millones de toneladas de alimentos sin distribuir. El gobierno avanzó entonces con una denuncia penal. A pesar de esos conflictos, De la Torre permaneció algunos meses más en la bancada de LLA, hasta que finalmente se alejó por las discrepancias con el armado bonaerense.
Paralelamente, surgieron detalles sobre una presentación del municipio de San Miguel —bajo la órbita de De la Torre— por una deuda del Ejército en tasas impagas de Campo de Mayo que ascendió a más de 650 millones de pesos. Ese reclamo alcanzó al Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, con una intimación de pago y posible remate de predios.
El bloque libertario en el Senado provincial quedó integrado por Curestis, Arietto, Reich y Riva. Una bancada aparte, compuesta por tres senadores que también se identificaron con el nombre de La Libertad Avanza pero que no respondieron al Gobierno nacional, se mantuvo en el recinto como otro espacio diferenciado. Al mismo tiempo, De la Torre pasó a ser el único representante de su monobloque. Así, el mapa de la Cámara alta bonaerense quedó conformado por 21 bancas de Unión por la Patria, 9 del PRO, 8 de la UCR + Cambio Federal, 4 de LLA1, 3 de la otra bancada libertaria y la monobanca de De la Torre.
En la Cámara de Diputados, en tanto, el exsecretario de Seguridad de San Miguel, Juan José Esper Zamar, continuó por el momento en el bloque libertario que conduce Agustín Romo, sin replicar la determinación de su referente político. De la Torre confirmó, además, que no competiría en los comicios de medio término de 2025: “En San Miguel, nuestro grupo tiene como regla no dar reelección a los cargos legislativos y tengo que dar el ejemplo. Vamos a aspirar a que San Miguel siga teniendo una representación, pero no voy por la reelección”.
El exintendente explicó que esa decisión respondía a su proyecto local y añadió: “Creemos que tenemos una historia y que, si la elección es desdoblada, tenemos cosas para decir y mostrar, como nuestros sistemas de seguridad y de primera infancia. Eso lo vamos a sostener y seguramente intentaremos desde lo local construir una fuerza que permita que los bonaerenses discutan temas provinciales. Estamos dispuestos a dar esa discusión, creyendo que la provincia debe ser reconstruida desde lo local hacia lo provincial”.
De la Torre, exintendente de San Miguel y dirigente que en su carrera política pasó por el massismo, el macrismo y el kirchnerismo, había llegado al Senado bonaerense en 2021 bajo la lista de Juntos, encabezada por Facundo Manes. Posteriormente se distanció de ese espacio debido al acuerdo entre el sector cambiemita y el peronismo por el pliego de Federico Thea para el Tribunal de Cuentas, y en 2023 fundó su monobloque Derecha Popular. Sin embargo, en marzo de 2024 se sumó a la bancada libertaria que presidía el senador Carlos Curestis, junto con Florencia Arietto, Betina Riva y Daniela Reich.
De esta manera, La Libertad Avanza perdió a uno de sus alfiles en la Cámara alta bonaerense, que quedó con cuatro senadores afines al Gobierno de Javier Milei y diferentes expresiones liberales divididas en otros bloques. Pese a la ruptura, De la Torre insistió en que mantendría su respaldo nacional a la gestión presidencial, al tiempo que buscó reforzar su influencia territorial a través de la experiencia adquirida en San Miguel.
El bloque de La Libertad Avanza en el ConcejoDeliberante de LaMatanza presentó un proyecto para que el intendente, FernandoEspinoza, tomara licencia luego de que la Justicia confirmara la elevación a juicio oral y público de la causa en la que lo acusaron de abuso sexual simple y desobediencia. La denuncia se originó cuando su exsecretaria, Melody Rakauskas, lo denunció por hechos ocurridos mientras trabajaba en la secretaría privada del municipio. Según la causa, Espinoza también habría incumplido una orden judicial de restricción al contactar supuestamente a Rakauskas a través de su expareja, Gustavo Cilia, un allegado al jefe comunal.
– Melody Rakauskas, la víctima de Espinoza
La edil libertaria Lorena Ramos señaló que se le solicitará al burócrata que “se tome licencia, o la suspensión preventiva hasta que la situación legal se aclare. Esperamos que los concejales opositores y también oficialistas nos acompañen. Es una facultad establecida en el artículo 247 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”. Ese artículo indica que “el Intendente, cuando incurra en transgresiones, será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”. Sin embargo, el artículo 248 de la misma norma estipula que la suspensión preventiva procede únicamente si existe prisión preventiva, o la destitución se aplica tras una condena firme por delito doloso, situación que no se daba en el caso de Espinoza.
La propuesta de LLA requería para su aprobación el respaldo de dos tercios de los 24 concejales del cuerpo, 13 de los cuales respondían al intendente. De prosperar, el reemplazo recaería en quien figuró primero en la lista del jefe comunal; en este caso, se trataba de la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Yambrún. El trámite legislativo contemplaba la conformación de una comisión investigadora con representantes de todos los bloques, un período de defensa para Espinoza y la elaboración de un informe final, para luego convocar a una sesión especial donde, nuevamente, se necesitarían dos tercios de los votos. La próxima reunión del Concejo quedó pautada para el 15 de abril.
– La concejal de LLA, Lorena Ramos
Rakauskas celebró la decisión de la Justicia de elevar la causa a juicio y cuestionó la actuación de dos fiscales, a quienes acusó de haberla atacado durante la investigación: “Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Estoy muy feliz. Tengo algo de justicia”.
El año pasado, cuando Espinoza fue procesado por la denuncia de Rakauskas, los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda ya habían impulsado sin éxito iniciativas para que el intendente se apartara del cargo. La fuerza opositora presentó un pedido de licencia formal, mientras que el Frente de Izquierda propuso crear un protocolo específico contra la violencia de género y reclamó la intervención de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades.
– EL COMUNICADO: “El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza presentará un proyecto para que Fernando Espinoza sea suspendido de manera preventiva hasta que su situación judicial se regularice. Gastan millones de pesos en el Ministerio de la Mujer, pero son ellos los primeros en cometer los peores delitos contra ellas. Hipocresía al palo”.
En el peronismo de La Matanza se generó tensión interna. “Hay un revuelo impresionante y sectores del propio oficialismo pidiendo por la licencia. Hacia afuera, el espinozismo sigue planteando que no lo va a hacer”, sostuvo un dirigente matancero. Otro referente subrayó que “no corresponde (que se aparte al intendente). Ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni los reglamentos lo dicen expresamente. Se requiere condena firme; aquí solo hay procesamiento y elevación a juicio. Este caso es un escándalo”. El exconcejal y exdiputado nacional Fernando Asencio agregó: “Legalmente, no tiene por qué correrse. La Ley Orgánica de las Municipalidades lo avala hasta que tenga condena firme. Pero, moralmente, yo me apartaría para ser juzgado”.
Mientras tanto, trabajadores municipales de la salud intensificaron sus reclamos con un “ruidazo” en el Policlínico de San Justo para exigir mejoras en sus salarios, que, según denunciaron, rondaban los $400.000. Un informe del Instituto de Estudios y Administración Local (Ideal) indicó que La Matanza destinaba alrededor del 24% de su presupuesto al pago de sueldos.
En la Cámara de Diputados provincial, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la legisladora Gabriela Lena, debatió este miércoles un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal para incorporar la figura de la reiterancia delictiva como criterio a considerar en la disposición de la prisión preventiva.
La iniciativa, presentada por la diputada Carola Laner, apunta a brindar al Poder Judicial una herramienta que permita, en caso de considerarse necesario, ordenar la prisión preventiva de quienes persisten en la comisión de delitos a la espera del juicio. Durante la primera reunión para su tratamiento, participaron como invitados el procurador general del Ministerio Público Fiscal, Jorge Amilcar García; el asesor del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, Raúl Avero; y Juan Pablo Ballhorst, responsable de la Coordinación Legal y en Materia Contenciosa Internacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia.
En relación con la propuesta, la diputada Laner explicó: “Hace muchísimo tiempo venimos analizando este proyecto. En diferentes reuniones, la sociedad nos muestra una preocupación latente que es la famosa puerta giratoria, que ha servido para empoderar delincuentes”, haciendo alusión a la liberación inmediata de personas detenidas.
“Esa demanda de la sociedad tiene relación con datos empíricos. Por ejemplo, en Concordia, el 70% de las detenciones son de personas reiterantes. Lo mismo sucede en Paraná y en diferentes ciudades”, añadió la legisladora. Además, destacó que en otras jurisdicciones, como Tucumán y Mendoza, la figura de la reiterancia delictiva “bajó muchísimo los índices delictivos”. También mencionó que se incluyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y recientemente se aprobó en el Congreso de la Nación.
Por otro lado, la comisión abordó un proyecto de resolución impulsado por Gabriela Lena que propone otorgar un reconocimiento y beneplácito a los veteranos de guerra de Malvinas oriundos de Entre Ríos. Para exponer sobre el tema, se hicieron presentes integrantes del Centro de Veteranos de Paraná.
La propuesta solicita al gobierno provincial la creación y entrega de una distinción honorífica en reconocimiento al mérito y servicio de los veteranos entrerrianos que, por motivos de radicación, hoy residen fuera del territorio provincial. Con esta iniciativa, se busca saldar una deuda histórica y honrar el compromiso de quienes defendieron la soberanía nacional.
El 3 de abril es la fecha elegida por Victoria Villarruel para abrir la sesión especial para tratar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nombrados por decreto por el Ejecutivo para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. La convocatoria se produce en medio de una creciente presión política, especialmente por parte del bloque oficialista y sectores del peronismo, quienes exigen el tratamiento de los nombramientos con urgencia.
La decisión de Villarruel de fijar la fecha del 3 de abril responde a un contexto de tensiones dentro del Senado. “La sesión se convocó para tratar los pliegos de los jueces Lijo y García Mansilla, a quienes el Poder Ejecutivo propuso para cubrir vacantes en la Corte Suprema”, detalló el comunicado oficial.
El anuncio de la convocatoria fue realizado en un momento clave, ya que la presión por parte del oficialismo se intensificó debido a las controversias que rodean los nombramientos. Según lo señalado por diversos medios, la propuesta de los pliegos había sido solicitada inicialmente por el bloque oficialista, que esperaba un tratamiento urgente en la cámara alta. Sin embargo, Villarruel, que podía establecer el día y la hora de la sesión, optó por evitar nuevos inconvenientes para el Gobierno tras haber logrado aprobar el DNU que permite avanzar con un nuevo “acuerdo” con el FMI.
En este sentido, el senador por el Frente de Todos, José Mayans, declaró: “El retraso en la convocatoria es una muestra clara de la falta de voluntad del oficialismo para avanzar en los pliegos. Queremos que se discuta con la celeridad que requieren los temas que hacen a la justicia en nuestro país”.
La demora también fue vista como una maniobra política, dada la relevancia de los cargos en cuestión. Ariel Lijo, uno de los jueces propuestos, es conocido por su rol en el Juzgado 4 de Comodoro Py, que tiene competencia en varios casos de alto perfil, lo que provoca cierta resistencia dentro de sectores políticos que lo consideran vinculado a intereses del poder. “Lijo es un juez que tiene un historial que no podemos pasar por alto. Su nombramiento a la Corte Suprema tendría implicaciones muy serias para la independencia judicial”, aseguraron desde la oposición.
Desde el entorno de Villarruel, la fecha elegida para la sesión busca “evitar el desgaste innecesario” y garantizar los votos necesarios. Sin embargo, surgieron dudas sobre la composición del voto en el Senado, ya que varios senadores del oficialismo mostraron resquemores frente a los nombramientos, lo que podría complicar la aprobación.
Por otro lado, el pliego de García Mansilla también genera controversias. A pesar de contar con un dictamen favorable, algunos sectores opositores cuestionan su idoneidad para ocupar un cargo tan relevante con el argumento de que su perfil no responde a las necesidades de una Corte que debe reflejar los valores de imparcialidad y justicia requeridos.
La convocatoria a la sesión tiene lugar en un momento clave para el Poder Judicial, dado que la Corte Suprema atraviesa una de sus etapas más críticas en términos de confianza pública. La necesidad de contar con jueces cuya imparcialidad no sea cuestionada es uno de los temas centrales del debate. Según los analistas políticos, la composición de la Corte Suprema será fundamental en los próximos años, especialmente en un contexto de tensión política y social como el que atraviesa Argentina.
“Es un tema clave, no solo por el nombramiento de los jueces, sino porque la Corte Suprema tiene un rol fundamental en el equilibrio de poderes. Necesitamos jueces que garanticen la transparencia, la equidad y la justicia en todas sus decisiones”, sostuvo el constitucionalista Félix González.
