CFK cruzó a Tolosa Paz y ponderó la gestión de Alicia Kirchner como ministra de Desarrollo Social: “Fue la mejor”
La actual titular del área y precandidata a gobernadora bonaerense, Victoria Tolosa Paz, utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos de la Vicepresidente.
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Alicia Kirchner “fue la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país”, sentenció este jueves Cristina Fernández de Kirchner durante un acto en Río Gallegos. El mensaje de la vicepresidenta se leyó como una crítica hacia la actual funcionaria Victoria Tolosa Paz, quien es una fiel aliada de Alberto Fernández.
“Esta señora que está a mi derecha recibió en junio de 2003, al mes de Néstor Kirchner asumir como Presidente, 2100 planes de trabajo que eran los famosos ‘Jefes y Jefas de hogares/familia’“, recordó, en referencia a la actual gobernadora de Santa Cruz.
Sin duda alguna, Alicia Kirchner fue la mejor Ministra de Desarrollo Social que tuvo nuestro país. Me tocó recibirla en 2003 en el despacho cuando asumió, vi la transformación y al llegar como Ministra casi 20 años después, su impronta y su legado están presentes en cada… pic.twitter.com/4Lq5Q7BZpb
También señaló que “cuando terminó como ministra de Desarrollo Social, en diciembre de 2015, eran 240 mil aproximadamente los que estaban organizados en cooperativas y trabajaban. Eso se desarrolla en el Ministerio de Economía con un proyecto de país que genere fuentes de trabajo y pueda administrar racionalmente la acción social que siempre se necesita para los focos cristalizados de pobreza”.
Al respecto, Tolosa Paz acudió a Twitter, donde escribió: “Sin duda alguna, Alicia Kirchner fue la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo nuestro país. Me tocó recibirla en 2003 en el despacho cuando asumió, vi la transformación y al llegar como titular casi 20 años después, su impronta y su legado están presentes en cada política pública y en cada trabajador de esta cartera”.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que “Alicia Kirchner fue la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país” y afirmó que para reducir la cantidad de planes sociales se necesita “un proyecto de país que se industrialice, que cree fuentes de trabajo”.vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Alicia Kirchner, mejor ministra, Desarrollo Social, planes sociales ——————————– Recuerde que para reproducir este video debe contar con los derechos necesarios.
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La Cámara de Senadores rechazó anoche el proyecto de Ficha Limpia con 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de los 37 requeridos para convertirlo en ley. La iniciativa habría impedido que candidatos con condena firme en segunda instancia por corrupción pudieran competir en elecciones.
El Gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, calificó la decisión como una traición a la ciudadanía: “Han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo”. El mismo texto apuntó a Unión por la Patria: “Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes“.
Desde sus redes sociales, Javier Milei resumió su enojo: “Lamentable, fin”. Poco después, el Ejecutivo aseguró que el Presidente “no descansará hasta que Ficha Limpia sea ley”.
Mientras el oficialismo denunciaba la maniobra opositora, en el kirchnerismo se desató el festejo. Dentro del Instituto Patria, Cristina Kirchner atribuyó la iniciativa a un intento por excluirla de la contienda presidencial de 2027 y, en la intimidad, se lamentó: “Me tienen miedo”. Al confirmarse el resultado, sus colaboradores se abrazaron entre memes del actor Guillermo Francella y repitieron eufóricos: “La jefa sigue en cancha”.
Horas antes de la votación, la expresidenta recibió a sus principales referentes en el Senado —José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio— para delinear la estrategia. Ellos fueron los que defendieron su posición incluso cuando el conteo preliminar indicaba una derrota segura. Finalmente, la sorpresa llegó con el cambio de postura de dos misioneros que inclinó la balanza.
Con la Ficha Limpia archivada por ahora, Cristina Kirchner evaluó dos caminos: postularse a diputada nacional o presentarse como candidata bonaerense, opción que en el peronismo consideran “excelente” para el conurbano. Sus allegados también analizaron la ventaja de obtener fueros provinciales si la Corte Suprema confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
El proyecto, que había obtenido media sanción en Diputados, deberá empezar de nuevo su trámite legislativo. El Gobierno adelantó que insistirá con la propuesta para “desterrar la corrupción” e impedir que condenados ocupen cargos públicos. Desde la oposición K, en cambio, celebraron la derrota parlamentaria y sostuvieron que “la jefa sigue en carrera” hacia 2027, convencidos de que la votación fortaleció su liderazgo dentro del espacio kirchnerista.
En el primer aniversario de la marcha en defensa de la educación pública, la oposición retoma el debate sobre el financiamiento de las universidades nacionales.
Los diputados Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), junto a otros legisladores de bloques dialoguistas, presentaron un proyecto de ley que propone la recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios docentes y no docentes. La iniciativa toma como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y establece una fórmula mixta de actualización para 2025, que incluye el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación del tipo de cambio oficial para importaciones y las tarifas de servicios públicos.
Además, el proyecto prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, se propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
Por su parte, el diputado Pablo Carro (Unión por la Patria) presentó otra iniciativa con objetivos similares, que instruye al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La propuesta contempla ajustes bimestrales retroactivos al 1 de enero de 2025 y la recomposición de los salarios docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023, según la inflación acumulada informada por el INDEC.
Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional, y en la importancia de establecer mecanismos de actualización que eviten la pérdida del poder adquisitivo de las becas estudiantiles.
Desde la oposición señalaron que el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, les anticipó a los ministros provinciales que “el funcionamiento de las universidades hoy está en peligro” porque contarán con las partidas ejecutadas en el 2024, ante la falta de un Presupuesto 2025.
El proyecto de Tavela y Ferraro cuenta con el respaldo de diputados de distintos bloques, en los que se encuentran Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Nicolás Massot, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi y Pablo Juliano.
En tanto, la iniciativa de Carro lleva las firmas de sus compañeros de bancada Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky y Mónica Macha, entre otros.
Tal como ya advertían el año pasado, en la Casa Rosada mantienen firme la línea: no pasará ningún proyecto que comprometa el equilibrio fiscal. Así, si la oposición logra avanzar con su iniciativa, el final podría repetirse con un nuevo veto del Presidente.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos mantiene vivo el debate sobre el proyecto que busca habilitar la prisión preventiva cuando un acusado exhibe antecedentes de reincidencia. La iniciativa, presentada el 20 de mayo de 2024 por la legisladora provincial Carola Laner, avanza en doble carril: el institucional, dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el territorial, con foros abiertos en distintas ciudades.
El último de esos encuentros se desarrolló en Gualeguaychú, bajo la organización conjunta del municipio y el Concejo Deliberante. Antes, una primera mesa de discusión había reunido a funcionarios y vecinos de Colón. Para Laner, llevar la conversación al interior resulta indispensable: “Si algo teníamos claro era que queríamos federalizar el proyecto, llevarlo al interior, a discutirlo en los municipios, en los consejos de seguridad y de cara al ciudadano”.
El texto propone que la “reiterancia delictiva” —definida como la comisión de hechos punibles mientras existen investigaciones o causas previas— se convierta en causal autónoma para dictar prisión preventiva. La diputada afirma que la propuesta nació “de cercanía y escucha”, tras el recurrente reclamo sobre la “puerta giratoria” judicial: “los acusados entran por una puerta y salen por la otra”, sintetizó.
La inquietud ciudadana coincide, sostiene Laner, con datos recogidos por las fuerzas de seguridad. “El área de Criminalística de la Policía hizo un informe muy completo. Por ejemplo, en Concordia, de 1.000 detenciones, el 70 % son reingresantes que tienen más de dos causas en curso”, detalló. A ese diagnóstico se suma, de acuerdo con la legisladora, la preocupación del Ministerio Público Fiscal: fiscales consultados admitieron que suelen solicitar la preventiva en casos de reiterancia, pero “los jueces de garantías no tenían una postura única, justamente por falta de una norma”.
En el plano legislativo, la comisión que analiza el expediente celebró una sesión inicial “positiva”, con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial que ofrecieron distintos enfoques técnicos. Según fuentes parlamentarias, se prevé convocar a especialistas en derecho penal y procesal para afinar la redacción antes de girar el dictamen al recinto.
Mientras tanto, Laner continuará la ronda de debates locales. La próxima parada sería Paraná, donde se planea sumar a asociaciones de víctimas y organizaciones civiles. “Queremos que cada ciudadano entienda qué cambia y por qué”, subrayó la diputada.
Si prospera, la reforma colocará a Entre Ríos entre las primeras jurisdicciones del país en regular la reiterancia delictiva como causal expresa de prisión preventiva. El destino del proyecto, no obstante, dependerá de los consensos que la autora logre tejer dentro de un mapa político que, en materia penal, rara vez ofrece unanimidades.
La intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) resolvió cancelar un convenio que desde 2007 mantenía con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), destinado a operar alrededor de 500 bocas de expendio en todo el país. La decisión se tomó luego de considerar que el sistema era ineficiente, carecía de controles adecuados y representaba un gasto mensual de cerca de $700 millones.
El contrato en cuestión habilitaba un esquema presencial de entrega de vales médicos a través de oficinas gestionadas por el sindicato. Según el interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, ese mecanismo era “obsoleto, opaco y costoso”, y su finalización permitirá destinar los fondos directamente a mejorar la atención médica de los más de 760.000 afiliados rurales.
– Marcelo Petroni
La intervención fue ordenada por el Ministerio de Salud en noviembre de 2023 con el objetivo de sanear la obra social. En los primeros informes de auditoría se detectaron irregularidades administrativas y financieras graves: una deuda cercana a los $100.000 millones y un déficit mensual de más de $4.000 millones. El informe también señaló sospechas de fraude, desvío de fondos y falta de trazabilidad en la gestión anterior.
Los resultados de la auditoría fueron presentados a la Justicia. Desde hace meses, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga al secretario general de UATRE, José Voytenco, quien fue embargado y tiene sus cuentas bancarias inhibidas por presunto lavado de activos y manejo irregular de fondos sindicales.
Voytenco, opositor al Gobierno, rechazó los señalamientos y calificó la intervención como una operación política. Desde el sindicato alegaron que, durante los casi 60 días en que recuperaron el control de OSPRERA en 2023, habían logrado implementar mejoras en la gestión. Sin embargo, el Gobierno volvió a intervenir la obra social poco después.
Petroni aclaró que la rescisión del contrato no afectará a los trabajadores de planta de OSPRERA, quienes continuarán en sus puestos. El nuevo modelo de atención incluirá telemedicina, atención personalizada mediante call center y entrega digital de vales a través de las delegaciones oficiales, con control y trazabilidad directa por parte de la obra social.
Este esquema descentralizado busca garantizar una atención médica más equitativa, moderna y eficiente, eliminando la dependencia de intermediarios sindicales. “Lejos de ser un recorte, es una transformación que apunta a una mayor transparencia y mejor acceso para los afiliados”, sostuvo el interventor.
En paralelo, el Gobierno también pidió judicialmente la intervención del sindicato UATRE por supuestas irregularidades en su congreso general ordinario realizado en noviembre de 2023, donde se aprobó la memoria y balance y se reafirmó el liderazgo de Voytenco. La medida fue impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.No obstante, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido del Gobierno. En su fallo, los jueces Carlos Pose, Gabriela Vázquez y Manuel Diez Selva destacaron que la justicia no puede intervenir en conflictos internos entre afiliados y dirigentes, en resguardo de la autonomía sindical.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.
La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.
Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.
– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares
Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.
El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.
El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.
En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.
Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.
ADOCTRINABAN CON EL DINERO DE LOS ARGENTINOS: LOS DESALOJAMOS
Una redacción kirchnerista usurpó ilegalmente el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos: lo convirtieron en un búnker partidario que le costaba $210 millones de pesos a los argentinos, solo en sueldos.
Los…
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 30, 2025
