07 septiembre, 2024

Cerruti negó que hayan saqueos a nivel nacional y culpó a Milei y Bullrich por difundir “fake news”

La Portavoz Presidencial volvió a dar qué hablar tras negar los saqueos que se están dando en gran parte del territorio nacional y responsabilizar a los principales dirigentes de la oposición por darle relevancia a los inconvenientes. "Son antidemocráticos y quieren desestabilizar".
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La vocera gubernamental, Gabriela Cerruti, volvió a responsabilizar a Javier Milei por los saqueos a nivel nacional, pero aseguró que no se tratan de “saqueos” sino de disturbios organizados con la única finalidad de perjudicar al gobierno de Alberto Fernández. Además del libertario, Cerruti también incluyó a Patricia Bullrich como la ideóloga de este accionar criminal.

“Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de Javier Milei. No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de WhatsApp porque son profundamente antidemocráticos y quieren desestabilizar“, escribió este martes por la tarde en X (ex Twitter).

Gabriela Cerruti on Twitter: “Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de @JMilei No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de whatssapp porque son profundamente antidemócraticos y quieren desestabilizar. https://t.co/JRr5i5yGsF / Twitter”

Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de @JMilei No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de whatssapp porque son profundamente antidemócraticos y quieren desestabilizar. https://t.co/JRr5i5yGsF

Tras las incesantes críticas recibidas, la exdiputada nacional redobló la apuesta e incluyó a la candidata a presidente del PRO en su análisis. “El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de (Patricia) Bullrich, sobre algo que querían que sucedieran. Había grupos de WhatsApp incentivando”, sintetizó este miércoles por la mañana.

Según la portavoz, su hipótesis se fundamenta en una base de datas que desde Nación están siguiendo minuciosamente, aunque evitó precisar detalles sobre esta operación, y señaló: “Cuando todavía no había pasado nada, Milei estaba en sus redes diciendo que esto era 2001 y que estaban los saqueos desatados. Su tweet es de las 6 de la tarde… ¿Tiene premonición de las cosas o es que de alguna manera se ha ido incentivando?”.

https://twitter.com/gabicerru/status/1694335261063205252?s=20

Además, en diálogo con la radio subsidiada radio Futurock, enfatizó que “a las redes sociales hay que considerarlas un actor fundamental, tanto los grupos de WhatsApp como Twitter y Tik Tok” porque terminan siendo herramientas que se usan para organizar acciones delictivas. “Nosotros tenemos la obligación de estar mirando esto porque se mueven por allí. A mí me dicen, ‘ese (usuario) era de Milei pero ahora lo compró Bullrich…’. Da lo mismo o si es un militante espontáneo de algunos de los dos”, agregó.

Por último aseguró que lo que está haciendo es “una descripción de la realidad. Si ellos (Bullrich y Milei) no tienen nada que ver, lo que hicieron es montarse a una ola de rumores. Entonces, bueno, deberíamos todos ser más responsables y entender que estas cosas tienen consecuencias”.

Gabriela Cerruti on Twitter: “”Tenemos que estar atentos a estas cosas, son daños graves para la democracia. @PatoBullrich y @Jmilei son dos candidatos que construyen su discurso en base a la añoranza que tienen de que la democracia cruja y se desestabilice.” / Twitter”

“Tenemos que estar atentos a estas cosas, son daños graves para la democracia. @PatoBullrich y @Jmilei son dos candidatos que construyen su discurso en base a la añoranza que tienen de que la democracia cruja y se desestabilice.”

Redacción

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Empleados bonaerenses se movilizan contra las promesas incumplidas de Axel Kicillof

En el marco de la negociación colectiva sectorial, los trabajadores de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, agrupados bajo la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) -que incluyen Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General y Junta Electoral-, han decidido convocar a una asamblea general el próximo martes 13 de agosto para discutir la falta de cumplimiento del decreto 1531/23 por parte del gobierno K.

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Este decreto, promulgado en 2023, estableció un nuevo régimen de cuarenta horas semanales para los trabajadores de estos organismos, incrementando sus bonificaciones del 9,9 por ciento. Sin embargo, a más de un año de su implementación, dicho incremento no se ha hecho efectivo en su totalidad, afectando a numerosos empleados, especialmente a aquellos en las categorías superiores a la 24, quienes han sido excluidos de manera injustificada de este beneficio.

UNA LUCHA POR LA JUSTA RETRIBUCIÓN

La situación ha generado un creciente malestar entre los empleados, quienes señalan que la ampliación de la carga horaria no ha sido acompañada por una compensación económica adecuada: falta el incremento del 3,3 por ciento, lo que sumaría un 13,2 total para el régimen de cuarenta horas. Ocurre que la retribución recibida es muy inferior a la que correspondería por ley, generando una situación de injusticia e ilegalidad.

Considerando el sueldo básico publicado en forma mensual por la provincia de Buenos Aires, hay un 33,3 por ciento de diferencia salarial entre el sueldo de un régimen de treinta horas con un régimen de cuarenta horas.

El abogado especialista en derecho administrativo, Gonzalo Permuy Vidal, ha estado liderando los reclamos administrativos y judiciales que buscan corregir esta situación. Los trabajadores exigen que se les pague el incremento del 3,3 por ciento adicional en sus bonificaciones, para alcanzar un total del 13,2, y que se les otorgue el 125 por ciento del salario básico, como corresponde al nuevo régimen de cuarenta horas, tal como se implementó en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), donde la mayoría del personal optó por el nuevo régimen debido a la significativa mejora salarial.

MEDIDAS DE FUERZA Y RECLAMOS JUDICIALES

La falta de respuesta por parte del gobierno de Axel Kicillof ha llevado a los trabajadores a iniciar una serie de reclamos formales. Los trabajadores ya han comenzado a presentar reclamos administrativos en la Contaduría General y se espera que otros organismos sigan el mismo camino. De no resolverse la situación, se tomarán medidas de fuerza que afectarán el normal funcionamiento de todos los organismos afectados por el decreto 1531/23.

Además, se ha señalado que las autoridades de la Contaduría General han preferido mantener una postura que ha sido interpretada como explotadora por los trabajadores, quienes sienten que su trabajo no está siendo debidamente valorado. La falta de consideración y respuesta a sus demandas ha generado un clima de descontento generalizado.

*Con información de REALPOLITIK

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Diputados K blindaron a Espinoza ante la denuncia por abuso sexual y rechazaron su suspensión

La propuesta de la diputada del PRO, Silvia Lospennato, que instaba a los órganos competentes a apartar temporalmente al intendente, fue desestimada tras no conseguir el apoyo necesario en la Cámara Baja. La iniciativa requería tres cuartas partes de los votos para ser tratada, pero sólo obtuvo 103 votos a favor, frente a 79 en contra, y no hubo abstenciones. Esta situación impidió que el proyecto avanzara, dejando al caudillo matancero en su puesto mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.

El proyecto presentado por la legisladora del PRO manifestaba su “preocupación ante el procesamiento del intendente de La Matanza” y pedía la “inmediata suspensión en el cargo, mientras se sustancian las investigaciones pertinentes”. Lospennato criticó duramente la decisión de Unión por la Patria de no apoyar la moción, acusándolos de brindar protección política a Espinoza. “Quieren decirse que defienden a las víctimas de violencia, pero no defienden a todas las víctimas, porque si las víctimas son de un poderoso como Espinoza, a Espinoza le dan protección política”, declaró.

El caso que rodea al intendente Espinoza se remonta a una denuncia presentada por Melody Rakauskas, una de sus secretarias, quien lo denunció en la Justicia por abuso sexual. Este procesamiento judicial se encuentra en una etapa clave, con la existencia de una semiplena prueba que, según Lospennato, justifica el pedido de suspensión para que Espinoza no interfiera en las investigaciones en curso.

La negativa de UxP a tratar el proyecto de suspensión generó una fuerte reacción en la oposición. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual diputada, señaló: “Hoy 79 diputados kirchneristas votaron a favor de que Fernando Espinoza, procesado por ABUSO SEXUAL, siga en el poder. Por más que intenten despegarse de Alberto Fernández, una vez más demuestran lo que son: cómplices de machistas violentos”.

Redacción

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Arrieta denunció a Mayoraz por violencia de género

El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, Rocío Bonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.

Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.

Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.

La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.

Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.

Redacción

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Diputados debaten la “Ley Finocchiaro” para declarar a la educación como servicio esencial

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación debate sobre un proyecto conocido como la Ley Finocchiaro, una propuesta que busca declarar la educación como un “servicio estratégico esencial”. La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, tiene como objetivo garantizar la continuidad de las clases durante los días de paro docente, exigiendo que las escuelas permanezcan abiertas en esos momentos.

La sesión, que comenzó sobre el mediodía tras alcanzar el quórum necesario, tuvo como protagonistas a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, quienes, junto con la UCR y Encuentro Federal, lograron destrabar el debate. La inclusión del financiamiento para las universidades nacionales en el temario fue crucial para asegurar la participación de los legisladores de estos bloques, quienes habían condicionado su apoyo a la incorporación de este punto.

Educacion-Esencial-Dictamen

El proyecto de ley, conocido como Ley Finocchiaro, establece que, en caso de paro, el 30% del personal de las escuelas deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. Si la medida de fuerza se prolonga, este porcentaje se incrementaría al 50%. Además, la normativa estipula que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deben informar a las autoridades la nómina anual del personal docente y no docente afectado por esta disposición, con el fin de asegurar una planificación adecuada.

La idea detrás de esta legislación es minimizar el impacto de las huelgas en la educación, un derecho esencial que, según argumentan sus defensores, no debe verse comprometido por las medidas de fuerza. Sin embargo, el proyecto ha generado una profunda división tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad en general.

El tratamiento de la Ley Finocchiaro llega al recinto con un amplio consenso entre diputados del PRO, UCR, CC, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Se estima que la iniciativa contaría con alrededor de 135 votos a favor, lo que permitiría su aprobación en la Cámara Baja y su posterior tratamiento en el Senado.

No obstante, la propuesta fue duramente criticada por los sindicalistas docentes, quienes ven en esta iniciativa un ataque directo a su derecho a huelga. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) respondió convocando una “Jornada Nacional de Lucha”, que incluyó una movilización frente al Congreso en el mismo día en que se inició el debate. Además, la CTERA anticipó una “Gran Marcha Federal Educativa” para el mes de septiembre en señal de protesta contra la ley.

Por su parte, los sindicatos docentes agrupados en la CGT declararon a Finocchiaro “persona no grata”. Sergio Romero, dirigente del sector, expresó en diálogo con Clarín: “No es oportuno. Hay otras prioridades en educación, y no las locuras de Finocchiaro”. Romero no descartó la posibilidad de llevar a cabo una medida de fuerza si el proyecto avanza.

El dirigente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero

“El diputado Finocchiaro tiene una mirada muy pequeña, ve el sistema educativo a través del ojo de una aguja. El Frente Gremial Docente de la CGT-RA realizará las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional y limita el derecho de huelga”, señalaron los sindicalistas.

Finocchiaro preside la comisión de Educación de la Cámara Baja y su proyecto es uno de los temas centrales de la sesión para el oficialismo y el PRO. “Que vayan a trabajar para educar a los chicos”, le respondió el legislador a la CGT. Antes de ser diputado, Finocchiaro fue ministro de Educación entre 2017 y 2019 y, antes, fue director general de Cultura y Educación bonaerense y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad de Buenos Aires.

“Pueden decir lo que quieran de mí cuando tengan la mitad de la tiza que yo tengo en mis manos”, respondió tajante el diputado Finocchiaro.

Redacción

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MÁS PELEAS EN LLA | Ahora Lilia Lemoine insultó a Espert: “Él es gay y su mujer es maquiavélica”

La diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a ser protagonista de una nueva controversia, esta vez dirigiendo fuertes insultos hacia su colega en el Congreso, José Luis Espert, y —principalmente— hacia su esposa, María “Mechi” González, conocida en las redes sociales como “La Divagante”.

En audios recientemente difundidos, se escucha a Lilia Adela Bolukalo Lemoine, quien en 2019 ocupó el cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados de Espert dentro del Frente Despertar, haciendo una serie de acusaciones y comentarios incendiarios. “Tanto Espert como (Luis) Rosales son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi —o sea, ‘Mechi’ es una vieja fea que no coge y se viste para el orto—. Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante. Por eso Espert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Espert. Por eso le dedica libros. Ahora, la mina que hablaba de Goebbels y de todo, es la más maquiavélica de todas. Y fue ella la que armó el call center”, sostiene Lemoine.

María “Mechi” González, utilizando el seudónimo de @ladivagante, es una figura visible en las redes sociales, apoyando abiertamente las políticas del gobierno del que su esposo forma parte. González fue un pilar en la presencia digital de Espert desde su incursión en la política.

La enemistad entre Lemoine y González no es nueva. En abril de 2022, Lemoine republicó un meme que incluía a “Mechi Espert” en una lista de “gente turbia que ataca el liberalismo y al entorno de Milei”. Más tarde, en enero del año pasado, Lemoine acusó a González de “agarrar adolescentes con problemas (…) cuando están mal y los manda a matar”, calificándola como “la hippie con peor gusto del planeta, muy astuta, sin orgullo, es pantalla”.

Lemoine: Todo el tiempo peleando con todos

Este mes, Lemoine continuó generando polémica en el espacio político al criticar a la vicepresidente, Victoria Villarruel, por su silencio ante las visitas de legisladores de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. También atacó a su colega en la Cámara Baja, Marcela Pagano, acusándola de impedir el quórum en la sesión del 7 de agosto. Sin embargo, Pagano estuvo presente en la sesión, según el registro oficial de Diputados.

En los mismos audios, Lemoine arremetió contra Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La mina (por ‘Mechi’ González) es la típica mosca muerta que hay y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña (de 2019), siguió bardeando, pero lo hace estilo Rebecca Fleitas, viste, no te enterás, pero yo lo sé”, dijo Lemoine.

En octubre del año pasado, este medio informó sobre un enfrentamiento entre Lemoine y Fleitas. En esa ocasión —también a través de audios— Lemoine criticó el "manejo austero" de Fleitas con las cajas: "es la única hija de puta que dijo '¡Ay! Yo soy libertaria entonces no voy a tener asesores’. No es digna legisladora. Y encima mete proyectos por todos lados para figurar que no sirven para nada, porque nadie se los aprueba, pero hace que trabaja… Y encima, no le entrega contratos a la gente del Partido Libertario de CABA que es la que trabajó para ella gratis… lo cual la hace una reverenda hija de puta".

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Redacción

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“Esto no es el cambio” | El PRO toma distancia y rechaza el decreto de fondos reservados para la SIDE

El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaba incrementar en $100 mil millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) significó un duro revés para el gobierno de Javier Milei y profundizó las divisiones internas en el PRO, uno de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio.

El presidente del PRO, Mauricio Macri, fue quien tomó la iniciativa de instituir a su bloque de la Cámara Baja a dar quórum en la sesión especial que finalmente resultó en la anulación del decreto. Esta decisión no solo tensó las relaciones con el gobierno, con quien el PRO había tenido una colaboración cercana en el pasado, y también expuso las fracturas dentro de su propio partido.

El DNU de Milei fue presentado en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y las amenazas del narcotráfico. El gobierno argumentó que estos fondos eran esenciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar una mayor seguridad para los argentinos. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y el “contexto económico” llevó al expresidente y a su círculo cercano a oponerse a la medida.

La decisión no fue unánime dentro del PRO. El sector liderado por Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y una de las principales figuras del partido ahora cercana a LLA— se desmarcó de la postura del PRO y criticó duramente la decisión de rechazar el decreto. Bullrich, también desde Twitter, defendió la necesidad de estos fondos para combatir el narcotráfico y proteger a los argentinos, acusando a quienes se opusieron al DNU de “ponerse del lado de las mafias y el terrorismo”.

“La SIDE quedó desmantelada tras la administración de Alberto Fernández y requería dinero fresco para fortalecer la seguridad”, argumentó la ministra, quien lamentó la “inconsciencia” de los que, según ella, no tomaron en cuenta los riesgos que implica rechazar estos fondos.

UNA VOTACIÓN QUE EXPONE DIVISIONES

La votación en la Cámara de Diputados reflejó severas tensiones internas. Mientras que los diputados leales a Macri, como Álvaro González, Daiana Fernández Molero y Héctor Stefani, dieron quórum y votaron a favor de rechazar el DNU, otros, como Fernando Iglesias y Silvana Giudici, optaron por la abstención. Algunos diputados, como Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, decidieron ausentarse, lo que evidenció la falta de consenso dentro del bloque.

Por otro lado, los diputados cercanos a Bullrich, como Damián Arabia y Patricia Vásquez, votaron en contra de la anulación del decreto, alineándose con La Libertad Avanza, el partido de Milei. Esta divergencia en la votación mostró que, a pesar de la instrucción de Macri, Bullrich aún mantiene un considerable apoyo dentro del PRO.

El comunicado oficial del PRO, titulado “Esto no es el cambio”, dejó en claro la postura de la cúpula partidaria frente al DNU de Milei, enfatizando la importancia de instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero.

Redacción

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