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El desempeño del manejo económico está cada vez más vigente en las preocupaciones de los argentinos, es por este motivo que durante una comunicación informal mediante la red social Instagram la portavoz oficial fue “atacada” por las insistentes preguntas acerca del incremento del valor de la divisa norteamericana y además, el impacto que esta tiene sobre los precios.
Gabriela Cerruti, siendo muy fiel a su estilo, comparó el dólar blue con un mercado paralelo e ilegal de repuestos de autos y entre líneas, pidió a los periodistas que dejen de informar el valor del mismo.
“El dólar blue es un mercado muy pequeño, estamos hablando de un mercado de tres millones de dólares en un mercado de mil millones de dólares, el oficial, que es el que de verdad incide en la formación de precios en la producción, porque hay productos importados”, comentó Cerruti. Bajo la misma linea argumentativa, cuestionó: “Preguntaba el otro día, ¿es legal que todos los medios publiquen permanentemente el precio de algo que es ilegal? Es como que si yo dijera que el diario va a publicar que si comprás un repuesto de auto normal, vale tanto. Ahora, si lo compras trucho o contrabandeado, vale tanto. ¿Eso está bien, que se publique de esta manera?”.
Cuenta de Instagram oficial de la portavoz presidencial.
“Es un uso y costumbre en el que el dólar ilegalse publica en los medios como si fuera normal. El comerciante -no el formador de precios a partir de la producción- remarca a partir de lo que sube el dólar blue porque cree que va a subir el oficial. Y la gente que quiere que su peso tenga valor compra dólar blue por las dudas y eso genera un nivel de histeria y expectativa y ruido en una economía débil como es la del mundo ahora”, concluyó la funcionaria.
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La contratación de Tamara Pettinato para conducir un evento oficial durante la gestión del Frente de Todos, encabezada por Alberto y Cristina Fernández, desató una nueva controversia en las redes y en el escenario político. Sucedió que Pettinato fue seleccionada para participar en la presentación del programa “Precios Justos”, un acto organizado por la Secretaría de Comercio en noviembre de 2022.
El evento en cuestión se realizó el 11 de noviembre de 2022 en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y contó con la presencia del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y más de 100 invitados, entre los que se encontraban empresarios de las principales empresas alimenticias, funcionarios del Ejecutivo y varios intendentes del Conurbano. El objetivo principal del acto era presentar en sociedad la nueva aplicación “Precios Justos”.
La organización del evento estuvo a cargo de la productora Genoma Producciones S.R.L., propiedad de los empresarios Santiago Andrés Turrado y ArielJelin, quienes ya habían sido contratados en numerosas ocasiones por el gobierno de Alberto Fernández. Según documentos, la productora recibió un total de $1.500.000 por sus servicios, equivalentes a 4.500 dólares al precio del dólar blue en 2022 ($320). Entre las tareas asignadas, Genoma debía contratar a una “figura influenciadora” para explicar el uso de la aplicación, rol que recayó en Tamara Pettinato.
“Tamara Pettinato, el día del video, fue a grabar un documental con ALBERTO FERNÁNDEZ, SOBRE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS DEL ESTADO CON CHINA”, tuieó Ángel de Brito
Aunque la participación de Pettinato duró apenas cinco minutos y no tuvo un papel central en el evento, el costo de su intervención fue objeto de cuestionamientos tras la viralización del video junto al expresidente. Fuentes cercanas a Sergio Massa prometieron que la contratación de Pettinato no fue una decisión del Ministerio de Economía, sino que provino directamente de la Secretaría de Comercio —conducida entonces por Matías Tombolini—. Sin embargo, algunos insinuaron que la elección de la conductora podría estar relacionada con su cercana relación con el expresidente Fernández, lo que generó suspicacias sobre la transparencia del proceso.
Además de la falta de claridad en torno a los motivos de su contratación, el hecho de que no exista registro audiovisual de la intervención de Pettinato en las redes oficiales del Ministerio de Economía ni de la Secretaría de Comercio aumentó las sospechas. De acuerdo con la periodista Cecilia Boufflet, quien reveló detalles de la contratación en el programa radial Lanata Sin Filtro, el video completo del evento fue subido a YouTube, pero con un corte que coincide justamente con el momento de la presentación de Pettinato. Aunque Tombolini menciona a la hija de Pettinato en dos ocasiones durante el evento, las imágenes de su participación no fueron publicadas.
Otro aspecto cuestionado es el historial de contratos de Genoma Producciones con el gobierno nacional. La productora fue contratada en repetidas ocasiones entre 2020 y 2023, por un monto total que supera los $183 millones. Entre los eventos organizados por Genoma se incluyen la actividad “Amar al Cine” (por más de $79 millones), las inauguraciones de diversas obras públicas y el “Festival Quiero” (más de $45 millones), además de servicios de iluminación y sonido para la “Noche de los Museos” (más de $3 millones).
En un nuevo avance hacia la modernización de la administración pública, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 743/24, que transforma radicalmente la manera en que los ciudadanos pueden firmar documentos oficiales. Esta reforma, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilita a firmar documentos de manera remota, desde cualquier lugar, sin necesidad de herramientas físicas como un “token”.
Hasta la promulgación de este decreto, la firma digital implicaba una serie de requisitos que limitaban su accesibilidad, como la necesidad de estar presente físicamente y el uso de dispositivos específicos para autenticar la identidad del firmante.Ahora, los ciudadanos pueden realizar estos trámites completamente en línea, lo que supone un alineamiento con las prácticas internacionales más avanzadas en términos de seguridad y eficiencia administrativa.
La firma digital, regulada en Argentina desde la Ley N° 25.506, garantiza la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Este tipo de firma tiene la misma validez legal que una firma manuscrita, pero con la ventaja adicional de que, en caso de disputa, la responsabilidad de probar la falsedad recae en quien la impugna, no en el firmante. Esto refuerza la seguridad jurídica en las transacciones y acuerdos celebrados digitalmente.
Federico Sturzenegger, a través de sus redes sociales, celebró la implementación de esta medida, destacando que se trata de un paso más en la agenda de desregulación que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Según el ministro, la eliminación de trabas burocráticas no solo facilita la vida de los ciudadanos, sino que también fortalece el derecho de propiedad al simplificar y hacer más seguro el proceso de firma de contratos y documentos oficiales.
El posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger
El Decreto 743/24 también introduce una innovación significativa en el proceso de validación de identidad. Anteriormente, este procedimiento requería la presencia física del solicitante ante un Certificador Licenciado. Con la nueva normativa, esta validación puede realizarse en tiempo real utilizando los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), eliminando la necesidad de desplazarse a una oficina física.
Además, la reforma permite delegar en las llamadas “autoridades de registro” la responsabilidad de la validación de identidad, lo que simplifica aún más el proceso. Con estas modificaciones, cualquier persona en Argentina puede obtener, renovar o revocar su firma digital de manera remota, sin importar su ubicación.
Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación debate sobre un proyecto conocido como la Ley Finocchiaro, una propuesta que busca declarar la educación como un “servicio estratégico esencial”. La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, tiene como objetivo garantizar la continuidad de las clases durante los días de paro docente, exigiendo que las escuelas permanezcan abiertas en esos momentos.
La sesión, que comenzó sobre el mediodía tras alcanzar el quórum necesario, tuvo como protagonistas a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, quienes, junto con la UCR y Encuentro Federal, lograron destrabar el debate. La inclusión del financiamiento para las universidades nacionales en el temario fue crucial para asegurar la participación de los legisladores de estos bloques, quienes habían condicionado su apoyo a la incorporación de este punto.
El proyecto de ley, conocido como Ley Finocchiaro, establece que, en caso de paro, el 30% del personal de las escuelas deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. Si la medida de fuerza se prolonga, este porcentaje se incrementaría al 50%. Además, la normativa estipula que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deben informar a las autoridades la nómina anual del personal docente y no docente afectado por esta disposición, con el fin de asegurar una planificación adecuada.
La idea detrás de esta legislación es minimizar el impacto de las huelgas en la educación, un derecho esencial que, según argumentan sus defensores, no debe verse comprometido por las medidas de fuerza. Sin embargo, el proyecto ha generado una profunda división tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad en general.
El tratamiento de la Ley Finocchiaro llega al recinto con un amplio consenso entre diputados del PRO, UCR, CC, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Se estima que la iniciativa contaría con alrededor de 135 votos a favor, lo que permitiría su aprobación en la Cámara Baja y su posterior tratamiento en el Senado.
No obstante, la propuesta fue duramente criticada por los sindicalistas docentes, quienes ven en esta iniciativa un ataque directo a su derecho a huelga. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) respondió convocando una “Jornada Nacional de Lucha”, que incluyó una movilización frente al Congreso en el mismo día en que se inició el debate. Además, la CTERA anticipó una “Gran Marcha Federal Educativa” para el mes de septiembre en señal de protesta contra la ley.
Por su parte, los sindicatos docentes agrupados en la CGT declararon a Finocchiaro “persona no grata”. Sergio Romero, dirigente del sector, expresó en diálogo con Clarín: “No es oportuno. Hay otras prioridades en educación, y no las locuras de Finocchiaro”. Romero no descartó la posibilidad de llevar a cabo una medida de fuerza si el proyecto avanza.
El dirigente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero
“El diputado Finocchiaro tiene una mirada muy pequeña, ve el sistema educativo a través del ojo de una aguja. El Frente Gremial Docente de la CGT-RA realizará las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional y limita el derecho de huelga”, señalaron los sindicalistas.
Finocchiaro preside la comisión de Educación de la Cámara Baja y su proyecto es uno de los temas centrales de la sesión para el oficialismo y el PRO. “Que vayan a trabajar para educar a los chicos”, le respondió el legislador a la CGT. Antes de ser diputado, Finocchiaro fue ministro de Educación entre 2017 y 2019 y, antes, fue director general de Cultura y Educación bonaerense y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad de Buenos Aires.
“Pueden decir lo que quieran de mí cuando tengan la mitad de la tiza que yo tengo en mis manos”, respondió tajante el diputado Finocchiaro.
El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaba incrementar en $100 mil millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) significó un duro revés para el gobierno de Javier Milei y profundizó las divisiones internas en el PRO, uno de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio.
El presidente del PRO, Mauricio Macri, fue quien tomó la iniciativa de instituir a su bloque de la Cámara Baja a dar quórum en la sesión especial que finalmente resultó en la anulación del decreto. Esta decisión no solo tensó las relaciones con el gobierno, con quien el PRO había tenido una colaboración cercana en el pasado, y también expuso las fracturas dentro de su propio partido.
El DNU de Milei fue presentado en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y las amenazas del narcotráfico. El gobierno argumentó que estos fondos eran esenciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar una mayor seguridad para los argentinos. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y el “contexto económico” llevó al expresidente y a su círculo cercano a oponerse a la medida.
La decisión no fue unánime dentro del PRO. El sector liderado por Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y una de las principales figuras del partido ahora cercana a LLA— se desmarcó de la postura del PRO y criticó duramente la decisión de rechazar el decreto. Bullrich, también desde Twitter, defendió la necesidad de estos fondos para combatir el narcotráfico y proteger a los argentinos, acusando a quienes se opusieron al DNU de “ponerse del lado de las mafias y el terrorismo”.
“La SIDE quedó desmantelada tras la administración de Alberto Fernández y requería dinero fresco para fortalecer la seguridad”, argumentó la ministra, quien lamentó la “inconsciencia” de los que, según ella, no tomaron en cuenta los riesgos que implica rechazar estos fondos.
UNA VOTACIÓN QUE EXPONE DIVISIONES
La votación en la Cámara de Diputados reflejó severas tensiones internas. Mientras que los diputados leales a Macri, como Álvaro González, Daiana Fernández Molero y Héctor Stefani, dieron quórum y votaron a favor de rechazar el DNU, otros, como Fernando Iglesias y Silvana Giudici, optaron por la abstención. Algunos diputados, como Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, decidieron ausentarse, lo que evidenció la falta de consenso dentro del bloque.
Por otro lado, los diputados cercanos a Bullrich, como Damián Arabia y Patricia Vásquez, votaron en contra de la anulación del decreto, alineándose con La Libertad Avanza, el partido de Milei. Esta divergencia en la votación mostró que, a pesar de la instrucción de Macri, Bullrich aún mantiene un considerable apoyo dentro del PRO.
El comunicado oficial del PRO, titulado “Esto no es el cambio”, dejó en claro la postura de la cúpula partidaria frente al DNU de Milei, enfatizando la importancia de instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre la posibilidad de un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para enfrentar las próximas elecciones y lo consideró como algo “bastante natural”.
“No tendría ningún problema en que haya un acuerdo, hay que ver cuál es el camino pero no lo descarto. El Pro es un partido con buenos dirigentes, está claro que el Gobierno es de Milei pero no veo porqué no podemos llegar a un acuerdo para enfrentar las elecciones próximas“, señaló.
También hizo referencia a Mauricio Macri, quien chocó con el Gobierno en el Congreso a raíz del presupuesto de US$ 100 millones a la SIDE impulsado por Javier Milei: “Se constituyó la Comisión de Seguimiento el martes y el miércoles Diputados rechazó el DNU por el cual se ponía una partida presupuestaria para la SIDE. Es ilógico cuando esa comisión ni llamó al secretario para ver en qué se va a gastar a la plata“.
“Si Macri habla de falta de gestión o de coordinación, puede ser…. tal vez en este trabajo nos haya faltado coordinación pero será cuestión de volver a construirla”, agregó.
En cuanto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha tenido algunos cortocircuitos con la opinión de la cúpula ejecutiva, por ejemplo la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema , manifestó: “Es una persona que una imagen parecida a la del Presidente pero tiene menos responsabilidad política, está en el Senado. Es normal que pueda haber diferencias, a mi no me preocupa, sustancialmente creo que piensan lo mismo, creo que pueden tener diferencias, ella lo manifestó en más de una oportunidad”.
En un discurso que tuvo lugar hoy en los tribunales de Comodoro Py, la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, arremetió contra el feminismo, movimiento del cual “tomó distancia” en los últimos años. Durante su testimonio en el juicio por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, aprovechó para hacer un repaso de los ataques y las “agresiones” del periodismo que vivió durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015), denunciando la falta de solidaridad de las militantes feministas en esos momentos críticos.
Fernández de Kirchner evocó, entre otros incidentes, un episodio ocurrido en 2008 durante el conflicto con el campo, cuando apareció ilustrada públicamente con un ojo morado, caricaturizada en Clarín por el reconocido artista argentino, Hermenegildo Sábat: “El negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro… miren qué contexto actual”, expresó la burócrata, en un claro guiño a la denuncia de Alberto, alegando que el hecho fue un acto de violencia simbólica y mediática contra ella por ser mujer, pero que nunca recibió el apoyo de las feministas.
A pesar de haber sido la primera y única mujer electa presidenta, Cristina subrayó que el movimiento feminista jamás la respaldó en situaciones del estilo, lo que consideró un acto de indiferencia ante la “misoginia” que enfrentaba. “Nunca, nunca, nunca nadie dijo nada sobre esto”, reclamó a las mujeres del movimiento. En esa línea, la exmandataria fue enfática al recordar que nunca se identificó con el llamado feminismo radical, afirmando que “todos saben que no soy feminista”.
EL DISCURSO DE CRISTINA CONTRA LAS FEMINISTAS
Esta declaración no es la primera vez que Cristina Kirchner se muestra crítica. En mayo de 2024, durante la inauguración del “Salón de las Mujeres del Bicentenario” en el Instituto Patria, la condenada hizo hincapié en que su perfil nunca fue feminista —un intento evidente de distanciarse de un movimiento que, según su percepción, perdió apoyo popular—. Así, dejó claro que, aunque en algún momento el feminismo fue un aliado estratégico, hoy visto como un lastre que espanta a votantes, sobre todo en un escenario político donde el fenómeno libertario desplazó a las corrientes progresistas de la agenda.
Las palabras de la expresidenta en Comodoro Py, cargadas de críticas hacia aquellos que considera responsables de la violencia en su contra, podrían verse como un último intento de reposicionar su figura en el tablero político. Sin embargo, la reacción de los distintos sectores, tanto feministas como no feministas, ante sus declaraciones pone en cuestión la efectividad de esta nueva narrativa. La relación de la líder del kirchnerismo con el feminismo fue siempre ambigua, y sus recientes declaraciones parecen ser un esfuerzo por marcar una diferencia con la línea feminista más radical que, en sus palabras, “ha espantado hasta a las propias mujeres”.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
