Casi 3 millones de personas habrían falsificado su DDJJ para cobrar el IFE

Un informe de Idesa expone fallas en el diseño del plan, habla de derroche, filtraciones de recursos y lo más cuestionado...
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Esta semana el Gobierno nacional comienza a pagar la tercera etapa del ingreso familiar de emergencia (IFE), el programa que se implementó con el inicio de la pandemia de coronavirus para asistir con 10 mil pesos a los sectores informales, los más castigados económicamente por la cuarentena.

Las dos primeras versiones llegaron a 8,8 millones y 7,8 millones de personas, respectivamente (incluyendo los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y por embarazo); y se espera que la actual alcance a un número cercano a los siete millones.

Más allá de la imperiosa e innegable necesidad de un aporte estatal extra para reforzar las finanzas de millones de argentinos que no pudieron (y aún no pueden) trabajar, o que vieron caer drásticamente sus ingresos producto de las restricciones derivadas de la pandemia, el plan tiene fisuras que se ven expuestas en un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

En la publicación, titulada “¿Por qué el IFE no es eficiente?”, Idesa dice que “existen fallas en su diseño que llevan al derroche y a filtraciones de recursos” y que estos problemas “deberían ser tenidos en cuenta, especialmente ante la débil situación fiscal actual”.

El principal error no es de cobertura, sino de focalización, dice el informe de la consultora presidida por el economista Jorge Colina y cuya directora ejecutiva es la actual secretaria de Planeamiento y Modernización de la Municipalidad de Córdoba, Alejandra Torres.

Según Idesa, por esto se vio desbordada la estimación inicial de un universo de entre 3,6 y 4 millones de potenciales receptores.

Según la Anses, “el grupo familiar podrá considerarse unipersonal por declaración jurada del solicitante” que, si tiene menos de 25 años, para recibir el beneficio, “deberá acreditar un domicilio de residencia distinto al de sus padres para que se lo asimile a un grupo familiar unipersonal”. “En caso de que más de una persona de un mismo grupo soliciten la prestación, se dará prioridad a la mujer”, dice el organismo oficial.

Según el cálculo de la consultora, extrapolando los datos de la población urbana de la EPH a la total del país, se llega a algo más de 1,3 millones de hogares unipersonales. Esto es una tercera parte de los beneficios efectivamente liquidados en ese perfil de receptores (4,1 millones).

Para Idesa, “claramente hubo una tendencia a emitir una falsa declaración jurada de muchas personas para poder hacerse con el beneficio”, por lo que “numerosos hogares recibieron más de un ingreso familiar”, cuando uno de los requisitos era que lo recibiera una única persona por hogar.

Los números de Idesa coinciden con un informe de abril de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación realizado a propósito del IFE titulado Análisis y desafíos para la transferencia de ingresos a trabajadores precarios Dividiendo a las personas que conforman hogares unipersonales por tramos de edad, de acuerdo con la EPH (extrapolada a todo el país por Idesa), hay en Argentina 119 mil personas entre 18 y 24 años que estaban (al primer trimestre de 2020) desocupadas, inactivas u ocupadas ganando ingresos menores al máximo establecido para calificar para el IFE.

Sin embargo, en ese rango etario, recibieron la ayuda un total de 1,7 millones, que son los que declararon vivir en hogares unipersonales. Algo similar ocurrió para el tramo de edad que va de 25 a 34 años, donde el cálculo de Idesa –con base en Indec– arriba a 248 mil hogares, pero en el IFE se multiplican por cinco: 1,1 millones recibieron el beneficio.

En Córdoba, Anses liquidó en el primer pago del ingreso familiar de emergencia (IFE I) 346.081 beneficios en hogares unipersonales, sin contar los abonados junto con la asignación universal por hijo (AUH).

La misma encuesta muestra que en el promedio del total de los aglomerados urbanos, el 21 por ciento de los hogares están compuestos por una sola persona. A la gran mayoría (el 62,5 por ciento) lo integran entre dos y cuatro personas; y el 16,5 por ciento está compuesto por cinco o más.

Una de las ciudades con porcentaje más alto de hogares unipersonales es Bahía Blanca, con el 31 por ciento. Del otro lado del ranking está la mayoría de los centros urbanos del noreste argentino. En efecto, el NEA, en promedio, tiene sólo el 14,7 por ciento de sus hogares conformados por un único individuo.

A partir de este lunes comenzó el pago de la tercera tanda del ingreso familiar de emergencia (IFE) de $ 10.000 pesos. En esta fase, el pago se abonará en conjunto con el cronograma de pago de la asignación universal por hijo (AUH). Con DNI con terminación en 0: hoy lunes 10 de agosto; con DNI con terminación en 1: martes 11; DNI con terminación en 2: miércoles 12; DNI con terminación en 3: jueves 13; DNI con terminación en 4: viernes 14. Y sigue la semana que viene.


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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

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