Caputo duplicó su patrimonio en el primer año al frente de Economía y conserva la mayor parte fuera del país
Informó bienes por $11.851 millones: 137 % más que el año anterior. Quedó tercero en el ranking, detrás de Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona.
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El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024 y consignó bienes por $11.851 millones. El salto interanual fue del 137 % y respondió, en gran medida, a la revalorización de inversiones que el funcionario ya poseía.
El 65,8% del total, es decir $7.807 millones, se encuentra en el exterior. Caputo sostuvo depósitos offshore por $5.937 millones, distribuidos en dos cuentas corrientes en dólares. Declaró participaciones societarias por $1.870 millones en Ancora Investments, firma radicada en el exterior. En el país, registró activos líquidos compuestos por $2,1 millones en moneda local y US$ 778.000 en cajas de ahorro. Asimismo, reportó inversiones en Sacha Rupaska, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico, además de fondos comunes de inversión por $3,3 millones.
En cuanto a bienes registrables, el ministro declaró dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires valuados en $446 millones y $260 millones, respectivamente; un campo en Santiago del Estero tasado en $980 millones; dos lotes en Benavídez y Pilar; una casa en Villa La Angostura; y tres cocheras en CABA. También incluyó seis vehículos —dos Kia Carnival, una Volvo XC90, un yate, un gomón y un cuatriciclo—, aunque para estos y para algunos inmuebles no se detalló el valor fiscal. Entre 2022 y 2024 su patrimonio pasó de $744 millones a $11.851 millones.
Consultado por La Nación sobre la elevada proporción de activos en el exterior, Caputo explicó que “no pensaba ser ministro y así tenía el patrimonio cuando asumí. Si lo hubiese repatriado y convertido a pesos, me habrían acusado de usar información privilegiada. Preferí dejar todo tal cual estaba”.
Los más ricos del gabinete
Gerardo Werthein, titular de Cancillería, declaró un patrimonio de $92.056 millones, de los cuales 65 % —frente al 52 % del año anterior— se encontraba fuera del país. Entre sus bienes figuran inmuebles en Madrid y Punta del Este, tres lotes en Maldonado y una Ferrari 550 Maranello valuada en $309,3 millones. Su cartera denominada “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros” se multiplicó por cinco en tan solo un año.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, informó bienes por $18.089 millones y mantuvo el 80% en el exterior: depósitos equivalentes a $6.746,8 millones en Suiza, $4.688,4 millones en Estados Unidos, $2.422,2 millones en Puerto Rico y $265,6 millones en Uruguay. Además, posee 27 inmuebles —24 en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia homónima y uno en Neuquén—, junto con propiedades en Miami Beach y Punta del Este.
Los $11.851 millones de patrimonio que tiene Caputo lo colocan en tercer lugar.
A continuación se ubicaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos con $2.847 millones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien presentó $2.371 millones —el 61 % en el exterior y la curiosidad de haber adquirido un inmueble de apenas 1 m²—; y el ministro de Salud, Mario Lugones, con $282 millones.
Evolución patrimonial del Poder Ejecutivo
Dentro del Poder Ejecutivo, Javier Milei declaró $206 millones, un aumento del 64% respecto de 2023. La vicepresidenta Victoria Villarruel consignó $80,2 millones, un salto del 117%. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informó $11,4 millones, equivalentes a unos US$ 10.755 al tipo de cambio oficial o US$ 9.383 al paralelo, lo que implicó una expansión del 221%.
Patricia Bullrich, por su parte, registró $188,3 millones. Desde el Ministerio de Seguridad atribuyeron su incremento patrimonial tanto al ajuste del valor fiscal de sus inmuebles como a la venta de un vehículo.
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El kilo de merluza perforó los mil pesos más IVA en muelle, ante la reducción de la oferta. Para quien no conoce el sector, ese número puede parecer una referencia de mercado más. Para quienes capturan, procesan y exportan pescado fresco desde Mar del Plata, es la constatación de un doble punto de quebranto: al barco no le alcanza para cubrir los gastos de un viaje, y a la planta le resulta imposible siquiera llegar al costo de producción.
Ese es el diagnóstico que la Cámara Pesquera Argentina – Armadores Langostineros Federales Argentinos (CAPEAR ALFA) plasmó en un contundente informe técnico que recorre, uno por uno, los frentes abiertos que tiene el sector. La estructura de costos de la flota pesquera argentina está sobredimensionada por una acumulación de impuestos y tasas que la convierten en una carga excesiva e insostenible.
Contribuciones patronales y ART, el Derecho Único de Extracción, los cánones que corresponden a la Subsecretaría de Pesca (se incluye las Cuotas Individuales Transferibles de Captura, los Certificados de Captura Legal y los inspectores de pesca a bordo) los aranceles de SENASA, los Consorcios Portuarios Regionales, la Prefectura Naval Argentina, la Aduana y, como telón de fondo permanente, los derechos de exportación en concepto de retenciones.
Una lista que, leída de corrido, resulta casi kafkiana para un sector que genera divisas genuinas y opera en mercados internacionales donde no tiene ningún poder para fijar precios.
Los expertos del sector ubican, en ese punto, el nudo del problema. Nuestro país no es formador de precios en el mercado pesquero global: los valores los dicta el mercado internacional, y punto. Eso significa que la única palanca real para mejorar la competitividad es reducir los costos operativos y de producción.
La lógica tributaria vigente opera, sin embargo, en sentido exactamente contrario: cada impuesto, cada tasa, cada canon que se agrega a la cadena erosiona un margen que ya de por sí no alcanza. “No pedimos subsidios sino que se eliminen impuestos que asfixian a un sector que no los puede exportar”, sintetizó la cámara en su informe. Sucede que, a diferencia de lo que ocurre en otros rubros de la economía, el sector pesquero no puede trasladar esa presión fiscal al precio final, porque ese precio lo pone el comprador europeo o asiático, no el exportador nacional.
El margen que debería traducirse en ganancia se convierte en mera subsistencia. Las consecuencias concretas de la presión fiscal ya son visibles. Eso se traduce en menores inversiones tecnológicas y, en una mirada que abarca el tiempo, en la pérdida sostenida de puestos de trabajo registrado, tanto para tripulantes como para personal en tierra.
Aunque ocupen un lugar central en el reclamo, el informe de CAPEAR ALFA elaboró una radiografía que va mucho más allá de las retenciones.
El impuesto a las ganancias, por ejemplo, no solo afecta los márgenes de las empresas sino que impacta directamente en la remuneración de las tripulaciones, un sector sometido a ciclos de alta volatilidad en el que los ingresos variables por marea y los premios a la producción son parte esencial de la ecuación salarial. Cuando esos ingresos quedan atrapados en lo que el propio documento llama una “doble pinza” (ganancias + contribuciones elevadas), el resultado es un sistema que desalienta la productividad y complica las paritarias.
Precisamente en ese terreno, la cámara reconoció una dificultad estructural: “Conformar a los sindicatos en paritarias por inflación en pesos es imposible. Aumentar en pesos equivale a aumentar en dólares, lo que profundiza el desequilibrio.” En la flota fresquera, las paritarias todavía no se cerraron al momento del informe, con las partes convocadas a una audiencia y la flota retenida por una asamblea de los oficiales de máquinas. En los frigoríficos que exportan la producción, la situación es idéntica con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, que sigue negociando bajo los mismos parámetros.
A este escenario se sumó el impacto del precio del barril de petróleo, que golpeó a toda la cadena sin distinción. El combustible y los lubricantes para la flota, el transporte, los cajones, las bachas y las cunitas en las plantas, los paños de red, los cabos y los sunchos. Ningún insumo crítico de la industria escapó al efecto multiplicador del crudo: “Cada variación en el precio internacional del petróleo repercute en toda la cadena productiva, multiplicando los costos y erosionando la rentabilidad” subrayó el documento.
A eso se añadió la demora en la zarpada que el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (nuclea a los oficiales de máquinas de los buques) aplica desde hace cinco días y el proyecto gubernamental de permitir la transferencia de cuota de captura fresquera a la flota congeladora, lo que amenaza con profundizar aún más la presión sobre un segmento ya al límite.
Tampoco ayudaron los plazos que el Estado demora en devolver el IVA a las empresas exportadoras. Según el informe, esos plazos superaron los seis meses, un período que ahoga financieramente a compañías que no pueden sostener operaciones mientras esperan que el fisco les devuelva lo que por derecho les corresponde. La cámara también reclamó la eliminación del IVA al combustible como medida de alivio inmediata.
Pero la presión fiscal no es el único ancla que carga el sector. Citado relevamiento dedicó un capítulo entero a la maraña regulatoria que lo enreda. La normativa REFOCAPEMM (Decreto 572/94) junto con la norma N° 1-2024 (publicada en la Ordenanza N° 3-09 del DPSN Tomo 5) exige dotaciones a bordo que ya no se corresponden con los avances tecnológicos en la construcción de buques modernos, que permiten operar con tripulaciones más reducidas sin afectar ni la seguridad ni el rendimiento.
Prefectura Naval Argentina, lejos de adaptarse a esa realidad, advierten voces autorizadas, intensificó sus requerimientos de personal embarcado y negó las excepciones operativas incluso en casos de buques de baja potencia o tonelaje. El resultado es una contradicción que el propio documento califica de incoherente ya que se termina promoviendo la incorporación de tecnología sin ajustar las normativas, lo que genera una doble carga operativa y financiera para el armador.
A eso se suman las ART. Los valores actuales son elevados en función del riesgo real: no tienen correlato con la siniestralidad efectiva ni contemplan una prevención financiada, y engloban en una única nómina a todo el personal de las empresas sin considerar las particularidades de cada función. Como si fuera poco, organismos como la PNA, SENASA, FONAPE y los distintos Consorcios Regionales Portuarios se convirtieron en múltiples ventanillas que multiplican las demoras y la carga administrativa diaria, con funciones que muchas veces se superponen y costos de cumplimiento que se acumulan sin generar valor.
Frente a este diagnóstico, CAPEAR ALFA presentó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso un conjunto de propuestas concretas. En materia tributaria, la cámara pidió la exención o tasa cero de los derechos de exportación para los productos pesqueros, la suspensión y revisión de las retenciones del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones de las tripulaciones, la reducción transitoria de las contribuciones patronales para sostener el empleo formal, y la implementación de un crédito fiscal acelerado para inversiones en seguridad, electrónica y eficiencia energética. Se insistió también en la liberación de la importación de insumos y maquinarias, y en la posibilidad de contratar seguros internacionales con un esquema de ART competitivos.
En el plano regulatorio, la propuesta central es la creación de una Ventanilla Única Pesquera que integre a la PNA, SENASA, FONAPE y los Consorcios Regionales Portuarios en una plataforma digital unificada, con un arancel único consolidado, un calendario previsible y trazabilidad documental. A eso se suma la consolidación de inspecciones y la unificación de los certificados por marea o campaña, con el objetivo de reducir la duplicidad de controles.
La cámara propuso además un calendario regulatorio anual que publique aranceles y requisitos con doce meses de anticipación y una cláusula de estabilidad, junto con la implementación de un expediente digital compartido que evite a los armadores la duplicidad de trámites. En cuanto a las dotaciones, reclamó una revisión urgente de la normativa REFOCAPEMM para adecuarla a las capacidades tecnológicas actuales de los buques.
La entidad pesquera proyectó el impacto esperado de estas medidas si llegaran a implementarse. En un plazo de doce meses podrían lograrse aumentos de entre el 10% y el 15% en la estabilidad de las dotaciones y la formalización de tripulantes. La reducción de imposiciones permitiría recuperar entre cinco y ocho puntos de margen, mejorando la oferta argentina en los mercados internacionales. En dieciocho meses, el sector podría incrementar un 20% su inversión en capital y reducir un 15% la siniestralidad reportada. Por su parte, la implementación de la ventanilla única y el expediente digital podría recortar un 40% los plazos burocráticos y un 30% los costos administrativos.
La cámara propuso que todos estos indicadores sean auditados trimestralmente y reportados a las autoridades competentes, con trazabilidad pública.
En ese marco el sector solicitó integrar una mesa de trabajo con la Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Pesca y los diversos organismos técnicos involucrados. La cámara encuadró su pedido dentro del contexto de la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo Nacional, basada en el DNU 70/2023 y en los textos derivados del Pacto de Mayo.
La conclusión del documento no deja margen para la ambigüedad. Tanto la flota como las plantas de procesamiento en tierra no son inviables por naturaleza. Son inviables por exceso de impuestos, regulaciones y costos artificiales que distorsionan la actividad. “Si queremos que la pesca argentina sea un motor de divisas, debemos quitarle el peso muerto del Estado. No pedimos que nos den, pedimos que nos dejen producir”.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) dio a conocer en abril de 2026 su informe semestral “Composición de Precios”, elaborado con datos de febrero de 2026, en el que analizó cómo se forman los precios de tres alimentos esenciales de la canasta básica: la carne vacuna, el pan francés y la leche entera en sachet.
La conclusión central del trabajo es que uno de cada cuatro pesos que los consumidores destinan a esos productos va a parar a las arcas del Estado (ya sea nacional, provincial y municipal) en concepto de impuestos.
“En otras palabras, cada 4 bollitos de pan, nos comemos uno de impuestos y nos tomamos un vaso de leche por cada sachet”, precisó María Luz Silvetti, economista de la entidad.
La carne, el alimento con mayor carga impositiva
En el caso de la carne vacuna, el kilo tuvo un precio promedio de $16.780 en febrero de 2026. De ese total, el 51% corresponde a costos de producción, el 28% a impuestos y el 21% a ganancias de la cadena. Según FADA, los impuestos se ubican como el segundo componente de mayor peso en el precio final, por detrás únicamente del criador, que representa el 35%. Le siguen la carnicería con el 20%, el feedlot con el 16%, y el frigorífico con apenas el 1%.
Del total de impuestos en la cadena cárnica, el 75% son nacionales, el 20% provinciales y el 5% municipales. Los tributos de mayor participación son el IVA (que representa el 33% del total impositivo) y el Impuesto a las Ganancias (30%), seguidos por Ingresos Brutos (18%). En conjunto, esos tres gravámenes suman el 81% de la carga impositiva total.
Cabe señalar que la carne tributa un IVA reducido del 10,5%, menor al que soporta la leche.
“Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva años, con costos importantes como la tierra donde se crían los animales, la sanidad, la alimentación, el transporte, el personal”, explicó la economista de FADA Fiorella Savarino.
En el período comprendido entre agosto de 2025 y febrero de 2026, el precio de la hacienda registró subas por encima de la inflación acumulada del 16,5%: el ternero aumentó 78%, el novillito 46%, la carne al gancho 42% y el precio al consumidor 38%. Si se compara con un año atrás (con una inflación del 33,1%) el ternero se incrementó 106%, el novillito 66% y la carne al consumidor 64%.
Los altos precios de la carne vacuna tuvieron un efecto directo sobre las mesas de nuestro país. El consumo per cápita anual de carne bovina cayó cinco kilos: pasó de 49,5 kilos en 2025 a 44,5 kilos en 2026. En contraste, el consumo de carne porcina creció un kilo y medio y superó los 19,3 kilos per cápita anuales.
Pan y leche | Impuestos también por encima del 20%
En el pan francés, con un precio promedio de $3.538 el kilo en febrero de 2026, los costos representaron el 61%, los impuestos el 24% y las ganancias de la cadena el 15%. El precio tuvo marcadas diferencias regionales: en el Gran Buenos Aires se vendió a $4.202 el kilo, mientras que en la región noreste el promedio fue de $2.230, según datos del INDEC. Por eslabones, la panadería concentró el 65% del precio final, seguida por los impuestos (24%), el trigo (7%) y el molino (4%). En todo el recorrido del campo a la góndola, el precio del trigo se multiplicó por 13,5.
En la leche entera en sachet de 1 litro, con un precio promedio de $1.750, el 71% correspondió a costos, el 26% a impuestos y apenas el 3% a ganancias de la cadena. La distribución por eslabones fue: tambo 27%, industria 24%, comercio 23% e impuestos 26%. A diferencia de la carne y el pan, la leche afronta una alícuota del IVA del 21%, lo que eleva considerablemente su carga impositiva: ese tributo explica el 67% de todos los impuestos de esa cadena. El precio del sachet se multiplicó por 3,6 desde el campo hasta la góndola.
Los granos no son los culpables
Ante los frecuentes señalamientos sobre el rol de los precios agrícolas en la inflación alimentaria, FADA precisó la participación real de los granos en los productos finales. El maíz representa el 12% del precio final de la carne de cerdo, el 13% en carne aviar, el 6% en carne bovina y el 4% en leche. El trigo, por su parte, participa con el 10% del precio final del pan francés.
“De esta forma, se deduce que los granos no influyen tan fuertemente, ya que alrededor del 90% de los costos son otros“, expresó Semadeni. Entre esos otros factores se encuentran los costos de insumos, alquileres, salarios, energía, transporte, comercialización y administración.
El conflicto en Medio Oriente presiona a las góndolas
El informe de FADA incluyó además un análisis sobre el impacto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, que derivó en el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, el 25% del gas y cerca de la mitad de los fertilizantes, en particular la urea, utilizada de manera intensiva en la producción agrícola y especialmente en el cultivo de trigo.
En ese contexto, la inflación de marzo de 2026 fue del 3,4%, con aumentos significativos en los rubros Transporte (4,1%) y Vivienda, electricidad, gas y combustibles (3,7%), vinculados al fuerte incremento del precio internacional del petróleo —de hasta el 50%— y su traslado al mercado local de combustibles, donde los aumentos oscilaron entre el 20% y el 25% en marzo.
“Lo que pasa en Medio Oriente afecta nuestros bolsillos: en el actual contexto de guerra, el primer costo que va a subir es el de los fletes, principalmente por el aumento en los combustibles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El flete representa el 6% del precio del sachet de leche y es el 8% de los costos del productor de trigo”, subrayó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA. “Los aumentos en la logística van a repercutir en precios y en las ganancias de los diferentes eslabones que producen estos alimentos”, concluyó.
Según la estimación de FADA, el impacto de los aumentos registrados en las tarifas de transporte (13,6% en marzo) sobre el precio final de los alimentos sería del 0,2% en el pan y del 0,8% en la leche. Otros eslabones que podrían verse afectados son el tambo, la cría y el feedlot, cuya operación depende en gran medida del combustible. En términos generales, la fundación estimó que el aumento de costos superará las mejoras en los precios de los commodities, con posibles efectos de traslado a precios cuya magnitud dependerá de la evolución y duración del conflicto.
El discurso oficial del Gobierno de Javier Milei se construyó sobre una premisa innegociable: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y “el que las hace, las paga”, con un combate sin cuartel contra la corrupción de la “casta”. Sin embargo, cuando la denuncia surge desde las entrañas de las Fuerzas que el propio Presidente prometió reivindicar, la respuesta no es la investigación, sino el castigo.
El cabo Miguel Ángel Montiel no es un teórico de la política; es un efectivo que, tras nueve años de servicio, decidió encadenarse a metros de la oficina presidencial para exponer una red de “planillas fantasma” y desvío de fondos en la Superintendencia de Transporte de la PFA. Lo hizo a cara descubierta, con su uniforme y la honestidad de quien ya no tiene nada que perder.
La reacción del Ejecutivo fue un silencio ensordecedor.Ni Karina Milei, ni la ministra Alejandra Monteoliva, ni la hoy senadora Patricia Bullrich —quien históricamente se embanderó en la defensa de la “familia uniformada”— se dignaron a cruzar la calle para escuchar al denunciante. En lugar de una citación para auditar las cajas negras de la fuerza, Montiel recibió un mensaje mafioso: una “zona liberada” en su domicilio de Burzaco, donde una operación de inteligencia disfrazada de robo le arrebató las pruebas (pendrives, fotos, documentos y su notebook) que sustentaban su denuncia, bajo la vigilancia previa de drones que nadie pudo —o quiso— explicar.
Montiel esposado a las rejas de la Casa Rosada.
Entre el patrullero, el taller y la prohibición
La degradación de las Fuerzas de Seguridad no comenzó ayer, pero bajo la gestión actual ha alcanzado niveles de cinismo inéditos. Montiel confesó recientemente en una entrevista televisiva lo que es un secreto a voces en los pasillos de las comisarías: un sueldo de $850.000 tras casi una década de servicio no alcanza para sostener a una familia. Para poner un plato de comida en la mesa, el cabo debe sacarse el uniforme y ponerse el overol demecánico, realizando “changas” extrasque completen el salario que el Estado le mezquina.
Esta realidad de “policías pluriempleados” choca de frente con una burocracia estatal que parece ensañarse con el eslabón más débil. Mientras el Gobierno se jacta de una filosofía liberal que defiende la libertad de trabajo, a los efectivos se les persigue y prohíbe generar ingresos extra a través de aplicaciones de transporte o delivery como Uber, Pedidos Ya o Rappi.
Es la cumbre de la humillación: el Estado les otorga salarios por debajo de la línea de pobreza, les quiebra la obra social (dejando a miles de familias sin cobertura médica digna) y, al mismo tiempo, les cierra la puerta a cualquier salida laboral honesta para sobrevivir. A quien se atreve a reclamar por esta miseria planificada, como hizo Montiel el pasado 2 de abril, la institución le responde con la persecución de su propia cúpula, tratándolo como a un delincuente por el solo hecho de querer ganar el dinero que el propio Ministerio de Seguridad no le garantiza.
Montiel junto a una madre y su hijo en la movilización frente al Edificio Centinela.
Danann y el peso de la traición electoral
El sentimiento de desamparo que recorre las filas de la fuerza encontró su voz política en el acto frente al edificio Centinela. Fue Emmanuel Danann quien, con la contundencia que el momento exigía, puso nombre y apellido al malestar de miles de uniformados.
Como señaló Danann en su discurso, este gobiernose embanderó con la defensa de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas para ganar votos, asegurando que el apoyo sería total. Sin embargo, en la práctica, la realidad es diametralmente opuesta. No sólo se mantienen salarios de miseria, sino que se ha permitido el vaciamiento de la obra social (IOSFA / OSPFA), dejando a los efectivos y sus familias en un estado de vulnerabilidad absoluta ante cualquier problema de salud.
La traición es doble porque no sólo es económica, sino moral. El mileísmo, que se jacta de combatir a los “corruptos”, ha decidido amparar a las cúpulas denunciadas mientras utiliza el aparato de inteligencia para perseguir a los que, como Montiel, se atreven a señalar dónde se fuga el dinero. La reivindicación prometida resultó ser un espejismo: el apoyo del Estado hoy no es para el policía que arriesga la vida en la calle, sino para el sistema que garantiza que nada cambie.
Junto a Miguel Montiel, Emmanuel Danann en el discurso que dio el 2 de abril.
Operación de inteligencia y amenazas a la familia
La persecución contra Montiel no sólo es política, es quirúrgica y mafiosa. El ingreso a su domicilio en Burzaco el pasado 12 de febrero no tuvo las características de un robo común. El uso de drones para vigilancia previay la permanencia de los delincuentes dentro de la casa, incluso al notar que se trataba de la vivienda de un policía, delatan una operación de inteligencia. El objetivo fue claro: sustraer una notebook, fotos, dos pendrives y la documentación probatoria de la corrupción denunciada. Si fuera un “robo al voleo”, ¿a qué delincuente puede interesarle robar pendrives, fotos y documentación?
Al cabole habrían mandado a robar las pruebas, pero además le dejaron un mensaje claro: su familia está marcada. El asedio ha escalado hasta las amenazas directas contra su entorno, una táctica de terrorismo institucional para quebrar la voluntad de quien decidió no ser cómplice.
El alambre por donde ingresaron los delincuentes: cortadoUna de las puertas forzadasLa habitación revuelta, la campera de la PFA a la vista
En paralelo, el asedio continuó en el plano administrativo con una desprolijidad que roza el absurdo. La Subinspector Celia Rejas —como encargada— y los cabos Álvaro Cabrera y Luis Andrada —como testigos— se presentaron para notificar al denunciante de resoluciones que exponen el apuro de la cúpula por desplazarlo. En un acto de negligencia documental, las actas oficiales registran periodos de “disponibilidad” fechados erróneamente en 2025, un yerro técnico que demuestra cómo se están armando expedientes a contrarreloj para intentar dar un barniz de legalidad a la persecución.
En un video publicado el martes 7 de abril en su Instagram, Montiel dijo: “hoy tuve la agradable visita, e inesperada, de mis camaradas de la comisaría Belgrano Norte, para notificarme. Me hicieron firmar tres actas de notificaciones […] están analizando qué es lo que van a hacer: si me van a echar de la policíao si continúo en servicio pasivo”.
La maniobra final es la más perversa: la patologización del reclamo. Apenas Montiel expuso las cajas negras de la fuerza, el sistema respondió pasándolo a revista de forma inmediata. Ahora que el cabo sumó a su denuncia el reclamo por mejoras salariales y el estado terminal de la obra social, la institución activa el protocolo del silencio: dicen que “está loco”. La revisión de la Junta Médica para evaluar su “aptitud psicofísica” no es un examen de salud, es el mecanismo histórico para declarar “no apto” al que señala la suciedad, buscando quitarle el uniforme y la credencial para silenciar su testimonio mientras el Estado le respira en la nuca a su familia.
Como parte de este desarme simbólico, la cúpula le exigió la entrega inmediata de su uniforme y equipo. Sin embargo, Montiel se negó rotundamente a ceder sus atributos de mando, ya que aún posee estado policial. Sabe que el objetivo… de esta intimación es despojarlo de su identidad policial para que no pueda aparecer uniformado en videos o ante la prensa, intentando restarle peso a su denuncia. A pesar de que ya le han prohibido formalmente presentarse en eventos públicos y medios de comunicación, el cabo resiste: entiende que el uniforme no le pertenece a la cúpula que lo persigue, sino al juramento que ellos mismos traicionaron.
Video subido por Miguel Montiel a sus redes sociales explicando la entrega de notificaciones.
La persecución contra Montiel saltó de la calle a la pantalla de televisión. El miércoles 8 de abril, el cabo se presentó uniformado en el piso de Crónica TV, en una visita gestionada por Emmanuel Danann y Augusto Grinner, para exponer ante todo el país lo que el Ministerio de Seguridad intenta ocultar. Con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder, Montiel adelantó lo que era un secreto a voces: que su expulsión de la fuerza era cuestión de horas.
Su capacidad de anticipación fue milimétrica. Sólo 12 horas después de su aparición televisiva, la cúpula policial envió a su domicilio el acta de defunción de su carrera policial. Al momento de estampar la firma en el acta que pretende silenciarlo, el cabo, retirado del Ejército, dejó un mensaje de puño: “En disconformidad. ¡Viva la Patria!”.
El cementerio de la desidia y el grito de “los buenos”
La crisis que atraviesan las Fuerzas de Seguridad no es sólo administrativa o salarial; es una tragedia humanitaria que se mide en vidas perdidas. Mientras el Gobierno se jacta de un superávit fiscal construido, en parte, sobre el hambre de quienes arriesgan la vida, la realidad en las barriadas del conurbano y el interior del país es desoladora. Los suicidios de tres efectivos policiales en los últimos días—en Temperley, Entre Ríos y Merlo— son el síntoma terminal de un sistema que asfixia al personal, les quiebra la salud mental y les quita la cobertura médica básica.
Montiel, visiblemente afectado por la pérdida de sus pares mientras él mismo resiste el asedio oficial, fue tajante al referirse al agente de la PFA que se quitó la vida: “Quería […] mandarle mis condolencias a los familiares de mi camarada fallecido en el día de ayer, que sepan que no están solos“, frase que no es sólo un pésame, sino además una denuncia contra la soledad a la que el Estado arroja a sus efectivos. El cabo, que hoy debe trabajar como mecánico para subsistir, sintetizó el sentimiento de quienes aún honran el uniforme a pesar de la cúpula:“los de azul son los buenos”.
María Belén Ferreyra Suicidada el 28 de marzoDaniela Giuliana Lezcano Balzer Suicidada el 2 de abrilJuan Antonio Laundolfi Suicidado el 6 de abril
La resistencia del cabo Montiel ha dejado al descubierto la grieta que separa el relato oficial de la cruda realidad de las comisarías: mientras en los despachos gubernamentales se celebran los números macroeconómicos, en la calle los efectivos enfrentan el desamparo de una obra social quebrada, salarios que no cubren la canasta básica y un sistema que, lejos de proteger al honesto, parece diseñado para silenciarlo bajo amenazas y amonestaciones.
El caso de Montiel no es un hecho aislado, sino el espejo de una Fuerza que exige a gritos ser dignificada antes de que el silencio y la desidia se sigan cobrando vidas.
En una entrevista exclusiva con el periodista Eduardo Prestofelippo (conocido popularmente como “El Presto”), la concejal del PRO en Villa Gesell Clarisa Armando, reveló en el programa de streaming Canal EY!, durante el segmento Perdón X La Vehemencia, que el intendente Gustavo Barrera percibe “cerca de $20 millones” mensuales.
“Gana más que el presidente”, afirmó Armando, agregando que “él y todos los funcionarios tienen una herramienta que se llama los adicionales, que duplica, en algunos casos al 200%, el 150%, en otros el 100, el sueldo base%. Ningún funcionario se deja de cobrar el adicional por función. Y el intendente lo cobra, cobra por representarnos un adicional, por función completa, por la representación que tiene porque viaja.”
El líder comunal Barrera, del partido kirchnerista de Unión por la Patria (UxP), y que gobierna el municipio desde 2014, es decir, lleva más de 12 años al frente de la localidad. Este dato es central, ya que la oposición usa su larga gestión para señalarlo como el principal responsable del deterioro financiero acumulado.
La acusación de que Barrera cobra alrededor de $20 millones por mes circuló en ese contexto político, en el que la discrepancia reclama que se publiquen los sueldos de toda la planta política. Armando también denunció que el intendente “fue acomodando a cada uno de los militantes que responden al intendente Barrera, por encima de todos los empleados de carrera del municipio”.
“Es una locura lo que te estoy diciendo, pero es real. Y lo hacen por decreto. O sea, él mismo firma su aumento. Él mismo le firma el aumento, el adicional, a sus funcionarios. Si vos, o cualquier vecino que se meta y pueda ver los decretos que están publicados, esos decretos figuran cuando descaradamente se lo cobran”, recalcó Armando.
En síntesis, la crítica no sería solo al número del sueldo en sí, sino a la opacidad con que se maneja la nómina política en una administración que dice no tener dinero.
La crisis financiera de Villa Gesell es real y está documentada. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, el municipio perdió $3.653 millones en recursos, resultado de una caída de $2.903 millones durante 2025 y otros $750 millones en los primeros meses de este año. A eso se suma un fuerte incremento de la deuda municipal, que pasó de $39 millones en 2014 a casi $10.000 millones en 2025, lo que representa un aumento del 25.000%, según un informe del bloque PRO en el Concejo Deliberante.
🔴 En este video, El Presto revela el gravísimo escándalo ocurrido en Villa Gesell durante la sesión del Concejo Deliberante donde se debatía el presupuesto 2026 impulsado por el intendente kirchnerista Gustavo Barrera.
“También le cobra a los vecinos cuando tiene que viajar a otro lado en representación del municipio. Se llaman gastos por representación y lo cobra todos los meses”, indicó Armando.
Barrera atribuye la crisis principalmente al recorte de coparticipación por parte del gobierno nacional del presidente Javier Milei y la caída de la actividad económica. La contraposición, en cambio, destaca que el deterioro comenzó antes y es producto de una administración deficiente durante 12 años.
El Juzgado Federal N°1 de la provincia de Corrientes sancionó a La Libertad Avanza (LLA) por no haber presentado el informe final de los gastos de campaña de las elecciones del 26 de octubre de 2025. La resolución impone una pena económica y congela los fondos que el Estado le transfiere al partido, un sacudón político en plena arena electoral.
La decisión fue comunicada formalmente tanto a la Cámara Nacional Electoral como a la Dirección Nacional Electoral (DINE), lo que la elevó de una cuestión distrital a un expediente con seguimiento federal.
La resolución judicial contempla tres medidas especialmente severas. Por un lado, impone una multa económica equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido en el distrito, una sanción que recae sobre los recursos del Fondo Partidario Permanente que el gobierno distribuye mensualmente para el sostenimiento de las actividades ordinarias.
Además, establece la suspensión cautelar de todo tipo de financiamiento estatal mientras persista la transgresión, una disposición de carácter provisional pero de efecto inmediato que puede ser levantada si la situación se regulariza.
A esto se suma una intimación de 15 días para que los apoderados presenten el informe adeudado, bajo apercibimiento de perder de manera definitiva el acceso a los fondos públicos en caso de no cumplir dentro del plazo fijado.
– Lisandro Almirón
Si el partido no regulariza la situación dentro del plazo fijado desde el 8 de abril, la ley habilita al juez a declarar “no acreditados” el origen y destino de los fondos de campaña. Se trata de una sanción con consecuencias graves, ya que significa que la Justicia Electoral considera que LLA no puede justificar cómo obtuvo o en qué gastó el dinero de su campaña. En casos más graves, la ley también prevé la pérdida del derecho a recibir financiamiento público por hasta cuatro años, según el artículo 62 de la norma.
La Ley 26.215 estipula un régimen escalonado de sanciones en función del tiempo que el partido lleve sin presentar el reporte. Si la mora es de hasta 30 días, corresponde una multa equivalente al 10% de los aportes públicos electorales.
Cuando el incumplimiento se extiende entre 31 y 90 días, la sanción se duplica y pasa al 20%. En los casos en que la demora supera los 90 días, la norma dispone la suspensión cautelar de todos los aportes públicos y una intimación de dos semanas para que la situación sea regularizada.
¿Qué candidatos estaban en juego?
En las elecciones del 26 de octubre de 2025 en Corrientes se renovaron tres bancas de diputados nacionales. La lista de LLA fue encabezada por Virginia Gallardo, acompañada por Isidro Gapel Redcozub. LLA obtuvo el 32,68% de los votos, muy cerca del oficialismo provincial “Vamos Corrientes” con 33,91%, y se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue considerado un resultado sorprendente, dado el fuerte crecimiento del partido en la provincia respecto a las PASO del 31 de agosto.
Las elecciones fueron el 26 de octubre de 2025. La resolución se firmó el 8 de abril de 2026, es decir, unos cinco meses y medio después. Eso ubica el incumplimiento claramente en la franja de “más de 90 días”, lo que explica la multa del 20% y la suspensión simultánea de los fondos. En síntesis, LLA de Corrientes no solo llegó tarde, sino que directamente no presentó el balance económico.
– Lisandro Almirón e Isidoro Gapel Redcozub
La decisión judicial no cae en el vacío. Corrientes tuvo dos elecciones en 2025, con las provinciales del 31 de agosto (donde el armado del exgobernador Gustavo Valdés ganó cómodamente la gobernación con más del 51%, y LLA con Lisandro Almirón apenas obtuvo alrededor del 9.5%) y las nacionales del 26 de octubre, donde LLA se recuperó notoriamente. La sanción se conoce en un momento en que el espacio libertario sigue construyendo su estructura orgánica en la región norte.
Este tipo de sanciones no es exclusivo de LLA, debido a que desde 2013 hasta 2021, la Justicia Electoral aplicó más de 1.500 sanciones a distintas agrupaciones por irregularidades en los informes de campaña, con un récord de 479 sanciones solo en 2021. Lo que llama la atención en este caso es que afecta al oficialismo, cuya imagen pública se construyó en parte sobre la bandera de la transparencia y el recorte.
La medida se enmarca en una estructura donde todo partido político que compita por cargos nacionales está obligado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a rendir ante la Justicia Electoral dos presentaciones contables. Uno previo (antes de la elección) y uno final (después), detallando todos los ingresos recibidos y los gastos realizados durante el proceso electoral.
Esta rendición debe presentarse utilizando una plataforma oficial de INFIPP, provista por la Cámara Nacional Electoral, debe incluir también los gastos en redes sociales y plataformas digitales. La legislación obliga a identificar el origen de cada peso, ya fuera en concepto de donaciones, aportes públicos u otros ingresos específicos.
El discurso de la “nueva política” y la superioridad moral de La Libertad Avanza enfrenta su hora más oscura en la provincia de Buenos Aires. El foco de la tormenta se posa sobre Sebastián Acuña, quien fuera designado para liderar la rama juvenil del partido en territorio bonaerense. Lejos de representar una renovación, Acuña arrastra un prontuario de militancia en el peronismo que la cúpula partidaria decidió ignorar al momento de otorgarle la lapicera.
Acuña admitiendo ser “orgullosamente peronista”
Sin embargo, lo más grave no es su genealogía política, sino las graves acusaciones que pesan sobre su integridad. Según registros y testimonios, Acuña estaría involucrado en una serie de episodios de presuntos acoso que incluirían el envío de mensajes inapropiados a menores de edad. La acusación adquiere una dimensión institucional sistémica al trascender que el dirigente habría utilizado su posición de poder para ofrecer cargos públicos y lugares privilegiados en la estructura partidaria a cambio de favores sexuales.
Estas denuncias exponen una matriz de comportamiento que la militancia mileísta solía denunciar en las filas del kirchnerismo. El caso de Acuña no parece ser un hecho aislado de conducta privada, sino la consecuencia directa de un armado territorial que, en su afán por llenar casilleros, terminó por importar las peores prácticas de la denominada “casta” peronista.
Tuit de la designación de Acuña como coordinador de la juventud de LLA en PBA
Violencia armada y pasado barrabrava en PBA
El entramado territorial en el conurbano bonaerense, específicamente en la estratégica Tercera Sección Electoral, expone una de las contradicciones más crudas de la estructura liderada por Sebastián Pareja. El coordinador de esta zona, Fabricio Martínez, no es un cuadro formado en las ideas de la libertad, sino un personaje cuya trayectoria está ligada al kirchnerismo y a la militancia de choque de Guillermo Moreno, caracterizada por métodos de acción directa que hoy conviven con la retórica oficialista.
Cuando el coordinador de LLA, Fabricio Martínez, militaba a Guillermo Moreno.
Martínez, identificado como mano derecha de Pareja y asiduo acompañante de altas figuras del Ejecutivo en actos públicos, carga con un historial que desafía cualquier filtro de idoneidad. En 2022, su vehículo personal fue blanco de un ataque de 35 disparos, un episodio vinculado a las internas del submundo político bonaerense. Lejos de ser un hecho aislado, en 2023 protagonizó otro incidente de gravedad al efectuar disparos desde el interior de un colectivo.
Con un pasado vinculado a las barrabravas y sin registrar actividad laboral formal desde el año 2007, su ascenso a la coordinación de una sección electoral clave demuestra que, para el armado bonaerense, el prontuario y la capacidad de despliegue territorial pesan más que la propuesta.
Sebastián Pareja y Fabricio Martínez juntos, en un acto de LLA.
Esta lógica de reclutamiento se extiende a figuras con representación en el Congreso, como es el caso de la diputada nacional Andrea Vera. Hija de Ramón “Nene” Vera, suinscripción en el PJ bonaerense comandado por Máximo Kirchner no fue impedimento para ocupar una banca nacional en nombre de la libertad.
El esquema se completa con personajes como Agustín Álvarez, quien realizó un salto sin escalas desde la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois a la coordinación de la agrupación del “Nene” Vera. El patrón es innegable: en la Tercera Sección, el cambio no es una cuestión de ideas, sino de reciclar fuerzas de choque y militancia del kirchnerismo y el peronismo ortodoxo.
Álvarez con GraboisÁlvarez con Vera
El caso de Tigre es, quizás, el más obsceno. Diversas investigaciones y el comportamiento legislativo posterior confirmaron que el armado local de LLA fue una concesión directa a Malena Galmarini y Sergio Massa. No fue una coincidencia: en las PASO y las Generales de 2023, la boleta de Milei fue cuidada en el conurbano por fiscales del kirchnerismo, bajo la orden de garantizar que el libertario creciera lo suficiente como para dañar a Juntos por el Cambio.
Galmarini y Massa
Esta simbiosis electoral explica por qué, tras el triunfo, la estructura de LLA en distritos como Pilar y San Martín se transformó en un apéndice del oficialismo K. En Pilar, los concejales libertarios votaron a favor del “impuestazo” del intendente Federico De Achával, mientras que en San Martín el bloque mileísta se mostró funcional a la gestión del kirchnerista Fernando Moreira, sucesor de Katopodis.
Esta realidaddesarticulala narrativa que la militancia de redes. La fábula de que “los kukas en el partido son culpa exclusiva de Sebastián Pareja” se cae por su propio peso: Pareja sólo opera en la provincia de Buenos Aires, pero el patrón de reciclaje de cuadros peronistas, comunistas y massistas se repite de forma federal —desde Formosa hasta el Gabinete nacional con Daniel Scioli—. El silencio absoluto de la militancia tuitera ante el rol de Karina Milei, jefa directa de Pareja y armadora nacional, evidencia un blindaje selectivo. El engaño a la militancia rasa fue total: mientras ellos fiscalizaban con esperanza, la cúpula firmaba listas donde la “casta” se aseguraba la continuidad bajo el ala del león.
Sebastián Pareja con Sebastián Acuña, el coordinador de la juventud de LLA
El mapa del reciclaje
La supuesta limpieza de la política argentina se transformó en un operativo de reciclaje a gran escala. A continuación, el detalle de algunos delos nombres dekirchneristas y comunistas que la militancia de redes intenta ocultar, pero que hoy manejan las cajas y las bancas de La Libertad Avanza:
· Santiago Viola(nacional): Apoderado del partido y Viceministro de Justicia. Fue el abogado defensor de la familia de Lázaro Báez en la Causa Vialidad. Su salto de defender al cajero del kirchnerismo a manejar la Justicia nacional es la contradicción ética más grave del Gobierno.
· Daniel Scioli(nacional): Ex vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador de Buenos Airescon CFK, candidato presidencial del kirchnerismo en 2015 y funcionario de Alberto Fernández hasta fines de 2023. Tras décadas de ser el emblema del sistema, hoy ocupa un lugar de privilegio en el Gabinete libertario como Secretario de Turismo y Ambiente.
Alberto Fernández, Daniel Scioli y Nicolás Maduro.
·José “Pepe” Scioli(nacional): Fue el armador político y jefe de campaña de Daniel Scioli durante sus años en el Frente para la Victoria, presidiendo la Fundación DAR, el “think tank” que diseñaba las políticas públicas del kirchnerismo de cara a 2015. Actualmente, opera como un operador en las sombras dentro de la estructura libertaria, coordinando vínculos políticos que el oficialismo prefiere no publicitar.
· Nicolás Scioli(nacional): Fue vicepresidente del Grupo Provincia durante la gestión de su hermano en Buenos Aires y funcionario de carrera del sciolismo kirchnerista. En la actualidad, ha dejado la función pública directa para convertirse en un armador territorial de LLA en la Zona Norte (especialmente en Tigre), donde incluso ha inaugurado locales partidarios junto a Daniel Scioli, promoviendo el “cambio” bajo el sello de Milei en distritos clave.
· Leila Gianni (nacional / PBA): Hasta noviembre de 2023 apoyaba abiertamente a Sergio Massa; en apenas semanas, pasó de la militancia kirchnerista a ser la cara mediática de Capital Humano y ahora representante legislativa del mileísmo en La Matanza.
Leila Gianni militando a Néstor y Cristina, hoy referente y concejal de LLA en La Matanza.
· Gerardo Werthein (nacional): Excanciller. Fue un aliado estratégico del kirchnerismo: en 2011 apoyó públicamente la reelección de Cristina Kirchner y su holding creció bajo el amparo de las concesiones estatalesdurante la gestión K.
Tuit de Werthein apoyando a Cristina Fernández en el “vamos por todo” del 54%, en 2011.
· Guillermo Francos (nacional): Se desempeñó como representante de la Argentina ante el BID durante la gestión deAlberto Fernández, cargo al que renunció para sumarse al equipo de Javier Milei. Tras haber ocupado la Jefatura de Gabinete de Ministros, actualmente ejerce como Asesor Ejecutivo del Gobierno Nacional, manteniendo su rol de estratega y articulador político en la mesa chica de la Presidencia.
Francos junto a Eduardo “Wado” de Pedro, fundador de La Cámpora
· Yanina Martínez(nacional): Ex subsecretaria de Turismo. Fue el máximo exponente de la continuidad albertista dentro de La Libertad Avanza, ocupando el mismo cargo que tuvo durante toda la gestión de Alberto Fernández hasta su eyección del Gobierno en enero de 2025.
Martínez caminando abrazada a Alberto Fernández
· Pilar Ramírez (CABA): Legisladora porteña, presidente de LLA de CABA y figura de máxima confianza de Karina Milei. Fuefuncionaria del gobierno de Alberto Fernández hasta mediados de 2022 y, apenas meses después, ya revistaba en las filas de LLA. Se le señala por su cercanía histórica con el entorno de Julio De Vido y Mariano Recalde, habiendo sido funcionaria kirchnerista entre 2008 y 2016 en Aerolíneas Argentinas.
Mariano Recalde (fundador de LLA), Alessandra Minnicelli (esposa de Julio De Vido) y Pilar Ramírez (presidente de LLA de CABA)
· Andrea Freguia(CABA): Legisladora porteña de LLA. Su currículum político la ubica como ex asesora y jefa de despacho de la exsenadora nacional kirchneristaMaría Laura Leguizamón, confirmando que la “casta” legislativa solo cambió de despacho.
· Ramón “Nene” Vera(PBA): Diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Histórico dirigente del kirchnerismo bonaerense, incluso candidato, que hoy funge como uno de los pilares del armado oficialista en el conurbano.
Vera en su candidatura a intendente K, 2019
· Andrea Vera(PBA): Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires e hija de Ramón Vera. Su origen político está directamente ligado al PJ bonaerense de Máximo Kirchner, partido al que estuvo afiliada hasta poco antes de “hacerse libertaria”.
Alejandro Carrancio(PBA): Diputado provincial y pieza clave del armado de Sebastián Pareja. Proviene del Frente Renovador de Sergio Massa, donde fue concejal en Mar del Plata. Tras años de articular con el kirchnerismo local, hoy es el encargado de negociar con la política tradicional bonaerense bajo el sello de la “libertad”.
Carrancio muy feliz junto a Sergio Massa
· Lilia Adela Bolukalo Lemoine(PBA): Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y flamante presidente de la Comisión de Juicio Político. Se hicieron públicas sus declaraciones celebrando el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, admitiendo ser socialista, votante de Luis Zamora, elogiando a Myriam Bregman, pidiendo que ganara un presidente socialista, e incluso insultando a Agustín Laje por “ser muy de derecha”.
Lemoine admitiendo ser pro-CFK, socialista, pro-aborto y más
· Pablo Ansaloni(PBA): Diputado Nacional con un extenso recorrido por el sindicalismo y el Partido Fe. Fue diputado del kirchnerismo hasta 2023.
· Manuel Quintar(Jujuy): Diputado Nacional que ingresó a las listas libertarias tras un largo recorrido por el kirchnerismo jujeño, donde fue candidato y también alguiencercano a Milagro Sala.
Quintar junto a Milagro SalaHistoria de Quintar y su candidatura K
· Lisandro Almirón(Corrientes): Diputado Nacional por Corrientes, dirigente con pasado en múltiples armados de la política correntina que, siendo concejal kirchnerista hasta 2023, encontró en el sello de Milei la vía para instalarse en el poder nacional.
Malena Galmarini (esposa de Massa) y AlmirónFlyer de la candidatura K de Almirón
· Atilio y Pablo Basualdo(Formosa): El primero, Diputado Nacional yex intendente kirchnerista; el segundo (su hijo), intendente de Las Lomitas. Ambos provienen del riñón directo de Gildo Insfrán, el gobernador más cuestionado por el propio Milei durante la campaña.
Atilio Basualdo y Gildo InsfránAtilio Basualdo y Gildo InsfránPablo Basualdo y Gildo Insfrán
· Cristian Castellano(Formosa): Ex referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido Comunista Revolucionario, perteneciente a Unión por la Patria. Un cuadro de extrema izquierda que encontró refugio en LLA como plataforma de oportunidad, candidateándose como diputado provincial, pero alejándose de LLA en marzo de 2026.
Castellano entrevistado por Canal 7 de FormosaCastellano con la remera de la CCC
· Diego Hartfield (Misiones): Diputado nacional. El extenista se sumó a LLA tras un pasado de militancia kirchnerista: en 2015 fue candidato a concejal suplente por el Frente Renovador de la Concordia, dentro del Frente para la Victoria. Existen registros de él haciendo la “V” con los dedos y criticando duramente a Mauricio Macri por la represión de piquetes, evidenciando un perfil ideológico opuesto al que hoy dice representar.
Diego Hartfield cuando expresaba que “Perón Vuelve”
· Tomás Ise Figueroa(Santiago del Estero):Presidente de LLA en su provincia y excandidato a Senador nacional. Antes de ser el referente libertario local, fue el segundo mayor aportante privado de la campaña deAlberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019 con una cifra que, ajustada por inflación, hoy equivale a casi $83.000.000. Además, fue asesor de Gerardo Zamora y del kirchnerismo durante varios años.
Figueroa aportando $1.778.400 en 2019 a CFK; hoy serían casi $83 millones
· Sonia Limache(PBA): Referente de LLA de Quilmes que, meses antes de ser ungida por LLA, se mostraba en videos y fotos con Mayra Mendoza y Axel Kicillof.
Limache caminando abrazada a Mayra Mendoza
· Sebastián Pareja(PBA): Senador provincial y armador central de LLA en Buenos Aires. Pese a ser el arquitecto del espacio en el distrito, su pasado lo ubica financiando al kirchnerismo: en 2011 fue aportante oficial de la fórmula Cristina Kirchner – Amado Boudou. En aquel entonces aportó $1.000, una cifra que, ajustada por inflación a valores de hoy, representaría aproximadamente $500.000.
El aporte de Pareja a la campaña de Cristina Fernández y Amado Boudou
Este inventario de nombres, que abarca desde la estratégica Buenos Aires hasta los rincones más profundos del interior federal, termina con la mentira del “error de armado”.No es una infiltración accidental ni una falla de Sebastián Pareja, quien sólo tiene jurisdicción en territorio bonaerense.
El hecho de que personajes con estos prontuarios ocupen cargos en el Gabinete nacional y en provincias donde Pareja no tiene poder de decisión, confirma que se trata de un plan de ocupación sistémico. Es una política de reciclaje diseñada y avalada por la conducción nacional de La Libertad Avanza —comandada por la hermanísima, Karina “El Jefe” Milei—, que utilizó la esperanza de la militancia como combustible para devolverle el poder a la misma “casta” que prometió combatir.
La “tábula rasa” como salvoconducto para los mismos de siempre
La Libertad Avanza llegó a las elecciones generales de 2023 con una promesa que resonó en todo el país: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. Sin embargo, tras el resultado de octubre, esa máxima fue descartada en favor de una supervivencia política inmediata que aplicó un giro de 180º, pasando a proponer lo opuesto a lo prometido. Para justificar el desembarco masivo de cuadros que hasta horas antes eran enemigos acérrimos (como la Bullrich que Milei llamaba “terrorista asesina de niños”), el oficialismo aplicó —y distorsionó— la expresión de “tábula rasa” (que, en filosofía e historia, no describe un “borrón y cuenta nueva”).
En la práctica, la “tábula rasa” no fue un llamado a la unidad nacional, sino un “indulto” arbitrario para que militantes y ex funcionarios de Alberto y Cristina Fernández, barrabravas, abusadores, comunistas y massistasse pusieran la peluca sin rendir cuentas por su pasado. Se utilizó un concepto filosófico para blanquear lo que, en términos llanos, es un travestismo de la casta hacia la nueva caja estatal.
Bullrich, semanas antes de convertirse en la “Súper Ministra”
La trampa institucional
Para el votante que hoy se siente estafado, la realidad institucional ofrece un panorama desolador. Existe una confusión generalizada sobre el poder de remoción de los cargos electivos: a diferencia de un funcionario designado por decreto —a quien se puede remover con una firma—, a un diputado, senador o concejal no se lo puede “echar” por haber mentido sobre su ideología o por volver a sus raíces peronistas apenas asume.
Una vez que un candidato cruza el umbral de la elección, la banca le pertenece al individuo y no al partido. La cúpula nacional, con Karina Milei a la cabeza, era plenamente consciente de esto: sabían que una vez adentro, el daño al electorado sería irreversible, pero el beneficio para la estructura de poder sería total. El engaño se completó usando el eslogan de la “Argentina distinta” para pavimentar el regreso triunfal de “los mismos de siempre”.
Desde la oposición, exigen que se publiquen los haberes de los funcionarios y responsabilizan al intendente por el deterioro financiero del municipio. Se señaló que él y otros funcionarios cobrarían “sumas extra por función”.
Gremios, usuarios y familiares de víctimas pidieron declarar la emergencia vial y apuntaron contra el recorte presupuestario, la pérdida de personal técnico, la paralización de obras y el avance de concesiones por peaje como salida oficial frente a la crisis.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
