“Cada vez son menos”: Bullrich menosprecia al PRO y presiona a Macri para que cierre con Milei
La ministra de Seguridad tradujo el “juntos o separados” expresado por Javier Milei en torno a una alianza con el partido de Mauricio Macri, y dijo que “cada vez son menos” y están “aislados”.
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En paralelo a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo secundó al expresar su deseo de que el PRO se fusione con La Libertad Avanza en una nueva gran formación liderada por el partido libertario de cara a las próximas elecciones legislativas, en lo que pareció traducir el “juntos o separados” esgrimido por el mandatario frente a la posibilidad de una alianza con la agrupación política de Mauricio Macri.
Las palabras de Bullrich, al igual que las de Milei, también estuvieron acompañadas de un tono de ultimátum: “Estamos convencidos de que esta elección va a ser entre el apoyo a profundizar la transformación o ‘soy del club del helicóptero’” afirmó.
“La lógica es que todos los que apoyamos el cambio vayamos juntos. Y que el partido de Gobierno tenga la prioridad, hay que adaptarse” dijo la ministra, quien ejemplifico el tipo de relación de fuerzas que propone para esta eventual “fusión” con la alianza Cambiemos que llevó a Macri a la presidencia en 2015, y cuyo gabinete se compuso por una mayoría de integrantes del PRO y una minoría del radicalismo.
Patricia Bullrich se refirió al partido del expresidente como una formación dividida en forma desigual entre quienes apoyan irrestrictamente al presidente y quienes mantienen sus reparos: “Hay miles de dirigentes, algunos vienen del PRO, otros del radicalismo. En nuestra campaña nuestras verdades eran muy similares a las que decía Milei. Yo recuerdo una frase de mi campaña que era ‘es todo o nada’. Todo ese PRO se siente oficialista y se siente parte del Gobierno“.
Acerca de los que mantienen sus reticencias respecto al Ejecutivo libertario y se limitan a un apoyo “crítico”, la ministra se refirió a ellos como un espacio aislado y en el que “cada vez son menos”. En ese sentido, sobre Mauricio Macri expresó que “habla de algunas virtudes, pero ya ponerte en la oposición es un lugar en el que el PRO no tiene que estar”.
La alta funcionaria del Gobierno de Milei aseveró que las bases del PRO están de acuerdo con lo que se hace desde el Ejecutivo y eso puede marcar una distancia con el bureau político de dicha formación, en el que aún ejerce una influencia considerable el expresidente.
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Si bien está ampliamente documentado que La Libertad Avanza (LLA), bajo el mando de SebastiánPareja, atraviesa un proceso de autodestrucción en la provincia de Buenos Aires -donde la práctica stalinista de eliminar a los viejos camaradas es una constante-, es en Avellaneda donde el sainete libertario alcanza su máxima expresión. En este distrito del sur del conurbano, el “armado” del espacio liderado por Javier Milei se convirtió en un entramado de experonistas, barrabravas, operadores K y empresarios de obra pública que conviven entre contradicciones y escándalos de corrupción.
En un principio, el armado local de LLA estuvo bajo el mando de Arnaldo “Peppo” Díaz, un oscuro personaje recordado por su participación en un escándalo de cámaras ocultas. Sin embargo, su papel protagónico fue opacado rápidamente por Cristian Frattini, barrabrava del Club Deportivo Dock Sud, y empresario de la construcción con fuertes lazos con el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, uno de los principales alfiles del gobernador Axel Kicillof.
Frattini es socio de Ariel Ricardez en la firma Geo Movimientos SA, una constructora que provee obras a la municipalidad de Avellaneda. Además, ambos integran J.B.D. SA (CUIT 30-71549004-4) y, según registros consultados por este medio, Ricardez aparece vinculado a la firma CETACO SA (CUIT 30-61788800-5), beneficiaria de múltiples contratos durante los gobiernos kirchneristas, como la emblemática remodelación de la Estación de Trenes de La Plata.
En Avellaneda nadie duda de que Frattini es un “caminante de los senderos peronistas”: militó junto a Hilda “Chiche” Duhalde, integró el armado de Roberto Lavagna y Margarita Stolbizer con la agrupación 5 de Abril, y siempre se movió con la bendición de Ferraresi. Que hoy sea el máximo referente local de los libertarios es un gesto más de la descomposición política general.
Su desembarco formal en el mundo Milei se produjo a mediados de 2024, cuando fue nombrado interventor de la mesa de coordinación. Desde entonces, Frattini protagonizó una seguidilla de escándalos que combinan elementos de política y marginalidad. Al inaugurar el local partidario en Gerli, lo hizo acompañado por barrabravas de su entorno, incluyendo a un referente del paravalanchas del Club Atlético Independiente vinculado a Pablo Alejandro “Pepote” Álvarez, quien quedó a cargo del espacio.
Uno de los episodios más grotescos de esta tragicomedia fue el apoyo explícito de Frattini a “Peppo” Díaz como referente de LLA en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda. En marzo de 2024, con bombos y platillos, celebró la ampliación del bloque tras el ingreso de dos concejales del Pro, dejando a Díaz como presidente del mismo. Sin embargo, apenas una semana más tarde, luego de que Díaz apareciera en medios involucrado en presuntos actos de corrupción, Frattini se desdijo y pidió su expulsión.
La contradicción es brutal: mientras afirma que Díaz fue expulsado en septiembre de 2023 por “hechos de corrupción”, en diciembre lo sostenía públicamente, y en marzo de 2024 lo colocaba al frente del bloque. La pregunta que recorre los mitines libertarios en Avellaneda es si Frattini peca de ingenuidad política o si participa activamente de las mismas prácticas que denuncia.
– Una postal de cuando Cristian Frattini militaba junto al intendente K, Jorge Ferraresi
Detrás de todo, el aparato construido por Díaz sigue operando. Quienes tomaron las terminales locales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) siguen allí, sin cuestionamientos. Un caso paradigmático es el del actual director de la UGL PAMI Avellaneda, Pascual Sanseverino, quien llegó al cargo gracias a Díaz y a su operador Julián “Jaimito” Laham. La semana pasada, Sanseverino sorprendió a todos al aparecer públicamente apoyando la candidatura del técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi a legislador… por una lista contraria a LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
– Pascual Sanseverino junto a Carusso Lombardi
¿Ignorancia política o cinismo puro? ¿Será, como especulan algunos, que Sanseverino padece alguna clase de deterioro cognitivo? Lo cierto es que sigue en funciones y nadie en LLA parece haberse enterado.
El único desplazado: el que no quiso “recaudar”
En contraste con la impunidad generalizada, el único director apartado de su cargo en Avellaneda fue Martín Irrazabal, militante de larga trayectoria en defensa de los derechos de las personas con discapacidad -una causa que lo toca personalmente-, quien fue separado por presuntamente negarse a participar del esquema recaudatorio instalado en el PAMI local.
Mientras tanto, Sanseverino sigue paseándose como si nada, y Frattini, con su confusa conducción, mantiene una estructura que responde más a viejos códigos del conurbano peronista que a las ideas libertarias con las que Javier Milei llegó a la presidencia.
La diputada provincial Gabriela Lena (Juntos por el Cambio) se refirió a la polémica generada por la postulación de Francisco Azcué a la presidencia del Comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR). La legisladora lamentó la decisión que dejó fuera de competencia al intendente de Chajarí y explicó que, a su entender, se perdía la oportunidad de “mostrar una cara nueva, distinta, una renovación” en la conducción partidaria. Además, se expresó respecto de un posible acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), dejando en claro que la determinación final quedará en manos del Congreso de la UCR.
En diálogo con medios de Entre Ríos, Lena aseguró que la situación que afectó a Azcué “cayó mal porque más allá de que siempre la carta orgánica puede tener interpretaciones diferentes, como cualquier ley, nosotros considerábamos que reunía los requisitos para poder ser presidente y además era una manera de mostrar que una persona joven, un intendente de una ciudad emblemática para la provincia y para nosotros tenía ganas de ponerse el Comité provincial, el partido, al hombro que no es cualquier cosa, porque es una carga pesada. Considerábamos que era mostrar una cara nueva, distinta, una renovación, y obviamente que esta decisión del Tribunal Electoral de nuestro partido y de la Justicia no fue satisfactoria”.
En la misma línea, reconoció que “estaba en los cálculos que podía suceder o no, porque es afiliado desde hace mucho más tiempo, de su antigüedad en la afiliación al partido la tenía. De hecho, en las elecciones anteriores de hace dos años él participó como congresal, donde también necesitaba antigüedad y nunca se reclamó ese requisito. Es decir que hay como cuestiones bastante ambiguas dentro de nuestro partido”.
Al responder a la postura de Alejandro Carbó, la diputada sostuvo: “La carta orgánica es para interpretar, pero además teníamos dentro del partido todas las herramientas como se había planteado en el Tribunal Electoral para que esto se resuelva en los órganos partidarios y en el Congreso partidario. Hubiera sido bueno que esto no llegue a la Justicia, sino que se resolviera dentro del partido”.
Respecto de la resolución judicial, Lena fue contundente: “En lo judicial el conflicto está resuelto, habrá que hacer los corrimientos que se necesitan y ver, de acá en adelante, cómo se sigue porque este era un Comité de consenso, donde se había consensuado una figura a presidente y a partir de allí se habían integrado los nombres con distintas vertientes del partido para dar una muestra de unidad. Pasó esto y hay que ser respetuosos de la decisión de un tribunal, no sé qué actitud tomarán los apoderados de la lista, si se apelará o no”.
La diputada también expresó su pesar por el desenlace: “Siento un tremendo dolor porque no es fácil conseguir personas que tengan ganas de ponerse esto al hombro y que sean innovadoras para el partido. Con esto no se estaba haciendo nada que esté en contra de nuestra carta orgánica, pero si así fuera tendremos que reverla, reformarla quizás, para que estas cosas no vuelvan a pasar, son enseñanzas que tenemos que tomar para ver de qué manera esto no vuelve a pasar dentro de nuestro partido”.
En relación con la nueva conformación de la lista, señaló: “Alicia Oviedo, intendenta de Federal, es vicepresidenta primera en la lista de unidad y al tener un corrimiento quedaría ella como presidenta”.
Sobre las críticas que calificaban a Azcué como un brazo de Rogelio Frigerio dentro de la UCR, Lena aclaró: “Nosotros somos una alianza que confluye dentro de Juntos por Entre Ríos, él es un intendente que llegó a la intendencia en Juntos por Entre Ríos, yo soy una diputada radical, pero estoy dentro de Juntos por Entre Ríos. Nuestro partido integra una alianza, pero tiene sus autoridades, su propio pensamiento y de hecho es importante que lo sigamos manteniendo, pero sí preservar esta coalición electoral donde hoy somos gobierno y compartimos las acciones de gobierno”.
Consultada acerca de un posible acuerdo con La Libertad Avanza, señaló que no se está definiendo formalmente en este momento: “Nosotros no lo estamos discutiendo todavía, hay posiciones encontrada a veces y sólo personales, pero en cuanto a la decisión de qué vamos a hacer, somos respetuosos y será el Congreso el que decidirá. Hasta ahora, son todos comentarios, no hay nada serio, ni ninguna conversación firme respecto de lo que pueda pasar”.
Agregó que, en la Legislatura provincial, el bloque de LLA no actúa de forma homogénea: “Dentro de la Cámara, de los cinco diputados que ingresaron por La Libertad Avanza son cuatro bloques diferentes, es decir que las posturas ni siquiera son comunes entre ellos. La diputada (Liliana) Salinas nos ha acompañado en las decisiones y las leyes importantes que se han tratado”.
Finalmente, Lena aseguró que, a pesar de las diferencias, el diálogo con el peronismo no se ha roto: “Las relaciones nunca estuvieron mal, discusiones hay siempre, diferentes criterios tenemos siempre, diferentes puntos de vista tenemos siempre, pero nunca se perdió el diálogo y eso es lo importante, y por ahí va el sentido de cómo se debe gobernar y cómo se debe llevar adelante una provincia compleja como ésta, nunca perdiendo el diálogo con los que opinan diferente y buscando aquellos puntos de coincidencia para seguir avanzando”.
El bloque de La Libertad Avanza en el ConcejoDeliberante de LaMatanza presentó un proyecto para que el intendente, FernandoEspinoza, tomara licencia luego de que la Justicia confirmara la elevación a juicio oral y público de la causa en la que lo acusaron de abuso sexual simple y desobediencia. La denuncia se originó cuando su exsecretaria, Melody Rakauskas, lo denunció por hechos ocurridos mientras trabajaba en la secretaría privada del municipio. Según la causa, Espinoza también habría incumplido una orden judicial de restricción al contactar supuestamente a Rakauskas a través de su expareja, Gustavo Cilia, un allegado al jefe comunal.
– Melody Rakauskas, la víctima de Espinoza
La edil libertaria Lorena Ramos señaló que se le solicitará al burócrata que “se tome licencia, o la suspensión preventiva hasta que la situación legal se aclare. Esperamos que los concejales opositores y también oficialistas nos acompañen. Es una facultad establecida en el artículo 247 de la Ley Orgánica de las Municipalidades”. Ese artículo indica que “el Intendente, cuando incurra en transgresiones, será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”. Sin embargo, el artículo 248 de la misma norma estipula que la suspensión preventiva procede únicamente si existe prisión preventiva, o la destitución se aplica tras una condena firme por delito doloso, situación que no se daba en el caso de Espinoza.
La propuesta de LLA requería para su aprobación el respaldo de dos tercios de los 24 concejales del cuerpo, 13 de los cuales respondían al intendente. De prosperar, el reemplazo recaería en quien figuró primero en la lista del jefe comunal; en este caso, se trataba de la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Yambrún. El trámite legislativo contemplaba la conformación de una comisión investigadora con representantes de todos los bloques, un período de defensa para Espinoza y la elaboración de un informe final, para luego convocar a una sesión especial donde, nuevamente, se necesitarían dos tercios de los votos. La próxima reunión del Concejo quedó pautada para el 15 de abril.
– La concejal de LLA, Lorena Ramos
Rakauskas celebró la decisión de la Justicia de elevar la causa a juicio y cuestionó la actuación de dos fiscales, a quienes acusó de haberla atacado durante la investigación: “Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Estoy muy feliz. Tengo algo de justicia”.
El año pasado, cuando Espinoza fue procesado por la denuncia de Rakauskas, los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda ya habían impulsado sin éxito iniciativas para que el intendente se apartara del cargo. La fuerza opositora presentó un pedido de licencia formal, mientras que el Frente de Izquierda propuso crear un protocolo específico contra la violencia de género y reclamó la intervención de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades.
– EL COMUNICADO: “El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Matanza presentará un proyecto para que Fernando Espinoza sea suspendido de manera preventiva hasta que su situación judicial se regularice. Gastan millones de pesos en el Ministerio de la Mujer, pero son ellos los primeros en cometer los peores delitos contra ellas. Hipocresía al palo”.
En el peronismo de La Matanza se generó tensión interna. “Hay un revuelo impresionante y sectores del propio oficialismo pidiendo por la licencia. Hacia afuera, el espinozismo sigue planteando que no lo va a hacer”, sostuvo un dirigente matancero. Otro referente subrayó que “no corresponde (que se aparte al intendente). Ni la Ley Orgánica de las Municipalidades ni los reglamentos lo dicen expresamente. Se requiere condena firme; aquí solo hay procesamiento y elevación a juicio. Este caso es un escándalo”. El exconcejal y exdiputado nacional Fernando Asencio agregó: “Legalmente, no tiene por qué correrse. La Ley Orgánica de las Municipalidades lo avala hasta que tenga condena firme. Pero, moralmente, yo me apartaría para ser juzgado”.
Mientras tanto, trabajadores municipales de la salud intensificaron sus reclamos con un “ruidazo” en el Policlínico de San Justo para exigir mejoras en sus salarios, que, según denunciaron, rondaban los $400.000. Un informe del Instituto de Estudios y Administración Local (Ideal) indicó que La Matanza destinaba alrededor del 24% de su presupuesto al pago de sueldos.
Leandro Santoro, candidato a legislador porteño por la lista “Es Ahora Buenos Aires”, ha captado la atención no solo por su propuesta política, sino también por su notable crecimiento patrimonial en los últimos diez años. Desde su ingreso al servicio público en 2012 en la Auditoria General de la Nación, Santoro acumuló un patrimonio que, según sus declaraciones juradas, ha pasado de $280.000 pesos a casi 38 millones en 2023: Un incremento de 13.288%.
La trayectoria de Santoro en el ámbito político comenzó en la Auditoría General de la Nación y continuó en la Legislatura porteña. A lo largo de su carrera, fue parte de diversas instituciones, lo que le permitió acumular experiencia y, aparentemente, un considerable patrimonio. Sin embargo, el crecimiento de su riqueza plantea interrogantes sobre cómo un funcionario público puede multiplicar su patrimonio de manera tan significativa mientras trabaja para el Estado.
En sus declaraciones juradas, Santoro declaró poseer propiedades, incluyendo un departamento en Almagro de 230 metros cuadrados, adquirido en 2022 por un valor de apenas 17 millones de pesos, muy por debajo de los precios de mercado.
Un dato que hace crecer las sospechas es que ante ARCA, el candidato radical – peronista está inscripto en el rubro de “asesorías inmobiliarias”. Además, su capacidad para ahorrar y comprar dólares en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas suscitó críticas y desconfianza.
En 2015, Santoro declaró que tenía 60 mil pesos en dólares, al valor de ese momento eran 6.500 dólares. En 2017 llegó a 22.000 dólares. En 2018 subió a 31.000. Ya en 2019 escaló a 44 mil y finalmente en 2022 terminó con 46 mil billetes verdes. Es decir, en 10 años de trabajo en el Estado pasó de tener 6.500 dólares a 46 mil.
Karina Milei teme debutar como estratega política del gobierno de su hermano con una derrota aplastante. Es la posibilidad que este miércoles conmovió a la Casa Rosada cuando llegaron las primeras encuestas sobre las elecciones de este domingo de convencionales constituyentes en Santa Fe.
Se trata de la elección que abre el calendario electoral y según los números que maneja el gobierno, su candidato el diputado Nicolás Mayoraz puede terminar tercero o cuarto. Incluso Rosario, el ex periodista y libertario bullrichista Juan Pedro Aleart podría perder ante el candidato del intendente Pablo Javkin.
Los sondeos de cierre coinciden que el gobernador Maximiliano Pullaro encabeza cómodamente la intención de votos con 40 puntos, duplicando al peronista Marcelo Lewandowski y relegando al libertario Mayoraz al tercer lugar que podría bajar al cuarto o quinto puesto con Amalia Granata, si el candidato de la segunda lista peronista, Juan Monteverde, sigue creciendo en Rosario.
El impacto de una eventual derrota sobre Karina y los Menem es total porque ellos monopolizaron el armado en Santa Fe, con una dosis de capricho alta que incluyó boicoter la alianza con Granata, que propiciaba Santiago Caputo. Este miércoles, Romina Diez, la delegada de Karina en Santa Fe, tuvo que improvisar un cierre de campaña con caravana y bengalas sin la hermana del presidente, a quien ahora tratan de salvar de una catástrofe.
Es que Karina Milei saboteó todos los intentos de acuerdos con Amalia Granata y se lanzó a la aventura con libertarios puros con la convicción de que el sello ganaba caminando. Pero la estrategia falló y Mayoraz enfrenta el próximo domingo una pelea reñida.
En Casa Rosada ya activaron las defensa para intentar amortiguar el impacto sobre Karina. La idea es adjudicarle la derrota a Lule Menem, quien sugirió el nombre de Mayoraz para encabezar la lista. Una situación que Santiago Caputo piensa aprovechar al máximo por su enfrentamiento con los Menem.
Además, el mal resultado amenaza con arrastrar a Patricia Bullrich y a su delegado en Rosario, Federico Angelini, que impulsaron al conductor del programa más visto de Rosario, Juan Pedro Aleart, que comenzó la campaña liderando las encuestas pero se derrumbó como un piano luego de las fallidas operaciones que intentó instalar el equipo de trolls que lidera Esteban Glavinich, hijo de una funcionaria kirchnerista devenido en libertario fanático.
Asesorado por este troll que opera bajo el nombre TraductorTeAma, Aleart primero inventó una entrevista con un supuesto empresario que terminó siendo candidato de La Libertad Avanza y después minimizó la crisis vial debido al abandono del estado Nacional.
Los malos pronósticos quedaron en evidencia este miércoles, cuando las principales figuras libertarias dejaron sola a la diputada Romina Diez que se tuvo que conformar con una gigantografía de Milei en la caravana que encabezó por Rosario, que se limitó a unos pocos autos, pero suficientes para cortar la avenida Belgrano en hora pico y generar un tremendo embotellamiento, cuando medio Rosario volvía del trabajo a sus casas.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció este jueves que el Estado provincial denunciaría al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por ordenar a la obra social provincial Seros que cubriera el 100% de una cirugía de cambio de sexo. El mandatario consideró que el fallo “pone en riesgo al sistema de salud” y definió al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante”.
Según detalló Torres, la intervención quirúrgica demandaría “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”. El gobernador explicó que, al asumir, encontró a Seros con undéficit de más de 6.000 millones de pesos y que, para su gestión, el fallo del juez Huaiquil “no tiene por qué ser cubierto” por la obra social. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, señaló.
Torres remarcó que no permitiría que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”, y adelantó que haría “un cruce con todos los amparos presentados y los fallos que nos obliguen a cubrir prestaciones que no tiene por qué cubrir nuestra obra social”. Entre los puntos que el magistrado ordenó cubrir se incluyeron “feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula, transferencia de grasa facial, más toda la cobertura sanatorial y honorarios médicos”.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones”, puntualizó el mandatario provincial. “Desde el día uno de gestión les dije que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar todas las peleas que sean necesarias de cara a la ciudadanía”, agregó.
No es la primera vez que el Poder Judicial ordenó a Seros cubrir una cirugía de readecuación corporal. En septiembre de 2021, el juez de Familia de Trelew, Daniel Manse, resolvió que la obra social debía brindar cobertura a un adolescente trans de 17 años, luego de que el joven presentara un recurso amparado en la Ley 26.743 de Identidad de Género.
Esa ley ordena la inclusión de los tratamientos de adecuación de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, en febrero pasado, el Gobierno anunció la prohibición de tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en menores de edad, derogando los artículos que permitían a los menores modificar su nombre, sexo y someterse a cirugías de este tipo. Desde entonces, “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, precisaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Dentro de las operaciones afectadas se incluyeron procedimientos como mastectomía, vaginoplastia, faloplastia y otras intervenciones de adecuación de género.
