Bullrich ya tendría definido a sus candidatos en provincia de Buenos Aires: ¿Quiénes son?

La ex ministra de Seguridad tiene el mapa electoral casi completo en los 135 municipios bonaerenses.
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Mientras se inició la cuenta regresiva hacia el cierre de listas para las primarias, la candidata a Presidente de Juntos, Patricia Bullrich, y sus principales armadores ya tienen prácticamente definido quienes serán los intendentes “Halcones” y aliados que obtengan el privilegio de usar su boleta.

Entre los nombres más fuertes que se la juegan con Bullrich, desde la línea del senador y precandidato bonaerense Joaquín De la Torre, están Néstor Grindetti (Lanús), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento y también aspirante provincial) y Jaime Méndez (San Miguel). Otro de los que se sumó al pelotón de quiénes irán solo con la boleta “Halcón”, será el peronista Manuel Passaglia de San Nicolás.

La precandidata a Presidente, Patricia Bullrich, y el aspirante a gobernador bonaerense Joaquín de la Torre.
La precandidata a Presidente, Patricia Bullrich, y el aspirante a gobernador bonaerense Joaquín de la Torre.

Sin ir más lejos, desde Propuesta Republicana (PRO) en provincia de Buenos Aires le informaron a Data24 que Bullrich tiene previsto avalar candidatos propios en distritos gobernados por alcaldes larretistas. Llamando así a fuertes internas.

Apuesta a ganar por la tracción de su propia boleta. El desafío más atractivo se va a registrar en La Plata, donde la ex ministra de Seguridad tiene previsto avalar al senador provincial Juan Pablo Allan y que la lista seccional sea liderada por el ex fiscal Marcelo Romero, quien se postularía como legislador bonaerense.

Patricia Bullrich y el senador bonaerense Juan Pablo Allan.
Patricia Bullrich y el senador bonaerense Juan Pablo Allan.

También deben prepararse para enfrentar rivales en sus respectivos territorios Mariano Barroso (9 de Julio), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Ezequiel Galli (Olavarría) y Héctor Gay (Bahía Blanca). Además, ninguno de estos jefes comunales podrá contar con la boleta de Bullrich.

Los “Halcones” de Patricia Bullrich

En el caso de 9 de Julio, desde el monzoismo miran con simpatía al concejal de Evolucion Ignacio Palacios, quien aparece liderando la intención de voto en ese distrito.

El dirigente radical de 9 de Julio, Ignacio Palacios.
El dirigente radical de 9 de Julio, Ignacio Palacios.

Además se anotan para las primarias el ex presidente de la Rural de Pergamino, Jorge Pablo Josifovich, el locutor Lorenzo Natali en Bahía Blanca y el ritondista Dalton Jáuregui en Olavarría. El más inquieto es el intendente del Municipio de Ramallo, Gustavo Haroldo Perié, porque los hermanos Passaglia presentaron junto a la presidente del PRO a su candidata, Cecilia Gianmaría, subsecretaria de Obras Públicas de San Nicolás que vive en Villa Ramallo.

Otros de los nombres que han sido confirmados dentro de la Quinta Sección Electoral por La Fuerza del Cambio son Adrián Green (Villa Gesell), Mónica Correa (Partido de la Costa), Julio Ruggiero (Mar Chiquita), Julieta Coronel (Castelli) y Lucas Iturri (Lezama). En el caso del resto de la región, aún son varios los apellidos que se encuentran en medio de la danza.

La ex ministra de Seguridad y presidente de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich.
La ex ministra de Seguridad y presidente de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich.

El caso de Mar del Plata, con respecto a la línea de Patricia Bullrich, hubo demasiados rumores acerca de cuáles son los caminos a tomar. Surgió desde el riñón de UNIR la idea de enfrentar unas primarias, pero desde el sector de los “Halcones” le bajaron a los rumores.

Data24 cruzó diálogo con equipo del coordinador de la Quinta Sección Electoral bonaerense de Bullrich, Gustavo Jara, y aclararon: “El único que puede garantizar la unidad de Juntos y fortalecerla en General Pueyrredón es Guillermo Montenegro.

Redacción

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Perú se negó a costear la operación de uno de sus compatriotas y confrontó a un médico argentino.

El presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Cichero, en una entrevista con La Nación, analizó la situación precaria del sistema de salud pública en cuanto a la atención gratuita a extranjeros no residentes. Sugirió revisar la estrategia general para aliviar la carga de los hospitales, proponiendo medidas como el recupero de gastos y seguros de salud obligatorios.

En relación con la propuesta reciente del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, de cobrar por los servicios de salud pública a los bonaerenses que se atiendan en la Ciudad, Cichero explicó que “la proporción que encontramos es 60% de pacientes de la Ciudad y 40% del Conurbano. En algunos casos, la relación es 70% Conurbano y 30% Ciudad. De modo que la persona que vive en la Ciudad, además de pagar su cobertura, soporta con sus impuestos la salud pública de 33 hospitales. Un número enorme”.

En este sentido, aclaró que la intención no es dejar de atender, sino “generar lo que en la administración de la salud se llama recupero de gastos. Los bonaerenses pagan impuestos a sus municipios para recibir atención médica, pero utilizan los servicios de la Ciudad”.

Turismo sanitario

Sobre el tema de los extranjeros no residentes, Cichero mencionó que el sistema de salud argentino es único en el mundo, ya que es de gratuidad absoluta para quienes lo utilizan, pero supone un costo fenomenal para el Estado argentino. “Si bien, según la Constitución, cualquier persona que pise nuestro territorio tiene garantizada la salud, creo que ya hemos sido demasiado benevolentes, porque a los argentinos –en ningún lugar del mundo– se les atiende gratis”, afirmó.

Para ilustrar su punto, compartió un ejemplo concreto: “Me llega un chico de 23 años al Hospital Fernández para operarse de dos válvulas cardíacas. Recién bajado del ómnibus desde Perú, la familia lo trae al hospital y lo deja internado. Le hacemos todos los estudios y lo opero. Le escribo al cónsul peruano para pedir simbólicamente que, por lo menos, ya que la cirugía la costea el Estado argentino, paguen las válvulas, que son un bien costoso que el paciente se lleva consigo. El cónsul peruano me respondió que no las pagarían. Yo propongo que si una persona no tiene cobertura, no tiene documento argentino ni tampoco reside en el país, se le requiera un seguro de salud obligatorio para atenderse en los hospitales argentinos”.

El costo de las válvulas, explicó más adelante, ronda los diez mil dólares. Por ello, señaló la existencia del “turismo sanitario” y mencionó que “la culpa es de los gobiernos que no organizan los requisitos que debería cumplir quien entra a la Argentina y luego requiere una atención médica muy cara. Como médico, no puedo juzgar. Pero, institucionalmente, si tengo una cama reservada para una cirugía cardíaca para un argentino de Jujuy pero me llega un indocumentado que me requiere esa cama, si yo no lo opero, me arma un revuelo legal. Me ha sucedido que un extranjero sin cobertura ni residencia me presente un amparo para una cirugía del corazón o un tratamiento dialítico. ¡Pero señor si usted tiene documento paraguayo! Vinieron las organizaciones de DD.HH. a reclamarme la cirugía y se terminó haciendo. Es lo que pasa siempre”.

Redacción

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Juez llevó a la justicia a la Municipalidad de Córdoba por el polémico manejo de los subsidios al transporte

Ayer por la mañana, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se presentó en la Justicia Federal y pidió investigar al ex secretario de transporte municipal, Marcelo Rodio, y a los directivos empresariales de ERSA por el uso indebido de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte.

LA DENUNCIA DE JUEZ

“Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, ésta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional”, explicó el senador nacional.

Según detalló Juez, “la Municipalidad ponía los colectivos, los choferes, y Ersa se quedaba con la recaudación y con los subsidios. Los subsidios en materia de transporte son casi 28 mil millones de pesos: (en millones) 7 mil pone la Provincia, 7 mil pone la Nación y 14 mil pone la Municipalidad”.

En tal sentido, precisó que “si el sistema está compuesto por 939 colectivos, hay un total de 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y que recaudaba Ersa, y estamos hablando de 49 colectivos lo cual hace un promedio total de 1.500 millones de pesos, lo que hemos cuantificado nosotros. O sea 1.500 millones de pesos del subsidio de transporte que ponía la Nación para que la Municipalidad de Córdoba prestara su servicio”.

Redacción

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El Gobierno de Milei prepara megacausa contra las cooperativas “fantasma” vinculadas al ministerio de Tolosa Paz

*Por Luis Gasulla Periódico Tribuna

“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.

El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.

El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.

La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.

El operativo descubierto

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.

El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.

El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.

Los firmantes del convenio

Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.

Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.

En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.

La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.

La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.

Negocio de confeccionar guardapolvos

Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.

La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.

Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.

Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.

El problema sería que paguen Justos por pecadores

La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.

Redacción

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LA PLATA | Masivo repudio contra las amenazas K que recibió un periodista

El Concejo Deliberante de La Plata, en un gesto de unidad y firmeza en la defensa de los principios democráticos, aprobó por unanimidad un proyecto de decreto expresando su enérgico repudio y preocupación ante las amenazas de muerte dirigidas al periodista platense Santiago Sautel, director del GRUPO REALPOLITIK. Este respaldo unánime es particularmente significativo dado que proviene de todos los bloques políticos, incluyendo a Unión por la Patria, al que pertenece la funcionaria provincial Florencia Saintout.

La amenaza a Sautel

El incidente que precipitó esta acción legislativa puso de relieve la urgente necesidad de proteger a los periodistas y medios de comunicación frente a cualquier forma de intimidación o violencia. Sautel fue amenazado a través de redes sociales con ser blanco de un disparo y con el incendio de las oficinas del medio. Estas amenazas no solo constituyen un ataque contra la integridad física y emocional del periodista y su equipo, sino que representan un atentado contra la libertad de prensa y expresión, pilares fundamentales de una sociedad democrática.

Es relevante destacar que Florencia Saintout, actualmente funcionaria de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Axel Kicillof, preside el Instituto Cultural bonaerense. La aprobación unánime de este proyecto, presentado por el concejal del PRO, Nicolás Morzone, demuestra que, más allá de las diferencias políticas y las responsabilidades gubernamentales, la protección de la libertad de expresión es un compromiso compartido por todos los sectores de la sociedad.

Este acto de unanimidad en el Concejo Deliberante de La Plata es un recordatorio poderoso de que, en la defensa de los valores democráticos, no hay lugar para divisiones partidarias. La libertad de expresión nos concierne a todos como ciudadanos y es responsabilidad de todos protegerla y promoverla en todo momento y lugar.

Redacción

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Malestar de Bullrich por reclamo de Jorge Macri para que Nación se haga cargo de los presos

*Por Camilo Cagnacci (Sección País)

La fuga de nueve detenidos de una alcaldía en San Telmo generó tensiones entre Ciudad y Nación debido a la superpoblación carcelaria. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, solicitó al Ejecutivo nacional que “se lleve a los detenidos al Sistema Penitenciario Federal”, lo que causó malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En declaraciones radiales, el alcalde porteño señaló que el 94% de los detenidos pertenecen a la Justicia Nacional o Federal y, por lo tanto, “no son responsabilidad de la Ciudad”. Por su parte, su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, detalló: “Hoy tenemos 1041 plazas para albergar de manera segura a los presos en comisarías vecinales y alcaldías, pero tenemos 2005 detenidos, lo que representa una superpoblación carcelaria del 98%”.

Según fuentes cercanas a Patricia Bullrich, sus declaraciones no fueron bien recibidas en el ministerio. “Si quieren plantear la relación así, veremos cómo continúa la situación. La Policía es responsabilidad de la Ciudad, por lo tanto, deberían hacerse cargo de sus presos como todas las provincias. Sin embargo, la Justicia y los presos son responsabilidad de la Nación, lo que supone un privilegio centralista”, señalaron.

Además, agregaron: “Recibimos presos del Servicio Penitenciario Federal todos los días, tenemos una cuota diaria y esto es algo que discutimos constantemente con las autoridades de la Ciudad. No parece lógico que [Jorge Macri] lo haga público cuando es un tema que tratamos a diario. Por otro lado, ellos tienen una deuda pendiente por la construcción de la cárcel que deben edificar a cambio del terreno de Devoto, y llevan un retraso de cuatro años”.

El recuerdo de esta deuda no es casual. En marzo de 2018, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunciaron el traslado de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz. Se esperaba que la nueva cárcel, con capacidad para 2240 internos, estuviera lista para septiembre de 2020, pero el proyecto fue cancelado debido a la disputa entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables, agravada por la quita dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño se encargaron de aclarar que con el gobierno de Javier Milei no existe “ningún problema”, sino “un conflicto de intereses”. El desenlace de esta historia, según indicaron en el equipo de Bullrich, dependerá de la Ciudad.

Redacción

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SALTA | La concurrencia de extranjeros cayó 90% desde que se cobra la atención médica

Fuentes del Ministerio de Salud de la provincia norteña revelaron que, tras la disposición provincial de que los extranjeros no residentes deben abonar por acceder a los servicios sanitarios, la concurrencia a hospitales públicos disminuyó drásticamente: las consultas bajaron de un promedio diario de 30 personas en los principales nosocomios, a menos de 10.

De este manera, Salta es el único lugar de Argentina donde la salud pública se les cobra a ciudadanos provenientes de otros países tras el DNU 129/2024.

A su vez, el Gerente de hospitales de Orán, Fabián Valenzuela, afirmó que, durante marzo, de un promedio de atenciones diarias de entre 20 y 30, se atendieron apenas a 6. De los más de 50 hospitales públicos con los que cuenta la provincia, el fenómeno se intensifica en los nosocomios de las localidades limítrofes a Bolivia, Tartagal y Orán.

Federico Mangione, ministro de Salud de la provincia, señaló que la cantidad de bolivianos que solían acudir antes de que se implementara el arancelamiento ha disminuido drásticamente de 3 mil a tan solo 60 personas, incluyendo a algunos paraguayos y chilenos.

En Salvador Mazza, localidad colindante con Yacuiba, la deserción de pacientes de otros países se estima en un 90%. Por otro lado, María Carolina Campos, doctora del hospital local, señaló que reciben un promedio mensual de 240 extranjeros de varios países distintos.

¿Cuánto deben pagar los extranjeros no residentes por atenderse en hospitales públicos argentinos?

Mangione explicó que, para establecer los aranceles a extranjeros, se tiene en cuenta “el tarifario del Instituto Provincial de Salud, que es el organismo que atiende a todos los trabajadores estatales de Salta”.

Según informaron las autoridades, dependiendo del servicio médico, los costos oscilan entre los $100 mil (costo por día de internación) y $250 mil (internación en terapias intensivas). La internación en salas intermedias cuesta $190 mil y $245 mil las internaciones por parto. Por otra parte, el costo de las operaciones traumatológicas ronda los $35 millones.

Redacción

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