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La precandidata presidencial Patricia Bullrich cruzó al ministro de Defensa, Jorge Taiana, por remover a Rodrigo Alejandro Soloaga, un militar retirado que reivindicó a los “camaradas privados de su libertad” por cometer delitos de lesa humanidad.
Soloaga, en un acto en el Campo de Polo pidió “recordar a todos los camaradas de Caballería que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país“. Taiana decidió removerlo la semana pasada por considerar que sus dichos “atentan contra la democracia”.
“Basta de usar la sanción militar como represalia ideológica: respeten la Constitución Nacional, que consagra la libertad de palabra”, expresó en su red oficial de Twitter la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien citó un tweet del diputado nacional Ricardo López Murphy que decía: “Repudio rotundamente la sanción de Jorge Taiana al general Rodrigo Soloaga, héroe de Malvinas y uno de los valientes que repelieron la ocupación de La Tablada. Vaya toda mi solidaridad hacia él”.
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La senadora nacional por Jujuy, Vilma Facunda Bedia, fue acusada de acomodar a toda su familia en el Congreso de la Nación: contrató como personal de su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.
La senadora y pastora les consiguió a sus hijos Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 –con un salario de alrededor de 700 mil pesos-, y José Jair Mamani, con una A1, con una retribución de 1,2 millones de pesos. También habría sido contratado su hijo Pablo, aunque todavía no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.
Por si fuera poco, Bedia también hizo ingresar a sus hermanosJuan Carlos, Pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, que participa de la misma entidad, ambos con una categoría A1. La Fundación Emanuel se autodefine como una ONG “cristiana”, que ha promovido “seminarios de higiene mental”. Albert Bedia, otro hermano suyo, también fue contratado, pero con una categoría A3. Para disimular la gravísima decisión de la senadora, ninguno de estos nombres aparecen en la página oficial del Senado.
En su provincia, Jujuy, aseguran que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Nélida es masoterapeuta, una profesión que nada tiene que ver con las tareas que supuestamente debería realizar en el Senado. Para curarnos de espanto, la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, y su hermano Jonatan, de profesión DJ, es otro de los beneficiarios de la política de empleo de la legisladora.
Para no hacer distingos dentro de su familia, su sobrina Daiana EsterLlanes recibió una planta transitoria con categoría A3. La nuera de la legisladora, Mirta Araceli Silisque, también participa de la fiesta de designaciones públicas, aunque en su caso apenas con una categoría A8.
Por si no resultara suficiente esta suma de despropósitos, en Jujuy se asegura que muchos de los empleados de mayor confianza de la senadora Bedia también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.Esto sería posible porque la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses.
El presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Cichero, en una entrevista con La Nación, analizó la situación precaria del sistema de salud pública en cuanto a la atención gratuita a extranjeros no residentes.Sugirió revisar la estrategia general para aliviar la carga de los hospitales, proponiendo medidas como el recupero de gastos y seguros de salud obligatorios.
En relación con la propuesta reciente del jefe de gobierno porteño, JorgeMacri, de cobrar por los servicios de salud pública a los bonaerenses que se atiendan en la Ciudad, Cichero explicó que “la proporción que encontramos es 60% de pacientes de la Ciudad y 40% del Conurbano. En algunos casos, la relación es 70% Conurbano y 30% Ciudad. De modo que la persona que vive en la Ciudad, además de pagar su cobertura, soporta con sus impuestos la salud pública de 33 hospitales. Un número enorme”.
En este sentido, aclaró que la intención no es dejar de atender, sino “generar lo que en la administración de la salud se llama recupero de gastos. Los bonaerenses pagan impuestos a sus municipios para recibir atención médica, pero utilizan los servicios de la Ciudad”.
Turismo sanitario
Sobre el tema de los extranjeros no residentes, Cichero mencionó que el sistema de salud argentino es único en el mundo, ya que es de gratuidad absoluta para quienes lo utilizan, pero supone un costo fenomenal para el Estado argentino. “Si bien, según la Constitución, cualquier persona que pise nuestro territorio tiene garantizada la salud, creo que ya hemos sido demasiado benevolentes, porque a los argentinos –en ningún lugar del mundo– se les atiende gratis”, afirmó.
Para ilustrar su punto, compartió un ejemplo concreto: “Me llega un chico de 23 años al Hospital Fernández para operarse de dos válvulas cardíacas. Recién bajado del ómnibus desde Perú, la familia lo trae al hospital y lo deja internado. Le hacemos todos los estudios y lo opero. Le escribo al cónsul peruano para pedir simbólicamente que, por lo menos, ya que la cirugía la costea el Estado argentino, paguen las válvulas, que son un bien costoso que el paciente se lleva consigo. El cónsul peruano me respondió que no las pagarían. Yo propongo que si una persona no tiene cobertura, no tiene documento argentino ni tampoco reside en el país, se le requiera un seguro de salud obligatorio para atenderse en los hospitales argentinos”.
El costo de las válvulas, explicó más adelante, ronda los diez mil dólares. Por ello, señaló la existencia del “turismo sanitario” y mencionó que “la culpa es de los gobiernos que no organizan los requisitos que debería cumplir quien entra a la Argentina y luego requiere una atención médica muy cara. Como médico, no puedo juzgar. Pero, institucionalmente, si tengo una cama reservada para una cirugía cardíaca para un argentino de Jujuy pero me llega un indocumentado que me requiere esa cama, si yo no lo opero, me arma un revuelo legal. Me ha sucedido que un extranjero sin cobertura ni residencia me presente un amparo para una cirugía del corazón o un tratamiento dialítico. ¡Pero señor si usted tiene documento paraguayo! Vinieron las organizaciones de DD.HH. a reclamarme la cirugía y se terminó haciendo. Es lo que pasa siempre”.
“Tenemos información de que este sindicato está iniciando diálogos para agrupar a los trapitos de Rosario. Nos preocupa y nos oponemos totalmente a una actividad que debiera estar totalmente prohibida”, advirtió a través de Twitter el secretario general de la Municipalidad, Miguel Angel Tessandori.
Tessandori, un veterano en la arena política y conocido por su firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad, no ha escatimado en sus advertencias. “No permitiremos que se repita en Rosario lo que está sucediendo en La Plata”, declaró con determinación. Según él, existe información sobre un posible vínculo entre el sindicato platense y los cuidacoches locales, una asociación que rechaza rotundamente.
El temor radica en las prácticas que rodean a esta actividad. Tessandori denuncia la extorsión y la violencia como componentes inherentes al trabajo de los trapitos, una situación que considera inaceptable en cualquier comunidad. Remarcó la existencia de un Código de Convivencia que prohíbe explícitamente esta práctica, así como cualquier intento de sindicalizarla.
El funcionario municipal recordó un proyecto presentado en el Concejo para regular la actividad, pero lamentó que fuera desestimado en su momento. El proyecto buscaba restringir la actividad de los trapitos a aquellos que contaran con el aval de un porcentaje determinado de vecinos, una medida que hubiera proporcionado un marco legal claro y protección para la ciudadanía.
En La Plata, la ordenanza ya prohíbe esta actividad, sin embargo, el reciente surgimiento del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública ha puesto en tela de juicio la efectividad de esta medida. El sindicato, liderado por el ex barrabrava Fabián Giannotta, ha levantado polémica desde su presentación oficial, con la detención de trapitos acusados de extorsión a automovilistas.
El riesgo de que esta situación se replique en Rosario no es algo que Tessandori esté dispuesto a tolerar. Con firmeza, promete tomar medidas para prevenir que el “huevo de serpiente” del sindicato de trapitos se incube en su ciudad. Con la experiencia y la determinación que lo caracterizan, está dispuesto a enfrentar este desafío y proteger los intereses de los rosarinos.
En resumen, el sindicato de los trapitos ha puesto en alerta a Rosario, pero con la determinación de Tessandori y el rechazo unánime de la comunidad, la ciudad está lista para resistir cualquier intento de infiltración de actividades delictivas en sus calles.
“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.
El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.
El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.
La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.
El operativo descubierto
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.
El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.
El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.
Los firmantes del convenio
Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.
Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.
En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.
La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.
La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.
Negocio de confeccionar guardapolvos
Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.
La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.
Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.
Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.
El problema sería que paguen Justos por pecadores
La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.
El pasado jueves 21, el intendente de Rosario dio inicio al periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Pablo Javkin, que habló aproximadamente una hora, dio su discurso orientado sobre la Seguridad: “Las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos. Al miedo le respondemos haciendo y cuidando”.
Javkin, conocido por su trayectoria política que incluye cargos desde concejal hasta diputado nacional por Santa Fe antes de asumir la intendencia, se enfrenta a una creciente percepción de descontento ciudadano en su gestión. A pesar de que su llegada en 2019 prometió cambios en áreas como seguridad y lucha contra el narcotráfico, la realidad muestra una situación compleja y desafiante.
Lo que llamó la atención en redes fue la nula convocatoria que generó el acto: Nadie estaba viendo la apertura de sesiones, solamente estaba la imagen de Javkin en una mega pantalla alquilada. Desde el gobierno municipal aclararon a los medios que no se vio convocatoria porque no movilizaron a la militancia.
El Concejo Deliberante de La Plata, en un gesto de unidad y firmeza en la defensa de los principios democráticos, aprobó por unanimidad un proyecto de decreto expresando su enérgico repudio y preocupación ante las amenazas de muerte dirigidas al periodista platense Santiago Sautel, director del GRUPO REALPOLITIK. Este respaldo unánime es particularmente significativo dado que proviene de todos los bloques políticos, incluyendo a Unión por la Patria, al que pertenece la funcionaria provincial Florencia Saintout.
La amenaza a Sautel
El incidente que precipitó esta acción legislativa puso de relieve la urgente necesidad de proteger a los periodistas y medios de comunicación frente a cualquier forma de intimidación o violencia. Sautel fue amenazado a través de redes sociales con ser blanco de un disparo y con el incendio de las oficinas del medio. Estas amenazas no solo constituyen un ataque contra la integridad física y emocional del periodista y su equipo, sino que representan un atentado contra la libertad de prensa y expresión, pilares fundamentales de una sociedad democrática.
Es relevante destacar que Florencia Saintout, actualmente funcionaria de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Axel Kicillof, preside el Instituto Cultural bonaerense. La aprobación unánime de este proyecto, presentado por el concejal del PRO, NicolásMorzone, demuestra que, más allá de las diferencias políticas y las responsabilidades gubernamentales, la protección de la libertad de expresión es un compromiso compartido por todos los sectores de la sociedad.
Este acto de unanimidad en el Concejo Deliberante de La Plata es un recordatorio poderoso de que, en la defensa de los valores democráticos, no hay lugar para divisiones partidarias. La libertad de expresión nos concierne a todos como ciudadanos y es responsabilidad de todos protegerla y promoverla en todo momento y lugar.
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Después de 25 años en la @LegislaturaCBA arman una Mesa de Seguridad para buscar especialistas que les expliquen que hacer. ¿Cómo? Hace 25 años que gobiernan y no tienen un plan...VIVEN IMPROVISANDO!!! Mientras tanto los cordobeses SE MUEREN. pic.twitter.com/viFXNRQgSW