Según publicó el portal Infobae, la idea es crear un fideicomiso a través del cual el Estado compraría las tierras privadas que fueron usurpadas por unas 2.500 familias. Los ocupantes de los terrenos, de manera subsidiada, pagarían en cuotas los denominados “lotes sociales”. Con el excedente de los fondos se realizarían las mejoras para el barrio, como el trazado de calles, bajada de luz, acceso a agua potable y cloacas. Las viviendas, en una segunda etapa, se podrían construir a través de las cooperativas de trabajo de las organizaciones sociales.
Si la propuesta es aceptada, el juez podría posponer el desalojo previsto para mañana, jueves y viernes próximo y que se avizoraba conflictivo, ya que un amplio grupo de familias no estaba de acuerdo con dejar las parcelas que ocupan desde el 20 de julio pasado.
De las 100 hectáreas tomadas, solo una pequeña fracción- serían unas nueve hectáreas- pueden ser compradas a quienes ostentarían los títulos de propiedad, ya que el resto, según se explicó a Infobae desde el municipio de Presidente Perón cuya intendenta es Blanca Cantero, forman parte de un emprendimiento inmobiliario que en su primera etapa proyecta la construcción del Country & Club San Cirano a través de la firma Bellaco S.A.
Por esa razón, ahora la mayor atención se centra en encontrar tierras deshabitadas, no utilizadas, comprarlas y ofrecerlas para que abandonen la toma de manera voluntaria.
*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Diego Goldberg
