Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, lanzó contundentes palabras sobre la decisión de Fernández de intervenir la firma VICENTIN S.A.I.C., una de las principales empresas del país y que da empleo a casi 5.000 trabajadores de manera directa en Santa Fe, “es lisa y llanamente un ejercicio abusivo del poder político y una extralimitación de las facultades del Presidente. No corresponde al Poder Ejecutivo tomar intervención en un concurso preventivo que se tramita por los carriles judiciales habituales”.
“Utilizar el concepto de ‘soberanía alimentaria’ como slogan, significará que todos los Argentinos que abonamos cada día más impuestos vamos a tener que responder por una deuda millonaria de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE DOLARES o más”, lanzó.
La diputada, para finalizar, también explicó que “este accionar abusivo viola el sagrado espíritu del Art. 17 de la Constitución Nacional que protege la Propiedad Privada y lejos de defender los Derechos de los Trabajadores, los pone a merced de una intervención política que como ya nos ha demostrado la historia reciente agravará la situación y pondrá en riesgo la seguridad jurídica tan necesaria para generar las condiciones que permitan promover inversiones nacionales y atraer las extranjeras con el fin de reactivar nuestra Economía para generar Empleo, Ahorro y Crecimiento con Equidad“.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
En un encuentro celebrado este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió al intendente de Colón, José Luis Walser, para delinear posibles acciones compartidas entre ambas instituciones. El diálogo se centró en dos ejes fundamentales: la concientización sobre la importancia de no consumir alcohol al conducir vehículos y la implementación de estrategias de promoción de la salud mental, con énfasis en la prevención del suicidio.
La reunión respondió a la necesidad de articular políticas públicas que aborden estos problemas de manera integral en la provincia. En relación con la iniciativa de “alcohol cero”, Walser subrayó la importancia de contar con mayores recursos para reforzar los controles viales en su jurisdicción.
“Venimos de varias reuniones con Gustavo Hein, alguien que escucha lo que pasa en el territorio. Trabajamos en el marco de su decisión de involucrarse en temáticas que van más allá de lo legislativo, como el programa de alcohol cero”, resaltó el presidente municipal. Añadió que, próximamente, Colón podría firmar un convenio con la Presidencia de la Cámara para reforzar estas medidas de control:
“Estamos a punto de firmar un convenio con la Presidencia de la Cámara para tener un nuevo alcoholímetro en nuestra ciudad. Colón tiene una temporada turística de muchísima ocupación y permanentemente controlamos esta problemática. Por eso este compromiso del presidente es fundamental”.
En paralelo, ambas partes abordaron la necesidad de impulsar acciones de promoción de la salud mental, con el objetivo de prevenir el suicidio. Walser explicó: “Esto es muy necesario en los territorios. Sabemos que hay un alto grado de suicidios en la provincia y Colón es, lastimosamente, uno de los departamentos que tiene mayor índice. Así que vamos a trabajar de la mano”.
El intendente también destacó el trabajo que el municipio viene realizando desde el Área de Salud en materia de prevención. “Coincidimos en generar acciones concretas para poder brindar herramientas, sobre todo a los jóvenes, que son quienes atraviesan procesos complejos con las adicciones y con otras problemáticas y que necesitan el acompañamiento del Estado”, enfatizó.
Tanto Hein como Walser reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación institucional para afrontar estas problemáticas con políticas conjuntas. De este modo, procuran sumar esfuerzos para mejorar el bienestar de la comunidad y salvaguardar la seguridad vial en toda la región.
El expresidente Mauricio Macri aseguró que los incidentes ocurridos ayer por la tarde en las inmediaciones del Congreso durante la manifestación de jubilados, gremios, organizaciones sociales e “hinchadas” buscaron desestabilizar a un gobierno democrático. En un extenso mensaje, recordó los hechos de diciembre de 2017, cuando intentó impulsar cambios en la ley de jubilaciones y se produjeron graves disturbios con “palos, piedras y bombas molotov” en la Plaza de los Dos Congresos.
“En 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso”, expresó Macri en su comunicado, aludiendo a los episodios de aquella jornada que en su momento dejó la célebre frase “nos tiraron 14 toneladas de piedra”.
El exmandatario consideró que, en la protesta de ayer, se repitió el mismo patrón y apuntó contra barrabravas, a quienes acusó de actuar coordinadamente para provocar y atacar a la Policía. “Ayer, en una escena idéntica, se movilizaron con el nombre de ‘hinchadas argentinas’ a barrabravas de distintos equipos de fútbol para ejecutar una nueva desestabilización de la democracia. Escudados en algunos pocos jubilados, los barrabravas pusieron en práctica los tres movimientos que repiten en estas situaciones: provocar a la policía, atacarla, victimizarse”, sostuvo.
Macri enumeró que, en su visión, estos grupos primero buscan “desequilibrar a las fuerzas para generar una reacción”. Si eso no sucede, “pasan a atacar a la Policía con piedras y palos” y, cuando hay una respuesta “proporcional”, comienza la etapa de “victimizarse”. “El objetivo final que persiguen es crear en la opinión pública una imagen de alocada violencia estatal contra personas inocentes y trabajadoras que justifique interrumpir el orden democrático”, afirmó. Aseguró que en la movilización hubo consignas como “Esto no es democracia” y “Hay que sacarlos, ya”, a las que calificó como “golpistas”.
En el final de su mensaje, Macri se pronunció “en nombre de Pro”, fuerza política aliada al Gobierno pero con fricciones electorales recientes. “Los argentinos tienen que saber que nuestro compromiso con defender la ley y las instituciones es total. Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para desestabilizar a un gobierno democrático. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El Pro no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República”, concluyó.
Las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Javier Milei, también se manifestaron. Cuando terminaron las protestas, el Gobierno difundió un comunicado en el que confirmó que hubo 26 efectivos de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad heridos, uno de ellos con un balazo en el brazo.Además, fueron detenidas 124 personas, de las cuales 114 quedaron en libertad por decisión de la Justicia.
Walter Klix, dirigente vinculado al PRO y exreferente de Boca Juniors, además de su rol como director nacional de Precursores Químicos y actualmente cumpliendo rol en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, brindó una entrevista en la doceava transmisión de Perdón por la vehemencia (Canal EY!). En diálogo con Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, analizó la situación del club y expuso su visión sobre la gestión en materia de seguridad y administración legal del actual presidente, Juan Román Riquelme.
“Boca está agrietado, igual que está el país”, denunció Klix, a lo que agregó: “Riquelme no solamente le puso valor, sino que a medida que se iban aceptando las exigencias económicas para su acompañamiento, las iba incrementando.”
Supo señalar que Riquelme negoció su respaldo a la fórmula oficialista en 2019 con Sergio Massa, quien era candidato a diputado nacional y tras tener detrás de sí la anterior gobernanza de Mauricio Macri —la era de oro para muchos—, decidió concretar una serie de exigencias económicas cada vez mayores que “no eran poquita cosa”, cerrando un trato en que “tenía todo acordado” para su apoyo y que imposibilita su “renuncia voluntaria”.
“Si hoy ya es difícil conseguir entradas para ver un Boca – Defensa y Justicia, imaginate lo que es para un Boca – River: simplemente no hay. Sin embargo, (el expresidente de Independiente, devenido en comunicador, Andrés) Ducatenzeiler logró ingresar al estadio. Me gustaría saber con qué entrada lo hizo, cuando hay 250.000 socios aún esperando su oportunidad. Mientras tanto, Riquelme elige beneficiar a sus amigos, a las empresas de turismo y a su propio bolsillo”, puntualizó Klix, a modo de ejemplificar el favoritismo en las entradas.
Asimismo, remarcó la fuerte injerencia política en la estructura dirigencial del club de Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “la Cámpora puso la mitad de la comisión directiva de Boca”, lo que habría permitido que “15 personas que integraron” la agrupación ultra K tomasen su control. “Hoy el kirchnerismo maneja Boca”, sentenció.
Las acusaciones también alcanzaron a la administración de los abonos y entradas, ya que “deberían ir a los socios adherentes pero se venden a empresas de turismo”.
“La barra de Boca está comprada. Si alguien intenta protestar contra Riquelme en la cancha, aparecen matones armados”, expuso Klix, culpabilizando de permitir esto a la barra brava de Boca, añadiendo: “Ven que ha tomado el club y no hacen absolutamente nada.”
En cuanto a la situación deportiva y financiera del club, las cifras son contundentes. Boca Juniors enfrenta potenciales multas por responsabilidad institucional en los delitos imputados a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano de Riquelme, quien cumple un rol informal como operador clave dentro de la estructura futbolera. Abogados especializados estiman sanciones entre $500 millones y $1,000 millones si se prueba que el club toleró prácticas irregulares.
“El director de socios hace el juego que Román y el hermano le piden. En este caso, juntar abonos que se caen para vendérselos a los turistas”, aseguró Klix, sumando: “Boca tiene entre todas sus categorías más de 300.000 socios y tiene un estadio para 55.000. O sea, tiene capacidad para un sexto de sus socios”.
El 29 de octubre de 2024, la Justicia porteña allanó el estadio en el marco de una investigación por falsificación de carnets de socios y reventa ilegal de entradas. Cristian, fue imputado por asociación ilícita y defraudación. Tras revisarse su vivienda en Pilar, las pesquisas sugirieron la existencia de una red que manipulaba el sistema de membresías para beneficiar “el séquito que acompaña”, afectando el acceso de socios comunes.
“Hay un poder en la venta de entradas, en el marketing, en la visita a la bombonera, obviamente en apalancarse políticamente”, subrayó Kilx.
Este caso tiene antecedentes en investigaciones de 2023, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (UFEEM) ya había detectado patrones irregulares en la distribución de entradas. La fiscal Celsa Ramírez, quien lleva ambos expedientes, enfrentó declaraciones públicas de Riquelme, declarando que solo por investigar, “tiene un problema con los hinchas de Boca”.
“(Riquelme) es un tipo extremadamente egocéntrico. Llegó a Boca con un séquito de delincuentes que se ampararon en un amor al club que no tienen. Ni siquiera es hincha de Boca, vino solo a hacer negocios”, recalcó Klix.
El sector agropecuario argentino expresó su “profunda preocupación y firme rechazo” al Reglamento (UE) 2023/1115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (conocido como EUDR, por sus siglas en inglés), que estableció nuevas restricciones a productos asociados a la deforestación.
Las entidades del agro afirmaron que la regulación “afectó nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados”.
– “Desde el año 2013 entró en vigor el Reglamento de la Madera de la UE (EUTR). El objetivo es garantizar que la madera y los derivados comercializados en el mercado de la UE procedan de prácticas legales y sostenibles”
El encuentro para debatir la postura argentina se llevó a cabo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la participación de funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente. El subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda, presidió la reunión. Allí, las instituciones agropecuarias entregaron un documento donde detallaron sus argumentos en contra del EUDR y solicitaron que este “no entre en vigencia” o, en su defecto, se contemplaran modificaciones para mitigar el impacto comercial negativo para el país.
El texto presentado también planteó que no hubiera inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de nuevos productos en la norma. “Estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de Argentina”, señalaron las entidades, que, en paralelo, se comprometieron a avanzar en esquemas de trazabilidad para evitar posibles pérdidas de mercado, aclarando que esta acción no debe interpretarse como un aval al reglamento.
– Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados
Durante la reunión, los funcionarios argentinos coincidieron en relanzar “negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento Europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino”. En ese sentido, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), declaró: “Se le solicitó al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación con la CE y el Parlamento Europeo para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral”.
En un contexto de cambios legislativos en la Unión Europea, el Parlamento Europeo decidió postergar por un año la entrada en vigor de la normativa 1115. Con 370 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones, se extendió la fecha original del 30 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2025 para los grandes operadores, mientras que las pequeñas empresas y las microempresas tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026.
Entre otros puntos, la regulación apunta a impedir la comercialización de productos, como soja y carne bovina, que provengan de tierras deforestadas después de 2020.
La nueva versión del texto incluyó la creación de una categoría de países “sin riesgo” de deforestación, a la que se sumarían las categorías ya existentes de “riesgo bajo”, “estándar” y “alto”. El Parlamento Europeo informó que estos cambios pretendieron “permitir a las empresas adaptarse” y disminuir requisitos en los países clasificados como “sin riesgo”. Sin embargo, la propuesta quedó sujeta a nuevas negociaciones, luego de que el texto regresara a la Comisión de Medioambiente. La Comisión Europea, por su parte, tendrá que finalizar el sistema de evaluación comparativa de cada país antes del 30 de junio de 2025.
Frente a la postergación de la norma, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó: “Celebramos la decisión de la Unión Europea”. Agregó que se trató de “un avance que parecía imposible” tras el trabajo que venían realizando desde hace dos años. A la vez, subrayó: “Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión, con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores y a los compradores mundiales”.
En representación del sector agropecuario participaron la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Finalmente, el gobierno nacional y las entidades del agro acordaron mantener una mesa de trabajo de seguimiento, con el objetivo de sostener el diálogo y las negociaciones en el ámbito local e internacional. “Las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino”, aseguraron en un comunicado, en el que reiteraron el pedido de “no aplicación” del EUDR y el firme reclamo por la defensa de la soberanía nacional y de la competitividad de la producción argentina.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expulsó y denunció penalmente a 18 miembros de la Policía Bonaerense que dejaron sus puestos de trabajo en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero para reclamar mejoras salariales. Las autoridades indicaron que los efectivos fueron acusados de sedición y “echados” de la fuerza tras haberse presentado con patrulleros y uniformes en horario de servicio.
La cartera de Seguridad bonaerense explicó que la legislación prohíbe a las fuerzas de seguridad llevar adelante huelgas o protestas de carácter sindical. En ese sentido, los voceros oficiales señalaron: “Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación. La policía es policía por decisión y saben que no pueden accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución”.
Los efectivos sancionados quedaron bajo investigación luego de un “sirenazo” registrado el 17 de febrero en la estación de servicio Shell, ubicada en la colectora de Acceso Oeste y Del Prado, en Ituzaingó. Un episodio similar ocurrió en El Palomar, partido de Tres de Febrero, con la participación de siete patrulleros. Según la denuncia, se emplearon móviles oficiales para la protesta y algunos policías concurrieron con uniforme durante su turno laboral. El jefe de la Estación Policial de Ituzaingó, Hernán Humbert, inició una de las causas que tramitan en los tribunales de San Martín, mientras que la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, también intervino en otro expediente.
El conflicto se dio pocos días después de que el gobierno provincial anunciara un nuevo incremento salarial del 9% para los trabajadores estatales, incluido el personal policial. Dicho ajuste comprendió un 7% en febrero y 2% en marzo, además de mejoras en la compensación por uniforme y en los montos del servicio de Policía Adicional (Polad). Aun así, algunos sectores de la fuerza rechazaron la propuesta y reclamaron un aumento del 100%, libre elección de obra social, asistencia psicológica gratuita y mejores condiciones de trabajo.
Las demandas de estos grupos no resultaron novedosas. En septiembre de 2020, alrededor de 1.200 efectivos se sumaron a una protesta que llegó hasta la residencia de Kicillof en La Plata y la Quinta de Olivos. En aquel momento, el ministro de Seguridad era Sergio Berni. Voceros oficiales indicaron: “Cuando detectamos un policía que está fuera de la ley lo echamos. De esa protesta en 2020 fueron echados los 1.200 policías”, amenazaron los funcionarios.
La tensión en la provincia de Buenos Aires coincidió con una serie de episodios violentos que incluyeron asesinatos de policías y ataques de motochorros. Estos hechos desencadenaron acusaciones cruzadas entre Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. “Que nos devuelva los $ 700 mil millones que nos robaron el año pasado que estaban destinados a Seguridad”, afirmó Kicillof. Milei respondió: “La provincia es un baño de sangre”, y calificó al gobernador de “inútil”.
A nivel salarial, el nuevo ajuste implicó que un comisario general pasara a ganar $1.425.000 en febrero y $1.452.000 en marzo, mientras que un oficial principal recibió $711.000 en febrero y $724.000 en marzo. Un agente con menor rango percibió $655.000 y $677.000, respectivamente. Sobre estos montos se aplicaron sumas fijas y no remunerativas que incrementaron el sueldo entre un 30 y un 40%, dependiendo del escalafón. Además, los efectivos tienen la posibilidad de acceder al servicio adicional (Polad) o a las llamadas horas “Cores”, que les permiten trabajar en sus días de descanso o cubrir eventos. Dichas tareas se pagan entre $25.000 y $35.000 por evento, o $1.200 por hora extra.
Finalmente, otro grupo de policías bonaerenses inició en las últimas horas una protesta en Puente 12, partido de La Matanza, con amenazas de paro total. Los manifestantes consideraron “insuficiente” el 9% de suba en medio de la “alta inflación” y la compleja situación de inseguridad en la provincia. A pesar de ello, las autoridades reiteraron que las fuerzas de seguridad no pueden abandonar sus puestos ni manifestarse bajo mecanismos que involucren la utilización de recursos oficiales. Los 18 efectivos desafectados en Tres de Febrero e Ituzaingó afrontaron, a raíz de ello, procesos penales y sumarios internos que desembocaron en su expulsión.
María Eugenia Talerico, reconocida penalista, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y excandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, participó en la décima edición de Perdón por la vehemencia, el programa de Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, emitido en Canal EY!.
Durante la charla, Talerico profundizó en el polémico nombramiento de Ariel Lijo —y de Manuel García-Mansilla en paralelo— a la Corte Suprema por parte del presidente Javier Milei. La abogada no dudó en calificar al juez como “el más corrupto de la historia Argentina”. Además, manifestó su preocupación por los “oscuros motivos” que otros medios atribuyen al detrás de la designación, advirtiendo que la medida podría encubrir escándalos como el “criptogate”.
Estas declaraciones se suman a sus críticas previas, en las que afirmó que “Lijo es el juez proveedor de impunidad a la casta”.
“Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”, declaró Talerico durante el stream.
Cabe destacar que Milei recurrió a este mecanismo excepcional de la Constitución tras el fracaso de su intento de nombrar a Lijo en el Senado, el cual enfrentó 34 impugnaciones ciudadanas y la oposición unificada de bloques peronistas y sectores dialoguistas —un récord histórico para un candidato a la Corte— que cuestionaron tanto el procedimiento como los antecedentes del candidato. Solo el último intento de sesión se vio opacado por el escándalo de la criptomoneda $Libra, que debilitó la posición negociadora del Gobierno.
La situación llevó a la Casa Rosada a utilizar la figura de designar “en comisión”, contemplada en el artículo 99 para cubrir vacantes temporales. Sin embargo, críticos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que este recurso se emplea para evadir el control parlamentario, estableciendo un precedente peligroso para la independencia judicial.
“Este juez, en particular, es el más cuestionado en el Consejo de la Magistratura, según estadísticas y encuestas; pero, sobre todo, es quien ha otorgado mayor impunidad a la clase política”, afirmó Talerico, agregando que “ha experimentado un crecimiento patrimonial exponencial, respaldado por la protección que recibe de un sistema judicial que se ha pervertido desde hace muchos años”.
Un estudio conjunto de la ACIJ y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reveló que, de 89 causas de corrupción asignadas a Lijo entre 2006 y 2024, solo el 15 % llegó a juicio oral. Trece expedientes permanecen en etapa de instrucción por más de una década, entre ellos tres con demoras de 17, 18 y 26 años respectivamente, posicionándolo como el juez con el peor índice de resolución en Comodoro Py, cerrando menos de la mitad de los casos asignados.
– “Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”
Talerico enfatizó que “Lijo cajoneó la defraudación de los Kirchners con los Eskenazi”, refiriéndose a la investigación por el vaciamiento y expropiación de YPF, uno de los casos más emblemáticos bajo su jurisdicción. Según la abogada, el supuesto fraude de la petrolera en 2012 derivó en una condena de US$16.000 millones contra Argentina en tribunales estadounidenses, y la demora en resolver el expediente debilitó la posición legal del país.
“Hace tiempo se observa un juego perverso con el kirchnerismo. Con esto, podemos comenzar a hablar de corrupción y de maniobras más extrañas que el criptogate”, comentó.
La letrada también señaló una “paradoja” en este juicio, afirmando que “unos US$5.000 millones le van a volver a los Eskenazi”, y denunciando que “los Kirchners orquestaron toda esta maniobra para generar la demanda”. Además, agregó que “mientras nos anestesian con la subida de precios, se llevan puesta toda la República”.
Por otro lado, se han generado cuestionamientos sobre el equilibrio de género en la composición del tribunal supremo, ya que desde 2021 no hay mujeres entre sus integrantes. Talerico sugirió que aún es incierto qué sucederá con Mansilla, quien declaró que no se presentaría por decreto, lo que podría generar “mucho fútbol para la tribuna”.
“No vaya a ser que solo nos quede Lijo y una vacante que se está acordando”, advirtió alegando que: “Los kirchneristas necesitan el cargo en la Corte para nombrar al Procurador General y lograr la impunidad completa de Cristina Kirchner”.
Lijo mantiene causas “dormidas” hasta que factores políticos reactivan su interés, como ocurrió con el caso Siemens durante el gobierno de Mauricio Macri. Aplica esta medida con discrecionalidad, según análisis de ACIJ. Por ejemplo, en el caso Ruckauf (25 años de trámite), el imputado permanece libre pese a las evidencias de enriquecimiento ilícito. Su manejo del caso Ciccone muestra cómo ajusta el ritmo procesal a conveniencia.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
