Alfredo Cornejo | “El peronismo de hoy representa al sector parasitario”
El diputado nacional de la UCR le respondió al presidente Alberto Fernández.
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Después de celebrarse el Día de la Lealtad, el diputado nacional y presidente de laUCR, Alfredo Cornejo, disparó duro contra el Gobierno al asegurar que “el peronismo de hoy representa al sector parasitario”, a la vez que reivindicó la figura de Mauricio Macri.
En diálogo este domingo con Radio Mitre, el gobernador de la provincia salió a contradecir las declaraciones de Alberto Fernández, quien al conmemorar ayer el Día de la Lealtad, celebró que Macri no esté en el poder. “Menos mal que el peronismo está gobernando en este momento”, dijo el jefe de Estado.
“En muchos pasajes de la historia el peronismo ha usado un argumento de que son los únicos que pueden gobernar el país y cuando han estado en la oposición fueron conspiradores y saboteadores de quienes están en el poder y no son peronistas, lo hicieron con Macri, Alfonsín y la Alianza”, recordó el diputado.
“Creo que esa hipótesis que alientan ellos no es real en la Argentina. No es inevitable que este país solo pueda gobernar el peronismo”, arremetió con firmeza para luego referirse a la grieta política.
Y agregó: “La verdad grieta no es peronista y antiperonista. Es entre la gente que produce y trabaja y se esfuerza para generar riqueza y el sector parasitario que viven de quienes crean riqueza. El peronismo de hoy, que es el kirchnerismo, está representando más a los que no trabajan que a los que trabajan y crean riqueza. Representa al sector parasitario”.
También calificó a la estrategia sanitaria ante el coronavirus de “desastre y está probado, los números muestran eso. El Presidente no se comportó como un estadista entre economía y salud. Y él mismo dijo que iba a privilegiar la salud”.
Y puso como ejemplos que Fernández había dicho que “prefería 5% más de pobres que 100 mil muertos, y ya llevamos 25 mil”. Y agregó: “Recuerdo que también dijo que si gobernara Macri tendríamos 10 mil y ya tenemos 25 mil. De tanto hablar ha mostrado que el gobierno peronista kirchnerista ha fracasado”.
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En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.
El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de JavierMilei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno.
Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei.
El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.
En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.
– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina
En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.
La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.
Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.
El núcleo de este escándalo no reside sólo en una disputa de cargos, sino en la institucionalización de una práctica que el liberalismo denunció como el punto más bajo del autoritarismo estatal: el armado de listas negras. Lo que comenzó como una supuesta reunión de diálogo con la base militante terminaría en un empadronamiento de “traidores” con nombre, apellido y DNI, listados que hoy serían utilizados como munición para amedrentar a quienes cuestionan la gestión de Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires.
Para entender cómo el movimiento que llegó para romper las cadenas terminó construyendo sus propios cepos digitales, es necesario desarmar el entramado de amenazas y judicialización que hoy fractura al oficialismo. Pero para comprender la magnitud de este “lawfare” interno, hay que empezar por el principio y ponerle nombre a los ejecutores de la vigilancia.
Martín Menem, Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich.
El “lawfare” interno y las amenazas de Seivane
La interna de La Libertad Avanza ha cruzado el límite de la disputa política para adentrarse en el terreno de la persecución penal. El brazo ejecutor de esta táctica es el abogado de Lilia Lemoine, quien actúa bajo su venia, Hernán Emilio Seivane, beneficiario de subsidios por parte del gobierno de Alberto Fernández, como se demuestra en esta investigación.
Además, luego de expresar textualmente “necesitamos más abogados como Hernán”, Lemoine ha admitido que su abogado también representa a la diputada María Celeste Ponce, y a los influencers Lourdes Palavecino, del canal de streaming oficialista Carajo a “Marilongui” (Mariela Marilú Medina), y del canal de streaming oficialista Ánima Digital a “Mate con mote” (Christopher Marchesini), a “En el ojo del poder” (Lucas Apollonio) y a “Herrero Liberal” (Matías Bernal).
El tuit del abogado de Lemoine confirmando las listas negras.
A través de la red social X (ex Twitter), Seivane ha lanzado advertencias explícitas sobre el inicio de denuncias penales contra aquellos integrantes del espacio que manifiesten disidencia frente a las directivas de la dirigencia nacional; aunque luego borró la publicación y se justificó diciendo que “era click bait“. Esta utilización del sistema judicial para inhibir la crítica interna ha sido diseñada para silenciar las voces que cuestionan el armado territorial en la provincia.
Seivane amenazando con incorporar a la causa a una militante disidente y admitiendo sumar críticas provenientes de conversaciones privadas.
La legisladora ex cosplayer no sólo ha respaldado estas acciones, sino que ha validado públicamente laexistencia de un sistema de vigilancia sobre la propia militancia. En diversas intervenciones, la diputada admitió poseer los listadosde quienes, según su óptica, “operan” contra la conducción de Sebastián Pareja. Lo que para la base electoral representaba una fuerza basada en el mérito ideológico y la libertad de expresión, hoy se traduce en un régimen de ultimátums donde la lealtad al armador político se impone bajo la amenaza de la justicia penal.
La diputada nacional Lilia Lemoine junto a Hernan Seivane, su abogado.
La fragilidad de los argumentos para judicializar la política quedó expuesta por el propio Hernán Seivane, quien intentó disfrazar de “asociación ilícita” lo que en realidad son un par de militantes quejándose de su representada. El abogado de la diputada justificó su amenaza de denuncia penal alegando que un grupo de militantes había “organizado un ataque en manada” contra Lemoine.Sin embargo, la captura de pantalla de WhatsApp que él mismo adjuntó como supuesta prueba incriminatoria sólo muestra a un puñado de jóvenes proponiendo redactar un tuit crítico hacia la legisladora. Seivane lo justificó diciendo que estos hechos organizados terminan en que le tiren piedras a Lemoine en su casa.
El abogado de Lemoine justificando la persecución por temor a que las críticas escalen.
Este hecho no sólo confirma que lo más “fuerte” que tiene la cúpula para perseguir a su base es la libre expresión de ideas, sino que además constituye una prueba irrefutable de que el oficialismo accede y monitorea conversaciones privadas para alimentar sus listados de persecución. Lo que para el entorno de Lemoine es una “manada”, para cualquier sociedad democrática es el ejercicio básico de la disidencia política en un entorno privado.
Seivane, el abogado de Lemoine que elabora las listas negras.
Del NODIO kirchnerista a las listas negras del mileísmo
La mayor contradicción de este proceso de vigilancia reside en el espejo histórico que refleja. En 2020, el arco liberal y la derecha argentina reaccionaron con unánime rechazo ante la creación del NODIO, el observatorio de la desinformación impulsado por el kirchnerismo que fue denunciado como un esquema de persecución a opositores y una amenaza a la libertad de expresión. Sin embargo, lo que hoy ocurre en las entrañas de La Libertad Avanza guarda una similitud alarmante con aquel organismo de control. La recolección de datos personales de militantes bajo el pretexto de “ordenar el espacio” se ha transformado en un mecanismo de empadronamiento de la disidencia.
Sergio “Tronco” Figliuolo junto a las diputadas Karen Reichardt y Virginia Gallardo, frente a Casa Rosada.
El caso del diputado nacional de La Libertad Avanza, Sergio “Tronco” Figliuolo, resultaría paradigmático en esta metamorfosis. Quien fuera una figura de confianza para la militancia joven debido a su perfil mediático en Neura, según señala la militancia mileísta en redes sociales, ha sido el encargado de organizar una reunión con el supuesto fin de escuchar las críticassobre la gestión de Sebastián Pareja junto a Lilia Lemoine. No obstante, los testimonios y capturas de pantalla posteriores revelarían, según la base de La Libertad Avanza, que el encuentro fue una trampa logística para identificar activamente a los focos de resistencia interna. Durante la jornada, se procedió a recolectar nombres, apellidos y números de DNI de los asistentes disconformes, información que luego terminó en manos de la cúpula legislativa para su posterior uso punitivo.
La paradoja es total: las mismas banderas que se alzaron contra el control estatal de la palabra hoy se utilizan para justificar archivos de “traidores” internos.
El obsesivo pasado anti-Milei de Seivane, antes de notar la veta de derecha.El abogado de Lemoine, Seivane, junto a Ramón “Nene” Vera (izq.) y Sebastián Pareja (der.).
Guerra abierta en X
El conflicto alcanzó su punto de ebullición pública en las redes sociales, donde se produjo un quiebre definitivo en la vanguardia comunicacional del movimiento.El enfrentamiento entre la diputada Lilia Lemoine y Daniel Parisini(alias “Gordo Dan”) simboliza la fractura entre los arquitectos de la narrativa desde la campaña de 2023y la estructura institucional que hoy busca blindar a sus armadores. Parisini —vinculado al asesor presidencial, Santiago Caputo— hizo eco de las denuncias sobre la “limpieza” de militantes propios en la provincia, encontrando como respuesta un ultimátum defensivo de Lemoine hacia la figura de Pareja.
Parte del cruce en redes entre Lemoine y Parisini.
La situación se tornó aún más opaca para la militancia disidente tras el acto oficial en Suipacha. Allí, Karina Milei, flanqueada por Sebastián Pareja y el ex-dirigente del PRO, Diego Santilli(ex vicejefe de gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, apodado “El Siniestro” por el propio Milei), confirmó que uno de los dos sería el candidato a gobernador para el 2027. Esta revelación fue interpretada como la claudicación final ante la “casta amarilla”, desplazando cualquier posibilidad de una opción puramente libertaria en el distrito electoral más grande del país y confirmando que la estructura verticalista prefiere la alianza con el establishment tradicional antes que el sostenimiento de sus bases fundacionales.
Sebastián Pareja, Karina Milei y Diego Santilli.
El factor Pareja y el desplazamiento de la base
La raíz de esta paranoia institucional y la consecuente persecución tiene un nombre propio: Sebastián Pareja. El diputado nacional y armador territorial de la Provincia de Buenos Aires se ha convertido, recientemente, en el epicentro de una crisis de identidad que amenaza con devorar los cimientos de La Libertad Avanza.
Si bien Pareja se encarga del armado bonaerense desde 2022 —y, desde entonces, comenzó a incorporar a “ex” kirchneristas en lugares estratégicos—, las revelaciones sobre su trayectoria política han herido la sensibilidad de la militancia más doctrinaria. Esto ocurrió, en parte, al documentarse sus vínculos estrechos con las estructuras que el movimiento mileísta prometió desmantelar, incluyendo su rol como financista en la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2011.
El registro del aporte de Sebastián Pareja a la campaña de Cristina Fernández y Amado Boudou.
La ironía de que la mano derecha de Pareja, Ramón “Nene” Vera, cargue con denuncias por irregularidades en la gestión de suministros escolares —específicamente la distribución de alimentos en mal estado en escuelas, como ya explicamos en Data 24— ha generado una fractura simbólica imposible de ignorar.
Para sostener esta estructura cuestionada, la estrategia de Pareja ha consistido en la cooptación sistemática de dirigentes provenientes del kirchnerismo y el peronismo tradicional, bajo una supuesta premisa de “gobernabilidad”. Este proceso ha derivado en el desplazamiento de los cuadros jóvenes que, de manera orgánica y sin recursos públicos, sostuvieron la narrativa del partido en sus inicios.
La implementación de las listas negras y las amenazas judiciales aparecen, entonces, como la única herramienta capaz de contener el descontento de una base que ve cómo los espacios de gestión en ANSES, PAMI y ministerios provinciales son ocupados por los mismos actores de la “vieja política” que Milei denunció durante años.
Vigilancia orwelliana y el espejo de los regímenes autoritarios
La justificación de Seivane para esta persecución alcanza niveles propios de la ciencia ficción distópica al alegar que estos “hechos organizados” —en referencia a la coordinación de tuits— son el preludio necesario para agresiones físicas, como el lanzamiento de piedras al domicilio de la diputada. Esta lógica de criminalización preventiva evoca inevitablemente al “sistema penal” de la conocida novela 1984 de George Orwell donde no castigan hechos consumados, sino que persigue el “pre-crimen”, sancionando a ciudadanos por acciones que todavía no han ocurrido pero que el poder imagina como inevitables.
Al vincular un mensaje de WhatsApp con un potencial ataque físico, el entorno de Lemoine abandona el derecho penal liberal para abrazar un modelo de castigo basado en la suposición y el miedo, donde cualquier disidencia es etiquetada como una amenaza a la integridad física de la dirigencia con el único fin de justificar la censura previa y el disciplinamiento de la militancia.
El abogado de Lemoine justificando la persecución por temor a que las críticas escalen.
Cuando un partido que nació bajo la premisa de la libertad individual recurre a las “listas negras” y al “doxeo” (publicación de datos personales) institucionalizado para disciplinar a sus bases, cruza un punto de no retorno; algo que se ha visto en los años ’70, cuando el diario argentino “El Caudillo” —vinculado a la Triple A— publicaba la información privada de los considerados “enemigos del gobierno”.
El riesgo de que La Libertad Avanza implosione bajo el peso de sus propias contradicciones es real; si la cúpula prefiere la vigilancia interna y la cooptación de la vieja política sobre la integridad de su proyecto fundacional, el movimiento continua siendo una cáscara vacía, habitada por los mismos actores que Milei prometió desterrar.
Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.
Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.
La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.
Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.
La promesa que nunca llegó
La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevistaen YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.
Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.
Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.
Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.
El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado
La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.
Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberseausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.
Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.
Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.
El triunfo de la genealogía sobre el mérito
El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.
La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.
En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionalesde Villarruel, peropremia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.
Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.
La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) evaluó el desempeño del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) durante 2024 y detectó una serie de debilidades en la designación de capacitadores, la infraestructura tecnológica y la gestión administrativa del organismo encargado de formar a los aspirantes y al personal de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos y los funcionarios responsables de diseñar e implementar políticas de seguridad ciudadana.
El informe, aprobado por unanimidad el 10 de septiembre de 2025 y dirigido a la presidenta de la Legislatura porteña, Clara Muzzio, tuvo como supervisor al Dr. Guillermo A. García y como director de proyecto al Lic. Favio Pirone.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2025.
El Instituto, situado en un predio de 10 hectáreas en el barrio de Bajo Flores,invirtió más de $1.587 millones en la contratación de capacitadores durante el período auditado. De ese total, el 79,8% se destinó a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para aspirantes a Oficial de Policía; el 15,6%, a los Cursos de Ascenso; y el 4,5% restante, a otras instancias formativas. A partir de esa distribución, la AGCBA concluyó que el organismo reflejó una “clara priorización institucional de la formación inicial de los aspirantes a la Policía de la Ciudad”.
En 2024, el Instituto recibió 23.176 solicitudes para cursar la Tecnicatura, pero solo 955 personas firmaron vacante para ingresar al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad bajo la modalidad de internado con beca. De ese total, 919 aprobaron el primer cuatrimestre y 899, el segundo.
A lo largo del período se graduaron 1.515 Técnicos Superiores en Seguridad Pública – Oficial de Policía.
Respecto de las bajas, el Instituto informó 110 en total: 98 voluntarias y 12 obligatorias. Sin embargo, el relevamiento de las resoluciones institucionales identificó 104 bajas voluntarias y 15 reincorporaciones; descontadas estas últimas, la auditoría constató una diferencia de 9 bajas voluntarias respecto de lo informado por el organismo.
Pese a la inversión y a la magnitud de la actividad, la auditoría detectó irregularidades sistemáticas en la designación de los formadores.
La planta de la Tecnicatura contaba con 800 capacitadores y la de los Cursos de Ascenso, con 161. Del análisis de una muestra de 86 expedientes de los primeros, surgió que en 84 casos “la fecha de requerimiento del capacitador para cubrir una materia o curso es posterior a la fecha de inicio de estos” y que en 85 expedientes no constaban las actas de la Comisión Evaluadora de Antecedentes Académicos y Profesionales.
En los Cursos de Ascenso, de 60 expedientes examinados, 54 presentaron la misma anomalía en la fecha de requerimiento y ninguno contó con las actas de esa comisión.
La AGCBA identificó, además, documentación personal faltante en los legajos de recursos humanos, constancias vencidas de Deudores Alimentarios y Ciudadanía Porteña, y ausencia de publicación oficial y comunicación interna de las resoluciones de designación.
En el plano académico la medición oficial señaló que algunas materias “tienen alta carga horaria con pocos docentes, lo que podría afectar la calidad educativa” y que existían “desfasajes” en la distribución de la carga horaria semanal. En cuanto a los cursos de ascenso, la auditoría detectó falta de planificación y comunicación entre las autoridades y el Instituto, sobrecarga operativa por alta demanda y escasos recursos humanos, y la necesidad de establecer criterios objetivos para regular la participación.
Las deficiencias más agudas se registraron en las denominadas “áreas estratégicas”.
De las 2.400 notebooks adquiridas en 2018, durante 2024 solo 600 permanecían operativas, y se estimó que para finales de 2025 el 80% del “parque tecnológico” quedaría obsoleto.
La escasez de netbooks afectó también el acceso de los cadetes al campus virtual Moodle (plataforma que en 2024 dio soporte a más de 113.000 alumnos y 396 docentes), lo que generó costos adicionales por la impresión masiva de materiales y exámenes. El kit de elementos entregado a cada cadete al inicio del cursado no incluyó netbooks, lo que limitó el acceso a contenidos y evaluaciones interactivas.
Los simuladores de realidad virtual de conducción vehicular y de polígonos 2D, utilizados para la instrucción en “diversos escenarios, situaciones de emergencia y la programación de fallas mecánicas” con el objeto de evitar riesgos en la etapa de aprendizaje, resultaron insuficientes ante la demanda y sobrecargaron a los instructores.
En 2024, alrededor de 2.558 cursantes y visitantes usufructuaron los simuladores vehiculares. Los polígonos virtuales registraron 1.102 usuarios distribuidos entre 650 cadetes, 180 policías, 25 representantes de embajadas, 25 integrantes de fuerzas nacionales y federales, 20 de fuerzas extranjeras, 57 visitas judiciales, 85 pertenecientes a organismos y organizaciones no gubernamentales y 60 visitas institucionales. El área de e-learning del Instituto, encargada de sostener la educación virtual, el campus digital y el soporte pedagógico, también mostró signos de saturación, con equipos existentes y soporte técnico desbordados, lo que derivó en un “mayor gasto en soluciones alternativas” con riesgos operativos que comprometieron el cumplimiento de los objetivos institucionales y presupuestarios.
La flota vehicular del Instituto (dos ómnibus, tres minibuses y cuatro vehículos utilitarios tipo camioneta) tampoco resultó suficiente para cubrir la demanda. Esos medios trasladaron a 18.912 agentes durante 2024 en el marco de actividades académicas, servicios de seguridad y visitas culturales, entre ellas al Teatro Colón, al Congreso de la Nación y a la Morgue Judicial.
El informe concluyó que la flota disponible no resultaría suficiente para cubrir adecuadamente la demanda anual de traslados requerida por las distintas actividades académicas y operativas.
La AGCBA también advirtió que no se pudo verificar una formación académica continuada sobre Derechos Humanos en la formación inicial de los policías, aunque sí constató la existencia de contenido curricular en la temática. De manera análoga, el informe señaló que no se contó con información que acreditara actividades académicas de capacitación continua en la atención al público.
Como contrapunto, el examen sobre una muestra de 90 expedientes de cadetes egresados determinó que todos contaban con la totalidad de la documentación exigida, sin incumplimientos a la normativa vigente.
El Juzgado Federal N°1 de la provincia de Corrientes sancionó a La Libertad Avanza (LLA) por no haber presentado el informe final de los gastos de campaña de las elecciones del 26 de octubre de 2025. La resolución impone una pena económica y congela los fondos que el Estado le transfiere al partido, un sacudón político en plena arena electoral.
La decisión fue comunicada formalmente tanto a la Cámara Nacional Electoral como a la Dirección Nacional Electoral (DINE), lo que la elevó de una cuestión distrital a un expediente con seguimiento federal.
La resolución judicial contempla tres medidas especialmente severas. Por un lado, impone una multa económica equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido en el distrito, una sanción que recae sobre los recursos del Fondo Partidario Permanente que el gobierno distribuye mensualmente para el sostenimiento de las actividades ordinarias.
Además, establece la suspensión cautelar de todo tipo de financiamiento estatal mientras persista la transgresión, una disposición de carácter provisional pero de efecto inmediato que puede ser levantada si la situación se regulariza.
A esto se suma una intimación de 15 días para que los apoderados presenten el informe adeudado, bajo apercibimiento de perder de manera definitiva el acceso a los fondos públicos en caso de no cumplir dentro del plazo fijado.
– Lisandro Almirón
Si el partido no regulariza la situación dentro del plazo fijado desde el 8 de abril, la ley habilita al juez a declarar “no acreditados” el origen y destino de los fondos de campaña. Se trata de una sanción con consecuencias graves, ya que significa que la Justicia Electoral considera que LLA no puede justificar cómo obtuvo o en qué gastó el dinero de su campaña. En casos más graves, la ley también prevé la pérdida del derecho a recibir financiamiento público por hasta cuatro años, según el artículo 62 de la norma.
La Ley 26.215 estipula un régimen escalonado de sanciones en función del tiempo que el partido lleve sin presentar el reporte. Si la mora es de hasta 30 días, corresponde una multa equivalente al 10% de los aportes públicos electorales.
Cuando el incumplimiento se extiende entre 31 y 90 días, la sanción se duplica y pasa al 20%. En los casos en que la demora supera los 90 días, la norma dispone la suspensión cautelar de todos los aportes públicos y una intimación de dos semanas para que la situación sea regularizada.
¿Qué candidatos estaban en juego?
En las elecciones del 26 de octubre de 2025 en Corrientes se renovaron tres bancas de diputados nacionales. La lista de LLA fue encabezada por Virginia Gallardo, acompañada por Isidro Gapel Redcozub. LLA obtuvo el 32,68% de los votos, muy cerca del oficialismo provincial “Vamos Corrientes” con 33,91%, y se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue considerado un resultado sorprendente, dado el fuerte crecimiento del partido en la provincia respecto a las PASO del 31 de agosto.
Las elecciones fueron el 26 de octubre de 2025. La resolución se firmó el 8 de abril de 2026, es decir, unos cinco meses y medio después. Eso ubica el incumplimiento claramente en la franja de “más de 90 días”, lo que explica la multa del 20% y la suspensión simultánea de los fondos. En síntesis, LLA de Corrientes no solo llegó tarde, sino que directamente no presentó el balance económico.
– Lisandro Almirón e Isidoro Gapel Redcozub
La decisión judicial no cae en el vacío. Corrientes tuvo dos elecciones en 2025, con las provinciales del 31 de agosto (donde el armado del exgobernador Gustavo Valdés ganó cómodamente la gobernación con más del 51%, y LLA con Lisandro Almirón apenas obtuvo alrededor del 9.5%) y las nacionales del 26 de octubre, donde LLA se recuperó notoriamente. La sanción se conoce en un momento en que el espacio libertario sigue construyendo su estructura orgánica en la región norte.
Este tipo de sanciones no es exclusivo de LLA, debido a que desde 2013 hasta 2021, la Justicia Electoral aplicó más de 1.500 sanciones a distintas agrupaciones por irregularidades en los informes de campaña, con un récord de 479 sanciones solo en 2021. Lo que llama la atención en este caso es que afecta al oficialismo, cuya imagen pública se construyó en parte sobre la bandera de la transparencia y el recorte.
La medida se enmarca en una estructura donde todo partido político que compita por cargos nacionales está obligado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a rendir ante la Justicia Electoral dos presentaciones contables. Uno previo (antes de la elección) y uno final (después), detallando todos los ingresos recibidos y los gastos realizados durante el proceso electoral.
Esta rendición debe presentarse utilizando una plataforma oficial de INFIPP, provista por la Cámara Nacional Electoral, debe incluir también los gastos en redes sociales y plataformas digitales. La legislación obliga a identificar el origen de cada peso, ya fuera en concepto de donaciones, aportes públicos u otros ingresos específicos.
Una reunión convocada para escuchar reclamos de la base terminó bajo sospecha por la presunta recolección de nombres, apellidos y DNI de jóvenes críticos del armado bonaerense de Sebastián Pareja.
La Justicia ya identificó 58 hechos y a más de 70 involucrados, el monto total a cobrar supera los $250 millones. Tras las primeras intimaciones, las amenazas bajaron de 80 casos diarios a 15: “La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, advirtieron las autoridades.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la quita gradual de derechos de exportación elevaría la producción, las ventas externas y la recaudación consolidada desde 2028, tras un costo fiscal inicial de US$153 millones en el primer año.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
