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Alberto Fernández reconoció este sábado que la “explosión” del viernes en los bancos puso en “peligro” todo el “esfuerzo” que el Gobierno hizo durante la cuarentena. Y sostuvo: “Nadie preveía que iban a aparecer todos esos jubilados”.
“Hoy parece que está más ordenado”, evaluó el jefe de Estado en diálogo con radio Mitre. Además, señaló: “Mandamos a su casa a lo que no les toca cobrar”.
Dio a conocer que en la reunión mantenida anoche con autoridades del Banco Central y ANSES, advirtió que lo sucedido “no puede volver a pasar”.
“Lo que es importante es que todo tengamos en cuenta la importancia de la cuarentena”, insistió, según señaló la agencia Noticias Argentinas.
Así, se lamentó por la desorganización en las entidades bancarias y las extensas filas en pleno aislamiento social y apuntó: “Todo este esfuerzo en un día lo ponemos en peligro”.
“Se mezcló gente que cobraba la Asignación Universal y la ayuda especial con personas que no habían cobrado en su momento la jubilación”, analizó.
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En un posteo en su cuenta oficial de X, luego de una entrevista de más de una hora con LN+ el pasado domingo con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a dirigir fuertes críticas contra el Grupo Clarín, al que calificó de “la gran estafa argentina”. Según el jefe de Estado, el conglomerado mediático solo lo ha hostigado con “mentiras”.
Milei recordó hechos sucedidos en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Clarín, “al borde de la quiebra”, participó en una reunión en Banfield junto a Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otros actores políticos. En esta, “se acordó devaluar 300%” y “la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”, medida que habría impedido a los bancos ejecutar la deuda millonaria del Grupo, ascendiente a 3.000 millones de dólares, al declarar inembargables sus acciones porque “al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables”.
“De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros”, aseguró Milei, subrayando que nunca se sabrá “a cambio de qué” se tomaron esas decisiones.
En febrero de 2025, Clarín anunció planes para fusionar sus operaciones de telecomunicaciones, lo que según el Gobierno le daría control sobre el 70% del servicio de internet residencial, 65% de las líneas móviles y el 80% del cable operado.
Milei respondió movilizando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), acusando a Clarín de buscar un “monopolio abusivo”. La ironía histórica —criticar intervencionismos mientras se movilizan organismos reguladores— expuso la naturaleza reactiva de la política estatal.
El origen clave se remonta a la pesificación asimétrica —la conversión forzosa— en la crisis económica de 2001, como medida que convirtió depósitos en dólares a pesos con una tasa desfavorable, donde se le acusa a Clarín de haber respaldado esta política durante los gobiernos kirchneristas, argumentando que el grupo recibió la Ley de Medios de 2009 como “premio de consuelo” para evitar su bancarrota en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Según la narrativa oficial, Clarín habría sido cómplice de un “robo” de USD$30.000 millones a los ahorristas.
Clarín, por su parte, ha rechazado categóricamente tales acusaciones. En un comunicado emitido el 2 de marzo de 2025, la empresa detalló que el 95% de su deuda en 2001 estaba denominada en dólares y bajo jurisdicción extranjera, lo que multiplicó su pasivo cuatro veces tras la devaluación. La firma sostuvo haber reestructurado sus obligaciones mediante acuerdos privados con acreedores internacionales, sin recurrir a rescates estatales.
EL COMUNICADO DEL GRUPO
– “Como se explicó varias veces, el Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país y bajo legislación extranjera. Por ello, lejos estuvo de impulsar o beneficiarse de cualquier pesificación o licuación de deuda“
“Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos”, enfatizó al finalizar su tweet. Además, Milei culpó al Grupo Clarín de orquestar una “operación periodística” para desacreditar a su gobierno mediante “periodistas ensobrados” en el caso de $LIBRA y los nombramientos por decreto de jueces para la Corte Suprema, afirmando que todo se debió a que una comunicadora está “muy caliente” con el gobierno, en lo que Clarín contrapone que gobierna únicamente por medio de “fake news emotivas”.
“Esto lo impulsó una periodista de Clarín, que me la tiene jurada porque está intentando quedarse con el monopolio de las comunicaciones, y ya avisé que va a intervenir el Enacom”, expuso en la nota con LN+.
La cobertura del incidente —que incluyó videos de seguridad revelados por Infobae y testimonios detallados— fue tildada como parte de una estrategia para darle atención “a una cosa tan marginal” y usando, irónicamente (?), frases del kirchnerismo como “Clarín miente”.
Juan Grabois, agitador social y referente del partido Frente Patria Grande, ha realizado recientemente varias declaraciones contundentes respecto a supuestos intentos de desestabilización o llevar adelante “un golpe” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Sus pronunciamientos en una entrevista al medio Somos Gelatina, han generado controversia en el escenario político, excusándose de que “todavía pensar es legal”.
“Quiero que se caiga el gobierno y quiero que Milei no sea más presidente”, afirmó Grabois, remarcando sostener esa postura.
El exprecandidato a presidente por Unión por la Patria enfatizó la necesidad de utilizar herramientas institucionales para interrumpir el mandato presidencial, mencionando “el juicio político, la lucha popular por la renuncia”, recordando que “eso ha pasado en la historia argentina”.
“Nuestro pueblo sacó al incompetente de De la Rúa y a la asesina de Patricia Bullrich”, sostuvo, en una dura acusación contra la actual ministra de Seguridad.
Grabois destacó, asimismo, la tensión generada por la politización de ciertos espacios y por la influencia de la política partidaria en la toma de decisiones. Recordó sus propias experiencias y la evolución de su rol dentro del movimiento sindical.
“La resistencia no violenta no implica estar paradito dejando que te peguen… Tenés que estar dispuesto a sacrificar algo”, subrayó Grabois, añadiendo: “Yo cuando era pibe iba recontra al frente y ahora me tocó otro rol, pero yo lo felicito a esos pibes que van al frente porque son los que verdaderamente están poniendo el cuerpo a los jubilados.”
“Es la toma por asalto del poder de los multimillonarios, es el gobierno Elon Musk. Es el anarcocapitalismo, es el capitalismo sin gobierno, sin contralógicas, ni de lo público ni de lo comunitario”, afirmó, utilizando metáforas.
El 3 de abril es la fecha elegida por Victoria Villarruel para abrir la sesión especial para tratar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nombrados por decreto por el Ejecutivo para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. La convocatoria se produce en medio de una creciente presión política, especialmente por parte del bloque oficialista y sectores del peronismo, quienes exigen el tratamiento de los nombramientos con urgencia.
La decisión de Villarruel de fijar la fecha del 3 de abril responde a un contexto de tensiones dentro del Senado. “La sesión se convocó para tratar los pliegos de los jueces Lijo y García Mansilla, a quienes el Poder Ejecutivo propuso para cubrir vacantes en la Corte Suprema”, detalló el comunicado oficial.
El anuncio de la convocatoria fue realizado en un momento clave, ya que la presión por parte del oficialismo se intensificó debido a las controversias que rodean los nombramientos. Según lo señalado por diversos medios, la propuesta de los pliegos había sido solicitada inicialmente por el bloque oficialista, que esperaba un tratamiento urgente en la cámara alta. Sin embargo, Villarruel, que podía establecer el día y la hora de la sesión, optó por evitar nuevos inconvenientes para el Gobierno tras haber logrado aprobar el DNU que permite avanzar con un nuevo “acuerdo” con el FMI.
En este sentido, el senador por el Frente de Todos, José Mayans, declaró: “El retraso en la convocatoria es una muestra clara de la falta de voluntad del oficialismo para avanzar en los pliegos. Queremos que se discuta con la celeridad que requieren los temas que hacen a la justicia en nuestro país”.
La demora también fue vista como una maniobra política, dada la relevancia de los cargos en cuestión. Ariel Lijo, uno de los jueces propuestos, es conocido por su rol en el Juzgado 4 de Comodoro Py, que tiene competencia en varios casos de alto perfil, lo que provoca cierta resistencia dentro de sectores políticos que lo consideran vinculado a intereses del poder. “Lijo es un juez que tiene un historial que no podemos pasar por alto. Su nombramiento a la Corte Suprema tendría implicaciones muy serias para la independencia judicial”, aseguraron desde la oposición.
Desde el entorno de Villarruel, la fecha elegida para la sesión busca “evitar el desgaste innecesario” y garantizar los votos necesarios. Sin embargo, surgieron dudas sobre la composición del voto en el Senado, ya que varios senadores del oficialismo mostraron resquemores frente a los nombramientos, lo que podría complicar la aprobación.
Por otro lado, el pliego de García Mansilla también genera controversias. A pesar de contar con un dictamen favorable, algunos sectores opositores cuestionan su idoneidad para ocupar un cargo tan relevante con el argumento de que su perfil no responde a las necesidades de una Corte que debe reflejar los valores de imparcialidad y justicia requeridos.
La convocatoria a la sesión tiene lugar en un momento clave para el Poder Judicial, dado que la Corte Suprema atraviesa una de sus etapas más críticas en términos de confianza pública. La necesidad de contar con jueces cuya imparcialidad no sea cuestionada es uno de los temas centrales del debate. Según los analistas políticos, la composición de la Corte Suprema será fundamental en los próximos años, especialmente en un contexto de tensión política y social como el que atraviesa Argentina.
“Es un tema clave, no solo por el nombramiento de los jueces, sino porque la Corte Suprema tiene un rol fundamental en el equilibrio de poderes. Necesitamos jueces que garanticen la transparencia, la equidad y la justicia en todas sus decisiones”, sostuvo el constitucionalista Félix González.
Walter Klix, dirigente vinculado al PRO y exreferente de Boca Juniors, además de su rol como director nacional de Precursores Químicos y actualmente cumpliendo rol en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, brindó una entrevista en la doceava transmisión de Perdón por la vehemencia (Canal EY!). En diálogo con Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, analizó la situación del club y expuso su visión sobre la gestión en materia de seguridad y administración legal del actual presidente, Juan Román Riquelme.
“Boca está agrietado, igual que está el país”, denunció Klix, a lo que agregó: “Riquelme no solamente le puso valor, sino que a medida que se iban aceptando las exigencias económicas para su acompañamiento, las iba incrementando.”
Supo señalar que Riquelme negoció su respaldo a la fórmula oficialista en 2019 con Sergio Massa, quien era candidato a diputado nacional y tras tener detrás de sí la anterior gobernanza de Mauricio Macri —la era de oro para muchos—, decidió concretar una serie de exigencias económicas cada vez mayores que “no eran poquita cosa”, cerrando un trato en que “tenía todo acordado” para su apoyo y que imposibilita su “renuncia voluntaria”.
“Si hoy ya es difícil conseguir entradas para ver un Boca – Defensa y Justicia, imaginate lo que es para un Boca – River: simplemente no hay. Sin embargo, (el expresidente de Independiente, devenido en comunicador, Andrés) Ducatenzeiler logró ingresar al estadio. Me gustaría saber con qué entrada lo hizo, cuando hay 250.000 socios aún esperando su oportunidad. Mientras tanto, Riquelme elige beneficiar a sus amigos, a las empresas de turismo y a su propio bolsillo”, puntualizó Klix, a modo de ejemplificar el favoritismo en las entradas.
Asimismo, remarcó la fuerte injerencia política en la estructura dirigencial del club de Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “la Cámpora puso la mitad de la comisión directiva de Boca”, lo que habría permitido que “15 personas que integraron” la agrupación ultra K tomasen su control. “Hoy el kirchnerismo maneja Boca”, sentenció.
Las acusaciones también alcanzaron a la administración de los abonos y entradas, ya que “deberían ir a los socios adherentes pero se venden a empresas de turismo”.
“La barra de Boca está comprada. Si alguien intenta protestar contra Riquelme en la cancha, aparecen matones armados”, expuso Klix, culpabilizando de permitir esto a la barra brava de Boca, añadiendo: “Ven que ha tomado el club y no hacen absolutamente nada.”
En cuanto a la situación deportiva y financiera del club, las cifras son contundentes. Boca Juniors enfrenta potenciales multas por responsabilidad institucional en los delitos imputados a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano de Riquelme, quien cumple un rol informal como operador clave dentro de la estructura futbolera. Abogados especializados estiman sanciones entre $500 millones y $1,000 millones si se prueba que el club toleró prácticas irregulares.
“El director de socios hace el juego que Román y el hermano le piden. En este caso, juntar abonos que se caen para vendérselos a los turistas”, aseguró Klix, sumando: “Boca tiene entre todas sus categorías más de 300.000 socios y tiene un estadio para 55.000. O sea, tiene capacidad para un sexto de sus socios”.
El 29 de octubre de 2024, la Justicia porteña allanó el estadio en el marco de una investigación por falsificación de carnets de socios y reventa ilegal de entradas. Cristian, fue imputado por asociación ilícita y defraudación. Tras revisarse su vivienda en Pilar, las pesquisas sugirieron la existencia de una red que manipulaba el sistema de membresías para beneficiar “el séquito que acompaña”, afectando el acceso de socios comunes.
“Hay un poder en la venta de entradas, en el marketing, en la visita a la bombonera, obviamente en apalancarse políticamente”, subrayó Kilx.
Este caso tiene antecedentes en investigaciones de 2023, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (UFEEM) ya había detectado patrones irregulares en la distribución de entradas. La fiscal Celsa Ramírez, quien lleva ambos expedientes, enfrentó declaraciones públicas de Riquelme, declarando que solo por investigar, “tiene un problema con los hinchas de Boca”.
“(Riquelme) es un tipo extremadamente egocéntrico. Llegó a Boca con un séquito de delincuentes que se ampararon en un amor al club que no tienen. Ni siquiera es hincha de Boca, vino solo a hacer negocios”, recalcó Klix.
El expresidente Mauricio Macri aseguró que los incidentes ocurridos ayer por la tarde en las inmediaciones del Congreso durante la manifestación de jubilados, gremios, organizaciones sociales e “hinchadas” buscaron desestabilizar a un gobierno democrático. En un extenso mensaje, recordó los hechos de diciembre de 2017, cuando intentó impulsar cambios en la ley de jubilaciones y se produjeron graves disturbios con “palos, piedras y bombas molotov” en la Plaza de los Dos Congresos.
“En 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso”, expresó Macri en su comunicado, aludiendo a los episodios de aquella jornada que en su momento dejó la célebre frase “nos tiraron 14 toneladas de piedra”.
El exmandatario consideró que, en la protesta de ayer, se repitió el mismo patrón y apuntó contra barrabravas, a quienes acusó de actuar coordinadamente para provocar y atacar a la Policía. “Ayer, en una escena idéntica, se movilizaron con el nombre de ‘hinchadas argentinas’ a barrabravas de distintos equipos de fútbol para ejecutar una nueva desestabilización de la democracia. Escudados en algunos pocos jubilados, los barrabravas pusieron en práctica los tres movimientos que repiten en estas situaciones: provocar a la policía, atacarla, victimizarse”, sostuvo.
Macri enumeró que, en su visión, estos grupos primero buscan “desequilibrar a las fuerzas para generar una reacción”. Si eso no sucede, “pasan a atacar a la Policía con piedras y palos” y, cuando hay una respuesta “proporcional”, comienza la etapa de “victimizarse”. “El objetivo final que persiguen es crear en la opinión pública una imagen de alocada violencia estatal contra personas inocentes y trabajadoras que justifique interrumpir el orden democrático”, afirmó. Aseguró que en la movilización hubo consignas como “Esto no es democracia” y “Hay que sacarlos, ya”, a las que calificó como “golpistas”.
En el final de su mensaje, Macri se pronunció “en nombre de Pro”, fuerza política aliada al Gobierno pero con fricciones electorales recientes. “Los argentinos tienen que saber que nuestro compromiso con defender la ley y las instituciones es total. Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para desestabilizar a un gobierno democrático. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El Pro no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República”, concluyó.
Las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Javier Milei, también se manifestaron. Cuando terminaron las protestas, el Gobierno difundió un comunicado en el que confirmó que hubo 26 efectivos de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad heridos, uno de ellos con un balazo en el brazo.Además, fueron detenidas 124 personas, de las cuales 114 quedaron en libertad por decisión de la Justicia.
El 21 de enero pasado, la concesionaria Stampa Automotores SA ubicada en Tortuguitas, Panamericana R Pilar KM 0, le facturó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, 40 Fiat Cronos Drive 1.3.
El precio unitario que pagó el ministerio a cargo de Javier Alonso fue de $56.416.566, 26. En total se invirtieron 2.256.662.650,40 pesos.
El precio de mercado del auto de similares características es de 26 millones de pesos.La compra se habría realizado con un sobreprecio superior al 100%.
Según especialistas en seguridad, el precio podría ser superior por el blindaje y distintos agregados que tienen los patrulleros pero los montos salieron de la concesionaria. Los blindajes no se realizan en la casa donde se adquirieron.
Fuentes consultadas dentro del Ministerio aseguran que la compra se realizó de manera express y sorpresiva.
Las autoridades pidieron que la compra se realizase sin objeciones. La gestoría que estuvo a cargo de la operación fue Nugamax SRL.
Esa semana, Axel Kicillof presentó unos 30 patrulleros nuevos en Ezeiza.
Ese mismo vehículo fue adquirido por Kicillof el año pasado y, según informes públicos, donados a la provincia de Santa Fe. La Cornisa mostró que los mismos patrulleros de Santa Fe, donados por Kicillof, aparecían en La Matanza, provincia de Buenos Aires.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
