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La causa de la Fiesta enOlivos sigue preocupando a Alberto, a pesar de que él y Fabiola Yáñez ya le dieron fin realizando una donación a modo reparo, aún queda una “piedrita” en el zapato del mandatario la cuál no se puede sacar.
El jueves pasado Alberto Fernández citó a Sofía Pacchi a la Quinta de Olivos y le sugirió cambiar de abogado y no hablar de la intimidad del cumpleaños de Fabiola. La ex modelo de revistas para hombres se negó y comentó, “voy a contar todo”.
Sofía Pacchi, Alberto Fernández, Fabiola Yáñez y Chien Chia Hong.
Pacchi ya había cambiado a su abogado, Juan Pablo Fioribello, por el mediático Fernando Burlando, según las declaraciones de Sofía, cambió de abogado porque se sintió “intimidada” por Fioribello. Al parecer el abogado no quería dejarla ir a indagatoria y realizar sus declaraciones. Este lunes de junio se presentará a indagatoria.
Además, Alberto le pidió que opte por ingresar a un plan de pago a modo reparo, tal como él junto con Fabiola Yáñez lo hicieron, para darle fin a la causa. No obstante, Pacchi también se negó a esa “sugerencia” del mandatario y le adelantó que contará todo, desde el momento que la invitaron a la reunión hasta que fueron de público conocimiento las fotos y videos del cumpleaños de Fabiola.
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Javier Milei volvió a atacar a Saguier, dueño del diario La Nación y el canal LN+, en un programa de la señal de cable de la misma empresa. Esta vez Milei no aclaró a cual de los hermanos Saguier se refería. Fernán maneja la redacción y Julio el grupo y es el más interesado en temas judiciales, como el rechazo al pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.
En una entrevista grabada con Luis Majul, que se emitió en la noche de este domingo,Milei dijo que Saguier maneja a “cuatro periodistas esbirros” que lo cuestionan en el diario por haber propuesto a Ariel Lijo para la Corte Suprema.
“Entiendo que está la agenda de Saguier que manda a sus cuatro esbirros, esos pseudoperiodistas con los que manda a atacar y una de las cosas que hace es atacar al juez Lijo“, dijo el presidente.
“Que Saguier explique por qué tiene tanto encono con Lijo y conmigo”, dijo Mileiy acotó que hay “cuatro periodistas que responden a Saguier“. “Si el señor Saguier tiene problemas con Lijo, que se los arregle con Lijo, no metiendo al país en el medio”, desafió.
El nuevo ataque del presidente a Saguier en su propio canal, generó un revuelo interno en La Nación y se da luego de una investigación de Hugo Alconada Mon que reveló que el libertario emitió facturas truchas por 120 millones de pesos a Daniel Scioli cuando era gobernador bonaerense.
La Nación también reveló que Santiago Caputo empezó a trabajar formalmente para una empresa llamada Zefico el 1 de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera Milei y que llamativamente no tiene ni tarjeta de crédito ni cuenta bancaria ni ingresos conocidos. Es decir, no se sabe de que vive el hombre que maneja el gobierno, pero no firma ningún acto administrativo ni presenta declaración jurada.
Las dos impactantes investigaciones de La Nación que golpean a Milei y su máximo asesor se dan en medio del conflicto creciente de Milei y Saguier. El fin de semana pasado, Milei lo atacó de manera furibunda en Radio Mitre.
“Entiendo que el señor Saguier puede tener problemas, que le caiga mal Lijo vaya a saber uno por qué tema, y lo opera todo el tiempo desde sus esbirros mediáticos dentro del diario. Me imagino que el difunto Bartolomé Mitre bastante mal se sentiría de ver en qué se convirtió ese diario. Las mismas cosas que usted le puede achacar a Lijo se las puede aplicar a todos, si fuera por eso… Ahora, digamos, de vuelta: concretamente, el diario La Nación tiene una posición… entonces, bueno, habría que preguntarle a Saguier cuál es el problema que él tiene por el cual opera tanto en contra de Lijo“, dijo el Presidente.
El enojo de Milei con Saguier coincide con la tensión del libertario con Mauricio Macri, cercano a ese grupo de medios. Tanto Saguier como Macri rechazan la llegada de Lijo a la Corte, un posición que los acerca a Victoria Villarruel. La vicepresidenta, ya salió a marcar su oposición al pliego del juez federal.
En un nuevo avance hacia la modernización de la administración pública, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 743/24, que transforma radicalmente la manera en que los ciudadanos pueden firmar documentos oficiales. Esta reforma, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilita a firmar documentos de manera remota, desde cualquier lugar, sin necesidad de herramientas físicas como un “token”.
Hasta la promulgación de este decreto, la firma digital implicaba una serie de requisitos que limitaban su accesibilidad, como la necesidad de estar presente físicamente y el uso de dispositivos específicos para autenticar la identidad del firmante.Ahora, los ciudadanos pueden realizar estos trámites completamente en línea, lo que supone un alineamiento con las prácticas internacionales más avanzadas en términos de seguridad y eficiencia administrativa.
La firma digital, regulada en Argentina desde la Ley N° 25.506, garantiza la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Este tipo de firma tiene la misma validez legal que una firma manuscrita, pero con la ventaja adicional de que, en caso de disputa, la responsabilidad de probar la falsedad recae en quien la impugna, no en el firmante. Esto refuerza la seguridad jurídica en las transacciones y acuerdos celebrados digitalmente.
Federico Sturzenegger, a través de sus redes sociales, celebró la implementación de esta medida, destacando que se trata de un paso más en la agenda de desregulación que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Según el ministro, la eliminación de trabas burocráticas no solo facilita la vida de los ciudadanos, sino que también fortalece el derecho de propiedad al simplificar y hacer más seguro el proceso de firma de contratos y documentos oficiales.
El posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger
El Decreto 743/24 también introduce una innovación significativa en el proceso de validación de identidad. Anteriormente, este procedimiento requería la presencia física del solicitante ante un Certificador Licenciado. Con la nueva normativa, esta validación puede realizarse en tiempo real utilizando los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), eliminando la necesidad de desplazarse a una oficina física.
Además, la reforma permite delegar en las llamadas “autoridades de registro” la responsabilidad de la validación de identidad, lo que simplifica aún más el proceso. Con estas modificaciones, cualquier persona en Argentina puede obtener, renovar o revocar su firma digital de manera remota, sin importar su ubicación.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre la posibilidad de un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para enfrentar las próximas elecciones y lo consideró como algo “bastante natural”.
“No tendría ningún problema en que haya un acuerdo, hay que ver cuál es el camino pero no lo descarto. El Pro es un partido con buenos dirigentes, está claro que el Gobierno es de Milei pero no veo porqué no podemos llegar a un acuerdo para enfrentar las elecciones próximas“, señaló.
También hizo referencia a Mauricio Macri, quien chocó con el Gobierno en el Congreso a raíz del presupuesto de US$ 100 millones a la SIDE impulsado por Javier Milei: “Se constituyó la Comisión de Seguimiento el martes y el miércoles Diputados rechazó el DNU por el cual se ponía una partida presupuestaria para la SIDE. Es ilógico cuando esa comisión ni llamó al secretario para ver en qué se va a gastar a la plata“.
“Si Macri habla de falta de gestión o de coordinación, puede ser…. tal vez en este trabajo nos haya faltado coordinación pero será cuestión de volver a construirla”, agregó.
En cuanto a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha tenido algunos cortocircuitos con la opinión de la cúpula ejecutiva, por ejemplo la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema , manifestó: “Es una persona que una imagen parecida a la del Presidente pero tiene menos responsabilidad política, está en el Senado. Es normal que pueda haber diferencias, a mi no me preocupa, sustancialmente creo que piensan lo mismo, creo que pueden tener diferencias, ella lo manifestó en más de una oportunidad”.
El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaba incrementar en $100 mil millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) significó un duro revés para el gobierno de Javier Milei y profundizó las divisiones internas en el PRO, uno de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio.
El presidente del PRO, Mauricio Macri, fue quien tomó la iniciativa de instituir a su bloque de la Cámara Baja a dar quórum en la sesión especial que finalmente resultó en la anulación del decreto. Esta decisión no solo tensó las relaciones con el gobierno, con quien el PRO había tenido una colaboración cercana en el pasado, y también expuso las fracturas dentro de su propio partido.
El DNU de Milei fue presentado en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y las amenazas del narcotráfico. El gobierno argumentó que estos fondos eran esenciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar una mayor seguridad para los argentinos. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y el “contexto económico” llevó al expresidente y a su círculo cercano a oponerse a la medida.
La decisión no fue unánime dentro del PRO. El sector liderado por Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y una de las principales figuras del partido ahora cercana a LLA— se desmarcó de la postura del PRO y criticó duramente la decisión de rechazar el decreto. Bullrich, también desde Twitter, defendió la necesidad de estos fondos para combatir el narcotráfico y proteger a los argentinos, acusando a quienes se opusieron al DNU de “ponerse del lado de las mafias y el terrorismo”.
“La SIDE quedó desmantelada tras la administración de Alberto Fernández y requería dinero fresco para fortalecer la seguridad”, argumentó la ministra, quien lamentó la “inconsciencia” de los que, según ella, no tomaron en cuenta los riesgos que implica rechazar estos fondos.
UNA VOTACIÓN QUE EXPONE DIVISIONES
La votación en la Cámara de Diputados reflejó severas tensiones internas. Mientras que los diputados leales a Macri, como Álvaro González, Daiana Fernández Molero y Héctor Stefani, dieron quórum y votaron a favor de rechazar el DNU, otros, como Fernando Iglesias y Silvana Giudici, optaron por la abstención. Algunos diputados, como Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, decidieron ausentarse, lo que evidenció la falta de consenso dentro del bloque.
Por otro lado, los diputados cercanos a Bullrich, como Damián Arabia y Patricia Vásquez, votaron en contra de la anulación del decreto, alineándose con La Libertad Avanza, el partido de Milei. Esta divergencia en la votación mostró que, a pesar de la instrucción de Macri, Bullrich aún mantiene un considerable apoyo dentro del PRO.
El comunicado oficial del PRO, titulado “Esto no es el cambio”, dejó en claro la postura de la cúpula partidaria frente al DNU de Milei, enfatizando la importancia de instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero.
“Fue una iniciativa de la diputada nacional Silvana Giúdici, que es además la secretaria Parlamentaria del PRO en la Cámara de Diputados, que tuvo como idea modificar la actual ley 24.018 que habla sobre las pensiones de privilegio”, comenzó Florencia De Sensi.
En este sentido, afirmó que “en realidad lo que busca esta modificación es quitar la jubilación de privilegio en aquellos casos donde se hayan cometido delitos de índole sexual, delitos de corrupción en el ejercicio de las funciones que tienen estas personas que perciben esta jubilación denominada de privilegio”.
“Este tipo de privilegio lo perciben los jueces de la Corte Suprema y los ex presidentes tambiény no se da ante una denuncia, sino que la ley se activaría ante un fallo de segunda instancia por el cual se podría ratificar la primera de las instancias”, detalló la diputada nacional.
A su vez, indicó que “la idea cuando uno presenta siempre un proyecto de ley es que el texto pueda ser tratado en el recinto y siempre lo que se busca es poder dialogar con otros bloques que tengan un pensamiento similar para que el proyecto se transforme en ley y luego sea reglamentado”.
“En este caso entendemos que el bloque de La Libertad Avanza como otros bloques dialoguistas, como podría ser Hacemos Coalición Federal o el radicalismo, podrían empatizar y adherir a este proyecto para llevarlos todos juntos al recinto porque nosotros no buscamos levantar una bandera política desde el PRO”, contó De Sensi.
Florencia De Sensi, diputada nacional del Pro, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la presentación de un proyecto que le quitaría a ex presidentes su pensión de privilegio en caso de cometer delitos de índole sexual, de corrupción, en el ejercicio de la función.
En consonancia, advirtió: “A nosotros como partido si hay algo que nos caracteriza son los valores que tenemos, es siempre haber luchado en contra de la corrupción, esa fue siempre nuestra bandera, no es algo de ahora y ante cada atropello kirchnerista nosotros vamos a estar ahí dándole una respuesta a la sociedad. Las jubilaciones de privilegio fueron algo que María Eugenia Vidal eliminó cuando ella fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires y eso comprueba que esa fue una bandera que siempre fue nuestra”, resaltó la dirigente amarilla.
Finalmente, concluyó: “El gobierno anterior se dio después de que Cristina Fernández de Kirchner decidiera elegir que la fórmula se componía por Alberto Fernández y ella como su vicepresidente y esta situación de atropello y aberraciones el ex presidente no las cometió solo, y no me refiero de los golpes a Fabiola, sino que hablo de la causa de los seguro que involucra a muchos funcionarios que pertenecen al kirchnerismoy se encuentra involucrados”.
En el marco de la negociación colectiva sectorial, los trabajadores de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, agrupados bajo la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) -que incluyen Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General y Junta Electoral-, han decidido convocar a una asamblea general el próximo martes 13 de agosto para discutir la falta de cumplimiento del decreto 1531/23 por parte del gobierno K.
Este decreto, promulgado en 2023, estableció un nuevo régimen de cuarenta horas semanales para los trabajadores de estos organismos, incrementando sus bonificaciones del 9,9 por ciento. Sin embargo, a más de un año de su implementación, dicho incremento no se ha hecho efectivo en su totalidad, afectando a numerosos empleados, especialmente a aquellos en las categorías superiores a la 24, quienes han sido excluidos de manera injustificada de este beneficio.
UNA LUCHA POR LA JUSTA RETRIBUCIÓN
La situación ha generado un creciente malestar entre los empleados, quienes señalan que la ampliación de la carga horaria no ha sido acompañada por una compensación económica adecuada: falta el incremento del 3,3 por ciento, lo que sumaría un 13,2 total para el régimen de cuarenta horas. Ocurre que la retribución recibida es muy inferior a la que correspondería por ley, generando una situación de injusticia e ilegalidad.
Considerando el sueldo básico publicado en forma mensual por la provincia de Buenos Aires, hay un 33,3 por ciento de diferencia salarial entre el sueldo de un régimen de treinta horas con un régimen de cuarenta horas.
El abogado especialista en derecho administrativo, Gonzalo Permuy Vidal, ha estado liderando los reclamos administrativos y judiciales que buscan corregir esta situación. Los trabajadores exigen que se les pague el incremento del 3,3 por ciento adicional en sus bonificaciones, para alcanzar un total del 13,2, y que se les otorgue el 125 por ciento del salario básico, como corresponde al nuevo régimen de cuarenta horas, tal como se implementó en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), donde la mayoría del personal optó por el nuevo régimen debido a la significativa mejora salarial.
MEDIDAS DE FUERZA Y RECLAMOS JUDICIALES
La falta de respuesta por parte del gobierno de Axel Kicillof ha llevado a los trabajadores a iniciar una serie de reclamos formales. Los trabajadores ya han comenzado a presentar reclamos administrativos en la Contaduría General y se espera que otros organismos sigan el mismo camino. De no resolverse la situación, se tomarán medidas de fuerza que afectarán el normal funcionamiento de todos los organismos afectados por el decreto 1531/23.
Además, se ha señalado que las autoridades de la Contaduría General han preferido mantener una postura que ha sido interpretada como explotadora por los trabajadores, quienes sienten que su trabajo no está siendo debidamente valorado. La falta de consideración y respuesta a sus demandas ha generado un clima de descontento generalizado.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
