16 febrero, 2025

Ahora Berni dice que “le tiraron un muerto” y niega que el asesinato del chofer haya sido por la inseguridad

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires despertó sospechas sobre el crimen del colectivero en Virrey del Pino, manifestando que "no fue un hecho común".
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Después del escándalo de piñas y piedrazos con los colectiveros, Berni cuestionó el asesinato del chofer en Virrey del Pino, insinuando que el episodio podría haber sido algo más que un acto de inseguridad.

El ministro señaló que el modus operandi de los delincuentes no fue el “habitual” en comparación con los delitos que se ven a diario en el conurbano, y no ha descartado la posibilidad de que les hayan “tirado un muerto”.

Berni ha ido cambiando su discurso con el transcurso de las horas, cuestionando primero el episodio concreto del asesinato del chofer Daniel Barrientos y luego la agresión a los colectiveros, sobre la que ha apuntado a infiltrados, barrabravas y facciones de la UTA.

“Este no fue un hecho habitual. Por lo general, los delitos tienen patrones que son más o menos los mismos. No es común que a las 4 de la mañana un auto cruce a un colectivo que no tiene plata y no tenga la intención de asaltarlo”, afirmó Berni sobre el crimen.

“No es usual que a las 4 de la mañana intenten robar un colectivo, no se lleven nada y utilicen un arma típica de un sicario. Esta no es el tipo de arma utilizada en los delitos amateur que vemos en el Conurbano”, explicó Berni en una entrevista en el canal América. “No sé si nos tiraron un muerto, la verdad que no lo sé”, lanzó.

“Hemos encontrado un armamento utilizado por profesionales, delincuentes de alta categoría, con una munición que nunca hemos visto, la Smith & Wesson, que es costosa”, detalló el ministro sobre los primeros indicios de la investigación. “Nada de esto tiene sentido”, insistió.

Este martes, en una entrevista en la radio La Red, Berni volvió a cuestionar el hecho y afirmó que los asesinos no fueron a robar. “Fíjense que había un policía arriba del colectivo, ni siquiera la presencia policial detuvo a estos sujetos para que llevaran a cabo esta ejecución, este fusilamiento. No fueron a robar, fueron a matarlo. No hubo actitud de robo ni resistencia. Nadie entiende la motivación que los llevó a cometer este fusilamiento”, planteó, aclarando que “no quiero involucrar a la política en esto”.

“(Al chofer) lo fusilaron, no ofreció resistencia. Se llevaron una cartera que no tenía plata, la cual ni siquiera abrieron porque el teléfono quedó adentro”, agregó, haciendo referencia al hecho de que el celular sirvió para ubicar el auto que se usó en el robo y que se encontró quemado.

Redacción

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Escándalo con un frigorífico sacude ACUMAR y profundiza su interna directiva

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) sufre una interna de marcada intensidad que se profundizó en las últimas horas. Según trascendió, el director por la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Cano, habría pedido que se desplace al presidente del organismo, Lucas Figueras, en medio de un escándalo con un frigorífico. Apuntado por todos, el propio Cano encabezó la defensa de la empresa en la interna del organismo, y todos hablan de presuntos manejos económicos.

El escándalo de Ricardo Bruzesse no cesa y si bien se levantó la clausura de su empresa en Monte Grande, la consecuencia política parece no tener fin. Es que como trascendió, habría sido el propio Marcelo Cano quien encabezó las gestiones de pedido de quita de cierre del lugar para que volviera a operar con normalidad tras un posible acuerdo económico con el empresario denunciado. Fue esto lo que produjo la crisis en el ente estatal: cada vez son más contundentes los rumores que indicarían que Cano habría recibido dinero por su gestión.

– Marcelo Daniel Cano junto a Jorge Macri

Tal situación expuso a Figueras y el control que tiene sobre la firma. La situación escaló hasta el ministerio de Economía (área dependiente hoy día de ACUMAR) y por estas horas se analizan cambios en el directorio. Dicho de otro modo, por la dureza que presenta el gobierno nacional ante los problemas de corrupción o manejo de dinero por parte de los funcionarios, el caso ACUMAR quedó en el centro de la escena y la resolución parece transformarse en un caso testigo. Ante la falta de pruebas, por estas horas se piensa en una salida con un mensaje claro: se va Cano o debería dejar su lugar Figueras, quien se enteró del rol del director por el escándalo mediático. 

– Lucas Figueras

Claro que el peso del director es menor al del presidente y en conocimiento de esto, el propio Cano fue quien solicitó primero la salida de Figueras por desmanejos en la administración del ente desde su asunción en diciembre pasado. Además, se lo vio a Cano muy crítico en una importante reunión en el centro porteño: argumentó que no se pudo hacer la reducción que el gobierno pidió, planteó que Figueras responde a Horacio Rodriguez Larreta y se definió como “bullrichista y mileista” para sobrevivir en la interna. Sin embargo, buscó despegarse del escándalo que lo roza. Negó contactos con el empresario kirchnerista Bruzesse, manifestó que no comparte la conducción actual y se despegó de cualquier vinculo económico. Tampoco quiso dar declaraciones respecto al tema.

Mientras que en las próximas horas, se espera conocer qué pasará en ACUMAR la ola sigue abriendo paso y los caminos conducen a acercar consecuencias a partir del caso Bruzesse. ¿Será el momento de buscar presidente, se renovará una silla o quedará todo como esta en la Cuenca?

*Fuente: PolíticAnalizada

Redacción

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ENTRE RÍOS | 33 Héroes de Malvinas obtienen cobertura de salud completa tras una gestión de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, concurrió el pasado jueves a la sede del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) junto a representantes del Centro y la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, para reunirse con la subinterventora de la entidad, Marina Alegre. Durante el encuentro, se confirmó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de concretar la afiliación a la obra social de entrerrianos que combatieron en el conflicto bélico y sus esposas e hijos menores de edad.

“Tenemos el mandato y una decisión firme del gobernador de que estas demandas tienen que llegar a un resultado positivo y en eso hemos trabajado desde el primer minuto en la Cámara: hacer que las cosas que les importan a los entrerrianos sucedan. Tuve la gran oportunidad, como representante del gobierno provincial, de iniciar la gestión y de acompañar”, sostuvo Hein luego de la reunión.  

El presidente de la Cámara baja destacó la “apertura y la capacidad de trabajo” de la subinterventora del Iosper para hacer posible “una reivindicación y una decisión de saldar las deudas pendientes que se tienen con los veteranos”. A su vez, recordó que “Malvinas es una causa diaria, no solamente para el 2 de abril”.  

Acerca de los resultados de esas gestiones, consideró: “Lo que ha ocurrido hoy podemos resumirlo en lo que los veteranos siempre nos han legado: no abandonar la lucha, más allá de las tormentas que hemos pasado y estamos pasando, de la desidia y del abandono que ellos han sentido por la falta de empatía de un Estado muchas veces ausente. Hemos decidido poner en valor los temas reales, donde el Estado tiene que estar presente. Lo hacemos con lo que nos incumbe desde la Cámara y bajo la norma de un gobernador que ha decidido tomar el toro por las astas y mostrar otra manera de hacer política”.

Por su parte, Alegre brindó precisiones sobre la cobertura. “Nuestra provincia tenía una gran deuda pendiente que es la afiliación de 33 veteranos de Malvinas, que no han sido incorporados a la obra social. A partir de ahora lo serán, porque hay un derecho, hay una ley que los avala y es una reivindicación histórica que la provincia les debe”, dijo, y agregó que “esta afiliación es para ellos, para sus esposas, e hijos de hasta 21 años y hasta 25 si estudian y tienen los certificados correspondientes. Tienen los mismos beneficios que cualquier otro afiliado”.

“Tenemos que hacer pequeñas modificaciones en el sistema y en no más de diez días ya van a gozar de todos los beneficios de ser afiliados, completó, tras lo cual destacó que “fue muy importante la gestión de Gustavo Hein”, a través de quien tomaron conocimiento del expediente que se encontraba a la espera de una resolución.

En tanto, Oscar Eguias, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, remarcó que se trataba de “una deuda pendiente de hace más de 30 años, hay mucha gente sin obra social y lo que más necesita hoy un viejo veterano es salud”. Y agregó: “Valoramos la reivindicación por parte de Hein y Alegre. Nos vamos muy contentos con este trámite que termina después de un largo camino”.

Acerca de la situación de los veteranos que se beneficiarán con esta decisión, dijo: “Hasta ahora era precaria, sin la cobertura que necesitaban. Son 49 veteranos, de los cuales 33 presentaron la documentación. Hoy tenemos la certeza de que hemos sido escuchados y de que esta gente va a tener Iosper, que es la obra social que nos dieron gobiernos anteriores por ley”.

De la reunión también participaron Julia Garioni, secretaria de la Cámara de Diputados; Joaquín Castellano, gerente de Prestaciones del Iosper; Ladi Ojeda, vocal del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, y Ricardo Álvarez, secretario del Centro y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos.

Redacción

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Waldo Wolff impulsa un proyecto para endurecer las penas contra los trapitos

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, confirmó este jueves que el gobierno presentará en marzo un proyecto para endurecer las penas contra los cuidacoches, más conocidos como “trapitos”, tras el brutal ataque a un médico en el barrio de Flores. La iniciativa busca modificar la legislación actual, que solo considera esta actividad como una contravención, y permitir la detención efectiva de los infractores.  

La decisión se tomó luego de episodios recientes de violencia, entre los que destacó el caso del médico golpeado con una madera por negarse a pagar $5000 por el estacionamiento. El agresor, actualmente detenido, fue uno de los 600 “trapitos” arrestados durante enero, aunque todos fueron liberados debido a que la normativa vigente no permite retenciones prolongadas sin agresiones comprobadas.  

“Tenemos un problema legislativo porque hoy es una contravención y ni siquiera va detenida la persona”, explicó Wolff. Según detalló, la ley actual establece penas de uno a dos días de trabajo comunitario o multas de alrededor de $30.000, que “nunca se cobran”. El ministro subrayó que, sin cambios en el Código Penal, la policía “no puede hacer más” y pidió que los legisladores nacionales avancen con el proyecto de reiterancia delictiva, que busca evitar la “puerta giratoria” judicial.  

Wolff criticó la falta de avances en el tratamiento de la reiterancia a nivel nacional, clave para endurecer las consecuencias ante reincidencias. “Si no cambiamos la legislación, la policía más no puede hacer”, afirmó. El proyecto nacional propone considerar reincidente a quien haya recibido dos o más condenas firmes a penas privativas de libertad, excluyendo delitos amnistiados o cometidos por menores de 18 años. Además, establece que las condenas en el extranjero serán válidas si el delito amerita extradición.  

La víctima del ataque en Flores, cuyo caso impulsó la medida, relató que sigue “conmocionado” por lo ocurrido. “Estoy para ayudar a la gente, y estar implicado en una situación en la que te tenés que agarrar a trompadas para salvarte la vida es una locura”, declaró. Narró que, al estacionar, el “trapito” le exigió dinero y, al no tener efectivo, el sujeto lo amenazó: “Si no, te rompo todo, te mato”. Tras intentar calmarlo, el médico recibió un golpe en la cara con una tabla, lo que le provocó lesiones en la boca y la pera.  

Wolff mencionó que, en eventos masivos, los “trapitos” detenidos son llevados a un “corralito” temporal, pero deben ser liberados por orden fiscal. La propuesta porteña, coordinada con el jefe de gobierno Jorge Macri, apunta a que estos casos deriven en prisión efectiva. El ministro insistió en que “quienes están en el ámbito legislativo deben darle herramientas a la policía y fiscales” para evitar más episodios violentos.

Redacción

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Tras detectar irregularidades, el Gobierno eliminó un programa de subsidios a comunidades indígenas

El Gobierno nacional decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que brindaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal y técnico en conflictos de tierras. La decisión se formalizó con la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según el documento oficial, la medida respondió a la falta de mecanismos de control adecuados y a la detección de desvíos en la ejecución de los fondos.

El Programa estaba destinado al “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”. No obstante, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó “deficiencia y desvíos” en los informes de auditoría, entre ellas la inexistencia de herramientas de registro y sistematización de datos “que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de fortalecimiento Comunitario otorgado desde su creación”.

La resolución resaltó que el programa no cumplió con sus objetivos fundacionales y que no disponía de un sistema de monitoreo que permitiera evaluar su impacto real. El texto oficial señaló: “Se ha constatado que el Programa de Fortalecimiento Comunitario no cuenta con una herramienta de registro y sistematización de la información que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios otorgados”. En el mismo sentido, la decisión gubernamental argumentó la necesidad de “dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.

Asimismo, el Gobierno enmarcó la iniciativa en la emergencia pública decretada en diciembre de 2023 mediante el decreto 70/2023, al sostener que “es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que atraviesa el país”. De acuerdo con funcionarios del INAI, la administración de Javier Milei buscó reorganizar el sistema de asistencia y reducir la cantidad de subsidios directos, con miras a instaurar nuevos criterios de transparencia y eficiencia.

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Por medio de la Resolución 8/2025, el titular del INAI resolvió: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI”.

En paralelo, el Gobierno también adoptó otras medidas que afectaron a distintas comunidades. Hace poco menos de una semana, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad indígena del pueblo Qom, Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, ubicada en la localidad de Makallé, Chaco. La Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial anuló el reconocimiento previo de ocupación tradicional y pública del lote 175 de Makallé, el cual había sido otorgado mediante la Resolución INAI N° 144/2023 del 29 de noviembre de 2023.

La revocación surgió a partir de una denuncia de Mariel Luisa Crespo, quien se presentó como copropietaria de una fracción del inmueble en disputa y afirmó que el procedimiento administrativo vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. Tras analizar la documentación, el INAI determinó que el relevamiento inicial omitió antecedentes jurídicos y títulos de propiedad que acreditaban los derechos de Crespo. En consecuencia, el organismo dio lugar al recurso de revisión y resolvió invalidar el permiso de ocupación. La nueva resolución especificó: “El planteo de inexistencia de la comunidad indígena como sujeto de derecho, su denominación y localización, deberá ser tratado por ante el organismo con competencia indígena de la provincia del Chaco, en tanto no resulta del análisis de los obrados”.

Las autoridades provinciales evaluarán las próximas acciones con relación al reconocimiento de la comunidad en esa jurisdicción y la situación de la propiedad del inmueble, en concordancia con las disposiciones del INAI.

Redacción

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El círculo rojo respaldó al Gobierno por el éxito de las reformas pero reclamó “más diálogo”

El lunes 13 se llevó a cabo la primera reunión de la “Mesa del Diálogo Argentino 2025” en Punta del Este, en la residencia del abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales Andrés Prieto Fasano, quien impulsó la iniciativa junto al Padre Guillermo Marcó. Empresarios de distintos ámbitos participaron en un espacio multisectorial que buscó “profundizar la cultura del diálogo” y “avanzar en propuestas concretas que favorezcan el crecimiento y la inclusión social en todo el territorio”.

Los asistentes destacaron los resultados del primer año de gestión del presidente Javier Milei, especialmente en cuanto a la obtención de superávit fiscal y la baja de la inflación, pero manifestaron preocupación por el desempleo y los reclamos salariales. Aun así, reconocieron los logros oficiales y remarcaron la necesidad de abrir instancias de diálogo de cara a las elecciones de medio término. Uno de los industriales presentes afirmó que “el Ejecutivo puede tener un buen test electoral y continuar con las reformas necesarias”.

Los participantes resaltaron “la importancia de la inteligencia artificial en todos los procesos de comunicación de esta época” y coincidieron en que estas herramientas pueden “incentivar el diálogo”. Al mismo tiempo, subrayaron que el encuentro estuvo inspirado en la metodología del Instituto del Diálogo Interreligioso, creado por el Papa Francisco cuando era Arzobispo de Buenos Aires, para promover la cooperación y la construcción de consensos. Según explicaron en un comunicado de prensa, “esta primera mesa del Diálogo Argentino 2025 marca el inicio de una serie de encuentros que buscarán sumar más voces y perspectivas”.

“La jornada buscó impulsar una cultura de entendimiento mutuo que oriente a la Argentina hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y con mayores oportunidades para todos. Los participantes coincidieron en la importancia de trascender las diferencias sectoriales y construir consensos para enfrentar los desafíos que atraviesa el país”, agregaron los empresarios. Además, en la reunión se proyectaron futuras instancias de conversación con otros sectores, incluidos sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales, bajo la premisa de que “se deberán activar mesas de diálogo, en donde tendrán que estar sentados todos los sectores”.

“El problema que vemos es que la crisis de representación no es solo empresarial”, advirtió uno de los participantes, quien sostuvo que la cooperación y el intercambio de ideas se consideraron pilares fundamentales para definir un futuro más equitativo.

Al finalizar el encuentro, los asistentes coincidieron en que “solo a través de la escucha y el trabajo conjunto se podrán desarrollar soluciones de largo plazo para la Argentina”. Entre los presentes se destacaron:

  • José Urtubey: Abogado, dirigente industrial, cofundador de Grupo Tapebicuá y director de Celulosa Argentina S.A.
  • Bogos Ekserciyan: Presidente de la Unión Industrial de La Rioja y dueño de Ritex.
  • Daniel Hadad: Abogado, periodista y empresario de medios. Fundador de Infobae, C5N, Radio 10, Radio Mega y Radio Amadeus.
  • Vicente Scavone: Empresario farmacéutico de Laboratorios Lasca (Paraguay).
  • Tomi Karagozian: Dirigente industrial y CEO de TN Platex (industria textil).
  • Viviana Zocco: Fundadora y CEO de Ticmas (tecnología educativa).
  • Jennifer Jones: Ingeniera y abogada, parte del equipo Prieto Fasano Abogados.
  • Jacques Patrick Supervielle: Presidente Joven de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) y director del Grupo Banco Supervielle.
  • Mirta Fasano: Abogada y arquitecta, profesora universitaria en Prieto Fasano Abogados.
  • Sebastián Krongold: Dirigente agropecuario, referente de la producción en Corrientes.
  • Astrid Domínguez Wilson Smith: Empresaria paraguaya en los rubros gastronómico, deportivo y de real estate.
  • Lidia Fasano: Ex jueza y profesora universitaria en Prieto Fasano Abogados.
  • Andrés Prieto Fasano: Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, anfitrión de la reunión y promotor de las Mesas del Diálogo.

Prieto Fasano explicó: “La Mesa del Diálogo Argentino es un espacio donde todas las voces son escuchadas y valoradas. Aquí, líderes de diversos ámbitos comparten sus perspectivas y conocimientos, buscando soluciones que beneficien a todos los argentinos. Es un ejercicio de democracia participativa y un compromiso con el futuro de nuestra nación”.

Los empresarios remarcaron que planeaban continuar con estos encuentros de manera periódica para “tender puentes” y analizar la evolución del escenario económico-social de cara a 2025. Con ese propósito, confiaron en que la participación activa de todos los sectores resultaría vital para fortalecer el tejido social y económico argentino, además de asegurar que el diálogo siga abierto para abordar los desafíos que atraviesa el país.

Redacción

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Ritondo tras la reunión con Francos: “Las PASO muchas veces se convierten más en un problema que una solución”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en la Casa Rosada a los jefes de bloques parlamentarios considerados dialoguistas, entre ellos Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo De Loredo (UCR) y Oscar Zago (MID), para acordar el esquema de trabajo en torno a los siete proyectos que el Ejecutivo envió a las sesiones extraordinarias. Al encuentro, que duró poco más de una hora, también asistieron Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) fue invitado pero decidió no participar.

En declaraciones posteriores a la reunión, Ritondo sostuvo que para su espacio “hay algunos que piensan que se tienen que eliminar y otros suspender” las PASO. Ya en referencia a la postura general del PRO, afirmó: “Las PASO muchas veces se convierten más en un problema que una solución”. El diputado agregó que en la reforma electoral “no solo son las PASO, sino el financiamiento de los partidos políticos, porcentaje de los partidos, con lo cual no solo es el tema de la designación de candidatos”.

Durante el encuentro, Francos explicó que el Gobierno pretendía dividir en dos sesiones el tratamiento de los temas propuestos. Los representantes de La Libertad Avanza pidieron tiempo para reunir voluntades en torno a los puntos más polémicos y sugirieron que el 4 y 5 de febrero se convoque a las primeras reuniones de comisión (Presupuesto, Justicia y Asuntos Constitucionales), mientras que el 6 se realizaría el primer debate en el recinto. Se acordó, en principio, avanzar de esta manera.

Ritondo también remarcó que el PRO quería debatir otros proyectos “claves” para ellos, como la reforma del Código Procesal Penal sobre reiterancia y el Juicio en Ausencia. En paralelo, mencionó que analizarían con especialistas el proyecto para reformar la ley de Ganancias sobre quebrantos impositivos. A su vez, se refirió a los posibles cambios en el partido amarillo y negó movimientos significativos hacia el oficialismo: “No hay fugas del PRO a LLA. Valenzuela ya estaba ido. Montenegro no. Hablo con los intendentes y no hay fugas. Unirse con LLA es otra discusión, en provincia de Buenos Aires creo que es necesario ir juntos para ganarle al kirchnerismo”.

Al salir de la Casa de Gobierno, Ritondo confirmó que el bloque respaldaría el proyecto de Ficha Limpia impulsado por el Ejecutivo: “Absolutamente, sin ningún reparo. Lospennato se reunió en diciembre, recibió el borrador, nos informó que está bien. Se agregaron una cuestión de los años electorales y que no sea solo para cargos legislativos sino también ejecutivos”. Consultado sobre la posibilidad de que Mauricio Macri fuera candidato a senador, respondió: “Depende de él”.

En cuanto a la intención de eliminar o suspender las primarias, el oficialismo informó que necesita alcanzar 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Hasta ahora, el PRO y un sector de la UCR estarían a favor de suspender las PASO este año y analizar a futuro una reforma más profunda. “El tema PASO y el financiamiento de partidos políticos son temas que llevamos para debatir con el bloque. Compartimos mucho esta idea del gobierno, pero hay que darle forma, porque modifica la vida política y es un tema que necesita y requiere de consenso”, había expresado Ritondo más temprano. Agregó que la estrategia oficial se centraría en buscar mayores consensos la semana siguiente, antes de convocar a la sesión del 6.

Francos, por su parte, explicó la urgencia del Ejecutivo: “Somos una minoría parlamentaria muy marcada como espacio político, con lo cual necesitamos de acuerdos con los bloques como lo hemos hecho para sacar leyes importantes, particularmente la ley Bases”. Según señaló, buscaba “analizar cómo está cada uno de los bloques para el tratamiento de los temas, ver si hay acuerdos para tratarlos, en cuáles tenemos y posibilidades de mayoría y en cuáles no”.

El Gobierno también adelantó que planeaba convocar a senadores aliados para una reunión similar, con el propósito de garantizar el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, la llamada ley antimafia -que cuenta con media sanción de Diputados e impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich-, y la eventual eliminación de las PASO en caso de contar con los votos necesarios. Entre los posibles invitados figuraban Eduardo Alejandro Vischi (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Juan Carlos Romero y Beatriz Ávila (Por la Justicia Social), además de otros legisladores del interbloque Provincias Unidas.

Las reuniones se enmarcaron en las sesiones extraordinarias, que comenzaron formalmente y se prolongarían hasta el 21 de febrero. El objetivo oficial fue tratar en el Congreso una serie de proyectos, entre ellos la reforma política, la normativa sobre reiterancia, el régimen de quebrantos impositivos y Ficha Limpia. El Ejecutivo estimó que el gasto en las PASO asciende a unos 150 millones de dólares.

Redacción

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