Adelantada a las Fiestas: Tolosa Paz gastará más de $275 millones en maní con chocolate
Mientras el país atraviesa una de las peores crisis de los últimos 20 años, el Ministerio de Desarrollo Social avanzó con la compra de "maníes con cobertura de chocolate" por un monto alarmante de $275.220.000,00, pero que podría ascender hasta los $596.700.000,00.
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La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, se adelantó a la fiestas de fin de año y avanzó con la compra de miles de productos para llenar la caja navideña. Entre ellos se encuentra la licitación puesta en etapa de apertura esta mañana que exige unos 2 millones de paquetes de maní con chocolate.
Tras los resultados desfavorecedores para Unión por la Patria en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, se creería que el Gabinete estaría trabajando en dar vuelta estos números, conformando un buen plan económico y avanzando con obras claves que han quedado paralizadas desde hace varios años. Pero, en lugar de eso, los ministros optaron por no hacer más que lo que vienen haciendo: malgastar los fondos públicos.
Ahora es el turno de la titular de Desarrollo Social que ha decidido avanzar con la compra de “maníes con chocolate” por una burda suma mínima de $275.200.000,00, pero que podría ascender a $596.700.000,00, según informa la página de compras gubernamentales. Estos productos serán destinados a las organizaciones sociales encargadas de realizar las cajas navideñas que, en las fechas correspondientes, las repartirán entre quienes perciban planes sociales o estén inscriptos en los programas del Ministerio.
“El Expediente mencionado en el VISTO tramita la adquisición de maníes con cobertura de chocolate o con chocolate destinado a atender a la población en situación de vulnerabilidad durante la celebración de las próximas fiestas de fin de año e integrar la llamada “CANASTA NAVIDEÑA”, solicitada por la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL”, ratifica el pedido.
Por el momento, es el único producto que se ha licitado para conformar las cajas navideñas, lo que evidencia la gran suma que se destinan en estas.
Fuente: Periodismo y Punto PyP
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Tras criticar el pacto que la canciller Diana Mondino firmó con su par británico David Lammy y luego de su faltazo al acto oficial en Parque Lezama el pasado sábado, la vicepresidenta Victoria Villarruel defendió su postura frente a las Islas Malvinas.
En esta ocasión respondió a usuarios de Instagram que la criticaron por cruzar al Gobierno de manera pública y respondió a algunos ataques donde por ejemplo le decían: “Sin Milei estarías dando notas en Canal Magazine”.
“Pero siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso, digo y cómo vivo”, respondió Villarruel, y agregó: “Agradezco y soy leal al Presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné. El resto de tu comentario habla de tu bajeza, saludos”.
En referencia a los habitantes de las Islas, señaló: “Los kelpers no son parte de la discusión. Son población implantada. Entiendo que no comprendiste lo que expresé pero es bastante más complejo que como lo estás viendo“.
Otro usuario aprovechó para criticar el aumento de sueldos en el Senado, frente a lo que la vicepresidenta indicó: “Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora”.
“Lo mismo hicieron los diputados, que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo“, agregó.
Este miércoles, la legislatura provincial tratará la reglamentación de un proyecto de ley que fue aprobado en el año 2019 (Ley 6116) que crea el “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras”. La reglamentación nunca llegó a ser ejecutada debido a convenios de ayuda mutua en cuestiones de salud entre el gobierno argentino y su par boliviano.
Sin embargo, en los últimos años quedó en evidencia que Bolivia no cumplió con su parte del acuerdo, factor que motivó a los legisladores jujeños a impulsar esta ley, que establece un régimen que garantice la prestación del servicio público provincial a personas extranjeras no residentes que permanecen transitoriamente en la provincia, para ello se le faculta al Poder Ejecutivo la determinación de los montos a cobrar según el tipo de prestaciones que se den.
La normativa aclara que, en casos de emergencia médica, cuando la vida del paciente esté en peligro, la atención será garantizada sin que el pago sea un condicionante previo. Esto implica que los hospitales y centros de salud podrán asistir a los pacientes extranjeros en situaciones críticas sin demoras, pero se buscará, posteriormente, recuperar los costos de atención a través del propio paciente o su país de origen.
El éxito de esta medida en la vecina provincia de Salta —la asistencia a hospitales públicos por parte de extranjeros cayó un 80% y significó un ahorro de 60 millones de pesos en seis meses— es otro de los motivos considerados. Mencionada provincia norteña eliminó la gratuidad en marzo del corriente año.
Esto permitirá tener un sistema de salud más eficiente y equitativo, donde las personas que pagan sus impuestos puedan acceder a este servicio, y aquellos que no, deban pagar respectivamente por el servicio que se les brinda.
Se espera que en la legislatura se apruebe este proyecto y quede en manos del gobernador Carlos Sadir, quien decidirá en qué momento se reglamenta esta ley y cuáles serán los montos a cobrar respectivamente.
El gobierno de Javier Milei comenzó una investigación a raíz de las denuncias presentadas por comunidades indígenas y productores locales que aseguran que cientosde bolivianos están invadiendo tierras en la provincia de Salta. Los reportes indican que alrededor de 2.500 hectáreas de selva en la región fronteriza de General Mosconi fueron desmontadas para plantar caña de azúcar, la cual es luego contrabandeada hacia Bolivia. Se estima que, anualmente, unas 150.000 toneladas del producto cruzan la frontera de manera ilegal.
Las acusaciones fueron formalmente presentadas ante la Fiscalía Federal de Orán el pasado 13 de septiembre, pero los denunciantes —entre ellos el pueblo indígena Ava Guaraní— señalan que la Cancillería argentina fue “indiferente” ante esta violación de la soberanía nacional.
En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia sí actuó en respuesta a una denuncia presentada en 2021 por Horacio Cruz Castro, el líder de los productores bolivianos involucrados, contra los Ava Guaraní. Cruz Castro, acusado de liderar la usurpación de tierras argentinas, alegaba que los indígenas lo estaban perturbando en un terreno que él llamaba “Isla Valle Dorado”, aunque las autoridades bolivianas confirmaron que dicha área está, en realidad, dentro de territorio argentino.
La situación en la frontera de Salta no es nueva. Desde 1994, las comunidades locales denunciaron la remoción ilegal de las señales que demarcan los límites entre nuestro país y Bolivia.
En un operativo realizado en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 60 ciudadanos bolivianos indocumentados trabajando en las plantaciones de caña de azúcar y logró incautar 70.000 toneladas del producto contrabandeado. A pesar de estas intervenciones, la situación parece haber empeorado, y el volumen de caña que se contrabandea hoy en día es más del doble que hace diez años.
La reciente intervención de la Gendarmería Nacional, ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permitió localizar plantaciones de caña en la zona en disputa, pero la ubicación precisa de estas tierras sigue sin poder determinarse con claridad. La crecida del río Grande de Tarija, que sirve como frontera natural entre ambos países, destruyó los hitos fronterizos, lo que complicó aún más la delimitación del territorio. Se solicitó la intervención de la Comisión de Frontera para restablecer los límites, pero hasta el momento no se logró avanzar en la solución del conflicto.
– Horacio Cruz Castro
La comunidad Ava Guaraní, que habita en las serranías del municipio de General Mosconi, denunció la invasión de sus tierras y la violencia a la que están siendo sometidos por parte de los productores bolivianos. Según los testimonios recogidos, el grupo boliviano, liderado por Cruz Castro, amenazó a las mujeres y niños de la comunidad con machetes y armas de fuego.
La Cancillería boliviana reconoció en un informe reciente que las coordenadas del territorio en disputa se encuentran efectivamente dentro de Argentina, lo que refuerza la legitimidad de las denuncias de invasión. Sin embargo, hasta el momento, no se tomaron medidas concretas para frenar la usurpación ni el contrabando.
*Columna de opinión por: Walter Klix. Director nacional del @Minseg – Presidente de Fundación @proyectar_arg – Consultor y militante PRO
La política, en Argentina más que en otros países, suele correr al ritmo de la adrenalina que le inyecta la ansiedad de quienes la practican a diario. Pero también de quienes esperan muy pacientemente los resultados de las promesas de campaña.
Probablemente en las últimas 15 o 20 elecciones hayamos escuchado a los candidatos de distintos partidos políticos prometer que van a bajar la inflación, que van a bajar los índices de inseguridad y que van a terminar con la corrupción.
¿Por qué el relato es tan repetitivo? Básicamente por algo que suele decir el actual Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La administración argentina fue tan mala, que ni siquiera fuimos capaces de generarnos problemas o desafíos nuevos. Y es así, hace al menos 30 o 40 años que Argentina tiene inflación, inseguridad y corrupción.
Con estos precedentes, Javier Milei, quien preside actualmente el país atacando de lleno estas tres arterias y con algunos indicios de mejora en todas ellas, tiene en jaque electoral a toda la oposición, la cual indudablemente transita una crisis general luego de 20 años de un modelo y grieta política qué dominaron la atención del sector.
Por eso pareciera normal que se empiece a hablar de las elecciones del año 2025, para las cuales faltan exactamente un año, tiempo suficiente para que en un país como Argentina cambie absolutamente todo.Aun así, me animo a afirmar que el oficialismo va a triunfar en las elecciones del año que viene, principalmente por la debacle de la oposición y muy al margen del rumbo del gobierno.
El Peronismo con una interna qué no se veía desde antes de la llegada del kirchnerismo. El Radicalismo sin entender los mensajes de la sociedad jugando nuevamente a las internas para que emerja un vencedor qué jamás validará el pueblo. El PRO, partido al cual pertenezco desde sus inicios, proponiendo una renovación qué no se da ni en la práctica, ni en sus nombres ni en sus formas.
Dicho esto, y afirmando que el partido o frente electoral que apoye el Presidente Milei va a ganar las legislativas del 2025, es importantísimo darle la entidad necesaria a ese acontecimiento, principalmente en la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Muchos dirán que puede ser el final del Peronismo/Kirchnerismo y fácilmente podríamos demostrar que no es así.
Soy del PRO (de sus ideas), y por ende me abrazo a los números. El Peronismo ha perdido las últimas cuatro elecciones legislativas y erróneamente en todas se los dio por muerto para las presidenciales siguientes. Repaso En 2009 un, para ese entonces, desconocido Francisco De Narváez encabezaba una lista de un frente electoral llamado “Unión Pro” con el acompañamiento de Macri y Felipe Solá, entre otros, y le ganaría ajustadamente a la lista testimonial de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, que para ese entonces era un Kirchnerista en crecimiento.
El frente electoral triunfante se desintegró, y dos años después Cristina Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos. En 2013, un Sergio Massa qué venía a prometer celdas para los ñoquis de La Cámpora, sus ex aliados, enfrentaba al candidato del oficialismo, Martin Insaurralde. La cómoda victoria del tigrense daba por sentado un futuro auspicioso en las elecciones de 2015. Nuevamente, quienes fueron juntos en las elecciones legislativas fueron separados en las ejecutivas y dividieron votos, en este caso Macri y Massa. Reñida victoria de Scioli en las generales, y ajustadísima derrota luego vs Macri 51-49 en el balotaje.
Aquí si se instaló la idea de que el kirchnerismo sin “fierros” pasaría a la inevitable desaparición. Más aún, cuando en 2017 la propia Cristina Fernández caería derrotada frente a Esteban Bullrich. Sin embargo, dos años después lo que parecía inimaginable sucedió. Massa se olvidó de sus rencores con los ñoquis de La Cámpora, Cristina escondió su orgullo a cambio de no ir presa y Alberto Fernández vio la oportunidad de su vida. Resultado aplastante en las PASO qué definió anticipadamente la elección y eyectó por las nubes el dólar y el riesgo país durante 4 meses.
Por último, victoria ajustada pero victoria al fin de Santilli sobre Tolosa Paz. Dos años después, ambos frentes cayeron derrotados ante la figura renovadora de Javier Milei. En resumen, el Kirchnerismo perdió el 100% de las elecciones legislativas de los últimos 15 años. Sin embargo, lejos de desaparecer como frente político fueron capaces de volver al poder más de una vez.
Quienes participamos activamente de todo este proceso que acabo de detallar, y más aún quienes vivimos en carne propia el regreso del Kirchnerismo al poder en el 2019, tenemos la posibilidad de afirmar que el pragmatismo Peronista le ha ganado por goleada a la arrogancia y soberbia de los sectores que lo enfrentaron. Principalmente en el partido al cual aún pertenezco.
Aquellos que deseamos que el rumbo político y económico actual se sostenga en el tiempo, debemos ayudar a nuestros líderes a que entiendan tres cosas: 1. Ganarle al Kirchnerismo el año que viene es prácticamente una misión obligada. 2. Esa eventual victoria no implica absolutamente nada más que un número x (equis) de diputados y senadores. 3. Si no dejamos de lado el ego, ellos van a volver.
La política argentina necesita imperiosamente qué La Libertad Avanza y el PRO entiendan que no hay margen para ir separados el año que viene, incluso cuando en términos electorales tal vez convenga quedarse con las 3 bancas del senado en algún distrito. LLA y el presidente Milei deben asumir con altura y humildad el liderazgo de un nuevo frente electoral. Macri, Bullrich y el PRO deben asumir que quien gana conduce, y que en este momento toca acompañar. Con seguridad el Peronismo hará su parte, y dejaran sus diferencias de lado al menos por unos meses. Es ahora el momento en el que hay que ser más Peronistas que nunca a la hora de los acuerdos a mediano y largo plazo.
El desenlace de un 2025 no implica un correlato a futuro, pero sin dudas marcará un rumbo hacia un nuevo horizonte en la política argentina qué puede tomar envergadura de manera definitiva o en este caso sí, desvanecerse rápidamente ante el aparato político más ambicioso de poder que se haya conocido en América latina, solo comparable con el PRI del siglo XX.
La polémica diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, es parte de una nueva controversia: Un decreto emitido el 16 de marzo de 2018 por la Municipalidad de Huinca Renancó, localidad cordobesa donde es oriunda, constata que la legisladora fue beneficiaria de un subsidio.
El documento especifica que Ponce recibió una “ayuda socioeconómica reintegrable con trabajo social comunitario”, a realizar “en cualquiera de las Áreas bajo responsabilidad del Municipio, sin generar precedentes de relación laboral” con la Municipalidad. En el Decreto Nº 125/2018, figura su nombre entre el de varios beneficiarios, junto a su respectiva información personal, domicilio y número de DNI.
El documento público lleva la firma del abogado Oscar Elías Mario Saliba, entonces intendente por parte de la Unión Cívica Radical. Ocupó ese puesto de manera ininterrumpida desde 2001 hasta 2023, cuando pasó a integrar la Legislatura de Córdoba.
Fuentes de Huinca Renancó expresaron que “el plan social era para ayudar a los vecinos de Huinca, sin embargo, en esa época, ella (por Ponce) estaba en Córdoba Capital. Hasta ahora nunca se demostró la contraprestación” que detalla el documento.
Además, la misma fuente agrega: “Lo polémico es que el padre de Celeste era funcionario de esa gestión (la de Oscar Saliba) que le otorgó el plan social. Y su situación económica no es vulnerable, para empezar, ellos tiene, aquí en el pueblo, tres lujosas propiedades. Una de las viviendas cuenta hasta con una piscina”.
Según expresa en su biografía oficial, volcada en la página de la Unicameral, Saliba (el ex intendente radical) ocupa cargos en en el Estado cordobés desde 1985, año en el que se desempeñó como secretario privado del Presidente Provisorio de la Legislatura provincial.
UN PUESTO EN EL ESTADO PARA EL PAPÁ DE LA DIPUTADA “LIBERTARIA”
La familia Ponce también aparece vinculada a la actual gestión de gobierno. Ana Lucía Bolaño, la actual intendente de Huinca Renancó, contrató a Ricardo Ismael Ponce, padre de María Celeste, como Encargado del Área de Tránsito.
Cabe destacar que las direcciones de domicilio registradas en los decretos de María Celeste y Ricardo Ponce coinciden, es decir, se trata de la misma casa.
La contratación de Ricardo Ponce fue oficializada a través del Decreto N° 090/2024, con las firmas de la intendente y la secretaria de Gobierno, el 26 de enero del corriente año. Según consta en el documento, Ponce padre recibió un salario mensual superior a los $400 mil entre enero y julio de 2024, alcanzando en abril casi los $520 mil.
Según fuentes periodísticas locales, el ingreso del padre de la diputada nacional al Estado municipal de Huinca Renancó se dio luego de una visita que Celeste Ponce realizó exclusivamente (principios de enero de este año) a su pueblo para reunirse con la intendente Bolaño, para conseguirle el puesto estatal a su padre y a otro familiar.
La UCR, Pro y la Coalición Cívica impulsan iniciativas para restringir la “cuota solidaria” y limitar las reelecciones sindicales pero en el oficialismo dicen que “no es el momento” y en línea con el kirchnerismo, anunció que no acompañaría por el momento el dictamen para reformar la ley de Asociaciones Sindicales que buscaba limitar el poder de los gremios.
La firma del dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se esperaba avanzar con un proyecto común entre la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC) que buscaba modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones, se postergó a raíz de ese acuerdo.
“Lamentablemente, el Gobierno cachetea a [Pablo] Biró -secretario general del gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas (APLA)- para la foto, pero después se da vuelta y se abraza a los Gordos de la Confederación General del Trabajo (CGT)”, consideró Martín Tetaz, diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.
“Es lamentable porque este es el cambio que necesita la Argentina: frenar la reelección de los sindicalistas, más libertad en las obras sociales, transparencia en los fondos de los sindicatos. No sé cuál es el cambio que venían a hacer”.
Las iniciativas apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios.
Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.
Sin el acompañamiento de los cinco libertarios que conforman la Comisión de Legislación del Trabajo –Pablo Ansaloni, Manuel Quintar, Marcela Pagano, Alida Ferreyra y Lorena Villavede-, se obstruyó la firma de un dictamen. Con 12 representantes, la CC, el Pro y la UCR necesitaban del aval del oficialismo para obtener la mayoría de los 31 miembros.
Los diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP), que también ofician como dirigentes sindicales, ya habían anticipado su rechazo a los proyectos que apuestan a limitar y transparentar el poder de los gremios. En tándem con los referentes de la CGT, aceleraron las conversaciones con todos los miembros de la comisión para frenar la avanzada.
“[Héctor] Daer también jugó fuerte hablando con los diputados que él conocía y supongo que con [Guillermo] Francos en el gobierno”, confirmó uno de los legisladores kirchneristas. En el oficialismo niegan rotundamente cualquier acuerdo con la bancada liderada por el santafecino Germán Martínez.
Miguel Ángel Pichetto ofició a favor de los gremios y evitó que avance la reforma sindical. El líder de Encuentro Federal fue el principal detractor de los cambios laborales que había impulsado el bloque radical durante la discusión de la Ley Bases. El experimentado legislador hace un delicado equilibrio y prioriza la institucionalidad. Antes que cualquier reforma de peso, pretende sancionar el Presupuesto 2025.
El oficialismo justificó su decisión con el argumento de estar disconformes con la conducción de Tetaz, quien hace más de dos meses está al frente de la puesta en común de un texto que aglutine a los 26 proyectos en discusión.“Nunca nos llamó”, brama un referente del bloque libertario sobre el legislador radical, quien subrayó el vaivén de vínculo de la UCR con el Gobierno.
“Es un proyecto nuestro, nosotros impulsamos esta reforma”, señalan en el oficialismo. No descartan impulsar su propios cambios en el corto plazo. El primer intento del Gobierno fue en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Esta claro que este Gobierno está asociado, como el anterior, a las mafias sindicales”, bramó Mónica Frade, de la Coalición Cívica, al enterarse de la postergación de la reunión.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…
