¿A qué senadores y diputados afecta el “impuesto a la riqueza”?

La iniciativa pondrá incómodos a varios senadores y diputados...
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El proyecto para que las grandes fortunas de la Argentina hagan un “aporte extraordinario” en medio de la pandemia no solo afectará a los hombres que se dedican exclusivamente a los negocios.

Por lo menos tres senadores que tendrán que levantar la mano para aprobar o rechazar el aporte a la riqueza deberían pagar este tributo, según los cálculos que realizó La Nación a partir de los datos patrimoniales de todo el Congreso relevados por la ONG Directorio Legislativo. Y, quizás sean sujetos de este aporte extraordinario otros dos diputados, entre ellos Máximo Kirchner, uno de los ideólogos de la iniciativa.

El legislador más rico del Congreso es José Alperovich, con una fortuna de $803 millones a fines de 2018, según su presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA). Con todo, el exgobernador de Tucumán, que deberá desembolsar casi $19 millones si el proyecto es aprobado sin modificaciones, no tendrá que votar sobre el aporte a la riqueza ya que se encuentra de licencia en el Senado después de haber sido acusado de violación y abuso sexual por una sobrina y empleada de su despacho.

La principal fortuna del legislador tucumano está invertida en la empresa familiar conocida como León Alperovich de Tucumán SA, que se dedica a la venta de automotores, con acciones por $434 millones. También informó activos millonarios en las firmas Avanco SRL y La Galesa SRL y un plazo fijo por 4,8 millones de dólares.

Otro que debería pagar el aporte a la riqueza es el senador Eduardo Costa, quien declaró bienes por $662 millones a fines de 2019, el triple que el anterior período. El referente radical en Santa Cruz explota los supermercados Híper-Tehuelche en la Patagonia, que representan la mayor parte de su patrimonio, con acciones por $528 millones. De acuerdo a los valores previstos en el proyecto original, Costa debería desembolsar unos $13 millones para el tributo extraordinario.

“El régimen vigente de declaraciones juradas presenta varias dificultades: continúa permitiendo que se exprese el valor de los bienes en términos fiscales, lo que no permite establecer el patrimonio real de los legisladores y, además, siguen sin declararse los bienes de los familiares, que también son parte del patrimonio”, sostuvo Mercedes de los Santos, responsable de Ciudadanía e Instituciones en Directorio Legislativo.

Roberto Basualdo es otro de los senadores que quedarían alcanzados por el aporte extraordinario. El legislador sanjuanino informó bienes por $352 millones a fines de 2018. Amante de los autos de lujo, este empresario declaró la mayor parte de sus activos en los Estados Unidos: bonos argentinos con jurisdicción en ese país por $180 millones y un plazo fijo por 2,6 millones de dólares.

El aporte extraordinario impactaría con más fuerza sobre el patrimonio de Basualdo, ya que el proyecto prevé el pago de un porcentaje más alto para las personas físicas que declaren bienes en el exterior. Solo por esos activos en los Estados Unidos, el senador debería desembolsar cerca de $10 millones, más el porcentaje menor que se aplica sobre los bienes registrados en la Argentina.

Una situación parecida enfrentará Juan Carlos Romero. El senador y exgobernador salteño declaró un patrimonio de $214 millones para fines de 2019 e informó como su principal activo una mansión en Punta del Este que valuó en $145 millones. Informó, además, una casona en Buenos Aires y otra en Salta, más inversiones en la firma Inversora Horizontes SA, por $40 millones.

¿En qué situación está Máximo Kirchner? El jefe del bloque kirchnerista en Diputados declaró un patrimonio de $143 millones a fines de 2018 en su última declaración jurada disponible en el sitio web de la OA. Sus activos más valiosos son plazos fijos por casi tres millones de dólares que heredó de su padre. Ante la consulta de La Nación, desde el entorno del legislador no aclararon si el patrimonio del diputado superó en 2019 el piso de $200 millones sobre el que se calcula el aporte extraordinario a la riqueza, pero aseguraron que si le corresponde, lo pagará.

Los activos de Máximo Kirchner fueron embargados por la Justicia en 2016 y, hasta la actualidad, son manejados por un interventor, informaron fuentes judiciales. Si el referente de La Cámpora mantuvo los plazos fijos en dólares durante 2019, devaluación mediante, sería entonces sujeto del cobro de este aporte extraordinario. El desembolso mínimo, según establece el proyecto que impulsa su bloque de diputados, es de $4 millones.

*Fuente: Agencia OPI Santa Cruz – Iván Ruiz


Redacción

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Malestar de Bullrich por reclamo de Jorge Macri para que Nación se haga cargo de los presos

*Por Camilo Cagnacci (Sección País)

La fuga de nueve detenidos de una alcaldía en San Telmo generó tensiones entre Ciudad y Nación debido a la superpoblación carcelaria. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, solicitó al Ejecutivo nacional que “se lleve a los detenidos al Sistema Penitenciario Federal”, lo que causó malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En declaraciones radiales, el alcalde porteño señaló que el 94% de los detenidos pertenecen a la Justicia Nacional o Federal y, por lo tanto, “no son responsabilidad de la Ciudad”. Por su parte, su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, detalló: “Hoy tenemos 1041 plazas para albergar de manera segura a los presos en comisarías vecinales y alcaldías, pero tenemos 2005 detenidos, lo que representa una superpoblación carcelaria del 98%”.

Según fuentes cercanas a Patricia Bullrich, sus declaraciones no fueron bien recibidas en el ministerio. “Si quieren plantear la relación así, veremos cómo continúa la situación. La Policía es responsabilidad de la Ciudad, por lo tanto, deberían hacerse cargo de sus presos como todas las provincias. Sin embargo, la Justicia y los presos son responsabilidad de la Nación, lo que supone un privilegio centralista”, señalaron.

Además, agregaron: “Recibimos presos del Servicio Penitenciario Federal todos los días, tenemos una cuota diaria y esto es algo que discutimos constantemente con las autoridades de la Ciudad. No parece lógico que [Jorge Macri] lo haga público cuando es un tema que tratamos a diario. Por otro lado, ellos tienen una deuda pendiente por la construcción de la cárcel que deben edificar a cambio del terreno de Devoto, y llevan un retraso de cuatro años”.

El recuerdo de esta deuda no es casual. En marzo de 2018, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunciaron el traslado de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz. Se esperaba que la nueva cárcel, con capacidad para 2240 internos, estuviera lista para septiembre de 2020, pero el proyecto fue cancelado debido a la disputa entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables, agravada por la quita dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño se encargaron de aclarar que con el gobierno de Javier Milei no existe “ningún problema”, sino “un conflicto de intereses”. El desenlace de esta historia, según indicaron en el equipo de Bullrich, dependerá de la Ciudad.

Redacción

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Más de 110 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo son extranjeros

Las auditorías que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano revelaron las cifras del plan social que fue emblema del Frente de Todos: el Potenciar Trabajo, ahora relanzado como Volver al Trabajo.

En tal sentido, las nuevas autoridades del exministerio de Desarrollo Social revelaron que unas 1,3 millones de personas reciben la asistencia. El 10% del total, unas 110 mil, corresponde a extranjeros. A razón de los $78 mil que cada uno cobra, el gasto total es de $8.580 millones.

Unos 80 mil extranjeros se encuentran inscriptos en el plan Volver al Trabajo, los 30 mil restantes se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y serán parte del programa Acompañamiento Social.

Redacción

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ROSARIO | Javkin dio su discurso de apertura de Sesiones y no fue ningún ciudadano

El pasado jueves 21, el intendente de Rosario dio inicio al periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Pablo Javkin, que habló aproximadamente una hora, dio su discurso orientado sobre la Seguridad: “Las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos. Al miedo le respondemos haciendo y cuidando”.

Javkin, conocido por su trayectoria política que incluye cargos desde concejal hasta diputado nacional por Santa Fe antes de asumir la intendencia, se enfrenta a una creciente percepción de descontento ciudadano en su gestión. A pesar de que su llegada en 2019 prometió cambios en áreas como seguridad y lucha contra el narcotráfico, la realidad muestra una situación compleja y desafiante.

Lo que llamó la atención en redes fue la nula convocatoria que generó el acto: Nadie estaba viendo la apertura de sesiones, solamente estaba la imagen de Javkin en una mega pantalla alquilada. Desde el gobierno municipal aclararon a los medios que no se vio convocatoria porque no movilizaron a la militancia.

Redacción

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Alerta en Rosario | Buscan armar un sindicato de trapitos

“Tenemos información de que este sindicato está iniciando diálogos para agrupar a los trapitos de Rosario. Nos preocupa y nos oponemos totalmente a una actividad que debiera estar totalmente prohibida”, advirtió a través de Twitter el secretario general de la Municipalidad, Miguel Angel Tessandori.

Tessandori, un veterano en la arena política y conocido por su firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad, no ha escatimado en sus advertencias. “No permitiremos que se repita en Rosario lo que está sucediendo en La Plata”, declaró con determinación. Según él, existe información sobre un posible vínculo entre el sindicato platense y los cuidacoches locales, una asociación que rechaza rotundamente.

El temor radica en las prácticas que rodean a esta actividad. Tessandori denuncia la extorsión y la violencia como componentes inherentes al trabajo de los trapitos, una situación que considera inaceptable en cualquier comunidad. Remarcó la existencia de un Código de Convivencia que prohíbe explícitamente esta práctica, así como cualquier intento de sindicalizarla.

El funcionario municipal recordó un proyecto presentado en el Concejo para regular la actividad, pero lamentó que fuera desestimado en su momento. El proyecto buscaba restringir la actividad de los trapitos a aquellos que contaran con el aval de un porcentaje determinado de vecinos, una medida que hubiera proporcionado un marco legal claro y protección para la ciudadanía.

En La Plata, la ordenanza ya prohíbe esta actividad, sin embargo, el reciente surgimiento del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública ha puesto en tela de juicio la efectividad de esta medida. El sindicato, liderado por el ex barrabrava Fabián Giannotta, ha levantado polémica desde su presentación oficial, con la detención de trapitos acusados de extorsión a automovilistas.

Miguel Angel Tessandori on Twitter: “EL SINDICATO DE TRAPITOS QUIERE ATERRIZAR EN ROSARIO.Este gremio ya está funcionando en La Plata y tuvo sus primeras acciones en las últimas horas.Aunque parezca ilógico ya fue presentado de manera oficial con el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP)…. / Twitter”

EL SINDICATO DE TRAPITOS QUIERE ATERRIZAR EN ROSARIO.Este gremio ya está funcionando en La Plata y tuvo sus primeras acciones en las últimas horas.Aunque parezca ilógico ya fue presentado de manera oficial con el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP)….

El riesgo de que esta situación se replique en Rosario no es algo que Tessandori esté dispuesto a tolerar. Con firmeza, promete tomar medidas para prevenir que el “huevo de serpiente” del sindicato de trapitos se incube en su ciudad. Con la experiencia y la determinación que lo caracterizan, está dispuesto a enfrentar este desafío y proteger los intereses de los rosarinos.

En resumen, el sindicato de los trapitos ha puesto en alerta a Rosario, pero con la determinación de Tessandori y el rechazo unánime de la comunidad, la ciudad está lista para resistir cualquier intento de infiltración de actividades delictivas en sus calles.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Juez llevó a la justicia a la Municipalidad de Córdoba por el polémico manejo de los subsidios al transporte

Ayer por la mañana, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se presentó en la Justicia Federal y pidió investigar al ex secretario de transporte municipal, Marcelo Rodio, y a los directivos empresariales de ERSA por el uso indebido de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte.

LA DENUNCIA DE JUEZ

“Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, ésta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional”, explicó el senador nacional.

Según detalló Juez, “la Municipalidad ponía los colectivos, los choferes, y Ersa se quedaba con la recaudación y con los subsidios. Los subsidios en materia de transporte son casi 28 mil millones de pesos: (en millones) 7 mil pone la Provincia, 7 mil pone la Nación y 14 mil pone la Municipalidad”.

En tal sentido, precisó que “si el sistema está compuesto por 939 colectivos, hay un total de 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y que recaudaba Ersa, y estamos hablando de 49 colectivos lo cual hace un promedio total de 1.500 millones de pesos, lo que hemos cuantificado nosotros. O sea 1.500 millones de pesos del subsidio de transporte que ponía la Nación para que la Municipalidad de Córdoba prestara su servicio”.

Redacción

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Senadora “libertaria” metió a siete familiares en el Congreso

La senadora nacional por Jujuy, Vilma Facunda Bedia, fue acusada de acomodar a toda su familia en el Congreso de la Nación: contrató como personal de su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.

La senadora y pastora les consiguió a sus hijos Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 –con un salario de alrededor de 700 mil pesos-, y José Jair Mamani, con una A1, con una retribución de 1,2 millones de pesos. También habría sido contratado su hijo Pablo, aunque todavía no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.

Por si fuera poco, Bedia también hizo ingresar a sus hermanos Juan Carlos, Pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, que participa de la misma entidad, ambos con una categoría A1. La Fundación Emanuel se autodefine como una ONG “cristiana”, que ha promovido “seminarios de higiene mental”. Albert Bedia, otro hermano suyo, también fue contratado, pero con una categoría A3. Para disimular la gravísima decisión de la senadora, ninguno de estos nombres aparecen en la página oficial del Senado.

En su provincia, Jujuy, aseguran que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Nélida es masoterapeuta, una profesión que nada tiene que ver con las tareas que supuestamente debería realizar en el Senado. Para curarnos de espanto, la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, y su hermano Jonatan, de profesión DJ, es otro de los beneficiarios de la política de empleo de la legisladora.

Para no hacer distingos dentro de su familia, su sobrina Daiana Ester Llanes recibió una planta transitoria con categoría A3. La nuera de la legisladora, Mirta Araceli Silisque, también participa de la fiesta de designaciones públicas, aunque en su caso apenas con una categoría A8.

Por si no resultara suficiente esta suma de despropósitos, en Jujuy se asegura que muchos de los empleados de mayor confianza de la senadora Bedia también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esto sería posible porque la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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