Pilar | Recién nacidos INFECTADOS de COVID y abandonados por Achával

Madres de Pilar se contagiaron de COVID-19 por la mala gestión en Salud del intendente K, Federico De Achával.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

La hipocresía de la casta política no tiene fin. Ayer, este portal compartió una nota de REALPOLITIK en la cual se explica cómo los empleados municipales de Quilmes reclamaban a la intendente Mayra Mendoza sobre las pésimas condiciones en la cual realizaban sus labores. Ella desoyó el pedido y se confirmó el primer caso (hasta el momento) en esa institución.

Éstas eran las condiciones de trabajo

Mientras tanto, en redes sociales, Mendoza afirma que “estamos haciendo un esfuerzo enorme por parte del Estado y en particular de nuestros adultos mayores (…) cuentan con el Municipio y quiero contar con ustedes para ganarle la pelea al coronavirus”.

Mientras tanto en las redes

Un caso similar ocurre en el Pilar de Achával. Dos madres (hasta ahora) se contagiaron del virus junto a sus bebés recién nacidos en el Hospital Materno Infantil de Pilar. Denunciaron que ningún médico les brindó la atención correspondiente…

LOS “DESCUIDOS” Y EL PAUPÉRRIMO DESARROLLO

El primer caso de coronavirus dentro del Hospital Materno Infantil de Pilar se dio en un médico cirujano. Operó (una cesárea) el viernes 5 de junio junto a un equipo conformado por dos instrumentistas, dos enfermeras, un anestesista y un auxiliar. El domingo siguiente presentó síntomas y los reportó. El lunes 8 se le hizo un hisopado y realizó el correspondiente aislamiento. El miércoles 10 se confirmó el positivo del médico.

El viernes siguiente (12) fue confirmado el positivo de COVID-19 en el anestesista. El sábado en una de las enfermera, luego la otra. Pese a realizarse los testeos (a todo los trabajadores hospitalario), el cuerpo no hizo el aislamiento… más adelante se explicará por qué.

Alrededor de esos días ya se rumoreaba en Pilar de casos de madres (embarazadas o con sus bebés) que se infectaron en esa clínica. Poco después el rumor fue confirmado…

La gestión de Achával y los casos de COVID-19

Sol, una de las madres contagiadas, tuvo a su hijo en el Hospital Materno Infantil el día 3 de junio. Pasó internada unos diez días, ya que ella y su bebé tienen algunos problemas sanguíneos. El domingo pasado por la mañana le dieron el alta. Sin embargo, en una insólita operación médica/burocrática, la contactaron ayer lunes desde el Centro de Diagnóstico de Pilar para informarle que había dado positivo el test de coronavirus… todo esto en menos de 24 horas.

Es decir, no esperaron a darle los resultados estando internada, sino que la mandaron el domingo a su casa quedando en contacto con familiares (no los había tenido hasta el momento) y el lunes el personal del SAME fue a buscarla a ella y a su bebé en ambulancia para trasladarlos a un internado para casos de coronavirus en Presidente Derqui, en donde hay al menos 15 pacientes con el virus. Dejando en contacto con los enfermos a su hijito recién nacido.

Graciela, la madre de Sol, atendió el llamado de Data24 entre lágrimas desgarradoras de dolor y angustia. “Ahora Sol está siendo atendida. Que es lo que a mi me importaba, porque estaban los dos solitos (haciendo referencia a su nieto)”.

La gestión de Achával y los casos de COVID-19
Sol junto a su hijo

“Ella se contagió adentro de la Maternidad, pero nadie decía nada. Nosotros preguntábamos pero a ella le decían que no había tenido contacto con el médico, y como nosotros no podíamos preguntar no pudimos averiguar nada”. ¿Recibieron algún tipo de respuesta o ayuda por parte de la Municipalidad?, interrogamos… “no, la verdad que el municipio estuvo ausente”, respondió Graciela, y agregó: “recién ayer (lunes 15/6) me llamaron porque yo empecé a publicar por todos lados pidiendo ayuda para mi hija. Pero solo me llamaron para investigar sobre el caso”.

“Yo cumplía absolutamente todos los protocolos y todos los recaudos para cuidar a mi familia. Y ahora me devuelven a mi hija de la Maternidad con COVID-19 positivo y nadie se hace cargo. Nadie llamó del Hospital Materno Infantil para preguntar, nadie, nadie”.

“Yo tampoco entiendo mucho, pero ¿cómo me la van a mandar con positivo sin antes esperar los resultados? Y encima, cuando la vino a buscar el SAME todo a las apuradas, con mucha desprolijdad. Yo entiendo el protocolo, sé que se tiene que aislar. Pero muy distinto es el aislamiento a dejarla tirada todo el día, sin que nadie la atienda, ni siquiera un pediatra para el bebito”.

MÉDICOS, POLÍTICOS Y BUROCRACIA: LOS APRIETES DE ACHÁVAL

En las redes sociales estallaron los comentarios de vecinos de Pilar contando la cantidad de irregularidades del Hospital Materno Infantil. “Ante el primer rumor del caso del médico contagiado de COVID-19, ellos (los pilarenses) no vieron que se hiciera nada. No se reforzaron las medidas sanitarias, no se informó nada”, comentó una fuente a este portal.

Vale aquí preguntarse de quién es la culpa. Los antecedentes en cuanto a la lucha contra la pandemia no son muy buenos para el intendente del Frente de Todos, Federico Achával. El pasado 1 de junio, Data24 informó que los médicos de Pilar denunciaron que el municipio repartió “alcohol en gel trucho”. Parece una locura, pero es cierto. Achával repartió gel de ecografía con un poco de alcohol.

Siguiendo la línea de sus colegas burócratas, Achával hace gala constantemente de la “lucha contra la pandemia que lleva adelante su gestión”. Pese a algunos “inconvenientes” y descontentos por parte de los vecinos.

La fuente consultada por este diario agregó además que “todo el personal seguía trabajando. Trabajadores del hospital me comentaron que ellos nunca fueron puesto bajo aislamiento porque autoridades municipales les comunicaron que no había personal para cubrir en caso de que los médicos tengan que cumplir con un aislamiento, si no tienen síntomas deben seguir trabajando”.

La gestión de Achával y los casos de COVID-19

“Además, me comentaron que los empleados de la salud estaban siendo amenazados con ser despedidos por parte de Achával. No quieren hablar y tienen miedo. Están muy preocupados, porque ellos saben que las cosas se hicieron mal”, concluyó.

En estas condiciones, “es lógico” que el accionar de los médicos sea el que fue: Achával, además de abandonarlos, los amenazó con despedirlos… si bien no se justifica la mala praxis, los médicos están entre la espada y la pared. Otra madre, en una situación similar a la de Sol, consultada por Data24, comentó que “los errores son de ambas partes, los médicos, el municipio y la burocracia en general… a mi me tendrían que haber dado hoy el resultado de mi test y no llegó nada, por ejemplo”.


SUSCRIBITE A DATA24.COM.AR
Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

La deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas superó los $213.000 millones

La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya trepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.

La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.

El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.

El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.

Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA

Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.

El crecimiento hasta julio de 2026

Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.

Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.

Informe-de-la-5ta-reunion-de-la-comision-especial-Ad-hoc

El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.

Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada, la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.

La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.

La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.

Dinero venezolano para la campaña de CFK: a 19 años del ingreso de las valijas de Antonini Wilson

El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.

Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.

Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.

La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.

Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.

Manotazos de ahogado

No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.

Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.

El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.

El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se  comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.

Todos los hombres de Chávez

Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto“el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.

— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)

Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.

La ruta del dinero

Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.

Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:

Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.

Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.

Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.

El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país

(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.

b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.

c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.

*Por Christian Sanz – Tribuna de Periodistas

HUMOR por Argüelles​

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2025

Subscribe Now