Un proyecto busca que el Consejo de la Magistratura defina la elección de los jueces de Paz
La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados abrió el debate sobre un proyecto que transfiere al Consejo de la Magistratura la elección de jueces de Paz y suma la revisión de los concejos deliberantes.
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En la Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzó a discutirse una iniciativa que cambiaría de raíz la forma en que se designan los jueces de Paz en la provincia. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento—presidida por la radical GabrielaLena—abrió este martes el debate sobre la propuesta presentada por el justicialista Enrique Cresto, que traslada el proceso de selección al Consejo de la Magistratura y suma el control de los concejos deliberantes locales.
Durante la reunión, Lena explicó los ejes del proyecto: “Creemos que tenemos que mejorar el sistema de selección, que sea muy parecido a la elección de todos los otros jueces, es decir, que pase por el Consejo de la Magistratura. Pero además, que luego de pasar el concurso de oposición y antecedentes, la terna resultante pase al Concejo Deliberante de cada ciudad”.
Para enriquecer la discusión, la comisión invitó a especialistas vinculados al ámbito judicial. Participaron Andrea Belén Saxer, vicepresidenta 2.ª del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, y la exdiputada nacional Mayda Cresto, quienes aportaron su experiencia y respaldaron la necesidad de modernizar el régimen vigente.
La presidenta de la comisión subrayó la urgencia de la reforma al señalar que el esquema actual quedó desfasado frente a la creciente complejidad de los conflictos que aterrizan en los juzgados de Paz: “Es un tema que preocupa, las cuestiones judiciales se han complejizado en la provincia, esto es necesario para mejorar nuestro sistema de justicia”.
Según fuentes legislativas, hay un principio de consenso entre las distintas bancadas para introducir los ajustes que resulten necesarios y elaborar un dictamen unificado. La comisión volverá a reunirse la próxima semana, oportunidad en la que se escuchará a nuevos invitados y se pulirán los aspectos técnicos de la iniciativa. Si el acuerdo se consolida, el proyecto podría obtener despacho y avanzar al recinto antes de fin de mes, marcando un paso decisivo hacia un mecanismo de selección más transparente y federal para los jueces de Paz entrerrianos.
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El encuentro, bajo el lema “Libertad interior a través de la espiritualidad”, propone hacer una pausa en medio de la rutina para mirar hacia adentro y recuperar serenidad, claridad y fortaleza en la vida diaria.
Será el lunes 24 de noviembre, de 18 a 20 hs, en el Teatro El Nacional(Av. Corrientes 960, CABA), con participación sin cargo e inscripción previa a través de libertadinterior.org.ar.
La propuesta surge de una dificultad que muchos reconocen: la sensación de no poder gobernar las propias emociones: “La espiritualidad nos ayuda a recorrer el mundo interno para comprender y experimentar el yo intrínseco. La primera relación en la vida es con nuestro ser interior, y si este es disfuncional, todo se contamina, por dentro y por fuera”.
En uno de sus relatos, Charlie Hogg cuenta la historia de un preso en Sídney que, dominado por la ira, llegó a quitar una vida fuera de la cárcel y otra dentro de ella. Un solo segundo de emoción intensa anuló su razonamiento y marcó su destino. A partir de experiencias como esa, Hogg explica que la espiritualidad y la meditación no son “teorías abstractas”, sino herramientas concretas para dejar de reaccionar impulsivamente y evitar acciones que luego traen años de culpa, dolor y arrepentimiento.
En esta edición especial, la directora de Brahma Kumaris Argentina, Moira Lowe, dialogará en vivo con el maestro Hogg sobre cómo liberarse del estrés, las dependencias y los condicionamientos internos para vivir con más paz, amor y autenticidad. Juntos explorarán la ley del karma, el poder de elegir pensamientos más sanos y la posibilidad de volver a sentirse dueño del propio mundo interior.
Además de la charla y los momentos de meditación guiada, el encuentro ofrecerá un cierre artístico especial: la participación de Patricia Sosa y la música en vivo del grupo Circular, que acompañarán con canciones y melodías pensadas para profundizar la experiencia de calma y conexión interior.
Brahma Kumaris es un movimiento espiritual mundial dedicado a la transformación personal y a la renovación del mundo. Fundado en India en 1937, desarrolla su propuesta educativa a nivel global mediante actividades que promueven el desarrollo y la plenitud del ser interior.
Al inscribirse, cada participante recibirá de inmediato una guía de ejercicios prácticos para empezar a prepararse antes del evento y así obtener el máximo beneficio de la experiencia del lunes. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza a través dewww.libertadinterior.org.ar.
Charlie Hogg es uno de los principales maestros de la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, director nacional de Brahma Kumaris en Australia y miembro del equipo internacional que acompaña el trabajo espiritual de la organización en más de 100 países. Con más de cuatro décadas de práctica diaria de meditación Raja Yoga, ha ofrecido conferencias y retiros en alrededor de 80 naciones, acercando de manera simple y profunda la filosofía del karma y el arte de pensar mejor.
Por su parte, Moira Lowe dirige la Universidad Brahma Kumaris en Argentina y Paraguay y lleva casi 40 años dedicada al servicio voluntario, coordinando actividades en el país y brindando cursos y seminarios sobre calidad de vida y meditación en América Latina, Europa, India, Sudáfrica y Australia.
Brahma Kumaris es un movimiento espiritual mundial fundado en India en 1937, dedicado a la transformación personal y la renovación del mundo. A través de la enseñanza de la meditación Raja Yoga y de cursos, charlas y talleres, impulsa el desarrollo de la plenitud del ser interior. Sus actividades son gratuitas y abiertas a toda la comunidad, sin distinción de ningún tipo.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix habría arrojado un dato contundente, siendo que el 67.5% de los argentinos se pronuncia a favor de que la cuota sindical pase a ser voluntaria, y si se suman quienes se ubican en una posición neutral el consenso social escala al 82,2%. Apenas el 17,8% defiende mantener la obligatoriedad vigente.
Para entender la polémica hay que distinguir dos conceptos que a menudo se confunden y que forman el corazón de la llamada “caja” sindical. La cuota de afiliación es el aporte que paga quien decide asociarse al sindicato para acceder a sus beneficios (por ejemplo campings, turismo, actividades recreativas y asesoría legal), es voluntaria y, por eso, rara vez genera controversia. En cambio la cuota solidaria —el epicentro del conflicto— es un descuento que el sindicato aplica a todos los trabajadores del rubro, aunque no estén afiliados, y suele rondar entre el 1% y el 3% del salario.
Los gremios la justifican argumentando que sus negociaciones paritarias benefician a la totalidad de los empleados, por lo que corresponde que todos contribuyan al financiamiento de esa representación; sus críticos replican que obligar a no afiliados a pagar vulnera la libertad de asociación y redistribuye recursos sin consentimiento individual.
La encuesta revela que la mayoría de la gente siente que este “aporte solidario” funciona en la práctica como un impuesto al trabajo o un “peaje” obligatorio, donde el trabajador ve reducido su salario para financiar una estructura de la que no eligió ser parte y que, según la percepción del 63%, no lo representa.
Tanto votantes del oficialismo como de la oposición coinciden de manera clara en que los aportes sindicales deben ser voluntarios. Esta convergencia es extraordinaria en un clima político altamente polarizado, donde casi no existen consensos.
Lo particularmente significativo es que incluso entre votantes peronistas, la base sociológica histórica del sindicalismo, la percepción negativa alcanza el 30,2%. Este dato evidencia que la erosión de legitimidad gremial ha llegado hasta sus propios votantes tradicionales.
Existiría una visión extendida de que los sindicatos operan como estructuras burocráticas encapsuladas desde hace décadas, donde las dirigencias se han renovado muy poco y parecen desconectadas de los problemas reales de los trabajadores.
En algunos casos, como el del sindicato de Camioneros, el aporte solidario equivale al 3% del salario más un 4% adicional sobre el básico, lo que genera ingresos anuales de aproximadamente 206.500 millones de pesos para el gremio. En el sector de transporte pesado, estos descuentos pueden alcanzar más de 800.000 pesos anuales por trabajador.
El rechazo se inscribe en una demanda más general de la reforma laboral del presidente Javier Milei. El 55% de los encuestados apoya que se actualicen o reemplacen las normas laborales vigentes. Esto sugiere que la población percibe el marco legal laboral como rígido, desactualizado y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas.
El Gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsó en 2025 una serie de cambios que impactan de lleno en el sistema sindical. En marzo se publicó el Decreto 149/2025, que impide que los convenios colectivos establezcan aportes obligatorios destinados a cámaras empresariales o asociaciones sindicales cuando se trate de empleadores o trabajadores no afiliados. Aunque la norma apuntó primero a los aportes patronales, el oficialismo dejó claro que su intención es extender esa misma lógica al financiamiento de los gremios.
A esto se suma la propuesta de reforma laboral que el Ejecutivo planea debatir en las sesiones extraordinarias, un paquete más amplio que contempla la flexibilización de convenios —dando prioridad a los acuerdos por empresa por sobre los de rama—, nuevas regulaciones sobre jornadas y bancos de horas, y modificaciones que, según advierten las centrales sindicales, podrían traducirse en la eliminación o una fuerte restricción de las cuotas solidarias.
La izquierda nativa no descansa. Sus ocurrencias sorprenden en las redes; la última es una campaña para que ciudadanos argentinos soliciten la “ciudadanía palestina” como gesto de repudio a Israel, a Donald Trump, a Javier Milei y, en general, a todo lo que autopercibe como “extrema derecha mundial”.
Bajo el lema “Yo quiero ser palestino”, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino coordinó una movida que incluyó recolección de formularios en varias provincias, actos frente a cámaras y una puesta en escena cuidadosamente amplificada en redes sociales. Todo desembocó en la elegante casona de Riobamba 981, en Recoleta, la sede de la Embajada en Buenos Aires, donde los organizadores se presentaron para entregar los pedidos de “ciudadanía simbólica”.
Según informó la propia embajada, el encargado de negocios, Riad Al-Halabi, recibió más de 700 solicitudes, reunidas “a lo largo y ancho” del país, en el marco de las actividades por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Para el diplomático, el gesto argentino expresa un “compromiso político y moral que va más allá del simbolismo”.
Quienes se anotan en esta campaña —señala el comunicado— no solo piden un papel simbólico: dicen “compartir la identidad de un pueblo que lucha desde hace décadas por su libertad, sus derechos nacionales y su autodeterminación”. Por supuesto, no se habla de Hamas ni de terrorismo, ni de las víctimas civiles israelíes; la trama se cuenta en blanco y negro: de un lado, “la resistencia heroica”; del otro, “el genocidio”.
El movimiento de marketing se sostuvo en una serie de reels y videos breves, difundidos principalmente en Instagram, la plataforma del magnate capitalista Mark Zuckerberg, a la que la militancia anticapitalista recurre cada vez que necesita dar su batalla cultural.
En uno de esos materiales, una joven militante de izquierda anuncia con entusiasmo que, “a partir de hoy”, es “oficialmente palestina”, igual que “los más de 200 jóvenes” que habrían completado el formulario en todo el país. La escena continúa con la intervención de Al-Halabi, que delante de la cámara “proclama” como palestinos a los presentes, como si se tratara de una naturalización exprés a fuerza de consignas.
La militante remata invocando un panteón de referencias locales y revolucionarias: Rodolfo Walsh, Diego Maradona, el Che Guevara, Eve de Bonafini y “toda la resistencia palestina”. La consigna final condensa en una rimita: “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Yo quiero ser palestina”.
Otra cara visible de la campaña es Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), figura del Frente de Izquierda – Unidad y diputada electa en la Legislatura porteña. En su reel, Fierro presenta la iniciativa como una herramienta más de denuncia del “genocidio” y de apoyo al “pueblo heroico” palestino.
La tercera voz protagonista es la de Marina Hidalgo Robles, trabajadora social, militante socialista, feminista y abolicionista, que articula de manera directa el puente con la política local. En su video, sostiene que el “gobierno sionista y genocida de Netanyahu” cuenta con el apoyo de Trump, Milei y toda la extrema derecha mundial, que —según su lectura— estarían empeñados en “exterminar a todo un pueblo”.
Mientras las cámaras registraban las declaraciones de coyuntura, la embajada elaboraba su propio balance. En su comunicado, subrayó que el pedido de “ciudadanía palestina simbólica” constituye una “declaración clara de rechazo al genocidio continuo” y a los crímenes del Estado ocupante en Cisjordania, incluida Jerusalén, con especial énfasis en los asentamientos y en los ataques de colonos. El texto insiste en que la solidaridad argentina “no es solo una postura simbólica” sino una forma de lucha contra los “intentos de silenciar la verdad”.
Junto al cuerpo diplomático se ubicó el secretario del sindicato del Subte y el Premetro, Jorge “Tano” Pisani, uno de los voceros sindicales de la campaña. Pisani señaló que las imágenes diarias del conflicto lo llevaron, junto con otros gremios y organizaciones sociales, a adoptar la iniciativa como un gesto “ético, humano y político” frente a un supuesto bloqueo mediático.
La nómina de organizaciones presentes da una pista del armado político detrás de la campaña. Entre las adhesiones figuran la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato docente de Córdoba, el sindicato del Subte y el Premetro (SUBTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la red NODAL, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, además de diversos centros culturales, movimientos sociales y agrupaciones universitarias.
Buena parte de quienes impulsan la jugada tienen representación en el Estado, acceso a recursos públicos o presencia institucional en universidades y medios. No es exactamente un elenco marginal.
Una serie de chats extraídos de los teléfonos de los empresarios Claudio y Marcelo Tortul describió presuntas maniobras de pago de coimas para asegurar y mejorar contratos de seguridad con Enersa (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima) y mencionó al ex gobernador entrerriano y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, a su entorno más cercano y al senador electo Adán Bahl.
Los mensajes que la Justicia recuperó de los celulares de los empresarios de apellido Tortul, directivos de la filial argentina de Securitas, formaron parte central de la causa federal que investigó el pago de coimas para quedarse con contratos con el Estado y que se tramitó en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En el caso de Entre Ríos, el foco estuvo puesto en Enersa, la empresa estatal eléctrica de la provincia.
De esos teléfonos surgieron más de 25 mil páginas de conversaciones entre 2016 y 2024, en las que el nombre del ex gobernador peronista y actual diputado nacional Gustavo Bordet apareció 98 veces. En las conversaciones se habló de pagos que llegarían hasta el exgobernador y se mencionó también al entonces vicegobernador y luego intendente de Paraná, Adán Bahl, quien recientemente fue electo senador nacional del PJ electo por Entre Ríos.
Entre los interlocutores que, según los chats, funcionaron como vínculo indirecto entre los empresarios y los burócratas aparecieron dos nombres. Uno se identificó con claridad: José Gervasio Laporte, mencionado como “el negro” en las conversaciones. En uno de los mensajes, incluso, figura una foto en la que Claudio Tortul y Laporte comparten un café en un bar de un hotel de la costanera de Paraná. El otro nombre apareció como “Hugo”, quien podría ser Hugo Ballay, ex ministro de Economía durante las dos gestiones de Bordet y ex presidente de Enersa, aunque esa identificación no está confirmada y su apellido no figura en los chats ni en el expediente, según remarcaron desde su entorno.
En la causa, “El Negro” fue José Gervasio Laporte, histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación de las gestiones peronistas de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, y síndico de Enersa. Su función resultó estratégica: cuidaba la firma de los gobernadores en todos los actos administrativos. Laporte falleció hace más de 5 años, en julio de 2020, pero en los mensajes previos a su muerte ocupó un rol clave en el vínculo entre los Tortul y el poder político. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa pirq bajo epe. Huntar a christian y bordet o el negro. Porque es grande li q vamos armar. Y q le den acuerdo entre el y el negro o bordet”, escribieron los hermanos en una de las conversaciones.
En marzo de 2017 los chats registraron una nueva reunión con Laporte. “Ayer Estuvimos cn el negro. Le pedi li ascienda. Y me dijo q si. Depende de el. Y ahora le preg a bordet si ouede pinerlo de 2. Cn ginzalez parec se pudrio bastante. El negro no sabia como ahradecer. Estamos para pedir li q querramos”, dice una de las conversaciones que apuntan a un aumento del contrato con la empresa estatal eléctrica.
Un año después, los mensajes se refirieron de manera explícita a un porcentaje de sobornos vinculado a los pagos. “El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Me pidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable (sic)”, consignó Claudio Tortul en otro chat. En noviembre de 2019, y siempre según las conversaciones incorporadas al expediente, se detalló incluso el reparto de una suma millonaria. “Te paso maso en 5 numeros como quedaria los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000( bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo ) Participacioned en Grone . Mas 200 lucas para mi ( gastos obra social hoteles etc )”, escribió.
Los chats también dejaron constancia de la intención de los empresarios de establecer una relación más directa con el ex gobernador, sin desplazar a Laporte. “Yo hablaba cn Taincho de que en vez de usar al Negro de interlocutor cn Bordet porq esta todos kos días. Ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el. Ain correrlo al Negro. Ni que se sienta corrido. Porq en un cambio se raya se pelean y quedamos mirando el techo. Y tenemos muchos negocios en el medio”, señaló uno de los mensajes.
En 2019, esa relación apareció ya asociada a pagos concretos. En los chats, uno de los hermanos afirmó:“esa guita se la lleve yo a Bordet” y agregó: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon. Aceito para que paguen toda la factura de junio el dia q facturaron”. Esos intercambios formaron parte de las pericias judiciales que describieron las operaciones ilícitas entre 2016 y 2024.
Tras la muerte de Laporte, las conversaciones comenzaron a mencionar a “Hugo”. “El lunes me contesta Hugo. Habla cn Bordet y me dice. Cree que si” Con todo como lo planteas. 14 / costos / y lo que repartimos. Leestoooo”, escribió Claudio a su hermano Marcelo. En otros mensajes agregó: “Me dijo tbm q lo tuvo que alinear medio fuerte a Caminos cn el ajuste y el presupuesto cn”, “Asi que cree si le da Ok Border”, “Vamos para delante !!!”.
En paralelo, la trayectoria de Hugo Ballay dentro de Enersa y del gobierno provincial quedó detallada. Ballay se desempeñó como presidente de la empresa eléctrica casi dos años, tras ser designado por el entonces gobernador Sergio Urribarri en enero de 2012. En noviembre de 2013 dejó ese lugar para incorporarse al gabinete. Cuando Bordet llegó a la Gobernación, a fines de 2015, Ballay volvió a Enersa como director titular durante la presidencia de Alfredo Muzachiodi. Los chats que describieron las operaciones ilícitas abarcaron un período que fue desde 2016 hasta 2024.
Sin embargo, el entorno de Ballay subrayó que el ex funcionario no tuvo relación con el caso Securitas. Confirmó que conoció a Claudio Tortul, pero precisó que el vínculo no estuvo relacionado con actividades comerciales o políticas, sino sociales: el empresario era presidente del Club Rowing, uno de los más exclusivos de la capital entrerriana, que tiene a más de un socio implicado en este expediente. También remarcaron que el apellido Ballay no figura mencionado ni en los chats ni en la causa.
En el plano personal, tres fuentes cercanas a Bordet, sin relación entre sí y con altas responsabilidades en el gobierno provincial durante el período 2015-2023, confirmaron a Infobae que el actual diputado nacional tuvo con Laporte y Ballay una relación personal de larga data. Ninguna de ellas habló de amistad. El ex gobernador suele remarcar que no tiene amigos en política y que ocupar cargos públicos lo alejó de sus relaciones personales. En el caso de Ballay, la relación fue más marcada: ambos se conocieron de jóvenes en las aulas de la Universidad, son coetáneos y estudiaron para ser contadores, en los años de la vuelta a la democracia y de la primavera alfonsinista.
En el expediente también apareció mencionado Edgardo Kueider, ex senador que ahora está detenido. La jueza Arroyo Salgado no imputó ni a Bordet ni a Ballay, pero sí involucró a Kueider en la causa. Se basó en dos elementos: un mensaje –el único– en el que Claudio Tortul lo mencionó y el hecho de que, cuando era secretario General de la Gobernación, representó al Poder Ejecutivo provincial en asambleas de Enersa.
Las conversaciones recuperadas de los teléfonos de los Tortul alcanzaron también al hoy senador electo Adán Bahl, que encabezó la lista del peronismo en las elecciones legislativas de octubre y quedó segundo. Las referencias se remontaron a su etapa como intendente de Paraná. “Viste lo del hipodromo. Mañana te cuento bien. Y vamos a tener q hacer algo. Ejemplo lotear en terrenos chicos y sacar lo que se pueda. Valoshablar cn Bahl y le decimos eso”, dicen los chats en relación a un negocio inmobiliario. En otro tramo, los hermanos agregaron: “Buen dia. Ayer Bahl se ofrecio apurar el tema de los Algarrobos si necesitabanos. Asi q aprovechemos la volada y aceleremos”. Las expectativas de los empresarios sobre el dirigente quedaron expresadas en otro mensaje, vinculado a las elecciones para la Gobernación de 2023: “Si gana bahl estamos PIPI CUCU !!!”.
La reacción de Bordet llegó a través de un comunicado público. El ex gobernador aseguró que “no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA”. Tras afimar que “nunca” tuvo “ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas”, señaló que durante su gestión “no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de ENERSA”. Y remarcó que “Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno”.
La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) denunció que la municipalidad de Cañuelas aplicó en 2025 un aumento desmedido sobre la guía municipal que se cobró por cada animal trasladado al Mercado Agroganadero de esa localidad bonaerense. Según un informe de la entidad, lo que en enero de este año se cobró 1.965 pesos por animal comenzó a valer 4.409,75 pesos sin IVA desde diciembre, es decir, una suba del 124,4%, con la que las guías “multiplicaron su valor por cinco en lo que va del año”, muy por encima de una inflación que, entre enero y octubre, rondó el 24,8% y registró una variación interanual del 31,3%.
CAMyA señaló que, de haberse actualizado al ritmo de los precios de la economía, la guía municipal debería haber llegado a unos 2.455 pesos. La cámara precisó que “la diferencia generada excede la inflación en $1.954,75 por guía. Esto constituye un sobrecosto injustificado para el matarife frente al resto de la cadena cárnica”.
El informe advirtió que la suba “se convierte en un gasto operativo directo y afecta la estructura de costos y la competitividad”, que podría conducir al sector a “ajustar tarifas, trasladar mayor costo al precio final de la carne y reducir el margen operativo”. “Esto afecta principalmente al consumo interno, que ya enfrenta caída de demanda y presión impositiva”, añadieron.
CAMyA vinculó el aumento de las guías con la política tributaria local que el Concejo Deliberante de Cañuelas aprobó a fines de 2024, cuando otorgó por amplia mayoría un incremento en torno al 200% para las tasas municipales. Ese esquema, según la cámara, se sumó a la decisión de la gestión de la intendente de Fuerza Patria, Marisa Fassi, que impulsó el ajuste sobre la guía municipal con aval del Concejo.
En declaraciones al portal de noticias agropecuarias Bichos de Campo (Sofia Selasco), el vicepresidente de CAMyA, Sergio Pedace, describió el impacto recaudatorio del esquema vigente: “La guía es por animal. En Cañuelas entran por mes unas 100.000 cabezas. Imaginate que por eso recaudarían unos 400 millones de pesos por mes. Es una locura”.
– Sergio Pedace
El dirigente añadió que el valor de la tasa se fijó en función del precio del novillo. “Las guías siempre manejaban montos más normales. Ahora lo pusieron en base a la relación de lo que vale el novillo y claro, ellos están cubiertos con cada aumento”, sumó el matarife.
En paralelo a la escalada de las guías, los matarifes debieron afrontar también un aumento del 40% en los aportes destinados al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que debieron ser abonados de manera compulsiva tanto por los productores como por los frigoríficos.
Ese reajuste se decidió luego de casi dos años sin cambios, ya que los aportes no se modificaban desde enero de 2024. De acuerdo con lo resuelto por el Consejo de Representantes del IPCVA, a partir del 1° de diciembre el aporte quedó fijado en 1.185 pesos por cada animal bovino que los productores enviaron a faena, mientras que el frigorífico donde se realizó la tarea debió pagar otros 535 pesos. De esta manera, el Instituto pasó a recibir 1.720 pesos por vacuno faenado.
“Todo se va a trasladar a carne. Son todas cajas que le hacen mal al precio de la carne y al mercado local”, lamentó el vicepresidente de CAMyA.
Pedace se refirió también al impacto de la tasa aprobada en Cañuelas. “En un país que está tratando de parar la inflación, esta suba va directo al bolsillo de la gente, porque es un costo. Esa es la realidad”, afirmó. Sobre el mecanismo de cobro, cuestionó que “lo cobran solamente porque llega Cañuelas al mercado y del mercado se va al frigorífico, al feedlot o a donde vaya”.
El directivo planteó que el incremento de la guía se tradujo en un encarecimiento directo sobre la hacienda que pasó por el mercado concentrador. “Es un costo directo al precio del novillo y después por ende a la carne. El animal más chico paga más porque los 4 mil y pico de pesos hay que dividirlos por 300 kilos. Una vaca de 500 kilos, para exportación, termina pagando menos porque va por cabeza y no por kilo”, explicó.
– La intendente junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, NicolásPino (segundo de derecha a izquierda)
Frente a este escenario, Pedace anticipó que la cámara analizaba acciones institucionales contra la suba. “El comité trabaja arduamente y estamos evaluando de hacer alguna presentación a la municipalidad para que dé marcha atrás con estos aumentos. Eso lo estamos evaluando”, comentó.
El reclamo de los matarifes se dio en un contexto particular para el Mercado Agroganadero de Cañuelas. En 2022, el entonces Mercado de Liniers se trasladó desde el barrio porteño de Mataderos a su sede actual en Cañuelas, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 6. Según recordó, esa plaza concentró algo más del 10% de la hacienda que se faenó en Argentina y se constituyó en referencia de precios ganaderos a nivel nacional.
A nivel local, distintas fuentes reconocieron que la instalación del predio “cambió la dinámica del pueblo” aunque todavía no llegaron las grandes inversiones que se esperaban. En ese contexto, el sensible aumento en los valores de traslado al mercado de Cañuelas implicó un gasto promedio de 180.000 pesos para una jaula con 40 novillos, según los cálculos difundidos.
“Hay que decirlo bien claro: esas carnes importadas de Brasil son un sobrestock de congelados que, cuando se les acerca la fecha de caducidad, tienen que salir a colocarlo en mercados alternativos, al precio que sea. Son carnes llenas de agua y que contienen promotores de crecimiento como la Ractopamina, prohibida en 160 países. Estamos ante una carne, además, que cuando el consumidor la descongela tiene muy pocos días para consumir y no se puede volver a congelar”.
Esa advertencia surgió de Guillermo Lloveras, un médico veterinario muy reconocido en el sector porcino local, por haber trabajado muchos años desde su empresa Genporc en el mejoramiento genético de la calidad de los cerdos argentinos, lo que posibilitó una visible mejoría del consumo. Ahora, con las facilidades que el gobierno de Javier Milei instrumentó para las importaciones de alimentos, ve peligrar todo ese esfuerzo, ya que espera que haya un ingreso importante de carne de origen brasilero cuya calidad es inferior a la de Argentina.
En línea con los productores locales, que han salido a advertir que los cerdos brasileños reciben un medicamento que aquí está prohibido, Lloveras indicó que “la Ractopamina es un promotor de crecimiento que favorece la deposición de músculo en detrimento de la grasa y mejora la conversión alimenticia del animal”.
“Quieren disciplinar a las carnes, rompiendo un sector que venía con un crecimiento sostenido”: Los productores de porcinos advierten sobre un aluvión de carne (con hormona incluida) desde Brasil
Y explicó que el riesgo para el consumidor al comer carnes de origen brasileño es que ese compuesto “está prohibido en 160 países”, entre ellos la Argentina. “La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la prohíbe esencialmente porque no se puede garantizar la inocuidad de su consumo en la población. Lo que sí se sabe es que, en el animal, el uso de Ractopamina produce alteraciones a nivel cardíaco y neurológico”, explicó el veterinario al sitio especializado El productor porcino.
Por eso, Lloveras enfatizó: “Tenemos que decirle al consumidor que consuma carne de cerdo argentina: que está libre de promotores de crecimiento, que es fresca, que va a tener más durabilidad, que la va a poder congelar. La carne de cerdo brasilera no tiene la seguridad alimentaria ni la calidad que tiene la carne de cerdo argentina”, declaró.
-¿Cómo sabe el consumidor lo que está comprando?
–Ante la duda, el consumidor tiene que saber que la carnicería de barrio tiene carne de cerdo argentina, porque son las grandes cadenas de supermercados las que importan de Brasil. Además, la etiqueta tiene que decir ‘Origen Brasil’, tiene que decir que es carne congelada y se tiene que vender congelada al público.
El experto insistió en que “no tenemos que dejarnos engañar con los precios, eso es clave. No lo analizaron ni en el Ministerio de Economía, ni en la Secretaría de Comercio. En lugar de tomarse el trabajo de sentarse con la cadena porcina y analizar la situación de los precios (y los cortes nacionales disponibles, que incluso pueden ser más baratos que la bondiola brasilera), tomaron esta decisión de dar beneficios impositivos a un importador sin pensar que, al productor argentino. Si no revierten la medida, le están firmando un acta de defunción” a la actividad, señala el gerente de Genporc.
“Tienen que rever estas políticas que no fueron bien pensadas, porque a veces lo urgente atenta contra lo importante”, opinó el veterinario, quien reclamó a la comunidad porcina: “Tenemos que hacer oír nuestras voces, porque yo creo que el Presidente no está al tanto de lo que va a suceder con esto, que es una medida que atenta contra los privados, que estamos ansiosos por seguir creciendo con unas pautas más libres, en un marco más lógico de crecimiento y desarrollo. Creo que esto merece un análisis un poco más profundo”.
En este sentido, Lloveras formuló una autocrítica, al considerar que la producción local de cerdos no ha sabido posicionarse ante la política como un sector estratégico: “En su máxima expresión, Argentina podría ser líder mundial en producción de cerdos y en exportación, podrían ingresar 30 mil millones de dólares anuales. Además, eso sería agregando valor a los granos que ya producimos, generando trabajo, generando arraigo rural, dando de comer carne económica y sanísima a los argentinos”, reflexionó.
E insistió en su rechazo a la política de apertura indiscriminada: “El mundo está viendo el potencial que tenemos. Es un sector que puede atraer inversiones y que ya dio muestras de que, por sí mismo, puede crecer y puede competir en un mercado libre. Pero si un grupito de supermercadistas va a poder importar carne de cerdo de sobre stock internacional de forma irresponsable; atenta contra el propio espíritu libertario y se transforma en libertinaje”.
“Mientras en el cielo se están dando algunas batallas, parece que en la tierra se tejen negocios poco claros. Tenemos que alzar la voz y hacer saber al Presidente que, si no hay un cambio, la situación va a ser realmente grave”, cerró Lloveras con su alegato.
El Concejo local sancionó por mayoría el cálculo de recursos y gastos. El Jefe de Gabinete municipal subrayó que se priorizó obra pública, salud, educación y asistencia social, solo con recursos municipales.
El veterinario y referente del sector porcino, Guillermo Lloveras, alertó que las bondiolas importadas desde Brasil contienen Ractopamina —un promotor de crecimiento prohibido en 160 países— y que provienen de “sobrestock a punto de vencer”. Denuncia que la decisión del Gobierno de Milei destruye a la producción nacional y abre la puerta a un negocio millonario para un puñado de supermercadistas.
Con el aval de la embajada y el aplauso de gremios, militantes de extrema izquierda presentaron formularios para obtener la ciudadanía y posaron como nuevos “palestinos” desde CABA.
