Un “multiconcejal” K se alió al liberalismo y se sumó al equipo de Milei
Continúan las polémicas con los armados a lo largo y ancho del país dentro de LLA, desde Mar del Plata sumarán a Alejandro Carrancio ex kirchnerista, massista y macrista.
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Vale recalcar que la culpa de que una controversial figura política con orígenes en el kirchnerismo, tras haber pasado por las filas de Sergio Massa, Francisco de Narváez y hasta de Horacio Rodríguez Larreta, como Alejandro Carrancio haya caído en La Libertad Avanza tiene su principal responsable: la pseudodirigente “liberal” Juliana Santillán.
Carrancio se inició en el “massismo” de la mano del ex senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Lucas Fiorini, con quien aún mantendría diálogos bajo la órbita del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Algunos anónimos indican que todo es estrategia del armador Martín Abonjo para buscar por 2 puntas: con el ex legislador provincial mediante el kirchnerismo y el edil aprovechando la popularidad de Milei.
Hoy acompañando a Mario ishii y Fernanda raverta en la ciudad de mar del plata gracias por ponerme la mesa grande!@Kicillofok @alferdez @depasillo @magariovero @ishiiargentina @CFKArgentina @alecarrancio pic.twitter.com/VKtehpFFua
El abogado llegó al Concejo Deliberante por el Frente Renovador (FR) y trabajó solamente pidiendo informes y declarando de interés municipal todo lo que se le cruzara. Junto a Fiorini, fueron expulsados por “apoyar varias iniciativas del entonces intendente Carlos Fernando Arroyo”, quien crecía como la espuma en “La Feliz”.
Ya en Crear Mar del Plata se puso en eje con sus típicos pedidos y declaraciones, hasta dándose el gusto de pedir la fundación de entes comunales que solo generaron gastos al vecino marplatense. Por ejemplo, en el mes de julio del pasado año 2018, pidió por una “Comisión de Fiscalización de Implementación y ejecución del Convenio Marco de Colaboración para la Gestión Integral de residuos Urbanos y Convenios Específicos”. Un chiste.
Hace 45 años fallecía J. D. Perón. Líder indiscutido que marcó un camino de trabajo por el bien común y anteponiendo el pueblo a toda causa. Porque “la única verdad es la realidad” celebramos su herencia en cada obra que devuelve al ciudadano la dignidad que jamás debió perder. pic.twitter.com/pHxA4OvQ3Q
Sin embargo, el arroyismo se convertía en un movimiento que se destinaba al fracaso, por lo que Carrancio y compañía entendieron que la ciudad se mantendría amarilla y debían recibir con creces al nuevo candidato del macrismo, Guillermo Montenegro. Así logró su espacio en la lista local, mientras Fiorini pudo ingresar al Senado bonaerense y también se pagó luego con añadiduras en el Gabinete municipal (Federico Scremin y Emiliano Recalt en Turismo, y Fernando Navarra a Obras Sanitarias)
En el transcurso del año 2019 al 2021, la ambición individual Abonjo hizo que Carrancio jugara con las cartas equivocadas, siguiendo a su equipo en movimientos que lo llevaron a hablar con los equipos de los economistas José Luis Espert y Milei. Amén de jugar con los armados de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Cena despedida del año con Massa en Parque Norte @lucascrear @martinmdp74 @massamdpbatan @JuventudFR_mdp pic.twitter.com/8wtuisKUdX
Los planes se deschabaron junto a la filtración de vida privada por parte del concejal Alejandro Carrancio, de quien se rumoreó violencia de género contra su actual pareja. Tal es así que a este medio le comentaron que su pareja Lucía Lourdes Turrión fue obligada a realizarse un aborto, generándole severos traumas. ¿El pañuelo celeste en dónde quedó?
Ante la expulsión del “fiorinismo” de Juntos, se consolidó el armado del bloque Crear Juntos y, por consiguiente, la ruptura ficticia del ex senador bonaerense con el espacio vecinalista (vale recordar que este había negociado bajo la mesa con el Frente de Todos su ingreso a la gestión del Banco Provincia). Ahora bien, Carrancio de repente se convirtió en todo un libertario, junto a Santillán.
“Si para ganar es necesario armar un frente que, dada su estructura está condenado a fracasar, entonces prefiero perder. No me interesa llegar al poder y ensuciar las ideas”, sentenció el economista libertario y actual legislador nacional de La Libertad Avanza. Aunque esto queda en la basura si decide rodearse de kirchneristas que poco tiene que ver con el manifiesto liberal.
Alejandro Angel Carrancio shared a post on Instagram: “Tuvimos un encuentro con @javiermilei donde hablamos de los desafíos legislativos locales y nacionales. Junto a @santillan_juliana y @ceci.martinez.16 le comentamos la realidad de nuestra ciudad en materia económica, turística, de empleo y producción.”. Follow their account to see 419 posts.
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El canal de streamingCarajo nació a mediados de 2024, tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) conducía un espacio poco visto y de presupuesto ínfimo en Radio Madero —propiedad de Fernando Cerimedo, más tarde desplazado del espacio oficialista—. Sin embargo, con el desembarco del nuevo gobierno, el medio experimentó un salto desmedido en infraestructura, montando un megaestudio en Palermo Soho equipado con tecnología de punta y una amplia nómina de producción.
Este despliegue millonario generó inmediatas denuncias por el uso de recursos públicos para sostener la señal. Distintas investigaciones y declaraciones públicas —entre ellas las del periodista Tomás Díaz Cueto— expusieron que diversos empleados del canal perciben salarios abonados directamente por la administración nacional en áreas de Comunicación y Prensa, sumado a recurrentes seccionamientos que señalan el desvío de fondos reservados de la SIDE para financiar la estructura propagandística.
“La misa del Gordo Dan” justo antes de que Milei llegara al gobierno. En la foto Mariano Pérez (“Break Point”) y Daniel Parisini (“Gordo Dan”) junto a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), actual Director Nacional de Comunicación Digital.
Es precisamente en este dispositivo financiado por las arcas públicas donde se desencadenó un grave escándalo por proclamas eugenésicas y racistas emitidas en vivo, protagonizado por figuras que responden directamente a la estructura orgánica y legal del oficialismo.
Entre los voceros estables de la señal destaca Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de Parisini y habitual panelista. Este sujeto —una de las voces principales de las recientes agresiones al conurbano— cuenta con antecedentes de sanción disciplinaria por parte del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), organismo que le aplicó una advertencia tras constatar que insultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, difundió datos personales privados (doxxeo) e incurrió en reiterados agravios discriminatorios desde sus redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Karina Milei.
A su lado se ubica Isabella Mariana Compiano Machado, conocida en el entorno digital como “Kalina”, coautora del cuestionado episodio. La joven panelista milita activamente en La Libertad Avanza y responde de forma directa a Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, dirigente que hasta 2023 era concejal y militaba en las filas del kirchnerismo y saltó al oficialismo para acceder a su banca nacional.
La inserción de Kalina en el armado de Almirón no es aislada. Su pareja, Ángel Manuel Niveyro Lozano —identificado en redes como “Azaelthus”—, también forma parte del esquema de militancia y prensa que orbita alrededor del legislador correntino, exponiendo el entramado político tradicional que nutre de contenidos al canal de streaming y da sustento a las polémicas que hoy acorralan al medio.
“Kalina” junto a Lisandro Almirón; y Almirón junto a Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), en su “época kirchnerista”.
Apología al exterminio y al racismo
Durante una emisión del programa La Trinchera, las agresiones alcanzaron un límite inédito cuando Alejandro Sarubbi Benítez afirmó en vivo que “la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaerense, la inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación”. Tras sentenciar que “para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, el abogado detalló sus propuestas: esterilización masiva, expulsión del mapa nacional, levantar un muro perimetral con francotiradores y “todas las mañanas tirar napalm desde los aviones”. Para definir a quiénes perdonar, anticipó un criterio de “total arbitrariedad” guiado por la “portación de cara”, planteando dar aviso previo únicamente “a las personas que uno considera que hay que salvar”.
Lejos de moderar o repudiar el discurso de odio, la panelista “Kalina” intervino activamente en la escena exhibiendo ante las cámaras una cartulina que contenía una paleta de tonalidades de piel (una referencia a la serie “Family Guy“). Utilizando este muestrario cromático, la militante oficialista simuló establecer un criterio de selección eugenésica para determinar, según el grado de pigmentación del rostro, qué personas poseían derechos ciudadanos o podían “salvarse” de la ejecución arbitraria, señalando el cuadro de color más claro.
El discurso exhibido en el programa contrasta de forma severa con la propia realidad de sus protagonistas. Un relevamiento en las redes sociales personales de Alejandro Sarubbi Benítez (como su perfil de Facebook) deja al descubierto que la mitad de sus familiares y contactos directos de apellido compuesto “Sarubbi Benítez” provienen de Paraguay, país con una marcada impronta e identidad mestiza e indígena.
Visitando el Facebook de Alejandro, varios de los “Sarubbi” y los “Sarubbi Benítez” de sus contactos efectivamente son paraguayos.
La incongruencia resulta absoluta: un vocero de tez morena y raíces latinoamericanas promueve abiertamente postulados racistas, xenófobos y eugenésicos que, bajo los propios parámetros de la paleta de colores exhibida en su programa, lo ubicarían a él mismo y a su propio entorno familiar del lado de los discriminados y segregados.
Alejado de su actualidad: Sarubbi Benítez con su familia, cenando en la vereda.
Boicot, retiro de pauta y antecedentes
La paradoja del discurso alcanzó su punto máximo con la presencia publicitaria en el estudio de Sao Medialunas, una tradicional marca nacida en Mar del Plata. Mientras Sarubbi Benítez y “Kalina” proponían bombardeos y segregación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, los productos de la firma bonaerense lucían exhibidos en la mesa como auspiciantes del espacio, financiando de forma directa la emisión.
La reacción del público no tardó en llegar: las plataformas digitales de la empresa se inundaron con cientos de mensajes de repudio que denunciaban el patrocinio a proclamas de exterminio, cuestionaban a la firma por financiar el odio hacia sus propios clientes y convocaban a un boicot masivo bajo el lema de no consumir productos que sostengan la violencia verbal del canal.
Ante la ola de indignación, la empresa emitió un comunicado oficial anunciando el cese del auspicio: “En relación con los comentarios realizados durante una transmisión en la que nuestra marca tuvo presencia publicitaria, queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad […] Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad”.
A pesar del retiro de la pauta, persistieron las críticas hacia la dirección de la marca por su tardía reacción. Sectores de la audiencia remarcaron que el canal Carajo estructuró su línea editorial sobre la agresión sistemática desde sus inicios, por lo que el auspicio comercial no podía considerarse un hecho ingenuo o ajeno al perfil del medio.
Las proclamas eugenésicas emitidas en La Trinchera no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte del estilo editorial y la metodología habitual que despliega el canal. Entre sus antecedentes más graves figura el ataque homofóbico dirigido contra el diputado nacional Esteban Paulón en el programa La Misa, donde los conductores de la señal lo agredieron verbalmente y llegaron a imputarle al aire acusaciones de pedofilia y le atribuyeron “tener SIDA”.
A esta dinámica de descalificación personal se suma el uso sistemático de la exposición de datos privados (doxxeo) en transmisiones en vivo. A través de este recurso, los integrantes de la señal difunden números telefónicos, direcciones e información personal de usuarios opositores y periodistas críticos, incentivando el acoso masivo y coordinado por parte de sus seguidores en redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Santiago Caputo.
El negacionismo frente al archivo
Tras la masiva repercusión mediática y el cimbronazo comercial, la respuesta de Sarubbi Benítez expuso la fragilidad de su propia narrativa. En lugar de argumentar que se trataba de una provocación humorística o de un recurso satírico, el abogado hizo un descargo en el que negó categóricamente haber hablado de la provincia de Buenos Aires o de sus habitantes.
Sin embargo, la estrategia de intentar desmentirse a sí mismo chocó de frente con el archivo audiovisual del programa, donde había explicitado de forma literal que la provincia de Buenos Aires “ya no tiene salvación”, antes de proponer los bombardeos, la segregación y la selección por pigmentación de piel.
Este episodio expone los límites y los riesgos de un modelo mediático montado sobre la provocación sistemática y el financiamiento estatal. Cuando el discurso traspasa la barrera del espectáculo digital para incitar al exterminio y a la eugenesia, la reacción de la audiencia y la fuga de marcas evidencian que ni la caja pública ni la protección política alcanzan para blindar un espacio frente al repudio social.
Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.
También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.
La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.
La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene queel crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.
Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.
“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.
La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.
“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.
Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.
La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Más infraestructura y empleo
Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.
Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.
“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.
En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.
En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.
Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.
Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.
Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.
El trasfondo político de la embestida judicial contra Marcela Pagano desnuda las contradicciones internas y los curiosos movimientos dentro del espacio oficialista. La causa que terminó archivada en Comodoro Py no surgió de la nada, sino de una presentación formal firmada por quince diputados nacionales de La Libertad Avanza, entre quienes se destacaron nombres alineados con la interna oficialista como María Celeste Ponce y Lilia Lemoine.
La principal denunciante, la diputada nacional Lilia Bolukalo Lemoine, junto al abogado patrocinante, Hernán Seivane.
Detrás del armado legal estuvo el abogado patrocinante Hernán Seivane, un letrado con un llamativo historial político que incluye registros fotográficos junto a figuras como Manuela Castañeira y Juan Grabois, un posterior paso por el bando mileísta y un reciente salto: anunció que ahora trabajará para Ramón “El Nene” Vera, histórico dirigente kirchnerista reconvertido en “liberal” por milagro, como sucedió con tantos otros dirigentes de la talla de Leila Gianni o Daniel Scioli.
El abogado patrocinante, Hernán Seivane, junto a Ramón “Nene” Vera (su nuevo jefe) y Sebastián Pareja
El archivo judicial
La denuncia impulsada por los quince legisladores oficialistas apuntaba contra Marcela Pagano por supuesta omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. El escrito sostenía que la diputada se valía de su cargo y de su pareja para supuestamente ocultar bienes, además de deslizar graves acusaciones sobre supuestosretornos de dinero de personal parlamentario, presuntos vínculos con diplomáticos extranjeros y viajes al exterior. Un combo de imputaciones que carecía de respaldo probatorio pero que servía como ariete político dentro de la interna, motivo por el que la Justicia archivó la causa.
La diputada nacional Marcela Pagano, la denunciada por el oficialismo.
La juez María Romilda Servini respaldó el dictamen fiscal que desestimó la denuncia punto por punto al comprobar que no existía ninguna hipótesis delictiva. La resolución detalló los nueve motivos centrales por los cuales el expediente quedó descartado:
1. Las operaciones inmobiliarias cuestionadas ocurrieron meses antes de que Pagano asumiera como diputada nacional, durante 2023.
2. La adquisición del departamento en la calle Migueletes se realizó con fondos debidamente acreditados por la venta previa de otra propiedad que la periodista tenía desde 2011.
3. El monto en efectivo declarado respondía a ahorros previos y la fecha errónea en el sistema oficial se debió a un error administrativo y no a una omisión maliciosa.
4. Respecto a la situación de Franco Bindi, la Justicia determinó que no existía unión convivencial formal ni obligación de informar bienes ajenos, ya que la convivencia comenzó formalmente años después.
5. La mención a un supuesto inmueble en Nordelta carecía por completo de ubicación, valor o elementos que lo vincularan con la legisladora.
6. Los viajes al exterior mencionados por una exempleada no demostraron ningún incremento patrimonial injustificado.
7. Las acusaciones sobre supuestos retornos de sueldos del personal parlamentario se basaban en recortes mediáticos y carecían de pruebas concretas.
8. La supuesta asociación ilícita con vínculos internacionales mencionada en el escrito no describía ninguna organización criminal, roles ni un plan delictivo real.
9. La presentación incumplía los requisitos legales básicos al omitir circunstancias de tiempo, modo y lugar, convirtiéndose en un escrito vacío de contenido probatorio.
De este modo, la maniobra judicial impulsada por el sector oficialista quedó totalmente desinflada en los tribunales, dejando en evidencia una presentación carente de rigor jurídico que terminó colapsando bajo su propio peso probatorio.
El abogado patrocinante, Hernán Seivane, junto a Juan Grabois y junto a Manuela Castañeira.
La doble vara oficialista
El contraste entre la embestida judicial archivada contra Pagano y la realidad interna de La Libertad Avanza desnuda una evidente doble vara. Mientras un sector del oficialismo impulsó una causa vacía de contenido para castigar a una disidencia, las irregularidades y los escándalos con pruebas concretas dentro de la propia oficialista se acumulan sin la misma vara de exigencia.
El ejemplo más claro ocurrió con Manuel Adorni, quien quedó cercado por inconsistencias patrimoniales tras acumular prórrogas y demoras para presentar su declaración jurada, a pesar de que el propio Javier Milei había afirmado meses antes que el funcionario ya la tenía preparada.
Manuel Adorni y su esposa subiendo al avión privado cuya compra de pasajes aún no puede justificar.
Otro caso elocuente involucra a la diputada nacional María Celeste Ponce, precisamente, una de quienes firmaron la denuncia contra Pagano. Esta diputada fue gravemente cuestionada y denunciada mediáticamente en 2024 por su exasesora Guillermina Ruiz, quien la acusó de exigirle retornos mensuales de hasta $500 mil de su sueldo y aportó pruebas documentadas de varias transferencias bancarias, incluso permitiéndole acceder a los movimientos de su cuenta bancaria al periodista Tomás Díaz Cueto, hoy más alineado con el propio espacio de Ponce.
Lejos de recibir el castigo interno o la presión judicial que el espacio impulsó contra otros, Ponce fue públicamente blindada por su compañera de bloque Lilia Lemoine, a pesar de que los registros difundidos por la exasistente salpicaban directamente al entorno y exponían una red de complicidades dentro de la misma tropa libertaria. Ponce fue denunciada por Eduardo “El Presto” Prestofelippo a raíz de esta causa. A pesar de la facilidad con la que la Justicia Federal podría haber accedido a esos registros del Banco Nación, la causa fue archivada raudamente sin realizar ningún tipo de investigación, sin llamar a testigos a declarar, ni corroborar absolutamente nada.
La diputada nacional María Celeste Ponce junto al presidente, Javier Milei.
La persecución interna impulsada por este sector no se limita a figuras institucionales, sino que también apunta contra la propia militancia y disidencia tuitera del espacio.El mismo abogado y los mismos actores involucrados en la embestida contra Pagano han quedado señalados por armar listas negras y promover causas judiciales contra militantes libertarios críticos, demostrando que el aparato judicial y mediático del oficialismo opera de manera sistemática parasilenciar cualquier voz interna que cuestione los privilegios y las contradicciones de la cúpula dirigente.
Mientras la justicia sepultó la opereta contra Pagano por falta absoluta de elementos, el oficialismo opta por mirar hacia otro lado cuando las pruebas de corrupción y desmanejos florecen en su propio búnker.
Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Bragado, fue aprehendido tras un allanamiento en su vivienda de la localidad de O’Brien, sobre calle Rivadavia al 400.
La Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, flores de marihuana, elementos de corte y estiramiento (usados para adulterar y fraccionar droga), una balanza de precisión, un celular y una notebook. Con 52 años, Díaz quedó imputado por presunta comercialización de estupefacientes y permanece detenido a disposición de la Justicia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Mercedes, con la fiscal María Laura Cordiviola al frente, y cuenta con el aval del Juzgado de Garantías N°3. La causa fue caratulada como IPP N°7567-26 por comercialización de estupefacientes. Está previsto que Díaz sea trasladado este lunes a Mercedes para prestar declaración indagatoria, el primer paso formal donde podrá dar su versión de los hechos ante la fiscal.
Un dato central de la historia es cómo se construyó la causa. Según la información difundida, la investigación policial venía gestándose desde meses atrás, pero el punto de inflexión fue un encuentro comunitario con presencia del intendente municipal, donde vecinos señalaron directamente a Díaz como el presunto “dealer del pueblo”.
A partir de esa exposición pública, resultó clave la recolección de testimonios de múltiples consumidores locales, quienes habrían confirmado en sede policial la compra reiterada de sustancias al propio concejal. Este mecanismo —denuncias vecinales que empujan una causa ya latente— es habitual en pericias de microtráfico en localidades pequeñas, donde el boca a boca comunitario suele ser más eficaz que la inteligencia policial tradicional para identificar puntos de venta.
Díaz asumió como concejal en diciembre de 2023, siendo uno de los dos ediles que LLA obtuvo en Bragado en esa elección junto a Daniela Monzón, y llegó incluso a ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante local. Esto lo ubicaba como una figura de peso dentro del bloque libertario municipal, no un dirigente marginal.
El bloque de concejales de LLA en Bragado —integrado por Daniela Monzón (presidenta), Paola Alsina, Andrés Drunday y el consejero escolar Gabriel Blaiotta— emitió un comunicado desmarcándose de la situación personal de Díaz, remarcando que la cuestión “debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y que el bloque es “absolutamente ajeno” a la investigación, sin emitir valoraciones sobre su eventual responsabilidad.
— Comunicado oficial emitido por el Bloque de Concejales de LLA de Bragado
Además expresaron su “enérgico repudio” a cualquier hecho vinculado a la venta de estupefacientes, calificándola como “un grave flagelo para nuestra sociedad”. El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Yaffaldano, convocó a una reunión de concejales para el martes por la mañana con el fin de evaluar institucionalmente la situación de Díaz, en el marco del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
En la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, lanzó unas duras declaraciones contra la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó el impacto social de su política económica.
“Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato”, afirmó Rossi durante una conferencia de prensa inesperada en Córdoba. En la misma línea, la Pastoral Social reivindicó la justicia social, en un claro cuestionamiento al modelo económico impulsado por el Gobierno.
“Cuando dicen ‘hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza’, no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria”, destacó Rossi sin negar literalmente que el índice de pobreza haya bajado.
Su ironía —“es cierto que los han sacado; la cosa es dónde los han puesto”— cuestiona que cruzar estadísticamente la línea de pobreza equivalga necesariamente a alcanzar una vida segura y digna. Una familia puede dejar de ser clasificada como pobre por superar apenas el valor de una canasta y, al mismo tiempo, continuar endeudada, trabajando informalmente, reduciendo consumos esenciales o sin capacidad para afrontar un imprevisto económico.
La intervención de su persona adquiere mayor peso por tres razones cruciales. Rossi es un jesuita nacido en Córdoba, arzobispo metropolitano de esa provincia desde 2021 y cardenal desde septiembre de 2023. Antes de llegar al episcopado creó la Fundación Manos Abiertas, dedicada a asistir a personas pobres y vulnerables, y abrió un hogar para personas en situación de calle; esa trayectoria ayuda a entender por qué suele leer la economía desde sus consecuencias sociales concretas.
Además, participó como elector en el cónclave de 2025 que eligió a Robert Francis Prevost como León XIV. Su relevancia no depende solamente de una supuesta cercanía personal con el actual Papa, sino que ocuparía un lugar importante en la Iglesia argentina y sería el anfitrión eclesiástico de una de las escalas más visibles del viaje. Rossi explicó que ya había conocido y tratado a Prevost en el Sínodo sobre la Sinodalidad, donde ambos integraron un grupo de trabajo por idioma, se sentaron en la misma mesa y compartieron unos dos meses de trabajo.
Córdoba será una escala de la visita papal a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y sus afirmaciones convergen con un documento institucional de la Comisión Episcopal de Pastoral Social al término de la Semana Social 2026, hecho también en Córdoba bajo el lema de “Puentes hacia el Bien Común”. Por eso, aunque Rossi habló con un tono especialmente directo, la discusión excede de por sí su opinión personal y se conecta con la doctrina social católica y con una señal más amplia de la Iglesia argentina.
“No llega con los ojos vendados”, expresó Rossi, anticipando que el Papa encontrará un país “cascoteado” y consideró que su presencia puede contribuir a renovar la esperanza en medio de una situación social difícil, después de 39 años (la última fue de Juan Pablo II en 1987). Su primera gran gira por América Latina buscaría priorizar los países que el Papa Francisco no había visitado en su rol papal (Uruguay, Argentina y Perú).
— El Papa León XIV junto al cardenal y eclesiástico Ángel Rossi
El lunes 9 de noviembre, León XIV encabezará un homenaje especial a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mismo templo donde Jorge Bergoglio fue arzobispo por 15 años. Ubicó su recorrido por Córdoba para el 10 de ese mes, en la Santa Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), con capacidad proyectada para 600.000 fieles.
Debido a la magnitud del evento, el Gobierno nacional ha creado tres comandos unificados que integran a la Policía Federal, Gendarmería y las fuerzas policiales de la Ciudad, de Buenos Aires y de Córdoba para blindar la seguridad del Pontífice. Asimismo, el Congreso y el Ejecutivo evalúan declarar días no laborables o asueto escolar y administrativo (especialmente el 9, 10 y 11 de noviembre) para ordenar el colosal movimiento de feligreses que llegarán desde todas las provincias.
— El Papa Francisco con Ángel Rossi
“Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase”, subrayó Rossi, siendo que esta postura contraria al discurso oficialista es el “criterio estructurado” de la Iglesia Católica para obtener una vida estable, siendo que gracias a ella se dan “exigencias concretas de la dignidad humana” como el acceso al alimento, la vivienda, la educación, la salud y el transporte.
La Pastoral Social junto a su vez al trabajo en el centro de su diagnóstico. Lo definió como “el gran ordenador de la vida” y advirtió que la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial (IA) no deben relegar a la persona a una “variable de ajuste” en nombre de la eficiencia o el lucro.
La historia del Barrio Amarillo de Lobos toma relevancia, tras el tratamiento de un proyecto de treinta viviendas sociales cuyo financiamiento comenzó en 2017 y que, nueve años más tarde, sigue sin alcanzar su objetivo de entregar las casas terminadas.Durante la presentación, el secretario de Gobierno municipal, Pablo Hasper, manifestó que el objetivo era alcanzar un ritmo de “cien viviendas por año”.
En abril de 2017 se anunció un convenio por $22.861.383 entre el Instituto de la Vivienda bonaerense (entonces conducido por Evert Van Tooren) y la Municipalidad de Lobos. En septiembre de ese año el municipio llamó formalmente a licitación y dejó asentado que existían fondos para la obra.
En marzo de 2018, la propia Municipalidad de Lobos presentó públicamente el proyecto de unas treinta viviendas industrializadas de unos 56 m², sobre terrenos de aproximadamente 300 m², ubicadas en Empalme, entre los barrios PROCREAR y Blanco, tendría dos dormitorios, cocina, baño y estar. El municipio informó entonces una contratación por $21.7 millones y estimó comenzar el movimiento de suelos en abril de 2018.
Esta historia no terminó allí. Hubo modificaciones de obra, ampliaciones financieras, una nueva estructura de financiamiento, licitaciones que no consiguieron contratista y, finalmente, una adjudicación municipal de febrero de 2025 a DAC Diseño y Construcciones SRL por $1.401.960.260. El decreto oficial establece expresamente que DAC fue el único oferente y que el objeto seguía siendo la “terminación de viviendas”.
La investigación publicada por el medio de RealPolitik sostuvo que fotografías incorporadas el 22 de mayo de 2026 al expediente administrativo municipal 30.887/26 mostraban las viviendas todavía inconclusas, con estructuras de hormigón y mampostería y sin condiciones de habitabilidad.
La distinción más importante es que hay evidencia sólida de una obra extraordinariamente demorada y de graves interrogantes de transparencia. Todavía no habría una prueba pública que permita afirmar como hecho consumado que se desviaron o malversaron los $1.401 millones. El reclamo actual busca precisamente conseguir los documentos que permitirían determinarlo, respondiendo qué sucedió con los recursos asignados durante las distintas etapas.
El convenio original y la primera adjudicación corresponden a la exgobernación de María Eugenia Vidal, con el actual gobernador Axel Kicillof asumiendo la gestión en diciembre de 2019 y su administración intervino después mediante una reactivación por $210 millones actualizables por UVI —Unidades de Vivienda—. En el plano municipal, Jorge Etcheverry gobierna Lobos desde 2015, por lo cual su administración atraviesa toda la secuencia local.
En 2018 la contratación ya estaba prácticamente encaminada, pero poco después comenzaron las modificaciones. El Decreto 343/18 señala que el Instituto de la Vivienda había exigido nuevos requerimientos y que se necesitaban “modificaciones y adaptaciones” sobre las construcciones que ya estaban en ejecución. Ese decreto contiene, a su vez, una diferencia de $500.000.
En octubre de 2018 apareció otra adecuación. El Decreto 721/18 registra una adenda al convenio original y amplía el financiamiento en $8.720.291,13, aplicando mecanismos de adecuación previstos por el Instituto de la Vivienda. Es decir que, ya en los primeros años el precio inicial había dejado de ser un monto suficiente para el financiamiento.
Luego el proyecto volvió a trabarse. La documentación recopilada en la investigación muestra que en 2019 empezó a hablarse de la “terminación de veintiuna viviendas”. Los documentos públicos posteriormente vuelven a utilizar treinta y, en 2023, la licitación municipal describía las veintiuna como una “Etapa I de un total de 30 viviendas”. De todo ello, solo se llegó a concluir simplemente nueve casas.
Los antecedentes financieros tratados
Para 2023 la propia política local reconocía que la obra estaba paralizada. En febrero de ese año, la agrupación Primero Lobos decía públicamente que se estaba gestionando un nuevo convenio de renegociación con la Provincia para poder reactivarla.
Y efectivamente llegó esa renegociación. La Ordenanza municipal 3159/2023 convalidó un convenio entre el Instituto de la Vivienda y Lobos. Lo fundamental es que el nuevo acuerdo “deja sin efecto el monto de financiamiento” del convenio anterior y establece $210.308.326,32, equivalentes a 1.302.299,38 UVI, utilizando como fecha de referencia el 30 de noviembre de 2022.
Parte de estos actos son adecuaciones o renegociaciones de financiamiento anterior, y el convenio de 2023 expresamente sustituye un monto precedente. Para calcular el dinero efectivamente transferido habría que reconstruir anticipos, certificados de obra, descuentos por trabajos anteriores, órdenes de pago y saldos.
En agosto de 2023 el municipio volvió a llamar a licitación, esta vez por la terminación de veintiuna casas como primera etapa del total de treinta. La investigación indica que ese procedimiento terminó desierto y que un segundo llamado realizado ese mismo año tampoco tuvo oferentes.
Aquí hay una pequeña corrección respecto de una de las versiones que circula. Los dos llamados desiertos que se identifica corresponden a 2023. En agosto de 2024 hubo otra licitación —ya nuevamente por las treinta viviendas—, pero esa operación siguió otro camino y fue posteriormente anulada porque las ofertas superaban el presupuesto oficial, de acuerdo a la reconstrucción documental. El Decreto 1078/2024 confirma al menos el llamado municipal.
— Jorge Etcheverry junto a Axel Kicillof
Finalmente, en enero y febrero de 2025 se abrió otro procedimiento. Esta vez apareció un solo oferente, que es DAC Diseño y Construcciones SRL. El 13 de febrero el intendente Jorge Etcheverry firmó el Decreto 287/2025, adjudicando la terminación de las treinta viviendas por $1.401.960.260.
Y ahí está el núcleo del escándalo, siendo que después de casi ocho años de historia administrativa, el Estado volvió a contratar la terminación de las mismas treinta casas con una cifra de más de $1.400 millones; quince meses después, lo revelado se incorpora al reclamo de mayo de 2026, donde se las seguía mostrando inconclusas.
A primera vista, pasar de $22.86 millones en 2017 a $1.401,96 millones en 2025 parece una multiplicación gigantesca. Nominalmente, el monto de 2025 es aproximadamente 61.3 veces el anunciado originalmente. Pero en una economía como la argentina, comparar directamente pesos nominales separados por ocho años puede producir una conclusión muy engañosa. Los propios expedientes comenzaron a expresar el financiamiento en UVI, precisamente para que el valor contractual pudiera actualizarse.
El 22 de mayo de 2026, vecinas iniciaron el expediente administrativo municipal 30.887/26, solicitando información sobre el Barrio Amarillo, el financiamiento y la política habitacional, donde se sumaron decenas de ciudadanos patrocinadas por las abogadas Mariana Cosso y Leticia Lardiès. y, ante la falta de respuesta, se presentó un pronto despacho el 23 de julio.
El tema también llegó al Concejo Deliberante, difundida por la Asociación Civil Multisectorial Lobos, caratulada como el Expediente 84/2026 y reclama explicaciones sobre el estado de las viviendas, los fondos y la documentación administrativa, ante una posible malversación de fondos como hipótesis de la obra desde 2016.
La responsabilidad recaería tanto a la administración municipal de Jorge Etcheverry como al Instituto de la Vivienda, encabezado por Diego Menéndez y Hernán Ralinqueo; al ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, conducido por Silvina Batakis; y, en última instancia a Kicillof.
El significado de los montos y las verdaderas prioridades de Kicillof
La primera adjudicación de 2018 tuvo tres postulantes y recayó en Consinarq por $21.7 millones. En cambio, DAC fue el único oferente de la licitación de 2025 y recibió la adjudicación por $1.401.960.260. La Ley Orgánica municipal bonaerense establece que la autoridad no está obligada a aceptar ninguna propuesta y que el intendente y el presidente del Concejo, cada uno en su esfera, deciden las adjudicaciones.
RealPolitik señala expresamente que no se conoce públicamente cuánto fue efectivamente transferido, qué certificados se pagaron ni cuál es el avance físico-financiero reconocido.
Incluso el Decreto 287/2025 exige una lectura cuidadosa. Su artículo primero utiliza la expresión “adjudíquese y páguese”, seguida de los $1.401.960.260. Pero un decreto de adjudicación no es equivalente a un extracto bancario que pruebe que toda esa suma salió de las cuentas públicas de una sola vez.
Mientras la desocupación crece en la Provincia de Buenos Aires, Kicillof gasta hasta más de tres millones de dólares para modernizar un avión ejecutivo en las puertas de la campaña política. Se trata del avión Cessna 550 Citation II, matrícula LV-WEJ, número de serie 550-0724, que está sin volar en el aeródromo de La Plata desde hace aproximadamente una década.
— El avión ejecutivo Cessna 550 Citation II con la matrícula argentina LV-WEJ, pertenece a la Dirección de Aeronáutica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
La contratación, que ya fue adjudicada a una alianza privada transitoria entre una empresa de Tandil y otra de San Fernando mediante una licitación pública a la que accedió Clarín, es para dar “servicios especializados, repuestos, puesta en valor y cursos de capacitación” para el jet. La firma elegida, “Redimec SA- Cielos SA”, cobrará USD$3.358.001. Conforme el dictamen de la comisión de preadjudicación, esta unión transitoria de empresas fue elegida por plantear “la oferta de menor valor y ajustarse técnicamente a lo solicitado en base a lo informado por el Departamento de Ingeniería y Técnica Aeronáutica y la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria (DPAO)”.
El contrato tramitó a través de la estructura administrativa del Ministerio de Seguridad. Lo impulsó la DPAO, a cargo de Ángel Pedretti, un expiloto del Ejército designado allí por Sergio Berni. El pliego de la licitación no incluyó módulo sanitario (la infraestructura donde se trasladan camillas o incubadoras) ni menciones sobre una función de esta índole para la nueva etapa de este avión.
Fabricado en 1993, el Cessna 550 Citation II fue incorporado a la flota bonaerense en 1994. La provincia lo compró nuevo y con módulo sanitario. De hecho, en el gobierno de Eduardo Duhalde llegó a hacer vuelos con pacientes , pero rápidamente su destino pasó a ser ejecutivo: traslado de funcionarios. El equipamiento médico quedó obsoleto, al igual que el teléfono satelital con el que llegó equipado.
Con el tiempo también se deterioraron más componentes, primero un motor y después otras partes, y finalmente el jet quedó parado en los hangares del predio ubicado en la avenida 7 y 610, al sureste de La Plata. Aunque su estado de conservación interna y su pintura exterior se mantienen óptimos, no volvió a volar.
Las armerías de toda la ciudad se quedaron sin stock durante agosto. “Cuando no había sprays, las mujeres andaban con cuchillos”, señalaron los comerciantes.
Los datos salen de un relevamiento de la Fundación Fundar sobre registros oficiales que ya acumula 17 meses de caída ininterrumpida en todas las provincias salvo Neuquén. Empresarios, industriales y diputados de distintos bloques se reunieron en el Congreso, convocados por Marcela Pagano, y reclamaron que se trate la Ley de Emergencia PyME.
El concejal platense Nicolás Morzone protagonizó un escándalo en el recinto al lanzar una arenga belicista por Malvinas y tildar de kirchneristas a los ex combatientes. Tras el repudio generalizado, intentó blindar al Gobierno exigiendo obediencia discursiva, a pesar de su propio historial de volantazos políticos.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
