Un “multiconcejal” K se alió al liberalismo y se sumó al equipo de Milei

Continúan las polémicas con los armados a lo largo y ancho del país dentro de LLA, desde Mar del Plata sumarán a Alejandro Carrancio ex kirchnerista, massista y macrista.
Carrancio
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10 Years Experiences

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Vale recalcar que la culpa de que una controversial figura política con orígenes en el kirchnerismo, tras haber pasado por las filas de Sergio Massa, Francisco de Narváez y hasta de Horacio Rodríguez Larreta, como Alejandro Carrancio haya caído en La Libertad Avanza tiene su principal responsable: la pseudodirigente “liberal” Juliana Santillán.

Carrancio se inició en el “massismo” de la mano del ex senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Lucas Fiorini, con quien aún mantendría diálogos bajo la órbita del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Algunos anónimos indican que todo es estrategia del armador Martín Abonjo para buscar por 2 puntas: con el ex legislador provincial mediante el kirchnerismo y el edil aprovechando la popularidad de Milei.

Claudio Jaime on Twitter: “Hoy acompañando a Mario ishii y Fernanda raverta en la ciudad de mar del plata gracias por ponerme la mesa grande!@Kicillofok @alferdez @depasillo @magariovero @ishiiargentina @CFKArgentina @alecarrancio pic.twitter.com/VKtehpFFua / Twitter”

Hoy acompañando a Mario ishii y Fernanda raverta en la ciudad de mar del plata gracias por ponerme la mesa grande!@Kicillofok @alferdez @depasillo @magariovero @ishiiargentina @CFKArgentina @alecarrancio pic.twitter.com/VKtehpFFua

El abogado llegó al Concejo Deliberante por el Frente Renovador (FR) y trabajó solamente pidiendo informes y declarando de interés municipal todo lo que se le cruzara. Junto a Fiorini, fueron expulsados por “apoyar varias iniciativas del entonces intendente Carlos Fernando Arroyo”, quien crecía como la espuma en “La Feliz”.

Ya en Crear Mar del Plata se puso en eje con sus típicos pedidos y declaraciones, hasta dándose el gusto de pedir la fundación de entes comunales que solo generaron gastos al vecino marplatense. Por ejemplo, en el mes de julio del pasado año 2018, pidió por una “Comisión de Fiscalización de Implementación y ejecución del Convenio Marco de Colaboración para la Gestión Integral de residuos Urbanos y Convenios Específicos”. Un chiste.

Alejandro Carrancio on Twitter: “Hace 45 años fallecía J. D. Perón. Líder indiscutido que marcó un camino de trabajo por el bien común y anteponiendo el pueblo a toda causa. Porque “la única verdad es la realidad” celebramos su herencia en cada obra que devuelve al ciudadano la dignidad que jamás debió perder. pic.twitter.com/pHxA4OvQ3Q / Twitter”

Hace 45 años fallecía J. D. Perón. Líder indiscutido que marcó un camino de trabajo por el bien común y anteponiendo el pueblo a toda causa. Porque “la única verdad es la realidad” celebramos su herencia en cada obra que devuelve al ciudadano la dignidad que jamás debió perder. pic.twitter.com/pHxA4OvQ3Q

Sin embargo, el arroyismo se convertía en un movimiento que se destinaba al fracaso, por lo que Carrancio y compañía entendieron que la ciudad se mantendría amarilla y debían recibir con creces al nuevo candidato del macrismo, Guillermo Montenegro. Así logró su espacio en la lista local, mientras Fiorini pudo ingresar al Senado bonaerense y también se pagó luego con añadiduras en el Gabinete municipal (Federico Scremin y Emiliano Recalt en Turismo, y Fernando Navarra a Obras Sanitarias)

En el transcurso del año 2019 al 2021, la ambición individual Abonjo hizo que Carrancio jugara con las cartas equivocadas, siguiendo a su equipo en movimientos que lo llevaron a hablar con los equipos de los economistas José Luis Espert y Milei. Amén de jugar con los armados de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Alejandro Carrancio on Twitter: “Cena despedida del año con Massa en Parque Norte @lucascrear @martinmdp74 @massamdpbatan @JuventudFR_mdp pic.twitter.com/8wtuisKUdX / Twitter”

Cena despedida del año con Massa en Parque Norte @lucascrear @martinmdp74 @massamdpbatan @JuventudFR_mdp pic.twitter.com/8wtuisKUdX

Los planes se deschabaron junto a la filtración de vida privada por parte del concejal Alejandro Carrancio, de quien se rumoreó violencia de género contra su actual pareja. Tal es así que a este medio le comentaron que su pareja Lucía Lourdes Turrión fue obligada a realizarse un aborto, generándole severos traumas. ¿El pañuelo celeste en dónde quedó?

Ante la expulsión del “fiorinismo” de Juntos, se consolidó el armado del bloque Crear Juntos y, por consiguiente, la ruptura ficticia del ex senador bonaerense con el espacio vecinalista (vale recordar que este había negociado bajo la mesa con el Frente de Todos su ingreso a la gestión del Banco Provincia). Ahora bien, Carrancio de repente se convirtió en todo un libertario, junto a Santillán.

Alejandro Carrancio on Twitter: “@lucascrear @delatorrej @AlexCampbellOK @estebanbullrich @PatoBullrich @juancurutchet @FrancoBagnato @owenff13 @cristianritondo @elisacarrio @DrRobertoCosta @GribaudoC @emilianogiri / Twitter”

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“Si para ganar es necesario armar un frente que, dada su estructura está condenado a fracasar, entonces prefiero perder. No me interesa llegar al poder y ensuciar las ideas”, sentenció el economista libertario y actual legislador nacional de La Libertad Avanza. Aunque esto queda en la basura si decide rodearse de kirchneristas que poco tiene que ver con el manifiesto liberal.

Alejandro Angel Carrancio on Instagram: “Tuvimos un encuentro con @javiermilei donde hablamos de los desafíos legislativos locales y nacionales. Junto a @santillan_juliana y @ceci.martinez.16 le comentamos la realidad de nuestra ciudad en materia económica, turística, de empleo y producción.”

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Luis D’Elía reconoció haber recibido fondos del régimen venezolano para organizar marchas K

Los antiguos lazos entre el kirchnerismo y el chavismo volvieron a quedar en evidencia. Luis D’Elía, histórico líder piquetero y uno de los primeros aliados del kirchnerismo, reconoció públicamente haber recibido dinero del régimen de Hugo Chávez para financiar movilizaciones en la Argentina durante los años de Néstor Kirchner.

El dirigente hizo esta confesión a fines de noviembre de 2024, en el programa Domados del canal BorderPeriodismo, durante un debate con el influencer Matías Andrés Bernal Campos, más conocido como “Herrero Liberal”. En medio de una discusión sobre la militancia y el rol del financiamiento político, Bernal Campos le preguntó de manera directa: “Te mandaron un millón de dólares de Chávez para organizar marchas”. D’Elía, lejos de desmentirlo, respondió con naturalidad: “Lo conté yo a eso, para pagar los micros de todo el país, ¿o ustedes no pagan los micros?”.

D’Elía explicó que los fondos se usaron para organizar la famosa contracumbre de Mar del Plata en 2005, en la que distintos movimientos sociales, sindicales y políticos se unieron para rechazar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

El dirigente social fue uno de los principales organizadores de aquella contracumbre, donde participaron líderes de izquierda latinoamericana, entre ellos Hugo Chávez y Evo Morales. En ese evento, Chávez pronunció su recordado discurso “ALCA, ALCA, ¡al carajo!”, frente a una multitud convocada por las agrupaciones alineadas con el kirchnerismo. La admisión de D’Elía parece confirmar las sospechas de que parte de esos actos fueron financiados con fondos provenientes de Caracas.

– La contramarcha

Sus declaraciones se suman a una serie de revelaciones que en los últimos años han puesto bajo la lupa los vínculos económicos entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el chavismo. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, alias “El Pollo”, extraditado a Estados Unidos en 2023, ya había declarado en 2021 ante la Justicia española que el régimen de Chávez financió a diversos líderes de izquierda en América Latina: Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia y Fernando Lugo en Paraguay.

Según una investigación del medio español OKDiario, publicada el 20 de octubre de 2021, Carvajal detalló que Venezuela envió al menos 21 millones de dólares en efectivo a la Argentina para respaldar al kirchnerismo. En un escrito presentado ante el juez Manuel García-Castellón, el ex funcionario describió que antes de la incautación de la valija de Guido Antonini Wilson en 2007 hubo otros “20 vuelos con entregas previas de un millón de dólares cada una”. Los traslados se habrían realizado sin inconvenientes gracias al pago de sobornos a funcionarios aeroportuarios argentinos.

El episodio de Antonini Wilson, conocido como valijagate, reveló la magnitud de las operaciones entre Caracas y Buenos Aires. El empresario venezolano fue detenido en el Aeroparque Jorge Newbery con una maleta que contenía 800.000 dólares provenientes de la petrolera estatal PDVSA, fondos que estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo jet privado, contratado por la empresa estatal Enarsa, viajaban Claudio Uberti, entonces titular del OCCOVI; Victoria Carolina Bereziuk, colaboradora cercana a Néstor Kirchner, y Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa.

La Justicia estadounidense concluyó que el dinero provenía del saqueo sistemático de PDVSA bajo el gobierno de Chávez y que parte de esos fondos se destinaron al financiamiento político en varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Antonini, quien finalmente colaboró con el FBI, aportó información clave para desentrañar la red de corrupción que conectaba a funcionarios venezolanos y argentinos en el tráfico de dinero.

LA MATANZA | El PRO retiró sus fiscales tras denunciar irregularidades de un puntero de Pareja

A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.

El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.

La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.

– Luis “El Negro” Ontiveros

Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.

Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.

Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.

En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.

La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.

También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.

Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.

Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.

Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.

Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.

El Gobierno confirma el cierre del tren Buenos Aires–Bahía Blanca y deja a miles de pasajeros sin conexión

El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.

Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.

El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.

En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.

Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.

“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.


*Fuente: Agencias

El Congreso debatirá la intervención federal en Formosa para terminar con Insfrán

El Gobierno Nacional incorporará al temario del Congreso, con la intención de tratarlo antes de fin de año, el denominado Caso Formosa, uno de los episodios más resonantes de la política institucional argentina en décadas. El anuncio anticipa un debate legislativo que se proyecta como una discusión sobre las garantías republicanas, la tutela de los derechos humanos y la distribución de poderes entre la Nación y las provincias.

El evento catalizador para que esta agenda vuelva a la discusión es el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. El oficialismo nacional ganó con más del 40% de los votos. En términos de renovación parlamentaria, LLA pasó de 37 a 93 diputados (sumados los aliados). El espacio pasó de 6 a 19 senadores y a partir del 10 de diciembre de 2025, los nuevos legisladores asumirán, lo que le daría al sector libertario una mayoría significativa para impulsar proyectos de alto impacto institucional.

Precisamente después de esta nueva correlación de fuerzas, Francisco Paoltroni, senador nacional por Formosa y líder del espacio libertario formoseño, declaró que después del 10 de diciembre pedirá formalmente la intervención federal de Formosa, confiando en que habrá quórum suficiente para aprobarla. No se necesitan dos tercios para una intervención federal, sino una mayoría simple, que es decisión del Presidente de la Nación Javier Milei, según la Constitución Nacional.

Para entender la magnitud de este hecho, es necesario comprender quién es el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, alguien que a ejercido el poder de manera ininterrumpida desde el 10 de diciembre de 1995, acumulando ocho mandatos consecutivos y gobernando la región durante aproximadamente 30 años. Lo que hace extraordinaria esta continuidad es que comenzó como vicegobernador desde 1987, lo que significa que su permanencia en la fórmula ejecutiva provincial asciende a casi 40 años consecutivos.

La particularidad del régimen de Insfrán radica en que ha logrado ganar todas las elecciones provinciales con supermayorías abrumadoras, obteniendo en la mayoría de las ocasiones entre el 65% y 76% de los votos. Esta consistencia electoral ha permitido que mantenga un control casi absoluto sobre las tres ramas del gobierno provincial, siendo la policía, el poder legislativo y judicial estando bajo la influencia directa del partido gildista, limitando la posibilidad de contrapesos reales o independencia.

Paoltroni ha sido el más visible promotor de la intervención federal. Ya a finales de 2024, solicitó a Milei que dispusiera esta medida, argumentando que “la perpetuación en el poder, la falta de independencia judicial y las graves violaciones a los derechos humanos” justifican la acción, utilizado argumentos tanto legales como políticos, como el artículo 99 inciso 20 de la Constitución Nacional que faculta al Jefe de Estado para intervenir en una provincia cuando las instituciones locales no respetan la forma republicana de gobierno. En sus declaraciones más recientes, afirma que el 65% de los formoseños apoya la medida.

Una intervención federal es una medida excepcional prevista por la Constitución que permite al Gobierno Federal asumir el control de una provincia. En tal situación, las autoridades locales son suspendidas y se designa un interventor federal encargado de gobernar el territorio mientras las instituciones provinciales quedan bajo supervisión directa de la Nación. El propósito declarado de esta medida es remediar las causas que la motivaron y restablecer el pleno ejercicio de los derechos y de las autoridades legítimas.

A lo largo de la historia argentina, las intervenciones federales se han aplicado en contextos de gobiernos provinciales considerados autoritarios o en violación de la forma republicana. Ejemplos de ello son los casos de Santiago del Estero y Catamarca, donde administraciones con rasgos autoritarios fueron removidas del poder mediante este mecanismo constitucional.

La gestión de Insfrán rechaza categóricamente los pedidos de intervención, argumentando que todas las instituciones funcionan correctamente y que una decisión así sería “calamitosa”. La fiscal de Estado, la Dra. Stella Maris Zabala sostuvo que “no concurren ninguno de los requisitos” para una intervención, ya que en la región “las instituciones funcionan a pleno”. Sin embargo, sectores opositores, incluyendo legisladores, abogados y organizaciones de derechos humanos, argumentan que Formosa cumple con los requisitos constitucionales para una intervención federal debido a la falta de autonomía judicial, las violaciones sistemáticas de derechos individuales y la vulneración del principio de la República.

En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico declarando inconstitucional la reelección indefinida en Formosa. Esta sentencia unánime se fundamentó en que la perpetuación en el poder viola el principio republicano establecido en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional. El fallo tuvo un impacto inmediato, obligando a que Formosa realizara una reforma constitucional.

No obstante, lo ocurrido después revela la complejidad del conflicto institucional. Durante septiembre de 2025, la Convención Constituyente formoseña, controlada por el “feudo” de Insfrán, aprobó una reforma constitucional que eliminó formalmente la reelección indefinida, pero incluyó una cláusula transitoria que habilita a Insfrán a una nueva candidatura. Esta disposición considera el actual mandato de Insfrán como el “primer período” bajo la nueva normativa, permitiéndole competir nuevamente en 2027. Además, la reforma también modificó el artículo 32 de la Constitución provincial para limitar los alcances de una intervención federal, agregando requisitos complejos que restringiría la actuación de eventuales interventores del Gobierno Nacional.

Lo que caracteriza al modelo formoseño no es simplemente la permanencia en el cargo, sino el de un control político estructurado que ha construido a lo largo de los años. Este esquema opera a través de varios mecanismos, como tener a un porcentaje muy elevado de la población formoseña que depende directa o indirectamente del sector público, generando una pobreza generacional que se utiliza como control social. El sistema funciona mediante el reparto de bolsas de mercadería a cambio de votos, llevando a los ciudadanos a las urnas “con el bolsillo lleno de lo que deben meter en el sobre”.

La provincia ha empleado herramientas legales para perpetuarse en el poder, como la Ley de Lemas, que permite presentar múltiples listas para confundir al electorado. En 1999, Insfrán logró una reforma constitucional que eliminó definitivamente los límites de mandatos, permitiendo su propia reelección indefinida.

Kicillof quiere gastar $675 millones en crear un “INCAA bonaerense” 

El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.

La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.

El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.

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La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.

Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.

El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.

Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.

Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.

El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles: todos los requisitos

El gobierno de Javier Milei oficializó los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas con cargadores desmontables, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR.

La medida se formalizó mediante la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC, y reglamenta el Decreto 397/25, que había levantado la prohibición para este tipo de armamento.

Para acceder a la tenencia, los solicitantes deberán tener al menos cinco años de antigüedad como usuarios de armas de uso civil condicional, no registrar sanciones ni actuaciones administrativas, disponer de un sector de guarda tipo G2, y presentar una declaración jurada con los motivos de la solicitud, junto a la identificación del material y fotografías.

El requisito central será acreditar “probados usos deportivos”, mediante una certificación de entidad de tiro habilitada o participación en competencias nacionales o internacionales.

Las entidades deportivas también podrán gestionar estas armas para sus socios o con fines didácticos. El costo del trámite será equivalente al de una Tenencia Express más una Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).

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