Un hombre acribilló a su nieto tras una pelea: “Mi hijo estaba enfermo mentalmente”, contó su madre
Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo el jubilado salió de su casa y acribilló a su nieto luego de que este lo golpeara con un palo.
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Domingo Faustino Berna de 76 años asesinó de cinco balazos a su nieto Brian Bierna, luego una discusión familiar. Tras los hechos fue detenido, pero recuperó su libertad.
En las imágenes de la cámara de seguridad, se puede observar cómo el joven llega con un palo en la mano y comienza a golpear a su abuelo mientras una mujer intenta calmarlo en todo momento, incluso cuando se trenzan a golpes de puño. La mujer logró separarlos y se retiraron de la vivienda, aunque minutos más tarde, Brian regresó y comenzó a golpear la puerta de la casa.
El anciano abrió y comenzó a dispararle. Luego de un llamado al 911, acudieron al lugar integrantes del Comando de Patrullas y personal de la Comisaría 4ta, que encontraron tendido el cuerpo de Brian tendido en el suelo.
El hombre de 76 años fue detenido y durante una inspección hallaron varias armas en las que se encontraba revólver calibre 32, que fue utilizado en el asesinato.
La autopsia reveló que la víctima recibió 5 disparos que le causaron heridas en abdomen, tórax, cuello, mejilla y hombro.
Bahía Blanca: así mató un hombre de 76 años a su nieto de 29. EL joven llegó primero a la casa persiguiendo a su abuelo y lo golpeó brutalmente pese a que una mujer trató de frenarlo. El ataque fue con un palo de escoba primero y a golpes después.
Habló la madre del fallecido
“Yo sé que en el momento del acto, la decisión de mi padre fue premeditada. Cerró el portón, fue a buscar el arma, a mi mamá le dijo ‘andate adentro, Marta’. Yo lo vi, nadie me lo contó. Mi padre siempre fue una persona manipuladora tanto en la familia como en la sociedad”, detalló la mujer ante los medios.
Aprovechó además para explicar que su hijo había sido diagnosticado con trastorno de la personalidad y de conducta y que ella siempre le daba su medicación. Pero que según sus padres no necesitaba esos medicamentos: “Yo no quiero conflictos, pero la vida de mi hijo no me la van a devolver. Mi hijo siempre fue tratado y mientras estuvo conmigo yo siempre le di la medicación. Según mis padres no requería medicación y siempre me culparon de que mi hijo sea así. Ellos no asumieron nunca que mi hijo estaba enfermo mentalmente”.
Mariel, mamá de Brian Verna Batalla.
A su vez, la mujer contó que vio “cómo le tiró a quemarropa” y dijo que “el lunes fue la tercera vez que él (por su padre) estaba esperando a través de las cámaras cuando él llegara para atacarlo”.
“Braian es mi vida, a pesar de tener sus problemitas nerviosos. Desde los seis años ha sido atendido con un neurólogo en Buenos Aires”, agregó.
“Tengo dureza, soy fuerte y siempre fui fuerte. Ahora voy a tomar más fuerzas todavía, yo no me bloqueo porque tengo que seguir adelante con mis mascotas, mi casa… que es lo único que tengo”, sentenció Mariel.
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La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
El pasado domingo se llevó a cabo la primera jornada de festejos por el Año Nuevo Chino en la Plaza Parques Nacionales Argentinos, ubicada en el barrio porteño de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad se invitó a participar de “una jornada abierta para compartir en familia y dar la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, símbolo de la energía, el movimiento y la renovación”. La actividad fue organizada por la Dirección General de Colectividades y Migrantes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, junto a Phoenix Dorada (una asociación de chinos comunistas que propagan la ‘Cultura del Partido’ en Argentina) y la Colectividad China en nuestro país.
Como todos los años, practicantes argentinos de la comunidad religiosa de la Escuela Buda Falun Dafa asistieron al evento. Lo hicieron vestidos con su tradicional camiseta amarilla y acompañados por su lema fundamental: “Verdad, Benevolencia, Tolerancia”. Sin embargo, de acuerdo con el material difundido por la organización, el evento no fue realmente abierto ya que personal de una empresa de seguridad contratada en los accesos les impidió el ingreso.
– Chinos tapan a Falun Dafa con una bandera del PCCh
Sucede que en China esta creencia está terminantemente prohibida y es brutalmente perseguida por el sangriento régimen comunista desde el año 1999.
Ante esa situación, los practicantes permanecieron fuera del predio repartiendo folletos informativos a quienes ingresaban al evento. Sin embargo, al atravesar los accesos, el personal de seguridad exigió a los asistentes que descartaran ese material en la basura. El episodio generó indignación entre varias personas y momentos de tensión que no escalaron en gravedad.
DATA24 tuvo acceso al comunicado difundido por la Asociación Civil Estudio de Falun Dafa en Argentina, allí se indicó que incluso se negó el paso a personas que tenían remeras amarillas siendo ajenas a Falun Dafa.
En ese marco, los practicantes de Falun Dafa afirmaron que la persecución que aún sucede en China se extendió también a la Argentina “con la colaboración de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En el gigante asiático, explicaron, sucede “una persecución sin precedentes en la historia, un genocidio perpetrado por el régimen comunista; que incluye diversas prácticas perversas como secuestros, torturas, campos de trabajo forzado, centros de reeducación y hasta sustracción forzada de órganos”.
La información aportada indicó que en Argentina existió “un historial documentado de más de dos décadas de episodios de violencia, discriminación y censura ejecida por agentes chinos que responden a su embajada y por fuerzas de seguridad metropolitana contra ciudadanos argentinos de bien”. Según el texto las acciones policiales fueron “ostensiblemente favorables a los intereses de la Embajada de China en Buenos Aires y contrarias a la seguridad ciudadana”, en el marco de una “persecución religiosa trasnacional” contra los creyentes de esa disciplina, “reconocida oficialmente como culto religioso en nuestro país”.
La presidenta de la Asociación, LiweiFu, declaró que “como practicantes pacíficos y creyentes en Dios, participamos en estos eventos para compartir y mostrar la verdadera esencia espiritual de la cultura china, no para confrontar. Pero la historia de violencias nos obliga a alzar la voz: no podemos permitir que un régimen totalitario extranjero siga persiguiendo a creyentes pacíficos argentinos en su propio país. Instamos a la prensa, la sociedad civil y las autoridades a pronunciarse en la defensa de la soberanía y la libertad religiosa. La rectitud de nuestros líderes traerá prosperidad a Argentina, rechazando el avance maligno del comunismo chino y protegiendo a sus ciudadanos”.
El comunicado también recordó antecedentes similares. Durante la celebración del Año Nuevo Chino del año pasado, “los practicantes argentinos de Falun Dafa sufrieron una persecución brutal sin precedentes, bajo órdenes de la Embajada de China”.
Clarin Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es un movimiento espiritual de origen chino basado en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Nació en China en 1992 y llegó a reunir a decenas de millones de practicantes antes de ser prohibido por el Partido Comunista Chino en 1999.
– Fuente: Clarín
Según se puede ver en los videos a los que también accedió este medio, agentes de civil argentinos y efectivos policiales de la Ciudad colaboraron con “las agresiones violentas” ejercidas por “patotas chinas”, mientras funcionarios y el propio embajador de China observaron desde el escenario principal “sin intervenir”.
Asimismo, sostuvo que esos hechos fueron denunciados judicialmente y que se esperaba que se sumaran a “las siete causas judiciales abiertas en Argentina” por “constantes golpizas perpetradas por matones de origen chino a practicantes argentinos en su propio país”.
En relación con ese historial, Fu agregó: “En ningún otro país del mundo ocurre una situación como la que vivimos en Argentina, donde ciudadanos son hostigados únicamente por ser creyentes espirituales de una fe que es brutalmente perseguida en China por el régimen comunista. Es una vergüenza que autoridades, funcionarios y fuerzas de seguridad hayan actuado en connivencia con ese régimen, a través de la embajada china, para perseguir a ciudadanos pacíficos. La persecución no ha cesado. La embajada continúa ejerciendo su influencia en el barrio chino, frente al consulado, presionando a la policía y a la Cancillería para restringir la libertad de permanencia en ciertos lugares a practicantes argentinos. Esta situación lleva más de 20 años. No debería permitirse que algo así ocurra en nuestro país, bajo un gobierno nacional que debe garantizar el debido respeto y la protección de creyentes espirituales pacíficos que actúan conforme a los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia”.
Acerca de Falun Dafa
Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una creencia milenaria de la Escuela Buda basada en los principios universales de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Actualmente se practica libremente en más de 100 países e incluye ejercicios de qigong de alto nivel y una meditación que promueven la salud física y mental. En China, la disciplina fue difundida abiertamente al público por primera vez en 1992 y llegó a contar con más de 100 millones de practicantes en solo 7 años.
Este gran despertar espiritual en la población china de los años 90 fue tomando como una amenaza a la naturaleza atea del Partido Comunista chino (PCCh), que durante décadas buscó eliminar completamente la verdadera cultura tradicional china de 5000 años de historia, caracterizada por creer en Dios. Por eso, en 1999, el régimen comunista emprendió una enorme campaña para difamar y perseguir brutalmente a los practicantes de Falun Dafa, que continúa hasta hoy.
Esta persecución religiosa a gran escala incluye detenciones arbitrarias, torturas, campos de trabajo forzado y la sustracción forzada de órganos en vida a practicantes detenidos, calificada como un “genocidio silencioso” y “una maldad nunca vista en este planeta” por el abogado canadiense David Matas, nominado al Premio Nobel de la Paz.
La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche terminó en un escándalo condenuncias por agresiones físicas, amenazas y una mujer desmayada durante el acto encabezado por el intendente Walter Cortés.
Los hechos ocurrieron en medio de un conflicto político y social por el futuro del CerroCatedral, donde vecinos y algunos concejales de la oposición se manifestaron contra el proyecto de desarrollo impulsado por el Ejecutivo municipal y CAPSA(Catedral Alta Patagonia S.A., la empresa concesionaria de la explotación y operación del cerro, emblema de la localidad), en el marco del debate por los cambios y la definición de parámetros urbanísticos en esa zona.
El intendente Cortés inició su discurso con un extenso informe de gestión centrado en obras y en temas de la agenda local, entre ellos la definición de parámetros para el cerro Catedral, la situación del vertedero municipal y la reforma de la Carta Orgánica prevista para este año.
Una manifestante integrante de la Asamblea de Jubilados en lucha, relató que recibió un cabezazo en el tabique nasal que le provocó un desmayo. La mujer, que debió ser hospitalizada, luego radicó una denuncia penal y debió ser hospitalizada.
También un integrante de Residentes Unidos Bariloche llevó a la Justicia las agresiones que sufrió en el acto de apertura. Este vecino explicó que al ingresar al recinto varias personas lo rodearon y lo increparon. “Estábamos acá adentro, reclamando pacíficamente. Se ve que me tienen fichado, porque apenas entré me rodearon seis personas, a las que les pregunto si me estaban rodeando a mí, a lo que me contestan que sí, que me cuide, que después nos ibas a cruzar”.
Según indicó, tras ese episodio volvió a ingresar y allí se produjo la agresión que desencadenó los disturbios. De acuerdo con su versión, un hombre vinculado al entorno del intendente le propinó un golpe de puño en la cara, una situación que quedó registrada en un video.
La denuncia penal del vecino agredido quedó asentada en la Subcomisaría 55 de Playa Serena. Según la certificación de actuaciones judiciales labrada con fecha 2 de marzo de 2026, el denunciante declaró que “siendo las 11:10 aproximadamente me hice presente en el gimnasio municipal n° 5 acompañado con un grupo, desde que entré a la asamblea gente allegada al intendente Walter Cortés me rodearon y comenzaron a increparme invitándome a salir fuera y amenazándome con que ya nos íbamos a cruzar”.
De acuerdo con esa denuncia, el hombre identificado como autor del golpe inicial fue César Milton Catrigual Guerrero. Desde el 31 de marzo de 2025 ocupó el cargo de colaborador directo del intendente Walter Cortés, en virtud de la Resolución Municipal N° 00000686-I-2025, firmada el 16 de abril de 2025. Esa resolución, dictada en el marco de la Ordenanza N° 3439-CM-2023 que aprobó la estructura política de la gestión, estableció una remuneración equivalente a dos salarios básicos de la categoría 19 más zona fría, vigentes hasta que “el Sr. Intendente disponga lo contrario”.
Medios locales también recordaron que, antes de su incorporación al Ejecutivo municipal, Catrigual Guerrero fue desvinculado de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB) tras acumular años de inasistencias injustificadas.
La concejal opositora Julieta Wallace afirmó que presenció una de las agresiones y apuntó contra el entorno de Cortés. “Fui testigo cómo el chofer de Cortés le pegó una piña a un vecino que se fue a manifestar en contra del proyecto del Cerro Catedral“.
La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió ayer lunes una resolución y se abocó de oficio a investigar los episodios de violencia registrados durante el acto oficial. El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, consignó empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caída al piso de una mujer y de su hija de 9 años, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión física a otro asistente.
El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.
La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.
Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa
La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.
La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.
El legendario Tanque Argentino Mediano
Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.
Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina
Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAMy otros programas de equipamiento militar autóctonos.
La provincia de Entre Ríos sumó dos camionetas a la flota de la Policía provincial tras su recuperación en procedimientos judiciales. Los vehículos, que habían sido secuestrados en operativos vinculados a delitos, fueron reasignados por decisión de la Justicia para tareas de prevención y seguridad, en una medida que apunta a reforzar el patrullaje con recursos ya recuperados por el Estado.
La entrega se realizó este lunes en la explanada de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del jefe de la Policía de Entre Ríos, ClaudioGonzález.
Las unidades fueron recuperadas luego de operativos vinculados a la tenencia de explosivos y al abigeato agravado. Desde la cartera de Seguridad destacaron que estos resultados reflejan el trabajo realizado en controles viales y rurales.
Roncaglia remarcó el valor simbólico y operativo de la medida al señalar que los bienes utilizados en hechos delictivos pueden convertirse en herramientas para la prevención: “Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente. Este es el resultado de un trabajo en equipo con la Justicia Federal y Provincial, que entiende que los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos”.
El ministro también puso el foco en el criterio de uso de los recursos públicos y en la rápida puesta en funcionamiento de los vehículos recuperados. “A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad”.
Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principalesamenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.
La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.
El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.
El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.
El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.
La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.
Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.
La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
La violencia se produjo durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Vecinos que protestaban pacíficamente denunciaron agresiones que atribuyeron a “patoteros” del intendente Walter Cortés.
Con 26 votos a favor y 6 en contra, el Senado provincial reformó el protocolo de actuación policial para reforzar el resguardo administrativo de los efectivos.
Impulsada por Ignacio Torres, la medida fijó la verificación de antecedentes fiscales y administrativos para otorgar, renovar o transferir permisos y habilitaciones en la actividad pesquera. El oficialismo la presentó como una herramienta de transparencia y control.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
