Tres de Febrero aprobó la “ficha limpia”, presentada por la Coalición Cívica
El proyecto, presentado por Fernando Trigo, impide que ejerzan cargos públicos a quienes se encuentran condenados. Como era de esperarse, el Frente de Todos se abstuvo.
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En sintonía con el proyecto nacional impulsado por el movimiento ciudadano Ficha Limpia, esta ordenanza no le permitirá ejercer cargos públicos en el Ejecutivo municipal a quienes se encuentran condenados por delitos contra la administración pública.
Es así que, en la sesión, Fernando Trigo señalo: “Es necesario que demos el ejemplo desde este recinto, acompañando esta iniciativa que surge de una demanda ciudadana que es impulsada en Tres de Febrero con la voluntad política del intendente Diego Valenzuela, por más transparencia y calidad institucional en el Estado”.
Con la aprobación de la ordenanza presentada por el concejal Fernando Trigo, el distrito del oeste es uno de los primeros de la provincia de Buenos Aires en sumarse a esta resolución impulsada por la ciudadanía, quienes juntaron más de 410.000 firmas para que Ficha Limpia se convierta en Ley Nacional.
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La visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana a Sudamérica ha copado la agenda política y mediática de esta semana. Pero poco se mencionan las aparentes contradicciones entre quienes figuran como aportantes para su visita y los mensajes papales.
Entre las empresas que figuran como donantes en el sitio oficial de la visita de León XIV figuran: Corporación América; Santander; Edenor; Edemsa; Mercedes-Benz; Grupo Techint; Vista Energy, y varias más.
Ahora bien, la pregunta es si los empresarios detrás de estas marcas representan lo que el líder del Vaticano promulga en sus encíclicas.
Contra la concentración económica
En el documento papal llamado Dilexi te (Te he amado), que recientemente cumplió un año de su publicación, León XIV afirma textualmente: “Al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural. En efecto, la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social a toda costa, que se ha de conseguir también en detrimento de los demás y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos, que favorecen a los más fuertes. De ese modo, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, paradójicamente, también vemos crecer algunas élites de ricos, que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Eso significa que todavía persiste —a veces bien enmascarada— una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano”.
Es decir, cuestiona la concentración económica en detrimento de masas poblacionales.
Daniel Vila y José Luis Manzano son propietarios de dos empresas distribuidoras de energía eléctrica: EDEMSA (Mendoza) y EDENOR (Buenos Aires).
Juntas concentran el 22,13% de este negocio en la Argentina. Es decir, cerca de 1 de cada 4 usuarios dependen de estos empresarios.
Hay un dato anecdótico sobre la ética empresarial en este caso. El 30 de junio de 2021 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza vía Zoom.
Esto era para autorizar un incremento en el costo del valor de distribución eléctrica (que es la parte de la factura que le corresponde netamente a EDEMSA en este caso).
El argumento principal llevado adelante por Andrés Carnevaleen representación de la empresa de Vila-Manzano era que había un atraso en el reconocimiento de los costos y mayor morosidad por el contexto de la pandemia.
Esto implicaba mayores “esfuerzos” de EDEMSA para sostener y hasta mejorar los servicios, por lo que se pedía autorizar el incremento.
El tema es que mientras se hablaba de la difícil situación que supuestamente atravesaba la distribuidora eléctrica, en Ciudad de Buenos Aires se estaba autorizando la compra de EDENOR por unos U$ 100 millones.
Luego de esa audiencia pública se autorizó el incremento en la factura.
Ternium Argentina es una de las empresas pertenecientes al grupo Techint de Paolo Rocca. Tiene una capacidad productiva de más de 3.159 millones de toneladas de acero según datos de la misma firma.
Según datos del INDEC, en 2025 se produjeron 4.024 millones de toneladas de acero crudo en el país.
Es decir, concentra el 78,5% del mercado nacional de este rubro.
Con respecto a Eduardo Eurnekian, es propietario de Corporación América, accionista mayoritario de Aeropuertos Argentina 2000.
Según documentación presentada en 2025 por la misma empresa, se asegura que esta maneja el 93,4% del tráfico aéreo comercial argentino.
En otras palabras, 9 de cada 10 pasajeros dependen de esta empresa para volar.
En 2020, Aeropuertos Argentina 2000 consiguió una prórroga de diez años de su concesión, hasta febrero de 2038.
Cabe mencionar que en 2025 la Auditoría General de la Nación publicó un documento en el que advertía que la prórroga de 2020 tenía algunas cláusulas de inversión que no contenían criterios objetivos para verificar su cumplimiento total o parcial.
Recomendó también mejorar los mecanismos de control sobre las obligaciones del concesionario.
Pero en septiembre de 2026 se firmó un nuevo acuerdo de readecuación contractual que contempla extender la concesión hasta febrero de 2056, sujeto a condiciones, entre ellas una inversión adicional de US$600 millones en Ezeiza.
La educación como herramienta dignificadora
En su carta “Dibujando nuevos mapas de esperanza”, el líder católico afirma: “…el Concilio Vaticano II articuló el derecho a la educación y sus principios fundacionales como universalmente válidos. Destacó las responsabilidades impuestas tanto a los padres como al Estado. Consideraba que la provisión de una educación que permita a los estudiantes “evaluar valores morales con la conciencia correcta” era un “derecho sagrado” y hacía un llamamiento a las autoridades civiles para que respetaran este derecho. También advertía contra subordinar la educación al mercado laboral y a la lógica a menudo dura e inhumana de las finanzas”.
Sin embargo, la familia Vila tiene un conflicto de 40 años con la Universidad Nacional de Cuyo.
En la década del 60’ Alfredo Vila (padre de Daniel) ocupó unas 32 hectáreas de terrenos ubicados en el piedemonte mendocino que formaban parte del polígono de tiro del Ejército Nacional.
Allí instaló una ripiera con la que comenzó a usufructuar con bienes estatales.
En 1980 el Estado nacional le cedió a la Casa de Altos Estudios 32 hectáreas de esos terrenos.
En 1986 se inició un conflicto legal contra Dalvian S.A., el barrio privado más antiguo y extenso de la Provincia, fundado por Vila (padre).
Tras fallos judiciales favorables para la familia empresarial, la UNCUYO llevó el caso ante la Corte Suprema, que en 2012 falló a favor de la universidad.
No obstante, lo dictado siguió sin ejecutarse.
En septiembre de 2017 el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso que debían devolverse cinco hectáreas a la UNCUYO y también ordenó la ejecución de sentencia indicando que corresponde “el desalojo del actor del terreno” (Dalvian).
Sin embargo, a casi diez años de eso la universidad sigue sin poder hacer uso de los terrenos que le fueron usurpados.
En la encíclica antes mencionada de León XIV cita frases de Laudato. Si, la que escribió su antecesor argentino.
Allí dice: «no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas». De hecho, «el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta».
En 2020 la ONG mendocina Xumek (Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistasacudieron a la justicia para frenar una explotación petrolera concedida a Grecoil y Cia, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano.
Esta fue beneficiada por la resolución 355/19 de la Dirección de Protección Ambiental (en ese momento a cargo de Humberto Mingorance) que permitía usar el método fracking en el área denominada “La brea” en el departamento de Malargüe, ubicado al sur de Mendoza.
El argumento de los denunciantes fue que los funcionarios públicos intervinientes en ese momento “arbitrariamente rechazaran todas las pruebas ofrecidas para demostrar los riesgos e impactos socio-ambientales del Fracking… niegan sistemáticamente el aporte de pruebas, considerándolas inconducentes e irrelevantes, afectando de manera contundente el debido proceso e incumpliendo acuerdos del Estado Argentino asumidos frente a la Comunidad Internacional, como el derecho a la información y participación pública”, comunicó en ese entonces Xumec.
Entre los incumplimientos del Estado mendocino estaban la consulta pública, libre e informada a los pueblos originarios intervinientes, además de ignorar múltiples riesgos ambientales asociados a la actividad.
Ese mismo año salió a la luz que el gobierno de Alfredo Cornejo le había concedido el uso de agua de un arroyo para fracking a otra empresa de Vila-Manzano a través del Departamento General de Irrigación(cuando el titular de ese organismo había negado el uso de agua dulce para esa metodología extractiva).
Fue por medio de la resolución n° 004/18 que se le permitía a la Petrolera El Trébol (de la cual los citados empresarios son accionistas) a tomar 18 millones de litros del arroyo “El Alamito” pagando tan sólo dos centavos el litro de agua pura cordillerana.
Años antes, entre 2007 y 2008 otra empresa petrolera vinculada a Vila-Manzano estuvo bajo sospecha. Esto porque durante la gestión de Celso Jaque (PJ), el Gobierno de Mendoza adjudicó a Ketsal-Kilwer siete de once áreas petroleras.
La controversia radicó en que explícitamente el pliego decía que se podía otorgar un máximo de cinco áreas por empresa.
Independientemente de cómo los creyentes católicos interpreten la foto de León XIV con estos y otros empresarios, hay algo que los datos revelan: las operaciones comerciales de estos magnates estarían flojas de santidad.
*Por: Franco D’Amelio | Especial para Data24.com.ar
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta habilitó la caza comercial de la iguana colorada para la temporada 2026/2027, con un cupo de 30.000 cueros y un pago de $10.000 por cada uno. La Resolución 899, firmada el 2 de noviembre y publicada dos días después en el Boletín Oficial, rige hasta el 31 de marzo de 2027 en Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y el municipio de El Galpón, en Metán.
La presa es la Salvator rufescens, también conocida como lagarto colorado o caraguay, un reptil que puede medir hasta 1,30 metros del hocico a la cola. Cada cuero deberá tener al menos 30 centímetros de ancho, y los que no lleguen a esa medida irán a decomiso.
Los $10.000 se pagarán al contado al cazador. El acopiador abonará a la Provincia una tasa de $300 por pieza antes de obtener la guía de legítima tenencia. El precio subió mucho en pocos años: la resolución de 2023/2024 había fijado $3.000 y la de 2024/2025, $5.000. El cupo, en cambio, bajó desde los 40.000 cueros del ciclo anterior.
La norma obligó a los acopiadores a inscribirse en un registro, con un arancel equivalente a 50 litros de nafta premium. También deberán anotar el nombre, el DNI y el paraje o la comunidad de cada cazador, junto con la cantidad de cueros, la fecha y el pago, con firmas y recibo. Los traslados requerirán hojas de ruta certificadas por fuerzas de seguridad y, fuera de Salta, guías de tránsito. El incumplimiento podrá costar la inhabilitación por una o más temporadas, según el daño ambiental.
El Gobierno justificó la medida en el uso tradicional del animal por parte de comunidades originarias y criollas del Chaco salteño, que lo cazan en verano, cuando está activo. Según el texto oficial, la venta de cueros alivia sus “deprimidas economías”. También recordó que la especie figura en el Apéndice II de CITES, la convención que regula el comercio internacional de fauna y flora silvestres, y que no tiene restricciones nacionales ni internacionales para su comercio.
Para vigilar las poblaciones, los técnicos contarán los cueros, registrarán medidas y sexo y analizarán los datos para detectar cambios demográficos que justifiquen futuras habilitaciones o restricciones. Ese monitoreo surgió de una Carta Acuerdo firmada en 2000 con la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación, en el marco del Proyecto Tupinambis. La resolución citó además la Ley 5513, que dispone que las autorizaciones para la caza comercial serán solicitadas “sólo cuando no produzcan una alteración del equilibrio biológico”.
Según un informe de CITES de 2022, la Argentina exportó casi 31 millones de cueros de iguana entre 1941 y 1998, destinados sobre todo a botas y mallas de reloj. Desde el pico de los años 80, ese comercio cayó más de un 90%. El mismo documento advirtió que la principal amenaza para la especie es la expansión agrícola y la pérdida de hábitat.
Lourdes Parache, la periodista tucumana que en marzo de 2024 denunció por violación a cuatro jugadores de Vélez, publicó en los últimas días un video de casi cinco minutos en TikTok en el que lloró porque ya no puede trabajar de lo que estudió. La Justicia sobreseyó en dos instancias a los futbolistas y estableció que aquella noche hubo sexo consentido. Ahora, ella eligió mostrarse ante la cámara como la damnificada de la historia.
“Este video no va a ser alegre, pero siento que es necesario ponerlo en palabras”, arrancó Parache. Hincha de Atlético Tucumán desde chica, contó que había cumplido el sueño de cubrir al club de sus amores y que hoy va a la cancha como una espectadora más: “me queda el sabor amargo a la salida (del partido) de decir ‘yo tendría que estar trabajando como periodista’. Estudié cuatro años Ciencias de la Comunicación, estoy capacitada”, reclamó, y atribuyó su presente a “una situación externa de la que no soy responsable”.
El lamento siguió por el mismo carril. Le pareció “muy injusto” que su sueño, su carrera y su vida hayan dado “un giro tan drástico”, admitió que no puede ser periodista “por razones obvias” y relató que cada vez que vuelve del estadio llega angustiada y necesita llorar. También mencionó, al pasar, que hace terapia y que salió de una depresión. Para el año próximo pidió dos cosas: “una gran oportunidad como periodista” y “que la gente frene el odio y el acoso para que eso sea posible”. Tras la catarata de críticas puso su cuenta en privado.
La situación externa tiene fecha y lugar. En la madrugada del 3 de marzo de 2024, después de un partido entre Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán, Parache fue a la habitación 407 del hotel Hilton de San Miguel de Tucumán, donde estaban Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín. El 6 de marzo los denunció por una violación grupal. Vélez les rescindió los contratos y tres de ellos pasaron casi tres meses con prisión domiciliaria.
— Sosa, Florentín, Osorio y Cufré
El 30 de diciembre de 2025, el juez Augusto Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro. El 9 de junio de 2026, la vocal Patricia Carugatti, del Tribunal de Impugnación, confirmó esa decisión y rechazó todos los planteos de los abogados de la denunciante.
Los propios mensajes de Parache derrumbaron la acusación. A la 1:35, ya dentro de la habitación, le escribió a una amiga: “Adivina donde estoy. Con los de Vélez, sola”. A las 6:18, recién salida del hotel, le mandó a Sosa un emoji de un ratoncito que entrega un corazón. Horas después les contó a sus amigas que había dormido con la chomba que le regaló un jugador porque “tenía su perfume”, y en audios describió la noche como “la adrenalina que necesitaba”.
La pericia psicológica oficial concluyó que el hecho fue “inicialmente consentido” y que ella lo resignificó más tarde como traumático, permeable a presiones externas.
— Captura del fallo: la pericia psicológica oficial concluyó que la denunciante resignificó como traumático un encuentro “inicialmente consentido” y que es susceptible a presiones externas
El fallo habló de una reinterpretación “fabricada ex post facto, inducida por terceros”, y citó otro chat de la joven: “En un momento dije que no me habían tocado… La abogada me hizo dar cuenta que había sido abusada”. Sobre Sosa, de quien repitió varias veces que dormía, escribió que le daba lástima pero que no lo iba a dejar afuera “porque es el que más plata tiene”.
— Captura del fallo: los chats de la denunciante con sus amigas, en los que admitió que una abogada la “hizo dar cuenta” de que había sido abusada, y la conclusión de la jueza sobre un relato “inducido por terceros”
Ante la jueza, el arquero contó que no hay cancha donde no le griten “violador” y definió lo vivido como “un daño irreversible y una pérdida de dos años y medio de vida”.
Cerca de 80 intendentes de la provincia de Córdoba se presentaron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para exigir soluciones a la falta de pagos del PAMI, que mantiene una deuda acumulada desde hace más de 13 meses por prestaciones médicas.
“Hace más de un año que PAMI no abona las prestaciones médicas convenidas con los municipios. El pasado 22 de abril presentamos un reclamo formal y posteriormente recibimos el compromiso de las autoridades del organismo de comenzar a regularizar los pagos a partir de junio de 2026. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido pago alguno ni respuesta oficial”, sostuvo el intendente de la localidad de Idiazábal, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia.
Los mandatarios locales denuncian que la reciente reducción del Plan Remediar, que limitó la oferta de 128 a solo 6 medicamentos, impacta gravemente la atención primaria de la salud, obligando a los municipios a cubrir estos servicios con recursos propios.
Respecto del transporte, los intendentes exigen una distribución más equitativa de los subsidios nacionales, proponiendo que, si el Gobierno Nacional elimina el impuesto al combustible, ellos reducirán un 35% el valor del boleto de transporte público.
— A la derecha, el intendente municipal de Idiazábal, localidad ubicada en el departamento Unión, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia
La Comisión de Asuntos Municipales presidida por Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, reunió a intendentes y representantes de distintos municipios del país para analizar el funcionamiento del Programa Remediar, la situación del transporte público y la implementación de un régimen federal de áreas metropolitanas.
Durante el encuentro participaron los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba; Pablo Javkin, de Rosario; Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán; y Rosario Romero, de Paraná, junto con otras autoridades municipales de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz. Según informó la Municipalidad de Córdoba, la jornada contó con la participación presencial y virtual de más de 80 representantes de ciudades pertenecientes a siete provincias argentinas.
Para entender mejor la cuestión, el Programa Remediar nació en 2002, en el contexto de la crisis económica y sanitaria, para facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de centros de atención primaria. Su funcionamiento se apoyaba en una compra nacional centralizada y en la distribución de botiquines a establecimientos públicos del primer nivel de atención. Ese primer nivel es el de las salitas y centros de salud donde se atienden problemas frecuentes, se realizan controles y se sostienen tratamientos sin recurrir inicialmente a un hospital de mayor complejidad.
— La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada Carolina Basualdo
El programa no consistía en entregar dinero al paciente para comprar cualquier producto en una farmacia, sino que su instrumento principal era proveer medicamentos al sistema público. Como referencia histórica, el informe oficial de gestión de 2021 registraba más de treinta millones de tratamientos distribuidos a 8.109 centros e instituciones.
La modificación relevante es la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, firmada por Mario IvánLugones el 14 de octubre y publicada el 15 de octubre de 2026. La norma derogó la Resolución 3424/2021 y aprobó un nuevo listado orientado a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. También estableció que ese listado funciona como referencia para compras centralizadas, planificación logística y provisión a establecimientos públicos de atención primaria.
Los intendentes cuestionaron las modificaciones introducidas en el Programa Remediar, particularmente la sustitución del listado amplio de medicamentos por otro concentrado en seis principios activos destinados a tratamientos de salud vascular. Sin embargo, la modificación normativa no permite determinar por sí sola el alcance del recorte presupuestario ni establecer cuántos tratamientos dejaron efectivamente de distribuirse en los centros de atención primaria.
— Mario Lugones, médico cardiólogo y actual Ministro de Salud de la Nación Argentina
En relación con el PAMI, los jefes comunales denunciaron la falta de pago de prestaciones médicas realizadas por establecimientos municipales que mantienen convenios con el organismo. El reclamo apunta a la cancelación de deudas por servicios que, según sostienen, ya fueron brindados a los afiliados, y no exclusivamente a la asignación de nuevos subsidios o recursos extraordinarios.
“Los municipios continuamos garantizando la atención médica con recursos propios, priorizando la salud de nuestros vecinos y sosteniendo servicios esenciales para nuestras comunidades”, expresó Pablo Vassia sobre los intendentes que no han abandonado a los adultos mayores. En ese contexto, Passerini aseguró que estaría dispuesto a reducir un 35% el precio del boleto del transporte público urbano si el Gobierno nacional eliminara el Impuesto a los Combustibles.
Respecto del transporte público, las autoridades municipales cuestionaron la eliminación de las compensaciones generales destinadas a las empresas del interior del país, mientras continúan vigentes distintos mecanismos de asistencia nacional para servicios bajo jurisdicción federal, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, corresponde diferenciar los subsidios directos a las empresas, los descuentos sociales financiados mediante el sistema SUBE y las obligaciones económicas que asumen las distintas jurisdicciones, dado que responden a esquemas de financiamiento diferentes.
¿Qué cambió en octubre?
El listado de medicamentos contempla seis principios activos destinados principalmente a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entre ellos se encuentra el ácido acetilsalicílico, utilizado para prevenir determinados eventos cardiovasculares en pacientes con indicación médica, mientras que la atorvastatina y la rosuvastatina se emplean para reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de complicaciones cardíacas y vasculares.
Por su parte, el candesartán y el ramipril están indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial y determinadas enfermedades cardiovasculares. A estos se suma la hidroclorotiazida, un medicamento diurético que contribuye al control de la presión arterial mediante la eliminación de sodio y agua del organismo.
De esta manera, los seis principios activos se concentran en la atención de afecciones cardiovasculares, aunque presentan diferentes aplicaciones terapéuticas. La controversia planteada por los intendentes gira en torno a la reducción de la variedad de medicamentos contemplados en el Programa Remediar y sus posibles consecuencias sobre el acceso gratuito a tratamientos para otras enfermedades en los centros de atención primaria de la salud. Por lo tanto, quedaron únicamente medicamentos para la hipertensión. La orientación es vascular y cardiovascular, e incluye tratamientos para el colesterol y prevención de ciertos eventos, además del control de la presión arterial.
El listado anterior contemplaba 128 medicamentos, de acuerdo a las fuentes institucionales. El nuevo concentraría la referencia nacional en seis principios activos. Es una reducción muy pronunciada del alcance terapéutico. La Municipalidad de Córdoba expresa esa contracción como una caída del 95.3% en la variedad contemplada. La resolución no dispondría expresamente la eliminación de Remediar. Lo que hace es derogar el listado anterior y sustituirlo por otro mucho más acotado, preservando además una referencia a otros listados nacionales vigentes, ofreciendo una justificación sanitaria y una justificación sobre la distribución de responsabilidades.
En lo sanitario, el Ministerio sostiene que las enfermedades vasculares representan una carga muy elevada de mortalidad, discapacidad e internaciones, y que corresponde fortalecer la detección y el tratamiento de sus factores de riesgo. Por eso vincula la nueva nómina con el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030 y con criterios de eficacia, seguridad y relación entre costos y resultados.
En lo institucional, plantea que la política nacional de medicamentos tiene un papel estratégico y complementario, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires conservan responsabilidades primarias en la prestación de servicios y provisión de medicamentos para otras condiciones. El desacuerdo no consiste necesariamente en negar la importancia de prevenir infartos o accidentes cerebrovasculares, sino es si resulta adecuado fortalecer esa prioridad sustituyendo un listado amplio, y cómo se garantiza la continuidad de los demás tratamientos.
Lo que preocupa a los municipios
Entre los medicamentos que son excluidos del nuevo listado están metformina, levotiroxina, amoxicilina y salbutamol, utilizados para condiciones distintas de las contempladas por la nueva nómina vascular. La Municipalidad de Córdoba señala que la modificación desplaza hacia provincias y municipios la necesidad de abastecer tratamientos para diabetes, asma, hipotiroidismo, anemia e infecciones, entre otros.
El problema presupuestario entiende que el centro de salud podría seguir recibiendo al paciente, pero ya no recibe determinados medicamentos desde la Nación, y alguien debe reemplazar esa provisión. Las alternativas son comprar con fondos locales, obtenerlos mediante otro programa o dejar una necesidad sin resolver; cuál de ellas ocurre debe comprobarse en cada localidad.
En Córdoba capital, el municipio informó dos indicadores relevantes. La participación de Remediar en su provisión gratuita de medicamentos pasó del 65.3% al 25.7% entre 2025 y 2026, y la demanda de su sistema público aumentó un 29% desde 2024. “El plan Remediar es un programa que tiene más de 25 años de vigencia que pasó por distintos gobiernos y todo lo han dado continuidad y esta discontinuidad nos generaría un grave perjuicio para la atención primaria de la salud, ya que estos medicamentos son esenciales para la atención primaria de la salud”, afirmó Pablo Vassia.
Conforme a sus declaraciones, presentaron un reclamo formal y recibieron una promesa de comenzar a regularizar los pagos desde junio y, al momento que se escribe esta información, no habían recibido las transferencias comprometidas. Los intendentes afirman que continuaron atendiendo a los afiliados con recursos municipales. En la documentación pública no aparece una liquidación consolidada que permita establecer cuánto se adeuda a los municipios cordobeses, a cuáles y por qué períodos, ni una respuesta específica del PAMI que permita contrastar cada punto del reclamo.
Un grupo de suboficiales del Ejército Argentino presentó una carta dirigida al presidente Javier Milei, recibida en la Casa Rosada el pasado 9 de octubre para reclamar representación en la conducción de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), antes el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
“Nunca nos contestó, nosotros insistimos e hicimos dos notas más, o sea, le mandamos tres notas, nunca nos contestó”, destacó el suboficial mayor Ramón Oscar Corradini ante la falta de respuesta del Estado, advirtiendo que recurrirán a la Justicia.
Los militares sostienen que constituyen una parte mayoritaria de los afiliados y que, pese a contribuir económicamente al funcionamiento de la institución, no cuentan con representación propia en su directorio.
La normativa actual reserva lugares por fuerza y para el personal civil, pero no garantiza una representación específica de los suboficiales, aunque tampoco les prohíbe integrar el directorio.
De acuerdo a lo trascendido, la carta solicita una audiencia con Milei para plantear la incorporación de suboficiales a la conducción y al control de gestión de la obra social. La misma está firmada por los suboficiales mayores Hugo O. Cattoni (magíster en psicogerontología) y Héctor V. Martínez (abogado y suboficial mayor retirado), que se presentan en nombre de un equipo con profesionales, veteranos de Malvinas y familiares.
El reclamo de los suboficiales busca garantizar su participación en la conducción del traspaso económico a la nueva obra social, supervisar el destino de los recursos y presentar propuestas para mejorar las prestaciones médicas destinadas a las familias militares.
Dentro de las Fuerzas Armadas existen dos categorías principales de personal militar, los oficiales y los suboficiales, con funciones y escalas jerárquicas diferentes. Los primeros integran la estructura de mando y ocupan grados como teniente, capitán, mayor, coronel o general, según la fuerza.
Por su parte, los suboficiales desempeñan tareas operativas, técnicas, logísticas y administrativas, además de asumir responsabilidades en la supervisión del personal. Pese a que ambos sectores cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de las instituciones militares, sus carreras profesionales y niveles de responsabilidad se organizan distintamente.
La iniciativa no se limita a exigir un lugar en el directorio, sino que también cuestiona el sistema de representación. Aunque los cargos se distribuyen entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la normativa no garantiza una representación específica para los suboficiales, quienes consideran necesario tener voz propia en las decisiones que afectan su cobertura de salud.
— En octubre de 2026, el Gobierno nacional disolvió el IOSFA y puso en marcha su liquidación oficial debido a una crisis financiera y una deuda acumulada de más de $210.000 millones
“No solicitamos privilegios. Solicitamos participación, representación y la posibilidad de aportar nuestra experiencia al servicio de una institución que también sentimos propia”, expresaron los suboficiales.
El 68% de los afiliados
Corradini, en diálogo con el medio Realpolitik, sostuvo que los suboficiales constituyen entre el 65% y el 68% del padrón y utiliza esa proporción como argumento para reclamar lugares propios en el directorio, enumeran las notas presentadas en 2024 y 2025, durante la gestión de Luis Petri en Defensa. Carlos Presti, que entonces conducía el Ejército, lo sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025.
“Somos el 68% del padrón, no puede ser que no tengamos un par de suboficiales dentro del directorio para que controlen nuestras cosas”, afirmó Corradini vía WhatsApp.
— El teniente general Carlos Alberto Presti, actual Ministro de Defensa de la Nación Argentina
Ese porcentaje debe tratarse como una afirmación de los reclamantes, no como una estadística oficial corroborada, ya que se requiere verificación mediante los registros de afiliación y precisar qué se está contando, como los titulares o todos los beneficiarios, personal activo o también retirados y el padrón del antiguo IOSFA o de la nueva OSFA. La distinción es relevante porque la reforma separó la cobertura de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a Gendarmería y Prefectura.
“Los oficiales, por más amigos que alguno tenga, ellos no quieren que nosotros estemos en esto, porque como hay mucho dinero, nosotros no podemos estar según ellos”, expresó Corradini, al cuestionar la presunta resistencia de sectores de la oficialidad a incorporar suboficiales en la conducción de la obra social.
Pese a estos cuestionamientos, la presentación mantiene un tono institucional y reclama una mayor participación de los suboficiales en las decisiones administrativas. “Hemos realizado nuestros aportes y sostenido económicamente nuestra obra social, con la legítima expectativa de participar en las decisiones que hacen a su presente y a su futuro”, señalaron los firmantes.
— La transición de IOSFA a OSFA no puede llevar más de 365 días
El artículo 11 del Anexo I del DNU 88/2026 establece que OSFA sea administrada por un directorio de cinco integrantes titulares, cada uno con un suplente de los cuales dos son propuestos por el Ejército, uno por la Armada, otro por la Fuerza Aérea y el restante representa al personal civil. Todos son designados y pueden ser removidos por el ministro de Defensa.
Sin embargo, la normativa no garantiza un lugar específico para los suboficiales, aunque tampoco les impide formar parte de la conducción, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
“Si el señor presidente no nos contesta, ya directamente estamos muy asesorados con este tema, vamos a ir a la Justicia, porque tenemos derechos, camaradas”, indicó Corradini.
En marzo, el Gobierno anunció una primera conformación integrada por los generales de brigada retirados Sergio Maldonado y Omar Horacio Domínguez, el capitán de navío Gustavo Rubén Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Posteriormente, en mayo, el ministro Presti designó al general de brigada Pablo Guillermo Plaza como presidente del organismo, tras la renuncia de Maldonado. De esta manera, los representantes militares designados inicialmente pertenecían al cuerpo de oficiales, sin participación de suboficiales.
La crisis que agrava el reclamo
La disputa sobre representación ocurre sobre una crisis financiera documentada, no solamente sobre diferencias internas. Un acta del directorio de IOSFA correspondiente a enero de 2025 consignó una deuda acumulada de $113.000 millones al cierre de 2024 y registró explicaciones sobre disponibilidades y dificultades administrativas para su utilización.
Ese mismo documento mencionó $45.000 millones en una cuenta bancaria al cierre de 2024, por lo que no corresponde utilizar la cifra de deuda, aislada, como si describiera por sí sola toda la situación patrimonial o equivaliera automáticamente al déficit neto.
— El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, actual presidente de OSFA
En octubre de 2026, el Gobierno anunció un proceso de cancelación de una deuda superior a $200.000 millones, junto con pagos de reintegros y negociaciones para reconstruir la red de prestadores. El 1 de octubre, Defensa anunció que OSFA asumía plenamente la atención del personal militar y sus familias, y que comenzaba una recuperación progresiva de las prestaciones mediante pagos y nuevos acuerdos con prestadores. También informó un primer lote de más de 10.000 reintegros por más de $5.000 millones.
El compromiso se produjo después de que Gonzalo Secchi reemplazara a Ariel Guzmán al frente de la administración del IOSFA. El escrito que Guzmán entregó a su sucesor advertía sobre transferencias de recursos incompletas, dificultades financieras y problemas para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas. El informe también señalaba que Pablo Plaza, presidente de OSFA, había solicitado extender el convenio de atención con IOSFA debido a que la nueva obra social todavía no contaba con contratos vigentes debidamente aprobados para asegurar la cobertura de sus afiliados.
Otro elemento del conflicto es la infraestructura que pasa —o no— a la nueva entidad. La investigación citada informa comunicación oficial del 14 de octubre que ordenaba iniciar el cierre de 31 farmacias propias y tramitar la baja de sus habilitaciones, con el argumento de que OSFA no había solicitado su transferencia.
Un eventual planteo de fondo podría discutir si el diseño vigente satisface los derechos de participación y las garantías de igualdad que invoquen los interesados. El artículo 14 bis de la Constitución contempla la administración del seguro social por los interesados con participación estatal, siendo que el régimen de OSFA exige prestaciones no inferiores al Programa Médico Obligatorio y acceso igualitario a su programa asistencial.
La visita del papa León XIV a la Argentina generó un reclamo en la provincia de Buenos Aires, después de que familiares y efectivos de la Policía Bonaerense denunciaran hacinamiento, falta de higiene, condiciones deficientes de descanso, jornadas laborales extensas y presuntas presiones de sus superiores durante el operativo de seguridad.
Las denuncias también incluyen el supuesto traslado de policías sin sus armas reglamentarias, la obligación de firmar actas de desarme y el pago de aproximadamente 60.000 pesos por jornada.
Según la información difundida por el gobernador Axel Kicillof junto con el ministro de Seguridad Javier Alonso y el intendente Leonardo Boto, el dispositivo movilizó aproximadamente 12.000 efectivos de fuerzas de seguridad, además de unos 1.200 trabajadores sanitarios, 10.000 voluntarios, 45 ambulancias y cuatro hospitales de campaña, incluyendo controles de acceso, recorridos de seguridad, puestos sanitarios y espacios para atender a los peregrinos.
La visita apostólica de León XIV se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Ese miércoles 11 de noviembre estuvo prevista una misa a las 10 de la mañana frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Para cubrir estas tareas, se convocó a personal policial de distintas localidades bonaerenses. Algunos efectivos debieron desplazarse fuera de sus destinos habituales y permanecer durante varios días en alojamientos temporales.
Entre las unidades mencionadas aparece el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), una unidad policial especializada en tareas operativas y de apoyo a otras dependencias. La controversia comenzó cuando familiares de los agentes difundieron fotografías de los lugares donde se alojaría parte del personal movilizado.
De acuerdo a los testimonios recabados, los agentes estaban siendo alojados en instalaciones improvisadas que presentaban importantes deficiencias. Los familiares señalaron que los efectivos tenían que dormir en carpas instaladas entre árboles, utilizar catres agrupados y compartir baños químicos, sin contar con suficientes frazadas ni espacios adecuados para bañarse.
Uno de los allegados cuestionó que se anunciaran importantes gastos para ofrecer comodidades al personal cuando, conforme a su relato, esas condiciones no se estaban cumpliendo, a la vez de existir incertidumbre sobre la cantidad de días que los policías estarían allí y las condiciones en que desarrollarían sus jornadas. Destaca la declaración de una agente, de que los baños químicos carecían de elementos de limpieza y mantenimiento adecuados.
“Para que se enteren todos cómo llevan a los policías a acampar a Luján por la llegada del Papa. El lugar donde van a dormir es abierto, no les dan frazadas ni nada, no tienen dónde bañarse ni las comodidades que están diciendo”, confirmó un familiar de uno de los agentes que prestaron servicio en La Plata, añadiendo que “no parece justo que estén diciendo que gastaron un montón para que ellos tengan todas las comodidades para estar bien allá, cuando no es así”.
Los integrantes del Grupo de Apoyo Departamental que descansaban en el barrio Don Orione, partido de Almirante Brown, ya no disponían de catres y se vieron en la necesidad de dormir directamente en el suelo, así como la utilización de duchas improvisadas, el hacinamiento y la acumulación de horas de servicio.
“Son de Caballería y les dan solo 60 mil pesos, y están sin baño”, sostuvieron familias autoconvocadas de los agentes de seguridad.
Las condiciones de los jefes
Otro aspecto de la controversia surgió cuando se revelaron imágenes de un salón cerrado que habría sido destinado a superiores policiales. Los denunciantes sostuvieron que mientras numerosos agentes descansaban en carpas sobre terrenos embarrados, algunos jefes disponían de instalaciones con piso de madera, ventanales y aire acondicionado.
Trascendió a la par una comunicación atribuida a la organización del operativo, en la cual los policías debían costearse y presentarse en servicio con capas de lluvia, botas de goma, sábanas de una plaza, almohada, pijama y artículos de higiene personal.
La acusación más delicada tiene que ver con el personal policial de especialidades, que fue enviado a cubrir servicios sin su armamento reglamentario y sin elementos visibles de identificación institucional. Estos se trasladaron desde Quilmes hasta Luján utilizando vehículos particulares, provistos únicamente de su credencial policial y documento de identidad. Asimismo, los policías afirmaron que sus superiores les exigían firmar un acta de “desarme voluntario”, bajo advertencia de posibles sanciones disciplinarias si se negaban.
Una mujer, identificada como esposa de un efectivo de Infantería procedente de Azul, afirmó que su marido llevaba cuatro días movilizado y que, al no contar con un lugar asignado para descansar, algunos integrantes de la unidad habían tenido que dormir al costado de una ruta en Luján. Hasta en Córdoba, los efectivos habían dormido en el suelo y con otros reclamos por falta de comida, agua e instalaciones sanitarias.
“Después del Papa no saben en dónde van a dormir”, afirmó la mujer, agregando que “lo tienen así durmiendo afuera hasta que llegue el Papa, sin agua, sin comida. Es inhumano, insalubre”.
La bochornosa “carpa VIP”
A diferencia de cómo pasaron las autoridades involucradas en la conocida como la “carpa VIP”, convirtiéndose en uno de los principales cuestionamientos durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El escándalo comenzó cuando se difundieron fotografías y videos de políticos, empresarios y celebridades que disfrutaban de un espacio exclusivo de 1.200 m² con aire acondicionado, catering y ubicaciones preferenciales durante la misa multitudinaria celebrada el lunes 9 de noviembre en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.
Una investigación periodística por Mariana Escalada y Agustín Ronconi en el portal El Disenso reveló que el Estado nacional adjudicó contrataciones millonarias a ocho empresas para la organización y el desarrollo de las actividades oficiales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Según el relevamiento, las adjudicaciones alcanzaron un monto conjunto superior a los 20.477 millones de pesos, distribuidos entre servicios de producción, infraestructura, transmisión televisiva, iluminación, sonido y abastecimiento eléctrico.
Entre las otras contrataciones, se mencionaron empresas vinculadas a familiares del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La diputada Marcela Pagano señaló a Tech Security SRL, vinculada a servicios de seguridad, y a Purgato S.A., dedicada a tareas de limpieza; no está confirmado documentalmente el servicio de limpieza atribuido a Purgato, y tampoco se ha podido establecer el monto de Tech Security. De acuerdo con los registros societarios, Fernando Nicolás Menem, Eduardo Adrián Menem y Pablo Ariel Vázquez aparecen vinculados a esas firmas.
Mientras una gran cantidad de asistentes permanecía al aire libre y esperaba durante horas para acercarse al pontífice, con una capacidad para albergar a 250 personas que tenían acceso a instalaciones especialmente acondicionadas frente al Monumento de los Españoles. La contratación más elevada correspondió a DF Entertainment S.A., que recibió una adjudicación de 8.690 millones de pesos para la producción general del evento. Le siguió Nuevos Aires Producciones SRL, con 4.547.7 millones de pesos destinados a la instalación de estructuras y vallados, mientras que Recordvision S.A. obtuvo 3.090 millones de pesos para los servicios de transmisión televisiva.
Los espacios reservados contaban con 3.500 sillas preferenciales próximas al altar, protección contra las condiciones climáticas, servicios gastronómicos y comodidades adicionales. Entre las personas que asistieron al sector preferencial estuvieron figuras del espectáculo y la moda, como Valeria Mazza, Carolina “Pampita” Ardohain y Yanina Latorre, además de autoridades y otros invitados. Por su parte, PRG Argentina SRL fue adjudicataria de 1.979.3 millones de pesos para el montaje de sonido e iluminación, mientras que Fidias Energía SRL recibió 1.736 millones de pesos para garantizar el abastecimiento eléctrico. A estas contrataciones se sumaron los 225 millones de pesos asignados a VMG Video Tech S.A. para la instalación de pantallas LED.
Finalmente, los servicios de alfombras y cortinas quedaron distribuidos entre Alfombra Mágica SRL y Tetramon, que recibieron adjudicaciones por 128.08 millones y 81.21 millones de pesos, respectivamente. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri reconoció que algunos aspectos del servicio gastronómico fueron excesivos. En declaraciones al medio de Radio La Red, expresó que las medialunas y los budines estuvieron de más, aunque rechazó la idea de que se hubiera tratado de un lujo descomunal.
La diferencia fue notaría en el trato entre invitados seleccionados y fieles comunes en una ceremonia que buscaba transmitir un mensaje de humildad, fraternidad e igualdad. El contrato incluía pisos nivelados, alfombra beige, revestimientos interiores, climatización de frío y calor, mobiliario, mesas, arreglos florales y sanitarios especiales.
Contemplaba un servicio de catering diferenciado. Para la misa se habían previsto 250 prestaciones de café y alimentos destinadas a particulares especiales, además de servicios separados para Presidencia, las sacristías, el coro y el encuentro juvenil.
Agentes de distintas dependencias bonaerenses denunciaron que fueron trasladados sin condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación e higiene. También señalaron presuntas presiones de sus superiores y cuestionaron la organización del operativo.
La Secretaría General de la Presidencia figura entre los organismos que contrataron a OCP Tech, compañía vinculada al empresario relacionado con Santiago Caputo. Recibió adjudicaciones de distintas dependencias nacionales por casi 7 millones de dólares y más de 1.400 millones de pesos.
El sector perdió más de 16.000 puestos de trabajo en dos años. Con la bolsa de harina al doble de precio y boletas de luz que promedian los $800.000 mensuales, los panaderos admitieron que ya trabajan a pérdida para no bajar la persiana.
📖 IL DIARIO PERSONALE DI PAPA FRANCESCO.
Dal 24 novembre le pagine personali di Jorge Mario Bergoglio diventano un libro, presentato e commentato dal card. Víctor Manuel Fernández.
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