18 junio, 2025

Tensión en La Plata por Cortes de agua y luz: “Estamos asistiendo a los vecinos, pero esto es responsabilidad de Provincia y Kicillof se borró” apuntó Garro

El intendente de La Plata convocó a una reunión en el Comité Operativo de Emergencia Municipal para establecer una serie de medidas ante el avance de la ola de calor. Se intimó a la empresa ABSA a cumplir con las obras necesarias y normalizar el suministro de agua potable.
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Durante el encuentro, el jefe comunal realizó un diagnóstico de situación y ordenó poner en marcha un plan de acción que se extenderá durante los próximos días en las distintas localidades para reforzar la atención de los vecinos en cada barrio, ante la inacción de la empresa prestadora del servicio de agua potable.

En primer lugar, el Municipio intimó a ABSA a regularizar y garantizar el normal suministro en el Partido. “Los problemas de abastecimiento tienen más de una causa, entre ellas la clara falta de planificación e inversión de la empresa responsable del servicio, dependiente de la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo Garro.

“Esto no puede esperar más”, agregó el jefe comunal, y enfatizó: “Lo que están viviendo muchas familias de La Plata, prácticamente sin agua en medio de una ola de calor muy extendida en el tiempo, es extremadamente grave”.

Desde la sede ubicada en avenida 532 y 119, adonde también asistieron integrantes del gabinete municipal, se estableció además la provisión de agua para consumo en escuelas, jardines y barrios a partir de un trabajo mancomunado entre las delegaciones y los equipos de Protección Civil, Desarrollo de la Comunidad, Espacios Públicos y Gobierno.

Por otro lado, la Municipalidad de La Plata exigirá a bancos y dependencias de atención al público colocar puntos de hidratación, e intensificará las tareas de atención y asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

“Hemos tomado la decisión de reforzar las diversas medidas que venimos llevando adelante para aminorar el impacto que implican estas jornadas de altas temperaturas”, manifestó Garro, al tiempo que pidió a los vecinos que se mantengan informados a través de los canales de comunicación oficiales.

Cabe recordar que la Municipalidad de La Plata estableció el último jueves el Nivel de Atención del Riesgo ‘Naranja’ ante la persistencia de mínimas en torno a los 23ºC y máximas de entre 34º C y 37º C el cual, se estima, se prolongará hasta la semana próxima.

En este marco, la Comuna ya viene trabajando para dar respuesta a la falta de servicio de agua potable por parte de ABSA a través de la distribución del suministro con camiones hidrantes. Coordinados por el área de Gestión del Riesgo, los operativos se llevan adelante de forma diaria y, hasta el momento, ya se entregaron más de 500 mil litros.

MEDIDA DISPUESTAS ANTE LA OLA DE CALOR:

  • El Municipio intimó a ABSA a regularizar y garantizar la provisión agua para consumo en la Ciudad
  • Garantizar la provisión de agua para consumo en escuelas y jardines
  • Reforzar la distribución de agua en los barrios, a través de los equipos de Protección Civil, Desarrollo de la Comunidad, Gobierno y Delegaciones.
  • Intensificar las tareas de atención y asistencia con el SAME
  • Exigir a ANSES, PAMI, IOMA y el resto de las dependencias de atención al público nacionales y provinciales con asiento en la Ciudad, que cuenten con puntos de hidratación para la ciudadanía, principalmente donde se concentren menores y adultos mayores.
  • Recomendar a instituciones privadas y sociales que concentren la atención de vecinos, la instalación de puntos de hidratación.

Redacción

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Frigerio respaldó la intervención del IOSPER: “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió con firmeza la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER) y el proyecto de ley que dará origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), actualmente en debate en el Senado provincial. La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”, afirmó, tras calificar al organismo como “una estructura capturada por intereses corporativos”.

Frigerio explicó que el Ejecutivo presentó ante la Justicia documentación sobre “graves irregularidades administrativas y financieras” y subrayó: “Nosotros no somos jueces. El Ministerio Público Fiscal es quien tiene que investigar”. Según detalló, la intervención halló 42.000 millones de pesos de deuda y un déficit mensual de 3.000 millones, mientras el directorio costaba 200 millones de pesos mensuales en sueldos.

En una extensa entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el mandatario denunció la existencia de una “industria del juicio” alentada desde dentro del IOSPER: “Muchos funcionarios le decían a la gente que presentara amparos y después cobraban del otro lado de la ventanilla”. Citó que, durante la intervención, se tramitaron 1.572 amparos, con un costo señalado por los entrevistadores de “2.515.000 millones de pesos” para la obra social. “No me van a amedrentar jamás”, advirtió al referirse a las protestas gremiales.

El gobernador insistió en que el IOSPER se transformó en “un botín de guerra” y sostuvo que “la gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados”. Añadió que el proyecto de ley incorporó precisiones para despejar dudas: “No se va a tercerizar, no se va a privatizar y seguirá siendo solidaria”. También consideró simbólico cambiar la sigla impuesta durante la dictadura de Alejandro Lanusse: “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que el texto se analiza en tres comisiones conjuntas del Senado y enumeró las modificaciones acordadas con legisladores, sindicatos y sociedad civil:

  • Solidaridad plena del sistema: “El servicio y la prestación serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos”.
  • Cobertura familiar integral para cada beneficiario.
  • Aporte invariable del 3 % sobre los haberes.
  • Estabilidad laboral de todo el personal actual.
  • Eliminación de los términos “gerenciamiento” y “tercerización” para descartar cualquier privatización.
  • Sin cierre de delegaciones y representación sindical con dos vocales en el Consejo Directivo, más un Consejo Consultivo integrado por todas las entidades gremiales.

Frigerio adelantó que le “gustaría” que el interventor Mariano Gallegos continúe en la futura OSER, aunque aún no lo conversó con él. También ratificó su política salarial: “Nadie debería ganar más que el gobernador”, recordó, al contrastar su ingreso mensual de 5.380.000 pesos con los más de 10 millones de legisladores provinciales.

Al ser consultado sobre su propia afiliación, respondió que mantiene “una obra social de toda la vida” para no sumar gastos al sistema, pero continuó aportando el 3%. Además, defendió el plazo legislativo: “Tiempo hubo. No es una ley de 500 hojas”, y señaló que la discusión se redujo a quién administrará la obra social: “¿La corporación y los sindicatos, o el Estado?”.

Frigerio también reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y mejorar el precio de la energía que genera Salto Grande, y recordó que Entre Ríos inició una demanda ante la Corte Suprema por esos fondos.

Sobre eventuales hechos de corrupción futuros, sentenció: Hechos de corrupción van a existir siempre; lo que puedo garantizar es transparencia, control e implacabilidad con los responsables”.

Con la fecha del 12 de junio como límite de la intervención, el Senado definirá si aprueba la creación de la OSER. Mientras tanto, el gobernador reiteró que no retrocederá: “Estamos preparados para bancarnos la mentira, los escraches y los paros; esto no tiene marcha atrás”.

Redacción

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Presentaron un informe sobre programas sociales en Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos abrió las puertas del Salón de los Pasos Perdidos para revelar en detalle cómo avanzaron, durante 2024, los programas provinciales de economía social. El informe llegó de la mano de la Dirección General de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Humano y reunió a legisladores, funcionarios y personal parlamentario con un objetivo central: transparentar números y alcances de las políticas que buscan fortalecer los emprendimientos de base y el trabajo genuino en toda la provincia.

El presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, encabezó la presentación junto al secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, y la directora general de Economía Social, Bárbara Erbes.

Esta es una buena oportunidad para compartir la información con los diputados, que son agentes de territorio y a quienes llegan las inquietudes y tienen la necesidad de dar respuestas. Este acontecimiento nos brinda la posibilidad de hablar con certeza”, introdujo Hein antes de ceder la palabra a los técnicos de Desarrollo Humano.

Hein subrayó también el rol del parlamento como motor de iniciativas en favor de la comunidad: “Desde la Cámara, con el acompañamiento de los diputados y la disposición de los trabajadores, intentamos ser una usina de ideas para ser útiles a la sociedad entrerriana”.

Al detallar la estrategia oficial, Omarini enfatizó la necesidad de orientar las políticas sociales hacia una cobertura amplia y equitativa: las ayudas puntuales —advirtió— resultan insuficientes si no avanzan hacia la universalización. “Generamos políticas de activación para quienes llevan adelante un microemprendimiento, mediante tres puntos básicos: la capacitación, el financiamiento y la comercialización”, precisó, y recalcó que el esquema se apoya a la vez en la federalización de recursos y en la transparencia de la gestión.

Con la mirada puesta en 2025, los funcionarios coincidieron en que la continuidad y el fortalecimiento de los programas de economía social dependerán de mantener el flujo de información pública y de sumar propuestas que acerquen herramientas concretas a emprendedores de cada rincón de Entre Ríos.

Redacción

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El Gobierno de Córdoba gastó casi un millón de pesos en viagra para los presos

El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.

“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.

La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.

La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.

– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas

“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.

Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.

El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.

Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.

Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.

Redacción

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Milei convocó audiencias para privatizar la Riccheri y 4.400 kilómetros de rutas nacionales

El gobierno de Javier Milei convocó el lunes 19 de mayo a audiencias públicas para adjudicar a empresas privadas más de 4.400 kilómetros de rutas hoy administradas por Corredores Viales S.A. La Resolución 827/2025, publicada en el Boletín Oficial, abrió la inscripción hasta el 9 de junio en la página de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Corredores Viales gestiona más de 6.000 kilómetros —un tercio del tránsito de la red troncal— e incluye tramos clave como las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Jorge Newbery, las rutas nacionales 3, 5 y 7, y los accesos a los puertos del Paraná en Rosario y alrededores. Tras la adjudicación, la compañía estatal entrará en disolución y liquidación, según el procedimiento que conduce el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

“Informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, con la participación de las autoridades nacionales, provinciales y locales convocadas, respecto del Proyecto ‘Red Federal de Concesiones – Etapa II’”, estableció la resolución.

La Etapa II del plan forma parte de la Red Federal de Concesiones (RFC) y contempla ocho tramos situados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Vialidad precisó que el esquema “fue reconfigurado en base al análisis de las necesidades y potencialidades de los futuros concesionarios” y destacó que “se amplían las posibilidades de adjudicación a distintas empresas y se mantiene la transparencia y competencias en pos del beneficio general”.

CALENDARIO DE AUDIENCIAS

  • Miércoles 11 de junio, 10 h – Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal (Petracchi 646, San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires): Tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur.
  • Jueves 12 de junio, 10 h – Complejo Deportivo Municipal General San Martín (RN 7, Junín, provincia de Buenos Aires): Tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano.
  • Viernes 13 de junio, 10 h – Auditorio Municipal Rafael de Aguiar (Maipú 22, San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires): Tramos Portuario Sur y Portuario Norte.

La RFC se organizará en tres etapas. La primera, ya concluida, abarcó 700 kilómetros del ex Corredor 18 (Ruta del Mercosur). La segunda licitará los 4.400 kilómetros anunciados y la tercera sumará otros 4.170 kilómetros. En total, el programa comprenderá 9.342,04 kilómetros distribuidos en dieciséis tramos, equivalentes al 20 % de la red nacional y al 80 % de su tránsito.

“Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”, remarcó la DNV.

El organismo vial tomó posesión el 9 de abril de la Ruta del Mercosur luego del vencimiento del contrato con la ex concesionaria CRUSA. Inició relevamientos del estado de los caminos y suspendió el cobro de peajes hasta que el tramo vuelva a licitarse, proceso que fuentes oficiales estimaron entre septiembre y octubre.

“En esta instancia, se dio lugar a las consultas, propuestas e inquietudes de usuarios, vecinos y agrupaciones del sector. Sumado a ello, se realizó un Data Room donde los oferentes interesados participaron para expresar sus opiniones y proyectos. En base a esto, se analizó la documentación propuesta y se confeccionó la Versión 2 de los documentos preliminares”, añadió Vialidad.

Con las audiencias de junio, la gestión libertaria avanzó en su objetivo de transferir a operadores privados los corredores más transitados del país y concluir la liquidación de Corredores Viales S.A.

Redacción

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El Hospital Garrahan anunció un aumento salarial del 60% a los residentes, pero los gremios se oponen

Tras días de reclamos, la administración del Hospital Garrahan comunicó este domingo que el sueldo de los médicos residentes se elevará a la suma de $1.300.00 a partir del 1 de julio, pero los gremios se oponen porque no engloba al 90% restante del personal

La Junta Interna de ATE comunicó este mediodía que la suba salarial solo para los residentes excluye al resto de los trabajadores “de todas las profesiones y oficios, lo cual lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”. Por ende, el gremio llevará a cabo una asamblea general este martes.

¿QUÉ DICE EL COMUNICADO?

En el comunicado, la cúpula del nosocomio advirtió que desde este mes implementará un sistema biométrico para controlar la presencialidad laboral y avisó que a partir de mañana, quien no trabaje será despedido.

Este sector cobraba $797.000 hasta este mes. Sobre ese monto, percibirá unos $500.000 de aumento. Es decir, un 60%. Con el mismo, el Gobierno busca desactivar las asambleas de los empleados del hospital, en especial, las de los médicos residentes, que se preveían para mañana y el resto de la semana.

En paralelo, a este anuncio, la administración del Garrahan reiteró su postura de seguir con la auditoria sobre el nosocomio: “Estamos erradicando los desvíos presupuestarios y gastos superfluos”, afirmó en el comunicado.

El aumento hacia los $1.300.000 había sido trascendido el viernes por la tarde. Desde el Ejecutivo tenían pensado anunciarlo ese día, pero se postergó hasta este domingo.

Desde el Gobierno minimizan que el incremento salarial sea resultado de las medidas de fuerza de los trabajadores  y alegan que se enmarca en una planificación presupuestaria estipulada para esta altura del año, a su vez apunta contra una presunta casta sindical como chivo expiatorio para sus políticas sobre el nosocomio.


*FUENTE: Agencias

Redacción

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ENTRE RÍOS | Media sanción en Diputados para modernizar el Consejo de la Magistratura

Durante la séptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que actualiza la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa busca acelerar los concursos para seleccionar jueces, fiscales y defensores, al tiempo que introduce mecanismos de transparencia y mayor participación ciudadana.

Presidida por Gustavo Hein, la sesión contó con un amplio aval tras un trabajo en comisión que reunió aportes de todos los bloques. La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa como “una reforma que corrige, que profundiza y que actualiza un régimen que ya mostraba signos de agotamiento”. Entre los cambios más relevantes destacó la eliminación del recurso jerárquico directo para “fortalecer la autonomía y el profesionalismo”; la reducción del banco de casos de 100 a 50 por materia; la posibilidad de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor celeridad y la creación de una Escuela Judicial dentro del propio Consejo.

Lena subrayó además que la propuesta “nos otorga más representación, más control y más legitimidad. Amplía la participación de la sociedad civil y establece reglas claras de transparencia y publicidad digital de todos los actos del Consejo. Queremos garantizar que cada juez, fiscal y defensor lleguen por sus méritos y no por la cercanía de poder”.

Desde la bancada opositora, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) respaldó la votación en general, aunque anunció reservas sobre artículos puntuales. Recordó que el CMER fue creado en 2003 y consagrado en la reforma constitucional de 2008: “Estamos convencidos de que necesitamos instituciones fuertes para tener una democracia fuerte”, señaló, antes de cuestionar la exclusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el nuevo método de elección de los representantes de los trabajadores judiciales.

Redacción

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