Solo 5 de cada 100 alumnos chaqueños llegan al último año de la secundaria
La provincia de Chaco que se encuentra conmocionada por el asesinato de Cecilia y es gobernada por Jorge Capitanich tiene grandes falencias educativas.
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En Chaco solo 5 de cada 100 estudiantes que ingresan a primer grado llegan al último año de la escuela secundaria en el tiempo esperado y con conocimientos satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática, según un informe basado en datos de Aprender 2019. Aunque la provincia mejoró sus resultados en las últimas pruebas de primaria, el sistema educativo enfrenta varios desafíos críticos: solo Formosa y Santiago del Estero tienen resultados tan bajos en este indicador.
Solo 4 de cada 10 (40,1 por ciento) alumnos chaqueños de sexto grado alcanzan el nivel esperado en Matemática, según los resultados de Aprender 2022, mientras que casi 3 de cada 10 (28,8) se ubican en el nivel de desempeño más bajo, por debajo del básico. Los resultados de los alumnos chaqueños se mantuvieron estables con respecto a 2021: la mejora fue de apenas 0,3 puntos.
En Lengua 6 de cada 10 alumnos alcanzan el nivel esperado.
En Lengua la situación es más alentadora: 6 de cada 10 alumnos (61,7 por ciento) alcanzan el nivel esperado, y solo 1 de cada 10 (11,3) se ubica por debajo del básico. La provincia fue una de las que más mejoraron sus resultados con respecto a Aprender 2021: la cantidad de alumnos que alcanzaron los desempeños esperados aumentó en 21,9 puntos porcentuales.
En Chaco las escuelas rurales logran mejores resultados que las urbanas: más de la mitad de los alumnos de sexto grado escuelas rurales (52,4 por ciento) alcanzan los desempeños esperados en Matemática, mientras que en las escuelas urbanas la cifra desciende al 37,6. En Lengua se replica esta brecha: 7 de cada 10 alumnos del ámbito rural (71,3) logran los resultados esperados, pero en las ciudades solo 6 de cada 10 (59,7) alcanzan ese nivel.
El gobernador chaqueño Jorge Capitanich.
También existe una brecha de aprendizaje por nivel socioeconómico: los alumnos de escasos recursos logran peores resultados que sus pares que viven en hogares más acomodados, tal como sucede en el resto del país. Entre los estudiantes de nivel socioeconómico bajo, solo el 38,1 por ciento logra los aprendizajes esperados en Matemática en sexto grado, mientras que la cifra asciende al 62,1 entre los alumnos de nivel socioeconómico alto.
En 2020, la provincia había impulsado un Congreso Pedagógico Provincial, con el propósito de analizar la situación educativa y “asentar las bases de refundación de un nuevo contrato social entre Estado y Educación, cuyo resultado permitirá establecer un Acuerdo Educativo”, según la convocatoria impulsada por Jorge Capitanich. Sin embargo, la iniciativa se vio interrumpida por la Pandemia.
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El fallecimiento de LuisBrandoni dejó en Mendoza, y especialmente en San Rafael, un dolor con matiz de gratitud. Más allá de su extensa trayectoria en el cine y el teatro, el queridísimo actor dejó una huella concreta en el distrito de Las Paredes: donó parte de un predio familiar para que allí se construyera una escuela secundaria y, en octubre de 2023, viajó hasta el lugar para presidir el acto de imposición del nombre de la institución, a la que eligió llamar “José Domingo Brandoni”, en honor a su padre.
José Domingo Brandoni fue un empleado bancario que adquirió tierras en San Rafael por iniciativa del dueño de la entidad donde trabajaba. A su muerte, en 1985, Luis y su hermano Gerardo heredaron esos terrenos, donde ya vivían decenas de familias en condiciones precarias. Fue entonces cuando los hermanos tomaron la decisión de donar parte del predio con una única condición: que allí se construyeran una escuela, una comisaría y un centro de salud.
El 24 de octubre de 2023, Brandoni llegó al establecimiento 4-245. La comunidad educativa esperaba ese momento desde 2017, cuando inició la búsqueda de una identidad propia. Originalmente, la elección parecía definida: “Luis Brandoni” había sido el nombre más votado entre opciones como “Los Carolinos” o “El Chañaral”. Sin embargo, fue el propio actor quien cambió el rumbo con un gesto que marcó el espíritu de la jornada.
“Cuando me plantearon poner mi nombre, razoné que no había hecho méritos suficientes para semejante honor. Por eso propuse el de mi papá”, confesó, visiblemente conmovido, durante el acto. Y agregó: “Mi padre se merece este reconocimiento porque fue un hombre de bien, un hombre decente, que quiso mucho a San Rafael”.
Viviana Pizarro, directora de la institución en aquel entonces, describió el largo camino que llevó al bautismo del colegio y el impacto que tuvo la conversación con el actor. “Nos contó la historia de su familia y manifestó que lo más justo sería que el nombre fuera el de su papá. La comunidad aceptó de inmediato”, recordó la docente.
Hoy, la Escuela José Domingo Brandoni funciona como el testimonio vivo de una decisión familiar que cambió el futuro de una comunidad.
La concentración frente al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, comenzó pasadas las 11:00 hs con una columna de 300 personas que, en menos de una hora, se duplicó hasta alcanzar los 700 asistentes.
La convocatoria logró una unidad inédita al congregar a efectivos y retirados de las cinco fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), elevando el conflicto a una crisis de seguridad nacional.
La prensa fotografiando a algunos de los asistentes con carteles.
A pesar de que el edificio fue blindado con vallas preventivas, la jornada transcurrió íntegramente sobre la vereda, bajo la supervisión de un comisario seccional de la Policía de la Ciudad que confirmó la legalidad y el carácter pacífico de la marcha. El “abrazo simbólico” se transformó rápidamente en un foco de resistencia contra el desfasaje económico que asfixia a la familia policial.
La magnitud del conflicto quedó reflejada en una cobertura mediática masiva que incluyó móviles en vivo de Telefé, El Destape, Crónica, C5N, Canal 26, TN y A24, con la presencia de la reconocida periodista Mercedes Ninci.
La prensa fotografiando a dos de los oradores, frente al Edificio Centinela.
Sin embargo, el dato político más crudo fue la ausencia casi total de efectivos. Los familiares y retirados presentes denunciaron que el personal operativo fue obligado a quedarse en las sombras por un miedo real a represalias institucionales, bajo la sospecha de que agentes de inteligencia se infiltraronen la manifestación para identificar y marcar a cualquier integrante de la fuerza que alzara la voz.
Esta atmósfera de persecución coincide con la estrategia del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, desde donde se intentó minimizar la jornada calificándola como una movilización compuesta sólo por “retirados”, ignorando el quiebre interno de los agentes en actividad.
La movilización tuvo su punto de máximo interés desde el momento en que los asistentes entonaron el Himno Nacional, dando luego paso a una serie de cuatro oradores que hablaron a quienes asistieron y a la prensa.
Miguel Montiel junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.
La humillación del uniforme frente a la góndola
El cabo Miguel Montiel, de la Policía Federal Argentina —quien cobró notoriedad por encadenarse recientemente a Casa Rosada—, fue el único efectivo que rompió el cerco de silencio al presentarse uniformado y tomar la palabra como orador. Explicó que sabe que es probable que quieran sancionarlo por asistir a la manifestación y hablar, pero destacó que la situación es de emergencia.
Con nueve años de servicio más su formación, Montiel expuso la cifra que despoja de toda épica al discurso oficial:un sueldo de $800.000 pesos. Esta cifra es la consecuencia directa del último acuerdo salarial del 8% otorgado por el Gobierno, un porcentaje que quedó pulverizado frente a la inflación y que profundizó la brecha con otros sectores productivos.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Miguel Montiel, cabo de la PFA.
La comparación con el sector privado vuelve el dato un agravio institucional. Mientras un efectivo con casi una década de antigüedad y riesgo de vida percibe esa cifra, un empleado de comercio inicial —un joven de 18 años recién egresado de la secundaria que vende ropa en un local— percibe un básico de $1.170.000.
Esta brecha del 45% refleja la degradación de una fuerza que, según denunciaron los presentes, hoy se ve obligada a realizar “changas” de transporte o seguridad informal para que sus familias no caigan bajo la línea de indigencia.
Manifestantes ante el Edificio Centinela. En el centro: Passamonti, Montiel y Danann.
Voces de la familia policial y el compromiso exigido
El carácter de la movilización fue ratificado por Manuel Berro, retirado de Gendarmería Nacional y referente del “Frente Patriótico Patoruzú”, quien enfatizó que no se trataba de un acto político ni partidario, sino de una respuesta de supervivencia. Además, asistió Analía Zabala, referente de la Asociación de Suboficiales Argentinos y viuda de un oficial fallecido.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Emmanuel Danann.
Acompañado por agrupaciones como el “Movimiento Fuerzas Argentinas Unidas” y “Azules Siempre”, Berro invitó a Emmanuel Danann(cuyo nombre real es Manuel Gorostiaga, descendiente del prócer del S. XIX)a tomar la palabrapara visibilizar el pliego de condiciones que las cúpulas oficiales callan.
Danann, quien aclaró que su presencia buscaba apoyar y no apropiarse del reclamo, leyó los puntos centrales: salarios de indigencia y el abandono absoluto de las obras sociales, que ha dejado a miles de familias sin coberturas básicas.
Danann y Berro junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.
Durante su intervención, Danann interpeló directamente al Poder Ejecutivo al recordar que el mandato de cambiovotado por los argentinos incluía la promesa de reivindicar a quienes cuidan a la ciudadanía. En un pedido explícito a Javier Milei, exigió el compromiso de no aplicar sanciones ni persecuciones contra los efectivos que, de diversas formas, apoyaron la visibilización de este estado de emergencia.
Otro de los que hicieron acto de presencia fue Andrés Passamonti, expresidente de la UCeDe de CABA, actual presidente de Alternativa Republicana, y antiguo Director Ejecutivo de la Dirección de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires.
El cierre del bloque de oradores, marcado suceder durante el 2 de Abril, cerró con la reivindicación de la gesta de Malvinas y la defensa de la Patria, reafirmando que el reclamo trasciende cualquier bandera política.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Andrés Passamonti, presidente de Alternativa Republicana.
Bonos de miseria y oportunismo al cierre
El estallido no es un hecho aislado, sino el pico de un malestar que viene escalando desde la falta de respuestas a la equiparación salarial que ya se había manifestado meses atrás. La respuesta oficial, materializada en el Decreto 216/2026, fue recibida con indignación. El bono de $40.000 otorgado por el Gobierno fue calificado por Berro como “el vuelto de los banquetes de los políticos”, una cifra insignificante frente a una canasta básica que ya roza los $1.400.000.
Ante el riesgo de sanciones que pesa sobre los efectivos en actividad, fueron las familias quienes actuaron como escudo; figuras como Victoria Laura Sueldo, esposa de Facundo Romero, prefecto y referente de un reclamo por hostigamiento, falta de tratamiento y expulsión, asistieron a la protesta para visibilizar el colapso de la obra social y la falta de cobertura en tratamientos críticos.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Victoria Laura Sueldo, esposa del prefecto expulsado por Frederic.
Hacia las 12:20 hs, cuando más de la mitad de los asistentes ya se había retirado, se registró la presencia de Sabrina Frederic. La exministra de Seguridad de la gestión de Alberto Fernández apareció en escena con un marcado perfil bajo y sin realizar declaraciones públicas.
Su llegada tardía no alteró el espíritu del acto, que concluyó con la advertencia de que la emergencia de las fuerzas federales no se resuelve con parches económicos, sino con la reivindicación real de quienes hoy eligen el silencio para no perder su fuente de trabajo.
La Legislatura de Chubut sancionó la semana pasada la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos con acceso a internet por parte de personas presas en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia. El Proyecto de Ley General N° 017/2026, que recibió dictamen previo de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Legislación General, Cultura y Educación, obtuvo un respaldo amplio y sin diferencias partidarias.
SE TERMINARON LOS “CALL CENTERS” DEL DELITOAprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia.Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las “oficinas remotas” del delito manejadas desde una cárcel.Hoy Chubut… https://t.co/ugWokRHCEo
El gobernador Ignacio Torres celebró la sanción con una publicación en su cuenta oficial de X: “Se terminaron los call centers del delito. Aprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia. Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las ‘oficinas remotas’ del delito manejadas desde una cárcel”. Torres también destacó que “este es un proyecto que se trató sin banderas partidarias, con una premisa común: garantizar la seguridad de los chubutenses”.
Extorsiones por más de $80 millones y víctimas que se suicidaron
La diputada Andrea Aguilera, una de las principales defensoras de la norma, explicó que la ley alcanza a celulares, tablets, laptops, notebooks, consolas de juego y a cualquier equipo que permita acceder a redes sociales, mensajería o internet. La legisladora fundamentó el amplio respaldo con datos concretos: en Chubut se registraron extorsiones que superaron los 80 millones de pesos y hubo casos de personas hostigadas que terminaron suicidándose por la presión sufrida.
La nueva directiva no implica una interrupción absoluta del contacto de los detenidos con el exterior. Aguilera fue enfática al respecto: “No es una ley de prohibición. Es una ley que ordena y es una ley que establece cómo y de qué manera debe regularse la comunicación”. El texto garantiza el derecho a comunicarse con familiares, defensores, y para tratamientos de salud o trayectorias educativas, pero bajo un esquema controlado y sin acceso a dispositivos que permitan navegar por internet.
Las terminales institucionales habilitadas deberán configurarse exclusivamente para llamadas de voz. Quedaron expresamente prohibidos el acceso a internet, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, el correo electrónico, las videollamadas y el intercambio de archivos. Además, las comunicaciones se realizarán únicamente hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados, y se llevará un registro de cada comunicación con datos de fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.
Qué establece la ley
El texto prohíbe el “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. La norma tendrá vigencia en establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia. También alcanzará a quienes estén alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención haya sido dispuesta por sentencia o resolución judicial de jueces o tribunales provinciales.
La ley también faculta a la autoridad de aplicación a instalar sistemas de inhibición o gestión controlada de señal para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles dentro de los establecimientos, y establece como obligación permanente de las autoridades el control para evitar el ingreso de dispositivos.
UN PASO FIRME CONTRA EL DELITO ORGANIZADOEn Chubut dejamos atrás una práctica que durante años permitió que el delito se siga gestionando desde adentro de los lugares de detención.Con la aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías,… pic.twitter.com/KgJOEQbY6v
El Ministerio de Seguridad de la provincia contará con 180 días para reglamentar la ley y adaptar cada unidad de detención, tarea que incluye la definición de protocolos, el equipamiento permitido y las modalidades de comunicación legal.
Aguilera reconoció, sin embargo, que la norma tiene un límite: alcanza a cárceles y lugares de detención bajo órbita provincial, pero no modifica la situación en unidades federales, donde también operan casos resonantes de criminalidad organizada. Por eso, el oficialismo apuesta a que la sanción provincial funcione como antecedente político y normativo para otras jurisdicciones. Torres, en ese sentido, instó a extender la iniciativa al resto del país.
El Gobierno de Santa Fe detectó, a partir de un trabajo de inteligencia criminal, un presunto plan para atentar contra la vida del gobernador Maximiliano Pullaro. La hipótesis se activó luego del hallazgo de un arsenal con armas de guerra en una casa quinta de Roldán vinculada a integrantes de la banda “Los Menores”, una organización criminal que en los últimos meses fue parcialmente desarticulada en distintos procedimientos, aunque todavía conserva miembros prófugos, capacidad operativa y ramificaciones en distintos puntos del cordón rosarino.
La advertencia quedó plasmada en un informe y fue confirmada públicamente por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. “Los atentados iban a ser por parte de algunos integrantes de esa banda contra el gobernador y sobre algunos de sus funcionarios”, sostuvo el funcionario. Aunque aclaró que se trabajó sobre una hipótesis y no sobre un hecho consumado, remarcó que el Gobierno decidió activar medidas preventivas específicas en torno al mandatario provincial y al resto de las autoridades potencialmente alcanzadas por la amenaza.
Según el reporte, fechado el 10 de marzo, el grupo criminal analizaba cometer un atentado contra la vida de Pullaro utilizando fusiles de asalto. De acuerdo con la información a la que accedieron medios locales, la motivación de la banda encabezada por Lisandro “Limón” Contreras estaría vinculada al endurecimiento de la política de seguridad impulsada por la gestión santafesina, al refuerzo de los controles penitenciarios, al deterioro de las condiciones de detención para líderes criminales y al avance en la construcción de la nueva unidad carcelaria de alto perfil conocida como “El Infierno”.
– Lisandro “Limón” Contreras
Cococcioni explicó que la amenaza venía siendo seguida desde hacía meses. “La hipótesis y la versión de que se estaba armando o, por lo menos, que había intenciones serias de realizar algún tipo de atentado a las autoridades institucionales de la provincia y centralmente en la persona del gobernador, venía manejándose desde hace algunos meses”, reconoció. En ese marco, detalló que, una vez recibido el informe, se decidió “elevar los niveles de seguridad y situaciones especiales, entre ellas intentar restringir actividades oficiales y lograr que los traslados del gobernador que se puedan hacer por aire se hagan así, y que los que se hagan por tierra tengan otras características”.
Las medidas preventivas no fueron menores. Entre las recomendaciones del Ministerio de Seguridad figuraron la reducción del nivel de exposición pública del gobernador, el refuerzo de controles en actos oficiales, la revisión integral de los esquemas de custodia y la implementación de dispositivos más estrictos de acceso para evitar filtraciones. También trascendió que el automóvil en el que se traslada Pullaro cuenta con medidas de seguridad extremas, en línea con el nuevo protocolo de resguardo dispuesto tras conocerse el contenido del parte de inteligencia.
Dentro de ese rediseño preventivo también se analizó la conveniencia de modificar rutinas, evitar trayectos previsibles y reforzar el monitoreo previo de las actividades públicas del mandatario. La lógica oficial fue clara: aun cuando la hipótesis no hubiera avanzado hacia una fase ejecutiva comprobable, el solo cruce entre indicios, fuentes coincidentes y hallazgo de armamento justificaba un endurecimiento inmediato del esquema de seguridad.
El hallazgo que dio sustento material a la hipótesis ocurrió en una casa quinta ubicada sobre María Teresa al 700, en Roldán. Allí, durante allanamientos realizados luego de meses de tareas de inteligencia, las fuerzas de seguridad encontraron armas de gran calibre ocultas bajo tierra. Según informó el jefe de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), Maximiliano Bertolotti, para dar con el armamento se utilizaron detectores de metales y retroexcavadoras, un dato que da cuenta del grado de ocultamiento y de preparación que presentaba el lugar.
Sobre la profundidad del tambor enterrado circularon dos versiones. Una indicó que estaba a cuatro metros bajo tierra, mientras que otra sostuvo que se encontraba a unos 60 centímetros y que incluso podía tratarse de más de un tambor. Más allá de esa diferencia, el punto central fue que el armamento estaba escondido en condiciones que dificultaban su detección y sugerían una logística previa orientada a conservarlo fuera del alcance de controles ordinarios.
Entre las armas secuestradas aparecieron pistolas 9 milímetros y calibre 40 de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, además de dos fusiles calibre 5.56 y .223 de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. El detalle del arsenal reforzó la sospecha de que no se estaba frente a un acopio casual ni a una tenencia aislada, sino ante una reserva de alto poder de fuego compatible con operaciones criminales de escala.
En otra requisa, realizada en un departamento del barrio 7 de Septiembre, los investigadores incautaron varios teléfonos celulares, más de 10 millones de pesos y 550 dólares. Ese procedimiento permitió sumar otros elementos de contexto sobre el movimiento económico y comunicacional de la organización, además de conectar distintos puntos de interés dentro de la misma pesquisa.
Los procedimientos se realizaron en Roldán e Ybarlucea con intervención de personal de la Ciope y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Como resultado de esos operativos quedaron imputados Rodrigo Gabriel Cappelletti, de 27 años, y Lautaro Noriega, de 35. El fiscal Ignacio Hueso los acusó de integrar la asociación ilícita cuyo jefe sería Contreras y de ocuparse de la custodia de las armas de fuego de la banda y de negocios inmobiliarios ilícitos. Luego, la jueza Melania Carrara dictó prisión preventiva por dos años para ambos.
Según la acusación fiscal ambos formaban parte de una estructura con funciones concretas dentro de la organización: custodiar el armamento y sostener maniobras vinculadas con operaciones inmobiliarias ilícitas. Ese encuadre judicial consolidó la idea de que el grupo mantenía una dinámica delictiva estable, con reparto de tareas y capacidad para resguardar recursos estratégicos.
La investigación que derivó en estos allanamientos se alimentó de información recibida por la Subsecretaría de Inteligencia Criminal a través de tres vías distintas, según trascendió. Un alto funcionario provincial señaló al medio provincial La Capital: “Recibimos los datos y el parte de inteligencia, y trabajamos sobre eso”. Las fuentes que aportaron la ubicación del armamento, su tipo y su posible utilización en un atentado coincidieron, además, con información propia reunida por los organismos de inteligencia santafesinos.
La estructura señalada en el informe se conecta con una trama criminal más amplia. Contreras fue imputado en 2024 por la fiscal Georgina Pairola como jefe de una asociación ilícita. Había sido detenido en Pilar, provincia de Buenos Aires, tras aparecer mencionado en una investigación vinculada al asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder de la barra brava de Rosario Central. En esa causa, la fiscal identificó como organizadores de la asociación ilícita al policía Jonatan Garraza, a Fernando “Colo” Cappelletti y al todavía prófugo Ramiro Escalante.
Ese entramado permite entender por qué el hallazgo en Roldán fue leído por las autoridades como algo más que un procedimiento exitoso contra una banda local. El nombre de Contreras ya aparecía asociado a expedientes de fuerte impacto en Rosario y su zona de influencia, con conexiones entre barras, policías, narcomenudeo, homicidios y estructuras criminales que sobreviven aun después de sucesivas detenciones.
Justamente, uno de los imputados en la causa por las armas halladas en Roldán es Rodrigo Cappelletti, hermano del “Colo” Cappelletti. Esa relación familiar fue uno de los datos que reforzaron, para los investigadores, la continuidad de vínculos entre distintos actores mencionados en expedientes previos y la persistencia de una red con capacidad para recomponerse pese al avance judicial.
Uno de los antecedentes de la pesquisa fue el homicidio de Micaela Soledad Gómez, cometido en mayo de 2023, un caso que permitió detectar conexiones entre la banda de Contreras, la organización conocida como La Mafilia —atribuida al recluso Leandro “Gordo” Vilches, condenado en 2018 como integrante de Los Monos— y la estructura de Pablo Nicolás Camino, otro interno de una cárcel federal preso por homicidios y narcotráfico.
Ese punto resulta clave para comprender la dimensión del problema. La investigación no describe, así, un grupo completamente aislado, sino una red con vasos comunicantes con otras organizaciones de peso en el mapa criminal de la provincia.
Ningún país en el mundo tiene tantos adolescentes distraídos por el celular en el aula como la Argentina. Desde que comienza la hora escolar, más de la mitad del alumnado de 15 años ya tiene la atención puesta en otra parte: el 54% declaró perder la concentración por el uso de sus propios dispositivos digitales, y el 46% afirmó distraerse por lo que hacen sus compañeros con los suyos. Ambos porcentajes son los más altos entre los 80 países que participaron de las últimas pruebas PISA, realizadas en 2022.
Los datos surgieron del informe Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes, publicado a finales del mes pasado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. El documento fue elaborado por expertos del CONICET y de la Universidad Torcuato Di Tella, junto a investigadores del propio Observatorio. En el caso local, respondieron 12.111 estudiantes de un total de 613.744 a nivel global.
Los números no dejan margen para la duda. Uruguay (52%) y Chile (51%) son los únicos que se aproximan al nivel argentino. Del otro lado del mundo y de la tabla, Japón apenas alcanzó el 5% de alumnos que declararon distraerse.
Del universo de estudiantes que respondieron las preguntas sobre distracción por el uso propio del celular y por el uso de los compañeros, el 41% declaró verse afectado por ambas situaciones al mismo tiempo. El 27% indicó distraerse únicamente por el uso propio, y un 20% señaló que el problema era exclusivamente ajeno: se distraían por lo que hacían otros, sin que su propio dispositivo fuera un factor.
Entre 2018 y 2022, el uso cotidiano del celular dentro de los establecimientos escolares creció en todos los países del mundo sin excepción. Nuestro país no escapó a esa tendencia: el 54% de los alumnos declaró utilizar el dispositivo todos los días en la escuela, un porcentaje que coincide exactamente con el de quienes admitieron distraerse. En cuanto a la tenencia, el 91% de los estudiantes de 15 años contó en 2022 con celular propio con acceso a internet.
Con las notificaciones encendidas, siempre
El informe también midió el comportamiento respecto de las notificaciones durante las clases. Entre los 75 países que respondieron esa pregunta, Argentina resultó el peor de la región y se ubicó entre los cinco con mayor proporción de alumnos que nunca o casi nunca las desactivaron: el 37,6% mantuvo activas las alertas de redes sociales y aplicaciones a lo largo de toda la jornada escolar.
En 65 de los 80 países evaluados, los varones declararon distraerse más que las mujeres en clases de Matemática por el uso de dispositivos. Los datos argentinos también lideran ese indicador a escala global: 56% en varones, el valor más alto de los 80 países, y 52% en mujeres, el tercero más alto, detrás de Chile y Uruguay.
Respecto de las notificaciones, ellos también presentaron mayor tendencia a no silenciarlas: el 40% de los varones nunca las desactivó (quinto valor más alto a nivel mundial) frente al 35% de las mujeres (tercero). Sin embargo, Argentina fue el único entre los diez latinoamericanos evaluados en el que el porcentaje de mujeres que sintió presión para responder mensajes durante la clase resultó mayor al de varones: 10% frente a 8%.
El gobierno de Santa Fe anunció que los padres o adultos responsables de los menores que realicen falsas amenazas en escuelas deberán afrontar multas de entre 5 y 6 millones de pesos por cada operativo de seguridad activado. La desesperada medida busca generar un efecto disuasivo ante la creciente ola de alertas que, en apenas cinco días (entre el 16 y el 21 de abril), acumuló 158 intervenciones en establecimientos educativos de la provincia.
La secretaria de Coordinación Técnica del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani, fue una de las principales voceras del anuncio y advirtió que el fenómeno tiene alcance nacional. En una sola jornada se registraron 78 llamados al 911, “un número altísimo”. Orciani justificó el mecanismo de cobro con énfasis en el origen de los fondos y en el costo que implica cada intervención.
El monto “sin duda es una suma altísima” pero “refleja el aporte que hacemos todos los santafesinos cada vez que pagamos un tributo. No es el dinero del gobernador Maximiliano Pullaro, no es el dinero del Ministerio de Justicia y Seguridad, es el dinero de todos nosotros que vivimos, que elegimos trabajar en esta provincia y aportar. La gravedad, más allá de la intimidación pública que dejan estos mensajes, también es la dispensa de recursos que hace la provincia para atender el capricho de un par de irresponsables que no entienden que estamos en presencia de un delito y que el delito se paga”.
La funcionaria también remarcó que cada amenaza falsa consume recursos millonarios y aparta patrulleros y personal de tareas de prevención en la calle. Advirtió además que lo que algunos menores toman como una broma puede dejar sin cobertura situaciones delictivas reales. Y cerró con una definición tajante: “Como todos los argentinos ya sabemos, cuando nos duele el bolsillo reaccionamos”.
A pesar de la situación, Orciani remarcó que las clases continúan con normalidad. “La educación no puede estar en juego por un par de irresponsables”.
Uno de los casos más resonantes se produjo en la Escuela Ovidio Lagos N° 309, ubicada en Barrio Rucci (Rosario) donde se detectaron dos amenazas consecutivas: una el martes en el baño de mujeres y otra el miércoles en el baño de hombres. Los directivos del establecimiento mantuvieron reuniones de urgencia con padres y alumnos sospechosos de redactar los mensajes o viralizar las imágenes. En ese contexto, algunos adultos manifestaron preocupación por antecedentes de violencia en la escuela, incluidas versiones sobre un alumno que habría ingresado previamente con una réplica de arma.
Un episodio similar se vivió en el Colegio Paulo VI, donde la denuncia de una madre por un vehículo sospechoso en las inmediaciones demoró la salida de los alumnos aproximadamente diez minutos. El establecimiento activó de inmediato el protocolo de seguridad hasta que el personal del 911 confirmó que el área estaba resguardada.
El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad precisó que estas acciones no constituyen “bromas”, sino delitos tipificados en el Código Penal.
La magnitud del conflicto llevó a distintas escuelas de la provincia a tomar decisiones preventivas: en algunas localidades, los alumnos comenzaron a asistir a clases sin mochilas y a trasladar sus útiles en bolsas de nylon transparentes para facilitar el control de ingreso y evitar el porte de elementos peligrosos. Por su parte, centros de estudiantes de la región comenzaron a difundir videos de concientización en los que remarcaron que estas situaciones generan miedo real e instaron a detener la viralización de contenidos violentos.
Las autoridades provinciales vincularon la escalada de amenazas a un “reto” viral de TikTok. El especialista en convivencia escolar Alejandro Castro Santander describió el contexto como parte de una escalada regional y advirtió que “estamos reaccionando tarde ante una ‘sopa de violencia’ que ya es estructural”. También señaló la influencia del entorno digital en el comportamiento de los menores: “Hay chicos que consumen contenidos donde se glorifican masacres. Los padres creen que están en redes comunes, pero muchas veces están expuestos a entornos de extrema violencia”.
Para el especialista, las respuestas basadas en controles físicos o medidas aisladas no abordan el problema de fondo: “No podemos seguir reaccionando con parches. Se necesita una política integral de convivencia escolar”. También advirtió sobre el contexto continental: “América Latina tiene la tasa más alta de homicidios de menores del mundo. Es ingenuo pensar que esto no va a impactar en las escuelas”.
Una de las víctimas había sido condenada a 14 años por homicidio y quedó libre en menos de seis. El gobernador chubutense apuntó contra la impunidad y anunció una mesa conjunta entre la Justicia, fiscales y fuerzas de seguridad para avanzar contra las familias Vera y Nieves, señaladas por años de violencia en la ciudad.
La provincia buscará que los adultos responsables afronten el costo de cada operativo de seguridad. En apenas cinco días se registraron 158 intervenciones y, en una sola jornada, hubo 78 llamados al 911. “Cuando nos duele el bolsillo reaccionamos”, advirtieron desde el Ministerio de Justicia.
Un procedimiento conjunto con el municipio de General Pueyrredón terminó con la demolición de más de 170 puestos instalados durante décadas en la Rambla.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
