Solo 5 de cada 100 alumnos chaqueños llegan al último año de la secundaria
La provincia de Chaco que se encuentra conmocionada por el asesinato de Cecilia y es gobernada por Jorge Capitanich tiene grandes falencias educativas.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
En Chaco solo 5 de cada 100 estudiantes que ingresan a primer grado llegan al último año de la escuela secundaria en el tiempo esperado y con conocimientos satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática, según un informe basado en datos de Aprender 2019. Aunque la provincia mejoró sus resultados en las últimas pruebas de primaria, el sistema educativo enfrenta varios desafíos críticos: solo Formosa y Santiago del Estero tienen resultados tan bajos en este indicador.
Solo 4 de cada 10 (40,1 por ciento) alumnos chaqueños de sexto grado alcanzan el nivel esperado en Matemática, según los resultados de Aprender 2022, mientras que casi 3 de cada 10 (28,8) se ubican en el nivel de desempeño más bajo, por debajo del básico. Los resultados de los alumnos chaqueños se mantuvieron estables con respecto a 2021: la mejora fue de apenas 0,3 puntos.
En Lengua 6 de cada 10 alumnos alcanzan el nivel esperado.
En Lengua la situación es más alentadora: 6 de cada 10 alumnos (61,7 por ciento) alcanzan el nivel esperado, y solo 1 de cada 10 (11,3) se ubica por debajo del básico. La provincia fue una de las que más mejoraron sus resultados con respecto a Aprender 2021: la cantidad de alumnos que alcanzaron los desempeños esperados aumentó en 21,9 puntos porcentuales.
En Chaco las escuelas rurales logran mejores resultados que las urbanas: más de la mitad de los alumnos de sexto grado escuelas rurales (52,4 por ciento) alcanzan los desempeños esperados en Matemática, mientras que en las escuelas urbanas la cifra desciende al 37,6. En Lengua se replica esta brecha: 7 de cada 10 alumnos del ámbito rural (71,3) logran los resultados esperados, pero en las ciudades solo 6 de cada 10 (59,7) alcanzan ese nivel.
El gobernador chaqueño Jorge Capitanich.
También existe una brecha de aprendizaje por nivel socioeconómico: los alumnos de escasos recursos logran peores resultados que sus pares que viven en hogares más acomodados, tal como sucede en el resto del país. Entre los estudiantes de nivel socioeconómico bajo, solo el 38,1 por ciento logra los aprendizajes esperados en Matemática en sexto grado, mientras que la cifra asciende al 62,1 entre los alumnos de nivel socioeconómico alto.
En 2020, la provincia había impulsado un Congreso Pedagógico Provincial, con el propósito de analizar la situación educativa y “asentar las bases de refundación de un nuevo contrato social entre Estado y Educación, cuyo resultado permitirá establecer un Acuerdo Educativo”, según la convocatoria impulsada por Jorge Capitanich. Sin embargo, la iniciativa se vio interrumpida por la Pandemia.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche terminó en un escándalo condenuncias por agresiones físicas, amenazas y una mujer desmayada durante el acto encabezado por el intendente Walter Cortés.
Los hechos ocurrieron en medio de un conflicto político y social por el futuro del CerroCatedral, donde vecinos y algunos concejales de la oposición se manifestaron contra el proyecto de desarrollo impulsado por el Ejecutivo municipal y CAPSA(Catedral Alta Patagonia S.A., la empresa concesionaria de la explotación y operación del cerro, emblema de la localidad), en el marco del debate por los cambios y la definición de parámetros urbanísticos en esa zona.
El intendente Cortés inició su discurso con un extenso informe de gestión centrado en obras y en temas de la agenda local, entre ellos la definición de parámetros para el cerro Catedral, la situación del vertedero municipal y la reforma de la Carta Orgánica prevista para este año.
Una manifestante integrante de la Asamblea de Jubilados en lucha, relató que recibió un cabezazo en el tabique nasal que le provocó un desmayo. La mujer, que debió ser hospitalizada, luego radicó una denuncia penal y debió ser hospitalizada.
También un integrante de Residentes Unidos Bariloche llevó a la Justicia las agresiones que sufrió en el acto de apertura. Este vecino explicó que al ingresar al recinto varias personas lo rodearon y lo increparon. “Estábamos acá adentro, reclamando pacíficamente. Se ve que me tienen fichado, porque apenas entré me rodearon seis personas, a las que les pregunto si me estaban rodeando a mí, a lo que me contestan que sí, que me cuide, que después nos ibas a cruzar”.
Según indicó, tras ese episodio volvió a ingresar y allí se produjo la agresión que desencadenó los disturbios. De acuerdo con su versión, un hombre vinculado al entorno del intendente le propinó un golpe de puño en la cara, una situación que quedó registrada en un video.
La denuncia penal del vecino agredido quedó asentada en la Subcomisaría 55 de Playa Serena. Según la certificación de actuaciones judiciales labrada con fecha 2 de marzo de 2026, el denunciante declaró que “siendo las 11:10 aproximadamente me hice presente en el gimnasio municipal n° 5 acompañado con un grupo, desde que entré a la asamblea gente allegada al intendente Walter Cortés me rodearon y comenzaron a increparme invitándome a salir fuera y amenazándome con que ya nos íbamos a cruzar”.
De acuerdo con esa denuncia, el hombre identificado como autor del golpe inicial fue César Milton Catrigual Guerrero. Desde el 31 de marzo de 2025 ocupó el cargo de colaborador directo del intendente Walter Cortés, en virtud de la Resolución Municipal N° 00000686-I-2025, firmada el 16 de abril de 2025. Esa resolución, dictada en el marco de la Ordenanza N° 3439-CM-2023 que aprobó la estructura política de la gestión, estableció una remuneración equivalente a dos salarios básicos de la categoría 19 más zona fría, vigentes hasta que “el Sr. Intendente disponga lo contrario”.
Medios locales también recordaron que, antes de su incorporación al Ejecutivo municipal, Catrigual Guerrero fue desvinculado de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB) tras acumular años de inasistencias injustificadas.
La concejal opositora Julieta Wallace afirmó que presenció una de las agresiones y apuntó contra el entorno de Cortés. “Fui testigo cómo el chofer de Cortés le pegó una piña a un vecino que se fue a manifestar en contra del proyecto del Cerro Catedral“.
La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió ayer lunes una resolución y se abocó de oficio a investigar los episodios de violencia registrados durante el acto oficial. El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, consignó empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caída al piso de una mujer y de su hija de 9 años, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión física a otro asistente.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este fin de semana un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles en centros de detención de la provincia. La iniciativa fue elevada hoy lunes a la Legislatura y apuntó a frenar estafas digitales, extorsiones y otras maniobras delictivas organizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta contempló además el bloqueo de señales dentro de los centros de detención y un control estricto por parte de la autoridad de aplicación. “Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, aseguró el mandatario, quien detalló que esas maniobras afectaron especialmente a los sectores más vulnerables y crecieron con fuerza en los últimos años.
Torres remarcó además que el sistema penitenciario tiene un costo fiscal sostenido por los contribuyentes y vinculó parte de estas maniobras con organizaciones que operaron desde contextos de encierro mediante el uso clandestino de celulares: “Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”.
Los reos no serán incomunicados, podrán hablar con familiares, defensores y autoridades, pero únicamente mediante sistemas habilitados por las instituciones pertinentes y no por medio de celulares.
UN PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que la propuesta “apunta a recuperar una normalidad que se alteró durante la pandemia. Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”.
El funcionario consideró que el aumento de este tipo de estafas convirtió al uso de celulares en cárceles en un problema de seguridad pública.
– “Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”. El video que compartió Ignacio Torres
En esa línea, el vicegobernador Gustavo Menna calificó al proyecto como “muy trascendente” y dijo que “apunta a atacar de raíz una problemática que incluye extorsiones, estafas y secuestros virtuales”. También explicó que, si bien ya existió una normativa general que restringió el uso de estos dispositivos, hubo interpretaciones diversas que en algunos casos favorecieron la continuidad de esas prácticas.
La autora del proyecto es la diputada provincial María Andrea Aguilera. Explicó que la iniciativa pretende prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para personas privadas de la libertad, al tiempo que garantizó comunicaciones en condiciones seguras. Esos contactos se realizarán en espacios habilitados, con horarios establecidos y mediante sistemas institucionales para la comunicación.
– María Andrea Aguilera
La legisladora recordó que Chubut “fue la primera provincia en sancionar una ley contra la ludopatía digital en jóvenes” y señaló que la provincia avanzó también en otros ámbitos vinculados al uso responsable de dispositivos tecnológicos: “Esta ley viene a sumar herramientas para combatir el ciberdelito y reforzar la protección de los ciudadanos”.
EL DETALLE
El proyecto estableció la prohibición del “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. A su vez, dispuso la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantizó el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660.
La normativa alcanzó a establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier otro lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de Chubut.
En caso de detectarse celulares u otros dispositivos prohibidos, el texto previó su decomiso inmediato y la confección de un acta con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias del hallazgo. Si existieran indicios de un delito, dispuso dar intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.
La iniciativa fijó además como obligación permanente de las autoridades responsables la aplicación de medidas estrictas de control y prevención para evitar el ingreso de dispositivos a los lugares de detención.
En cuanto al sistema de comunicación, la propuesta dispuso que las terminales institucionales habilitadas se configuren exclusivamente para llamadas de voz. Quedó expresamente prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.
Las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados. Además, el sistema llevará un registro de datos básicos de cada llamada, entre ellos la fecha, la hora, la duración, el interno solicitante, la terminal utilizada y el número de destino.
El gobierno del presidente Javier Milei puso bajo revisión un total de 44 inmuebles distribuidos en todo el país que estaban bajo la órbita del anteriormente conocido como Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), hoy Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
Un documento oficial fechado el 19 de marzo de 2026 —elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo— propone anular transferencias en curso, retirar estas propiedades del balance contable del instituto y redefinir su titularidad. La medida está a cargo del ministro de Defensa, Carlos Presti y genera una fuerte resistencia dentro de las propias Fuerzas Armadas.
El dictamen fechado el 19 de marzo de 2026 responde, en los hechos, a una pregunta que hasta ahora no había sido contestada. En el marco de la aplicación del DNU 88/2026, el texto plantea una serie de medidas técnicas que, en la práctica, abren el camino para una eventual venta de esos 44 inmuebles. Entre ellas figura la anulación de las transferencias en curso que habían dispuesto el traspaso de esas propiedades al IOSFA, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que retome la jurisdicción sobre los bienes, su exclusión del patrimonio neto del IOSFA/OSFA y el archivo definitivo de los expedientes administrativos vinculados a esos activos.
El memorándum detalla la gestión de inmuebles asignados y en transferencia al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), incluyendo propuestas para la anulación de asignaciones y la solicitud de nuevos trámites. Se menciona la necesidad de cumplir con normativas específicas y se presenta una lista de 44 inmuebles a considerar para reasignación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el listado incluye la sede central del IOSFA, el edificio San José, la Policlínica General Omar Actis, la Farmacia Pedro Mallo, el Hotel Ushuaia y el Archivo e imprenta de Trelles. En la provincia de Buenos Aires aparecen los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, en Mar del Plata, junto con el Hotel Cóndor, el Hotel Metropol, las delegaciones de Bahía Blanca, La Plata y Tandil, y los centros recreativos de San Clemente y Zárate.
En Córdoba figuran el Hotel Social de La Falda, el Hotel Villa General Belgrano, la Residencia Cosquín y la Colonia Miraflores. En Santa Fe se incluyen las farmacias de Rosario y Santa Fe, además de las delegaciones de ambas ciudades. La nómina también alcanza a la delegación de Corrientes y a inmuebles ubicados en Salta y Tierra del Fuego.
Muchos de estos bienes —como los hoteles en Mar del Plata o la residencia en Cosquín— pertenecían originalmente a las propias fuerzas y fueron transferidos al IOSFA en décadas pasadas, por lo que su posible venta genera un doble agravio. Primero se pierde la obra social, y luego se pierde el patrimonio construido a lo largo de décadas.
Esta situación no ocurre de la nada. El Gobierno Nacional tiene en marcha un plan integral de venta de activos públicos que incluye tanto inmuebles militares como empresas estatales. El Decreto 950/2024 ya había habilitado a la AABE para vender o transferir un listado de 309 inmuebles nacionales declarados “innecesarios”, y en 2025 ya se concretaron algunas ventas, como el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero por USD$34 millones.
En paralelo, el gobierno evalúa crear un fondo específico con el 10% de lo recaudado por privatizaciones y ventas de bienes públicos para financiar la recompra de armamento y el reequipamiento militar. El Ejecutivo calcula que podría reunir entre USD$1.500 y USD$3.000 millones con ese mecanismo. En teoría, esto permitiría “compensar” la pérdida de patrimonio histórico con nueva capacidad de combate.
“Quieren pagar la deuda rematando el Estado”
La reacción dentro de las Fuerzas Armadas fue de enojo y desconfianza. Un militar en actividad consultado por el medio La Política Online fue contundente: “Toda esa lista de inmuebles van a ser afectados a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda”.
El mismo informante señaló lo llamativo de la situación: “algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda… esos eran hoteles de las fuerzas que después pasaron al IOSFA”.
El malestar se agrava por otros flancos. El ministro Presti, siendo él mismo un militar, tomó la decisión de poner al Ejército a conducir la nueva obra social OSFA, lo que generó enojo en la Fuerza Aérea. Además, cuando el Ministerio de Economía se negó a aportar fondos para cubrir las deudas del IOSFA, el gobierno recurrió a las partidas operativas de las propias Fuerzas Armadas, financiando la crisis de salud a costa del presupuesto de defensa.
El IOSFA fue creado en 2013 mediante el Decreto 637/13 para unificar las coberturas médico-asistenciales del personal de las Fuerzas Armadas y de determinadas fuerzas de seguridad federales (Prefectura Naval y Gendarmería Nacional). Era la tercera obra social más grande del país, con cerca de 600.000 afiliados.
La institución colapsó financieramente a lo largo de 2024 y 2025. Según una auditoría interna, la deuda pasó de aproximadamente $70.000 millones en marzo de 2024 a $173.000 millones al cierre de ese año.
De acuerdo con los expedientes, la obra social recibió un superávit de $25.000 millones cuando el exministro de Defensa de la Nación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, Luis Petri asumió. Sin embargo, ese colchón fue consumido rápidamente. Bajo la conducción de Oscar Sagaz (primer hombre de Petri en el organismo), se tomó un préstamo de $14.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) que nunca fue devuelto. Luego se pidió un segundo préstamo de $42.000 millones, supuestamente para equipamiento médico, pero utilizado para pagar deudas con proveedores, lo que agravó aún más el déficit. A cargo de su administración la deuda creció hasta superar los $200.000 millones.
La causa principal fue la falta de pago de aportes y contribuciones patronales por parte del Estado Nacional —es decir, el propio gobierno no cumplía con lo que le correspondía pagar como empleador—, lo que generó una brecha crítica entre los ingresos del instituto y el costo real de las prestaciones médicas. El déficit mensual llegó a los $15.000 millones. Para octubre de 2025, por primera vez en su historia, el IOSFA tuvo que pedir un “salvataje” de emergencia al Ministerio de Defensa para pagar deudas con droguerías proveedoras de medicamentos.
Las consecuencias para los afiliados fueron gravísimas, entre ellas el recorte sistemático de prestaciones, falta de medicamentos oncológicos, hospitales sin cobertura en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte.
Previamente, en febrero de 2026, se dictó el DNU 88/2026, mediante el cual dispuso la disolución del IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales, la OSFA, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. El decreto también estableció un período de transición de hasta 365 días para ordenar el traspaso de afiliados, bienes, personal y obligaciones, con el objetivo declarado de garantizar la continuidad de las prestaciones de salud.
El decreto argumentó que la separación permitiría una gestión más eficiente y adaptada a las realidades de cada situación. Sin embargo, el decreto no especificó ningún mecanismo concreto para saldar la deuda heredada, ni un cronograma de transición, ni un sistema de control externo independiente.
Las dos contrataciones cuestionadas
El 18 de marzo de 2026, el administrador designado del IOSFA, el coronel mayor (R) Ariel Guzmán, aprobó una contratación directa “por especialidad” por $108 millones para el mantenimiento del “sistema asistencial” durante seis meses, con opción a prórroga.
La empresa adjudicada fue Tekhne SA, presentada como única oferente. La firma es presidida por Rodolfo Héctor Montonati y dirigida por Enrique Alberto Cuello y Valeria Esther Montonati. No se trata de un vínculo nuevo, ya que los registros del propio IOSFA muestran que Tekhne SA ya había sido la única ofertante en una contratación directa por especialidad para el “mantenimiento y actualización del Sistema SIA” en 2023, lo que indica una relación comercial reiterada bajo la misma modalidad.
La modalidad de “contratación directa por especialidad” es un mecanismo excepcional del régimen de compras públicas que permite adjudicar sin competencia abierta cuando se justifica que solo una empresa cuenta con las capacidades técnicas necesarias. Lo que no cierra es que el proceso fue iniciado en diciembre de 2025, mientras el organismo ya estaba en camino a su liquidación.
Apenas días antes, el 2 de marzo de 2026, el gerente general Sergio Maldonado había autorizado, mediante la disposición DI-2026-145-APN-GG#IOSFA, una licitación privada por $86.578.259,04 para contratar una consultora externa que elabore un Programa Integral de Prestaciones (PIP).
El objetivo formal era diseñar el modelo de cobertura médica del IOSFA. Sin embargo, el propio gobierno ya había decidido disolver el organismo semanas antes. En los fundamentos del pliego, el IOSFA admite que no cuenta internamente con el equipo técnico necesario para esa tarea.
Estas decisiones contrastan con la lógica que suele esperarse en un proceso de disolución. En teoría, una institución en liquidación debería concentrarse en reducir compromisos y gastos corrientes, auditar la situación heredada y ordenar el cierre de manera transparente y controlada.
La continuidad de gastos elevados y el uso de mecanismos que eluden la competencia abierta alimentan sospechas de un posible “vaciamiento de último momento” antes del cierre definitivo del organismo.
El hecho de que el llamado para la contratación de Tekhne SA se remonte a diciembre de 2025 —antes del decreto de disolución— no elimina la incógnita sobre si era necesario formalizar este contrato una vez conocida la decisión de liquidar el organismo.
El Senado de Santa Fe aprobó la media sanción de un proyecto de ley que buscó prohibir la actividad de los cuidacoches en todo el territorio provincial. La iniciativa, presentada por el senador por Rosario Ciro Seisas, incorporó esta práctica al Código de Convivencia y habilitó, por primera vez, la intervención directa de la policía y de los municipios ante casos de cuidado, guarda o lavado de vehículos sin autorización.
La propuesta modificó la Ley 10.703 mediante la incorporación de los artículos 66 bis, ter y quater, para que la actividad pasara a ser considerada una contravención a nivel provincial. El proyecto había sido presentado en mayo de 2025. Tras la aprobación en la Cámara alta, la iniciativa debió pasar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
Durante el debate, que se extendió por una semana, el Senado introdujo cambios al texto original y participaron al menos tres ministros del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro. El proyecto contó con el aval del gobierno provincial y sumó aportes del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados, con participación de la diputada Ximena García y del legislador Walter Ghione.
Uno de los principales cambios dispuso que la aplicación concreta de la futura norma quedara delegada en cada municipio, que deberá definir su implementación a través de una ordenanza propia. La futura ley le otorgó a la policía atribuciones para actuar, pero estableció que serán los gobiernos locales quienes tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante la Justicia contravencional. Según el texto aprobado, los municipios podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial correspondiente, para hacer cesar la actividad mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público donde se desarrollara.
En el caso de Rosario, será el Concejo Municipal el encargado de dictar una reglamentación local donde se establezcan específicamente atribuciones y alcances en el territorio. Ese esquema surgió tras los planteos de senadores de departamentos con menor densidad poblacional, que sostuvieron que la problemática era propia de los grandes aglomerados urbanos y que, por eso, su resolución debía definirse en cada territorio. Ese criterio descomprimió las críticas que llegaron desde comunas más pequeñas de la provincia.
La iniciativa estableció la prohibición de cualquier actividad de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como también del lavado, guarda, cuidado o limpieza de vehículos sin autorización de la autoridad competente. El texto señaló que incurrirá en contravención quien, sin autorización oficial y cuando exista prohibición local vigente, “ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no”.
Entre las sanciones previstas figuraron el trabajo comunitario de 2 a 10 días, la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la contravención y el arresto de 10 a 20 días en caso de reincidencia. También se mencionaron multas de 10 a 50 unidades fijas y arrestos de 5 a 15 días en casos de organizaciones coordinadas o reincidencia. Además, el proyecto contempló restricciones de concurrencia a determinados lugares y endureció las penas cuando existiera organización previa.
La sanción se elevará al doble en sus mínimos y máximos cuando la conducta se ejerza con violencia o amenazas hacia personas o bienes; se concrete en zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas autorizadas; o en las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior. También se endurecerán las penas cuando se constate aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad u otras circunstancias que coloquen a la víctima en una situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio.
El texto también agravó las sanciones si la actividad prohibida se desarrolla entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o de edificios públicos. A su vez, incorporó un capítulo específico para quienes sean organizadores, coordinadores o responsables de la actividad: en esos casos, la escala de arresto podrá elevarse hasta el cuádruple de su mínimo y máximo, sin perjuicio de la responsabilidad individual de los autores materiales.
“No es una solución mágica, ni lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero era una deuda histórica de la política con la sociedad. Esta ley permite iniciar el debate y empezar a buscar una solución a un tema que hace décadas se viene escondiendo bajo la alfombra”, aseguró Seisas.
El senador por Rosario también destacó el alcance institucional de la norma: “Con esta ley estamos creando una herramienta en la que la actividad pasa a ser una contravención provincial y donde cada municipio tendrá la potestad de frenar la actividad en su localidad; esto es clave para enfrentar el problema de otra manera. Se plantea un trabajo conjunto entre organismos de control municipal y fuerzas de seguridad, donde los gobiernos locales tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante un eventual proceso contravencional en la justicia, siempre acompañados por las fuerzas policiales. Solo en Rosario, en 2025, hubo 1245 reclamos y 16 llamadas diarias al 911 denunciando situaciones de extorsión. En el caso de nuestra ciudad, la idea es inicialmente actuar en las zonas donde se concentran la mayoría de estas denuncias”.
Sobre el tratamiento legislativo, agregó: “Espero que los diputados actúen y sea ley. Esto no es un proyecto personal ni de nombres: es un proyecto de la gente que se cansó de ser rehén de la extorsión. Lo venimos discutiendo desde el año pasado y lo trabajamos de forma conjunta con la Cámara baja, donde sumamos herramientas como la incorporación al Código de convivencia provincial a través de la diputada Ximena García y el abordaje de consumos problemáticos impulsado por Walter Ghione. Es una ley que sirve para que las ciudades tengan una herramienta más”.
Seisas también cuestionó la falta de respuestas políticas de años anteriores. “Durante demasiado tiempo, parte de la política eligió mirar para otro lado. Toleró la violencia. Naturalizó el desorden. Permitió que el miedo quedara del lado de las víctimas y no del lado de quienes cometen los abusos. Hoy esa misma política está asumiendo una discusión incómoda, pero necesaria”, sostuvo.
En Rosario, la discusión sobre los trapitos se apoyó además en cifras oficiales relevadas por la Secretaría de Control y Convivencia. De acuerdo con esos datos, durante 2025 se registraron 1.245 reclamos en los seis distritos a través de la línea 147, Munibot o la página del Ejecutivo; fueron identificados 754 cuidacoches, se labraron 9.090 actas y hubo 202 cuidacoches demorados, de los cuales 156 correspondieron a eventos masivos. El informe también indicó que los llamados al 911 por cuidacoches crecieron 15 por ciento entre el año pasado y lo que iba de 2026.
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, detuvo a un hombre de 40 años durante allanamientos realizados en la zona oeste de la ciudad de Rosario. El operativo se enmarcó en una investigación por robos calificados cometidos bajo una modalidad reiterada en distintos locales comerciales, en la que el sistema de videovigilancia Lince, que incorpora inteligencia artificial, resultó una herramienta central para reconstruir el recorrido de los delincuentes.
La causa está a cargo del fiscal Alejandro Carón del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se inició a partir de un robo ocurrido el 27 de enero de este año en un local comercial cuando un grupo de delincuentes armados ingresó al local, redujo a las personas presentes y sustrajo efectivo y pertenencias para luego escapar rápidamente.
A partir del hecho, los investigadores avanzaron con un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad y aplicaron las herramientas del sistema Lince: una plataforma tecnológica implementada por el Gobierno de Santa Fe que utiliza inteligencia artificial para el análisis de imágenes provenientes de la red de videovigilancia.
El procesamiento de ese material permitió detectar un vehículo asociado al robo y reconstruir su recorrido por distintos sectores de Rosario mediante el cruce de registros captados por los múltiples puntos de monitoreo que tiene la ciudad. La investigación también contó con el aporte de cámaras privadas, permitiendo así ampliar la trazabilidad del vehículo y agregando elementos probatorios para orientar las tareas de campo de las Fuerzas de Seguridad.
A través de estas tareas los agentes lograron establecer vinculaciones con otros hechos de características similares. Entre ellos, un robo ocurrido el 7 de noviembre de 2025 en un comercio de Lima al 1000 y otro episodio registrado el 13 de abril de 2024 en un local de Corrientes al 900.
Todos los hechos presentaron un modus operandi coincidente y habrían sido cometidos por un mismo grupo delictivo que actuaba de manera coordinada.
En continuidad, se allanaron tres domicilios. En uno de ellos se detuvo a Matías Miguel R (de 40 años) sindicado integrante de esta banda vinculada a una serie de robos calificados. También se secuestraron tres teléfonos celulares, dos bandoleras y un DVR correspondiente al sistema de cámaras del domicilio.
Sobre la utilización de la plataforma tecnológica en el caso, el secretario de Tecnologías para la Gestión de Santa Fe, Ignacio Tabares, señaló: “Cada vez que se activa el Lince, el reloj de la impunidad empieza a marcar cero. Ya no se trata de esperar que un patrullero pase por una esquina: aunque los delincuentes escapen del lugar del robo, sus movimientos quedan registrados”. El funcionario agregó que “este sistema permite seguir los pasos de quienes cometen delitos y aportar evidencia para que la investigación avance y la Justicia pueda actuar”.
El sistema Lince, detallaron fuentes de la provincia, permite procesar grandes volúmenes de imágenes en menor tiempo, identificar vehículos o patrones de movimiento y reconstruir trayectorias a partir del cruce de cámaras ubicadas en distintos puntos de monitoreo, con el objetivo de aportar datos relevantes para investigaciones judiciales.
La amenaza fue vinculada a la banda “Los Menores” tras una investigación que derivó en allanamientos, secuestro de armas de guerra y dos imputados con prisión preventiva.
La ampliación del proyecto Fénix previó USD 165 millones anuales en exportaciones, 1.143 empleos en la etapa de construcción y 504 puestos en operación, con un salto de 9.500 toneladas anuales en la capacidad productiva.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
