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Empleados municipales de la localidad de Villa Mercedes de San Luis se contactaron con Data24.com.ar para denunciar las cuestionables condiciones edilicias que afronta su lugar de trabajo. Ocurrió que, aproximadamente en la madrugada del 3 de enero, se desmoronaron los techos de los baños.
“Gastan un montón en eventos y no en la mantención del Municipio, y mientras tanto suben impuestos, suben todo, se llenan los bolsillos”, comentó furioso uno de los trabajadores que, advirtió además que “nadie puede decir nada” ya que, según comentaron otras fuentes, un reclamo se traduce en despidos.
El hecho, que preocupa a los trabajadores, se alinea a un episodio “más grave” ocurrido en la limítrofe capital pampeana. En Santa Rosa se derrumbó todo el techo de la Cooperativa encargada de el servicio eléctrico, el pasado domingo 1.
Pudo ser una tragedia, agradezcan que sucedió en un día que no había gente. Es el techo de la cooperativa.Santa Rosa, La Pampa. pic.twitter.com/qa0J3Ydiws
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El gobierno municipal, bajo la gestión del intendente peronista Daniel Passerini, ha avanzado con un proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte como Uber, pero que en realidad constituye una prohibición encubierta más que una verdadera regulación.
“La gestión de Daniel Passerini solo se mueve para salir a cazar ubers y quitarle la herramienta de trabajo a los conductores”, remarcaron los usuarios de la aplicación en redes sociales: “La inseguridad no tiene límites y los policías en la esquina, cazando Ubers”.
La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por el concejal oficialista Marcos Vázquez de Hacemos Unidos por Córdoba, despachó en julio de 2025 un proyecto que establece un cupo máximo de 3.998 vehículos habilitados para operar con aplicaciones de transporte en toda la ciudad. Esta cifra surge de aplicar la fórmula de una licencia por cada 375 habitantes, basada en el censo de 1.498.060 habitantes de la capital cordobesa.
La medida tendría un impacto devastador según datos presentados por Uber. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 20.000 conductores activos mensuales en Córdoba y 400.000 usuarios que completan al menos un viaje mensual. Con la implementación del cupo, el 77% de los conductores actuales quedarían fuera del sistema.
Juan Labaqui, vocero regional de Uber, explicó que “cuatro de cada cinco cordobeses que hoy trabajan en la aplicación quedarían fuera del cupo”. Para poner esto en perspectiva, un conductor que trabaja entre 10 y 15 horas semanales percibe ganancias de aproximadamente 130.000 pesos mensuales, ingresos que se perderían.
Passerini defendió la regulación argumentando que “Uber dice muchas cosas que no pasan” y sostuvo que la empresa “no se inscribió en ingresos brutos ni en la Municipalidad”. El mandatario justificó la medida como una respuesta al mandato del Tribunal Superior de Justicia, que en abril de 2025 había autorizado provisoriamente el funcionamiento de Uber bajo ciertas condiciones.
El TSJ consideró que “resulta incontrastable que, con la magnitud que ha adquirido la actividad desplegada por Uber, al estar involucrado el interés público, se impone su urgente reglamentación”. Sin embargo, también advirtió que “no es posible seguir permitiendo que el mentado servicio continúe prestándose en la anomia”.
Vázquez argumentó que la limitación busca “un sano equilibrio para cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema”. Comparó la nueva regulación con la existente para taxis y remises.
“Hoy tenemos un taxi cada 300 habitantes y un remis cada 320. En este caso se fija una aplicación cada 375 habitantes”, expresaron los usuarios. Más allá del cupo, el proyecto no se limita al cupo de vehículos. Establece una serie de exigencias técnicas y administrativas que Uber considera “inaplicables en el contexto actual de Córdoba”.
Mientras se debate la regulación, la Municipalidad de Córdoba mantiene una política de cero tolerancia y de control intensivo, que incluye operativos diarios para detener conductores de aplicaciones. Según datos oficiales, el municipio detiene a 15 choferes de Uber por día, considerándolos “ilegales” hasta que no se apruebe la regulación definitiva.
Estos operativos han generado tensiones sociales y episodios de violencia. En uno de los casos documentados, un conductor “embistió en un primer momento a una oficial de la Policía y luego arrastró durante varias cuadras a otro efectivo” para evitar ser controlado.
El proyecto de ordenanza será tratado en el recinto del Concejo Deliberante en la primera sesión de agosto de 2025, tras el receso invernal. El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba cuenta con los votos necesarios para su aprobación, mientras que los bloques opositores (UCR, Ciudadanos y Vamos Córdoba) se abstuvieron de votar en comisión y definirán su postura final en el recinto.
La semana pasada, en la última sesión ordinaria antes del receso invernal, la bancada oficialista Por Santa Cruz‑SER bloqueó por tercera vez el debate sobre el desafuero de Fernando Españón, solicitado el 7 de febrero por la diputada opositora Lorena Ponce. Con esa maniobra preservó la inmunidad del legislador pese a tres requerimientos judiciales que exigieron su disponibilidad procesal.
Transcurrieron 135 días desde el primer pedido. Españón está señalado por la Justicia porque acumula siete causas que abarcan abuso de autoridad, falsificación de documento público, malversación de caudales públicos y tres denuncias de abuso sexual bajo coerción en un vínculo laboral.
Dos de esos expedientes ya alcanzaron procesamiento y los cinco restantes permanecen en etapa de instrucción. El Código de Procedimiento Penal de Santa Cruz fija 180 días para resolver un desafuero; si el plazo expira, los procesos se archivan y la impunidad queda sellada.
EL INVENTARIO DE CAUSAS:
Expte. 13460/2019 – “Sr. Agente Fiscal s/ Requiere Instrucción”. Elevado a la Cámara Criminal el 11 de diciembre de 2022 (Oficio 1488/22).
Expte. 14538/2020 – “Juzgado Federal de Río Gallegos s/ Remite Actuaciones”. Procesamiento por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
Expte. 16710/2021 – “Sosa, Yanina Beatriz s/ Denuncia”. Imputación por abuso sexual simple con coerción o intimidación (art. 119 CPA, ley 26.485).
Expte. 14409/2020 – “Mariscal, Carmen Elizabeth s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
Expte. 14464/2020 – “Gatica, Erna Isabel s/ Denuncia”. Procesamiento como coautor de falsificación de documento público agravado (arts. 292 y 298 CPA) y abuso de autoridad (art. 248 CPA) en concurso real (art. 55 CPA).
Expte. 14626/2020 – “Aravena, Aldo Manuel y otros s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos; replica los cargos de falsificación del expediente 14464/2020.
Expte. 16470/2023 – “Gordillo, Analía Celeste s/ Denuncia”. Indagatoria del 13 de diciembre de 2023 por abuso sexual simple (tres hechos) con modalidad coactiva (art. 119 CPA, ley 26.485).
Los magistrados pidieron retirar los fueros para habilitar allanamientos, nuevas indagatorias y eventuales medidas coercitivas. Sin esa autorización, las siete causas permanecen a media marcha: la producción de prueba está limitada y ningún expediente puede elevarse a juicio. El art. 258 del CPP provincial ordena resolver en 180 días; de no hacerlo, las acusaciones prescriben, dejando a las víctimas sin tutela y al Estado sin herramientas de control penal.
Catorce diputados oficialistas —incluido el propio Españón— votaron en contra del desafuero: Patricia Urrutia, Alfredo Martínez, Javier Jara, Fernando Pérez, Cristina Ojeda, José Luis Quiroga, Santiago Aberastain, Mario Boffi, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Claudia Barrientos y Fabián Leguizamón. Se sumaron dos legisladores kirchneristas de Los Antiguos y Perito Moreno, completando el muro de protección.
El bloque oficialista esgrimió “tecnicismos”, “falacias jurídicas” y, en un paralelismo con el kirchnerismo, alegó que la oposición carece de autoridad moral para reclamar transparencia. La oposición replicó que existen tres oficios judiciales firmes y que el reglamento de la Cámara obliga a tratarlos sin dilaciones.
El expediente de desafuero duerme en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dominada por el SER. La presidencia de la Cámara, a cargo de Leguizamón, jamás fijó fecha para dictamen ni para su inclusión en el orden del día.
– El Gobernador de la provincia, Carlos Vidal, junto a Españón
Desde que asumió, el gobernador Claudio Vidal protegió a Españón: lo designó jefe de bloque y vocal ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en mayo lo sustituyó por Pedro Luxen, “tal vez por vergüenza”, según fuentes legislativas; la maniobra no alteró la línea de defensa. El Ejecutivo se mantuvo en silencio frente a los pedidos judiciales y habilitó —por acción u omisión— el encubrimiento parlamentario.
Si en los próximos 45 días la Legislatura no modifica su postura, las causas por abuso de autoridad, malversación, falsificación documental y abuso sexual quedarán extinguidas. El próximo período ordinario comienza en agosto; hasta entonces el reloj corre, el expediente sigue congelado y la Justicia carece de herramientas para indagar al legislador.
La Municipalidad de General Pueyrredon reforzó durante junio su política de fiscalización integral del espacio público. En ese período, 530 motocicletas fueron retiradas de circulación y quedaron alojadas en corralones tras constatarse infracciones a la normativa provincial y municipal que regula la seguridad vial.
La intervención —articulada por la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito, el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires— también derivó en 281 actas a cuidacoches informales, popularmente llamados “trapitos”, a partir de reportes vecinales.
Se aprehendió a 22 personas con antecedentes penales o pedidos de captura vigentes, lo que evidencia la dimensión preventiva de los operativos.
Otro hallazgo relevante fue la detección de cinco licencias de conducir presuntamente apócrifas. El material probatorio fue remitido al Juzgado de Faltas para su evaluación y, en su caso, la aplicación de sanciones administrativas y penales.
Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que “el objetivo es garantizar el orden en la vía pública, reducir siniestros viales y disuadir conductas delictivas vinculadas al uso indebido de motos”. La estrategia descansa sobre dispositivos móviles de control, retenes sorpresivos y patrullajes en puntos críticos identificados mediante estadísticas de accidentes y denuncias ciudadanas.
Los reportes vecinales llegan a través de un número de WhatsApp habilitado las 24 horas, herramienta que agiliza la respuesta operativa: la geolocalización y la descripción de la incidencia permiten despachar móviles en cuestión de minutos. “La participación comunitaria es clave para mantener la seguridad y la convivencia”, subrayaron las autoridades.
Funcionarios locales adelantaron que la iniciativa continuará durante el invierno con un enfoque “sostenido y planificado”, priorizando los barrios donde los indicadores de siniestralidad y de conflictividad social resulten más elevados.
En el interior de Córdoba, viajar en colectivo resulta más caro que tomar un vuelo nacional. El pasaje entre la capital de la provincia y Río Cuarto supera los $37.000. En cambio, un vuelo a Buenos Aires ronda los $25.000 con equipaje incluido.
En los últimos 17 meses, el transporte interurbano cordobés acumuló un aumento superior al 500%, mientras la inflación nacional apenas superó el 140 %. El sistema registró nueve incrementos, con picos que alcanzaron el 97 % en una sola actualización. El boleto escaló a niveles que desafían toda lógica, sin mejoras visibles en frecuencia, infraestructura o calidad.
La presión fiscal de Córdoba figura entre las más altas del país. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que más del 80 % de los ingresos tributarios provinciales provienen de impuestos distorsivos. Se trata de tributos que no respetan la capacidad contributiva, pero castigan el consumo cotidiano.
La estructura del transporte interurbano en Córdoba no presenta competencia efectiva ni mecanismos de control. Las tarifas se autorizan en cadena, sin licitaciones públicas ni auditorías externas.
Ese circuito impositivo no se traduce en mejoras para el usuario. Por el contrario, una porción significativa de la recaudación se destina al gasto publicitario del gobierno provincial. Entre 2023 y 2025, el presupuesto en pauta oficial superó los $5.000 millones anuales. Esos fondos se distribuyen de forma discrecional, sin criterios técnicos ni rendición pública. Gran parte termina en medios alineados con la gestión.
Algunos medios reciben cifras que superan los $20 millones mensuales. La pauta se convierte en un instrumento de blindaje político. Mientras las tarifas suben sin control, desde el "periodismo partidario" evitan cuestionar el modelo, suavizan las críticas o simplemente guardan silencio. El precio del pasaje subsidia la narrativa oficial.
La situación de Córdoba contrasta con la de otras grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, recorridos similares cuestan entre un 50% y un 70% menos. Esa brecha tarifaria carece de justificación técnica y refleja un esquema de explotación fiscal disfrazado de servicio público.
El conflicto en la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N°1 del barrio Toba en Resistencia, Chaco, representa un complejo entramado de disputas políticas, educativas y comunitarias que afecta directamente a la educación de cientos de estudiantes de la capital chaqueña.
Rosilda Morales, auxiliar docente, fue quien denunció haber sido desplazada de su cargo sin justificación clara. Morales, que está inscripta en la Junta de Clasificación y cuenta con formación reconocida por el Estado, señaló que “están metiendo políticamente a su gente, sus amigos piqueteros” y que “se están violando todos mis derechos como docente”.
La docente destaca que su función profesional es ser “un nexo articulador con la docente a cargo del aula” para “implementar la cultura y el idioma en el espacio curricular”, y que es “perito traductora de la provincia”. “Hay muchos referenciados en el peronismo, pero otros son piqueteros”, afirmó, agregando: “Cada uno corta la ruta por su cuenta para pedir mercadería y vivienda”.
Académicos denuncian que la actual gestión del Consejo Comunitario ha despedido a docentes con varios años de experiencia en la escuela, sustituyéndolos por “personas totalmente ajenas a la educación bilingüe intercultural, vinculadas a funcionarios del Ministerio de Educación y al Presidente del Consejo Comunitario Escolar”.
El establecimiento presenta funciones bajo un sistema de cogestión entre el Ministerio de Educación Provincial y el Consejo Comunitario Escolar, donde el 50% de los cargos docentes se cubren por Junta de Clasificación y el otro 50% es definido por el Consejo Comunitario.
Carlos Núñez y Norma Inés Ojeda fueron presidente y vicepresidente del Consejo Comunitario del barrio Toba respectivamente. Núñez, quien es miembro fundador del EPI KAMBA (Espacio Plurinacional Indígena) e integrante de la Comisión de Inclusión del Instituto Patria, ganó las elecciones del Consejo Comunitario en marzo de 2021 con el 28,5% de los votos.
El conflicto escaló cuando Nuñez y Ojeda “tomaron el establecimiento, dejando a cientos de alumnos sin clases”. El Ministerio de Educación, a través de la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria, ha trabajado para garantizar la continuidad de las clases. Las autoridades educativas han confirmado que “sí se designó con títulos”.
Según la información que trascendió, el alta de la docente Morales está fechada el 23 de abril de 2024, y su baja el 24 de septiembre del mismo año. La docente presentó notas de reclamo en septiembre de 2024, las cuales forman parte del expediente.
El director regional Manuel Acevedo confirmó que se encuentra investigando “si los procedimientos se ajustaron a normativa y si se cumplieron los plazos administrativos”. Una situación particularmente preocupante es la designación de Ricardo Núñez, cuñado de la directora, en el cargo que antes ocupaba Rosilda Morales. Durante las elecciones de 2021, se habría revelado que “lamentablemente hay docentes que no son docentes” y que “designaron a quienes no son docentes, nombraron a amigos y compañeros para devolver favores”.
Durante su gestión, la lista encabezada por Núñez y Ojeda recibió el acompañamiento de distintas organizaciones sociales como el Frente Chaqueño, movimientos y referentes comunitarios, y tuvo como base de construcción a la Organización Indígena 19 de Abril. El actual Consejo Comunitario “Nuevo Comienzo” está presidido por Luis Alberto López, conocido bajo el alias “Chocho”. Esta nueva gestión ha generado controversias por las decisiones tomadas respecto al personal educativo.
Chubut se prepara para un proceso inédito: votar la eliminación de fueros para jueces, legisladores, funcionarios y sindicalistas. El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto que prevé suprimir estos privilegios históricos, con el objetivo de terminar con la impunidad y garantizar igualdad ante la ley.
La propuesta fue aprobada en la Legislatura y se someterá a consulta popular el próximo 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones generales nacionales.
El debate encendió la tensión con el Poder Judicial local, especialmente con el juez Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCh). El magistrado intentó interponer recursos para frenar la votación bajo el argumento de “inconstitucionalidad” del mecanismo de plebiscito.
En medio de esta pulseada, la figura del magistrado se vio envuelta en un escándalo. Durante las últimas semanas, medios provinciales difundieron denuncias anónimas que lo acusan de corrupción, abuso de poder y presuntos favores sexuales a cambio de resoluciones judiciales. Aunque no hay denuncias penales formalizadas, el caso escaló políticamente.
– Claudio Petris
Frente a la presión social y la creciente repercusión mediática, Petris presentó su renuncia “indeclinable” como presidente de la AMFJCh, aunque seguirá en funciones como juez ordinario hasta que se resuelva su situación procesal. En un breve comunicado, negó las acusaciones, a las que definió como “operaciones de desprestigio”.
El gobernador Torres aprovechó la salida del juez para reforzar su campaña por la supresión de fueros. Durante un acto en Comodoro Rivadavia, aseguró que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda” y cargó contra un “sector minoritario del poder judicial” que quería “impedir que el pueblo chubutense decida en las urnas”.
– NACHO TORRES: “Este 26 de octubre, los chubutenses tenemos la oportunidad histórica de enterrar los fueros para siempre. Por eso, instruí al secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, a que convoque a un referéndum popular, para que la ciudadanía decida si quiere eliminar los fueros en los tres poderes del Estado, y para los sindicalistas”
La reforma constitucional propuesta modifica los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial y elimina toda prerrogativa de inmunidad para cargos públicos, incluso sindicales. Según la iniciativa, si prospera en el plebiscito, toda persona acusada de delito podrá ser investigada y juzgada sin necesidad de desafuero parlamentario ni autorización judicial previa.
Por su parte, el procurador general Jorge Miquelarena instruyó al Ministerio Público Fiscal a analizar preliminarmente las denuncias contra Petris, para definir si corresponde iniciar una investigación de oficio. A la fecha, no existen querellas concretas en la justicia ordinaria, pero la fiscalía podría actuar si aparecieran testigos dispuestos a declarar.La discusión tensiona aún más la relación entre los tres poderes provinciales. Legisladores como Daniel Hollmann —alineado al oficialismo— remarcan que el único obstáculo que falta superar es la voluntad popular: “Que decidan los chubutenses si quieren igualdad o seguir con fueros”.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
