13 junio, 2025

SALTA | Sáenz entrega 10 hectáreas a una comunidad indígena que NO EXISTE

Los habitantes de Campichuelo exigen respuestas al INAI y al IPPIS: “Queremos saber quiénes son, dónde están. No pueden venir dos o tres a adueñarse de todo el pueblo”.
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Desde hace tres meses, todo Campichuelo, un pueblo de 600 habitantes ubicado en la provincia de Salta, exige explicaciones por una publicación del gobierno de Gustavo Sáenz donde se anuncia la entrega de casi todo el territorio a una comunidad indígena que no existe.

Recientemente, los pobladores realizaron manifestaciones pacíficas a la vera de la Ruta 34 donde piden al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hasta hoy comandado por Magdalena Odarda  y ahora reemplazada por Analía Noriega, y al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) una explicación por la realización de un relevamiento territorial sin haber hecho uno social.

Manifestación pacífica a la ver de la Ruta 34.

“Si estamos todo el pueblo acá (reclamando), ¿cómo puede haber una comunidad?¿Cómo puede haber un relevamiento donde marcaron casi todo el pueblo? Hasta el cementerio marcaron como territorio indígena”, señaló el manifestante Hernán Montes a una radio local.

Por los reclamos de los vecinos, se hicieron presentes una abogada y el ingeniero Rafael Montagno, pero al no saber explicar quienes serían los integrantes de la comunidad, esquivaron el tema y sólo dijeron que “hay que respetar y aprender a convivir, que las cosas son así y no podemos hacer nada”.

Asimismo, les explicaron que ya no es necesario que haya una comunidad grande para que sea visible, a lo que Montes respondió que “no pueden venir dos o tres personas a adueñarse de todo el pueblo”.

Los residentes temen que en el día de mañana salga otro relevamiento donde se marque todo el pueblo y los desalojen con una orden judicial. “Si hoy se hizo este relevamiento a espaldas del pueblo, qué nos da seguridad que el día de mañana salgan con otro en el que marquen todo Campichuelo”, manifestó el poblador.

“Hay niños que en el día de mañana no van a tener donde hacer su casa porque está marcado como territorio indígena, sólo quedó una hectárea”, señaló Montes, y comentó que hay gente viviendo en territorio que fue marcado y no tenían ni idea.

Además de una explicación, los residentes de Campichuelo exigen las escrituras de sus terrenos para no ser desalojados y que el relevamiento donde se le entregaron 10 hectáreas a la comunidad indígena fantasma no tenga validez.

“Queremos que quede claro que no estamos en contra de los hermanos indígenas, sabemos sus derechos y los respetamos, pero este es un pueblo chico y creo que todos tenemos derechos por igual. También tenemos derechos por estar en estas tierras desde hace tiempo, desde nuestros padres, entonces queremos que se nos respete”, finalizó.

Los manifestantes advirtieron que, en caso de no obtener respuestas, endurecerían sus protestas y recurrirían al corte de la Ruta 34.

Karin Leiva

Política Nacional, Interior y Economía kleiva@data24.com.ar

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Presentaron un informe sobre programas sociales en Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos abrió las puertas del Salón de los Pasos Perdidos para revelar en detalle cómo avanzaron, durante 2024, los programas provinciales de economía social. El informe llegó de la mano de la Dirección General de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Humano y reunió a legisladores, funcionarios y personal parlamentario con un objetivo central: transparentar números y alcances de las políticas que buscan fortalecer los emprendimientos de base y el trabajo genuino en toda la provincia.

El presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, encabezó la presentación junto al secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, y la directora general de Economía Social, Bárbara Erbes.

Esta es una buena oportunidad para compartir la información con los diputados, que son agentes de territorio y a quienes llegan las inquietudes y tienen la necesidad de dar respuestas. Este acontecimiento nos brinda la posibilidad de hablar con certeza”, introdujo Hein antes de ceder la palabra a los técnicos de Desarrollo Humano.

Hein subrayó también el rol del parlamento como motor de iniciativas en favor de la comunidad: “Desde la Cámara, con el acompañamiento de los diputados y la disposición de los trabajadores, intentamos ser una usina de ideas para ser útiles a la sociedad entrerriana”.

Al detallar la estrategia oficial, Omarini enfatizó la necesidad de orientar las políticas sociales hacia una cobertura amplia y equitativa: las ayudas puntuales —advirtió— resultan insuficientes si no avanzan hacia la universalización. “Generamos políticas de activación para quienes llevan adelante un microemprendimiento, mediante tres puntos básicos: la capacitación, el financiamiento y la comercialización”, precisó, y recalcó que el esquema se apoya a la vez en la federalización de recursos y en la transparencia de la gestión.

Con la mirada puesta en 2025, los funcionarios coincidieron en que la continuidad y el fortalecimiento de los programas de economía social dependerán de mantener el flujo de información pública y de sumar propuestas que acerquen herramientas concretas a emprendedores de cada rincón de Entre Ríos.

Redacción

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La escasez de chapas patentes deja a más de 650.000 vehículos con matrículas de papel

La crisis de las chapas patentes metálicas persiste en todo el país y dejó 655.548 vehículos con matrículas de papel hasta fines de abril, de acuerdo con la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El faltante superó las 600.000 unidades luego de que la Casa de la Moneda dejara de producirlas y el Estado adjudicara la tarea a Tönnjes Sudamericana S. A., que comenzó a operar a finales de abril de este año.

En su última exposición ante el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió al diputado Oscar Agost Carreño (PRO): “El mes que viene estará solucionado”. Sin embargo, iniciado junio, autos y motocicletas continuaron circulando con papeles pegados en parabrisas y lunetas.

La validez de esas matrículas provisorias se extendió de 30 a 180 días, pese a que lo habitual habría sido una semana. Al ser de cartulina, muchas se deterioraron o se despegaron, por lo que surgieron propuestas de reemplazarlas por versiones plásticas. Desde la Secretaría de Justicia descartaron la alternativa y precisaron: “No habrá matrículas de plástico, ni para las pendientes ni para el futuro. Ya se está trabajando y en breve se va a normalizar”.

El faltante comenzó en 2023, cuando la falta de dólares complicó la importación de insumos. El traslado de maquinaria entre la ex Ciccone y la Casa de la Moneda agravó el “cuello de botella” durante 2024. Un vocero del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona recordó que la “faltante de placas comenzó durante los últimos años de la gestión kirchnerista por la escasez de dólares para importar insumos que se utilizan en su producción”.

Los primeros lotes fabricados por Tönnjes presentaron cambios menores en logotipos y una variación mínima en la bandera argentina, detalles que permiten identificar la nueva partida.

Desde Resistencia, Chaco, un titular de Registro señaló: “Entre diciembre y mayo nos mandaron diez cajas, que sólo trajeron 260 chapas de 4.000 que tenemos acumuladas. Pero ahora están llegando nuevas cajas con la numeración nueva. Veremos si de a poco empiezan a actualizar lo antiguo en poco tiempo”.

En Santa Fe, el gerente de ventas de una concesionaria afirmó: “Hasta la semana pasada (mediados de mayo de este año) todos los autos que entregábamos eran con matrícula de papel, pero ayer uno de los Registros de Rosario empezó a darnos chapas metálicas, así que ese es un buen indicio. Ojalá en poco tiempo recibamos las placas nuevas, porque hay mucho reclamo de los usuarios”.

El diseño vigente desde 2016, que habilitó 450 millones de combinaciones, sufrió problemas de legibilidad. Un especialista consultado por el medio especializado en economía, iProfesional, advirtió que “el tema de la falta de buenos insumos para las chapas viene desde la presidencia de Alberto Fernández. Sencillamente, se despintan, pierden el color, se borran. Es increíble”. Un comisario de la Policía de la Ciudad coincidió: “Se trata, simplemente, mala calidad en la pintura de las placas y es un hecho aprovechado por ‘los vivos de siempre’, que dañan sus chapas a propósito y adjudican la imposibilidad de leerlas a la falla de fábrica”.

El Gobierno aseguró que normalizará la provisión durante el segundo semestre gracias a la liberación de importaciones y al ajuste de la nueva fábrica. Hasta entonces, cientos de miles de rodados seguirán identificándose con un precario código de papel.

Redacción

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Lena denunció infiltración de barras bravas en protesta por IOSPER

La diputada provincial entrerriana Gabriela Lena (Juntos) alertó sobre la participación de lo que describió como “barras bravas” en la movilización convocada este martes en la explanada de Casa de Gobierno. La protesta, organizada por la Intersindical, rechazaba el proyecto oficial de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y defendía la continuidad del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

En declaraciones recogidas por este medio, Lena expresó su preocupación por la inclusión de actores ajenos al ámbito sindical y sanitario: “Nos preocupa seriamente que detrás de una movilización que debería expresar legítimamente el reclamo de los trabajadores se utilicen mecanismos extorsivos y grupos ajenos al debate sanitario y legislativo”, afirmó.

La legisladora hizo hincapié en la presencia de una batucada vinculada a la barra brava de Patronato, señalando su historial de acuerdos con sectores del peronismo. “Estos grupos no están afiliados a la obra social ni tienen vínculo real con el debate sobre el sistema de salud. Están ahí porque alguien los puso, y eso enturbia cualquier reclamo genuino”, sostuvo.

Además, recordó incidentes previos en los que estos mismos grupos habrían actuado como fuerza de choque. “Hace no mucho los vimos protagonizar incidentes en la marcha de los jubilados. Y ahora los vemos otra vez, como fuerza de choque en una protesta que debería ser pacífica y democrática”, remarcó.

La diputada cuestionó los intereses detrás de la movilización, insinuando que la protesta podría estar siendo instrumentalizada. “Todos tenemos derecho a protestar y a expresar nuestras posiciones, pero recurrir a barras bravas para generar intimidación o mostrar una fuerza artificial no sólo le hace daño al reclamo, sino que revela intereses que nada tienen que ver con la defensa de la salud de los trabajadores”, argumentó.

Y concluyó con una pregunta provocadora: “Es momento de preguntarnos qué se está defendiendo en realidad: ¿una obra social o un sistema de privilegios enquistados?”.

Redacción

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La Justicia Electoral de Misiones no dejará votar a los policías ni a los penitenciarios

En la previa a las elecciones provinciales del 8 de junio, la Justicia Electoral de Misiones tomó la decisión de excluir del padrón electoral a policías y agentes penitenciarios. Esta medida, basada en el artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial, se aplicó con el argumento de que estos funcionarios no deben participar en los comicios mientras estén en servicio activo.

La disposición recibió críticas desde diversos sectores. Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de la oposición cuestionaron la constitucionalidad de la medida y argumentaron que vulnera el derecho al sufragio consagrado en la Constitución Nacional. Además, señalan que en elecciones anteriores, los miembros de las fuerzas de seguridad habían votado sin restricciones, lo que plantea dudas sobre la motivación y la oportunidad de esta exclusión.

El caso de Ramón Amarilla, ex suboficial de la policía y actual candidato a diputado provincial por el partido Por la Vida y los Valores, cobró especial relevancia en este contexto. Amarilla, detenido desde septiembre en la Unidad Penitenciaria VIII de Cerro Azul, enfrenta una impugnación a su candidatura por parte del fiscal electoral Flavio Morchio, quien argumenta que su situación procesal lo excluye del padrón electoral. Sin embargo, su defensa sostiene que la ley provincial no puede estar por encima de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a ser elegido, y que Amarilla figura en el padrón provisorio, lo que respaldaría su postulación.

– Ramón Amarilla

La medida adoptada por la Justicia Electoral de Misiones también ha sido criticada por su implementación. Se reportaron casos en los que se habría ordenado la retención de documentos de identidad a efectivos policiales para impedir su participación en los comicios, lo que se interpretó como una forma de coacción y una vulneración de derechos fundamentales.

Desde el oficialismo provincial la medida fue tomada como una forma de preservar la neutralidad y la imparcialidad de las fuerzas de seguridad durante el proceso electoral. Sin embargo, la falta de una aplicación consistente de esta disposición en elecciones anteriores y la ausencia de una justificación clara alimentaron las sospechas de que podría tratarse de una maniobra política para influir en los resultados electorales.

Redacción

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Para sostener el capricho de las elecciones desdobladas, Kicillof gastará $4.000 millones

En la provincia de Buenos Aires, la palabra “emergencia” se convirtió en una bandera política. El gobernador Axel Kicillof la invoca con frecuencia para justificar medidas restrictivas, postergaciones salariales e incluso nuevos pedidos de endeudamiento. Sin embargo, en paralelo, su gestión no detiene —sino que acelera— un modelo de gasto público desbordado, que incluye la multiplicación de cargos políticos, compras millonarias y un calendario electoral que costará más de 4.000 millones de pesos a los bonaerenses.

El contraste es evidente. Mientras varios municipios bonaerenses se declaran en emergencia financiera por la falta de fondos, y mientras el propio Kicillof debió suspender negociaciones paritarias con docentes y empleados estatales por “falta de recursos”, la maquinaria administrativa no se detiene. El gobernador solicitó recientemente a la Legislatura la creación de 2.249 nuevos cargos públicos, a los que se suman 5 mil horas cátedra adicionales, a pesar de que ya administra una estructura que triplica en personal a la de su antecesora, María Eugenia Vidal.

¿Crisis real o campaña encubierta?

A este crecimiento del gasto, que ya destina casi la mitad del presupuesto provincial al pago de sueldos, se suma un nuevo escándalo: la licitación 211-0087-CDI25 para la impresión y provisión de materiales de la elección desdoblada, por un monto que supera los 4.179 millones de pesos. Dos empresas participaron: Arcángel Maggio SA (la más económica) y Melenzane SA, ambas con propuestas que rozan cifras siderales para una provincia que asegura estar en emergencia.

La licitación se da en el marco de un calendario electoral impulsado por Kicillof y aprobado sin debate ni discursos en la Legislatura, y que parece más diseñado para garantizar la supervivencia política del oficialismo que para resolver los problemas estructurales de la provincia. El 7 de septiembre se celebrarán elecciones, mientras el ajuste a los municipios, la deuda acumulada y la parálisis de aumentos salariales se profundizan.

Una gestión que va a contramano del país

Mientras el gobierno nacional aplica recortes drásticos y elimina cargos en nombre del equilibrio fiscal, Kicillof parece haber elegido el camino contrario: más cargos, más gasto, más deuda. Desde su llegada al poder en 2019, el gobernador creó más de 70.800 cargos nuevos en la administración bonaerense, un promedio de 48 designaciones por día.

Y lejos de frenar, acelera. La Legislatura ya recibió un nuevo paquete económico con pedidos de endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares, además de la emisión de letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Todo, en una provincia que todavía funciona con el presupuesto prorrogado de 2023.

A la licitación electoral se suman compras millonarias con presupuestos ocultos, como la adquisición de más de 750 computadoras, mil monitores, laptops y pizarras digitales, sin especificar el monto total del gasto. Estimaciones privadas aseguran que la cifra podría superar los 1.000 millones de pesos. A esto se suma la renovación de luminarias por 113 millones, globos y elementos de comunicación institucional por otros 200 millones, mientras los hospitales reclaman insumos y los intendentes denuncian la falta de transferencias básicas.

Una estrategia electoral encubierta

El relanzamiento del espacio político “Movimiento Derecho al Futuro”, las designaciones masivas y la superestructura electoral parecen tener un único objetivo: sostener territorialmente al gobernador y posicionarlo como figura nacional de cara a 2027. En lugar de administración eficiente, Kicillof parece usar el aparato del estado como plataforma política, con los contribuyentes como únicos financistas.

La estrategia del gobernador está cada vez más cuestionada, incluso dentro del propio peronismo. Con una provincia en emergencia, salarios estancados y una estructura estatal cada vez más costosa, la pregunta es inevitable: ¿Cómo se sostendrá este modelo? Y más aún: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una provincia que gasta como si estuviera en bonanza mientras se endeuda como si estuviera en quiebra?

La respuesta llegará pronto. Tal vez no en las urnas, pero sí en los hospitales vacíos, en las escuelas sin mejoras, en los municipios quebrados y en la presión impositiva que no deja de subir. Mientras tanto, Kicillof sigue apostando al “inflador” y no a la motosierra, como si los recursos fueran infinitos. Pero los números no mienten: el costo de esta campaña, lo pagamos todos.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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CARBAP rechazó el plan K de reelección indefinida en PBA: “Es la agenda de la casta, no de la ciudadanía”

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió el proyecto que habilitaría las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. En un breve comunicado publicado hoy y titulado “La agenda política bonaerense no es la de la ciudadanía”, la entidad sostuvo que la iniciativa resultó “inoportuna y anacrónica” y denunció que los impulsores “buscan eternizarse en cargos, impidiendo renovar y refrescar nuestra joven democracia”.

“Los devastadores daños ocasionados por las lluvias no hacen más que poner en evidencia que el interés de la política no está puesto en el desarrollo, la infraestructura, la educación, la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino en su penosa ambición de perpetuarse en el poder”, subrayó el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky.

El texto de los productores advirtió además que la maniobra “valida ese apodo con el que el pueblo los ha caracterizado: casta” y remarcó el “rechazo enfático” a cualquier intento de reelección indefinida.

El eje de la controversia llegó tras la convocatoria que la presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, realizó para este jueves a las 15:00 horas, con el fin de debatir el expediente presentado por el senador de Unión por la Patria (UxP) Luis Vivona. La propuesta busca modificar el artículo 13 bis de la Ley Electoral 5109 y los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, anulando el límite de dos mandatos consecutivos para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. En cambio, mantiene la restricción para los intendentes, quienes solo podrían aspirar a un tercer mandato con un intervalo de un período.

“El proyecto es pergeñado de espaldas a la sociedad”, advirtió CARBAP, mientras legisladores de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR calificaron la sesión especial como un paso “electoralista” que desoyó “las necesidades urgentes de los vecinos”. De prosperar la iniciativa, figuras históricas de la Cámara alta, como Teresa García, quedarían habilitadas para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones de este año.

En paralelo, el gobernador Axel Kicillof envió a su bancada un proyecto propio para permitir que los intendentes también puedan presentarse en 2027. Ese movimiento alimentó la sospecha de un acuerdo más amplio para extender la permanencia en los cargos municipales, lo que reavivó la interna peronista y dio nuevos argumentos a La Libertad Avanza, que acusó a la dirigencia bonaerense de privilegiar “la casta y sus privilegios”.

– El proyecto de Vivona

Vivona defendió su propuesta al recordar que “la voluntad de los constituyentes en 1994 fue la de no limitar la continuidad para diputados y senadores” y calificó de “marketinera” la ley 14.836 aprobada en 2016, que hoy restringe las reelecciones. “Nunca estuve a favor de las limitaciones de mandatos que la ley propone; es inmediato resolver la situación de los concejales, consejeros escolares y legisladores”, sostuvo el senador, convencido de que “aparecerá el apoyo de algunos legisladores de otros espacios” cuando el proyecto avance en comisiones.

Pese a esa expectativa, en Diputados la suerte del proyecto luce incierta: varias fuerzas opositoras anticiparon que no acompañarán la media sanción si llega desde el Senado. Esa resistencia anticipa un debate áspero cuya primera parada será la sesión de este jueves, señalada por CARBAP y la oposición como la muestra más reciente de una “agenda propia y ajena a la ciudadanía” que, aseguran, priorizó la supervivencia política por sobre las demandas sociales.

Redacción

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