Puerto Quequén: un gigante que rompe récord de recaudación con números en rojo
El puerto atraviesa una situación muy preocupante, ya que ha registrado una caída del movimiento de cargas, producto de la sequía, la falta de comercialización de granos y el problema cambiario.
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A Jorge Alvarado, empresario vinculado al sector agroexportador y al oficialismo político, le cayó como maná del cielo la presidencia del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén como premio a la amistad que supo cultivar en su tierna juventud con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Amigo de los que ostentan la sartén por el mango, se quedó con la caja más disputada de la política local.
Sin embargo, a la hora de rendir cuentas, su gestión ha sido calificada como una de las peores desde la conformación del consorcio portuario, debido a los malos resultados económicos, los conflictos laborales y la falta de proyectos estratégicos.
El subsecretario portuario Juan Cruz Lucero y Jorge Alvarado, presidente de Puerto Quequén.
“Pampa” llegó a la presidencia de Puerto Quequén con cuentas pendientes con la Justicia por evasión de impuestos, según se informó en una investigación periodística, lo que sería un condicionante a la hora de ejercer un cargo público que no fue tal para el gobernador Axel Kicillof a la hora de entregarle la caja más disputada de la política local.
Registra 3 juicios en letra iniciados hace varios años y, al mismo tiempo, cuenta con otros 3 procesos iniciados por el Juzgado Federal de Mendoza 2 por evasión impositiva, con expedientes iniciados en 2004, 2006 y el último en 2007.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.
También incursionó en el sector privado siendo presidente de una empresa llamada Coral Montajes Eléctricos SA, que al igual que el dirigente, esta firma tiene 14 juicios en el Juzgado Federal de Mendoza, también por evasión impositiva.
Además percibe 2 suculentas jubilaciones: una de ellas con domicilio de cobro en el Banco Nación con sede en el barrio Trapiche, ubicado en el departamento mendocino de Guaymallén y la segunda del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires.
El reconocido Puerto Quequén.
Los números en rojo bermellón
Según el propio Alvarado, el puerto atraviesa una situación muy preocupante, ya que ha registrado una caída del movimiento de cargas, producto de la sequía, la falta de comercialización de granos y el problema cambiario. Además, ha admitido que lleva tres balances a pérdida a pesar de los movimientos récord (7,5 millones de toneladas exportadas a través de 314 barcos). El último balance dio una pérdida de 372 millones de pesos, lo que pone en riesgo la sustentabilidad financiera del puerto.
A pesar de que el funcionario bonaerense llena sus bolsillos sin miramientos y ha sido acusado de llenar el puerto de ñoquis que no se han presentado nunca a trabajar, además de otorgarse beneficios como el uso a discreción de la tarjeta corporativa, el alquiler de un piso en uno de los edificios más exclusivos de Necochea, en una entrevista radial calificó al Consorcio como un “engendro jurídico” y sostuvo que “el Consorcio es una sociedad de fomento para que otros ganen”.
El intendente de Necochea, Arturo Rojas.
Alvarado apuntó contra las empresas multinacionales radicadas en Puerto Quequén, asegurando que “las exportadoras y sus ‘socios’ en el directorio se niegan a aumentar la tasa, parece que quieren fundirnos” y como buen “kumpa” le echa la culpa de los desmanejos en las finanzas del puerto a un crédito, que según dice se lleva la mayor parte de las ganancias. Por su parte, los empresarios del sector lo acusan de ser el peor presidente de la historia.
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La provincia de Entre Ríos sumó dos camionetas a la flota de la Policía provincial tras su recuperación en procedimientos judiciales. Los vehículos, que habían sido secuestrados en operativos vinculados a delitos, fueron reasignados por decisión de la Justicia para tareas de prevención y seguridad, en una medida que apunta a reforzar el patrullaje con recursos ya recuperados por el Estado.
La entrega se realizó este lunes en la explanada de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del jefe de la Policía de Entre Ríos, ClaudioGonzález.
Las unidades fueron recuperadas luego de operativos vinculados a la tenencia de explosivos y al abigeato agravado. Desde la cartera de Seguridad destacaron que estos resultados reflejan el trabajo realizado en controles viales y rurales.
Roncaglia remarcó el valor simbólico y operativo de la medida al señalar que los bienes utilizados en hechos delictivos pueden convertirse en herramientas para la prevención: “Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente. Este es el resultado de un trabajo en equipo con la Justicia Federal y Provincial, que entiende que los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos”.
El ministro también puso el foco en el criterio de uso de los recursos públicos y en la rápida puesta en funcionamiento de los vehículos recuperados. “A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad”.
A pocos metros de la costa de Lago Escondido, en un valle encajonado entre cerros que superaron los dos mil metros, Joseph Lewis avanzó con una estructura subterránea de 4.000 metros cuadrados, de características militares, sin planos visibles ni autorizaciones que avalaran la obra. Según las descripciones incorporadas en pedidos de informes, la fortificación contó con tres subsuelos y dos plantas, y quedó enterrada en morenas glaciarias con hormigón y acero.
El financista británico regresó a su estancia patagónica en enero de 2026, luego de recibir el indulto de Donald Trump tras haber sido condenado por fraude en Estados Unidos. En ese marco, supervisó los trabajos de una construcción que incluyó salas de comunicaciones, spa y peluquería, además de un piso exclusivo para su estadía. Las imágenes satelitales apenas insinuaron la magnitud de las excavaciones y, de acuerdo con lo consignado, ningún funcionario inspeccionó la obra.
La legisladora Magdalena Odarda sostuvo durante siete años pedidos de explicaciones sin respuestas y volvió a exigir precisiones sobre quién autorizó la intervención. En su presentación, describió la fortificación como “totalmente apta para uso militar” y pidió determinar si funcionó como un refugio antiaéreo o si respondió a una decisión personal del magnate. También señaló que se abrió un camino de ocho kilómetros junto a la costa que no respetó la línea de sirga establecida por ley.
Mientras se desarrollaron las excavaciones, el Ministerio de Defensa de la Nación mantuvo desactivado el visor online de áreas de frontera del Instituto Geográfico Nacional, una herramienta que, según se indicó, resultó clave para establecer si las obras vulneraron zonas sensibles vinculadas a la soberanía.
El cuadro, de acuerdo con la misma información, incluyó otros emprendimientos en la Patagonia. El Emir de Qatar contó con una residencia excavada en la roca a 1.700 metros de altura en el cerro Baguales, en un contexto en el que también se mencionó a un magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiso construir represas privadas. A su vez, el fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, desplegó infraestructura en la cordillera y en la costa atlántica.
Ese último grupo adquirió del holding Tavistock, propiedad de Lewis, un aeropuerto privado en la costa atlántica rionegrina, en Sierra Grande, ubicado a 700 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Allí, según se consignó, ningún control estatal supervisó el tráfico aéreo: Gendarmería no ingresó, Prefectura no ingresó y, cuando la propia policía rionegrina intentó hacerlo, se le negó el acceso sin que se registraran consecuencias.
En paralelo, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sin aviso ni invitación a los gobernadores. Gustavo Melella protestó tibiamente y Rolando Figueroa se enojó con la prensa que lo sorprendió sin respuestas. A 48 horas de esa visita, el embajador Jamieson Greer, secretario comercial de la representación comercial en Argentina, firmó un acuerdo de comercio recíproco con Pablo Quirno.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
Ignacio Torres abrió las sesiones ordinarias de Chubut con una frase que funcionó como marco de la jornada. “Esperemos que esta sesión no sea tan ordinaria como la que vimos ayer”, dijo, tomando distancia del tono de la Asamblea Legislativa nacional. Reclamó “respeto e institucionalidad”.
Horas después de finalizado el discurso la Legislatura aprobó la reforma de la Ley de Pesca que incorporó el régimen de “Ficha Limpia Pesquera”.
En concreto, el cuerpo legislativo provincial modificó la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. La actualización exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, la renovación o la transferencia de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. El proyecto lo envió el Poder Ejecutivo chubutense y alcanzó a titulares, apoderados o representantes de permisos y autorizaciones de captura, además de directores, administradores y miembros de órganos de gobierno de las empresas del sector.
Al fundamentar el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollmann, sostuvo que la Ficha Limpia “contempla la inhabilitación de personas humanas y jurídicas involucradas en defraudaciones dolosas, evasión tributaria y conductas graves vinculadas a la actividad pesquera. Este proyecto se suma a la agenda de transparencia y calidad institucional que propone el gobierno”. Por su parte, la diputada Karina Otero sostuvo que la norma “no debilita la actividad, la fortalece”, y remarcó que el acceso al recurso debía estar atado al cumplimiento de obligaciones legales firmes.
Desde el bloque oficialista señalaron que la ley no habilitó bajas automáticas de permisos, sino que esas medidas solo podrían aplicarse cuando existieran resoluciones firmes. En ese marco, explicaron que las “causales de caducidad” son los motivos previstos por la norma para quitar o dar de baja un permiso pesquero, y afirmaron que el texto incorporó cambios surgidos en comisión y en reuniones con el sector privado.
Desde la oposición cuestionaron el alcance sectorial de la ley y el contexto en el que se trató. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, justificó el rechazo al sostener que el proyecto respondió a “una pelea sectorial”, mientras que su par Vanesa Abril pidió priorizar medidas frente a la “caída del empleo”. Otros legisladores advirtieron sobre una posible “estigmatización” del sector pesquero y plantearon que reglas similares debían aplicarse a todas las actividades extractivas.
LAS RETENCIONES A LA PESCA OSCILAN ENTRE 5% Y 9%
En su discurso de apertura, Torres ubicó a la pesca en el centro del debate económico y fiscal de la provincia. El gobernador afirmó que en 2025 Chubut alcanzó el mayor nivel de exportaciones de los últimos 20 años, con casi 4.000 millones de dólares, y remarcó el peso de la actividad pesquera en ese resultado. “Exportar más genera más trabajo y dinamiza la economía”.
En ese tramo del mensaje, cuestionó el esquema de retenciones y afirmó que de esas divisas “a la provincia le quedan cero pesos”, porque esos recursos se diluyeron en políticas nacionales que, según dijo, no regresaron al territorio.
También convocó a los legisladores nacionales a “dar la pelea en el Congreso” por el federalismo fiscal y anticipó que continuará gestionando la eliminación de las retenciones a la pesca, que oscilan entre el 5% y el 9% según la especie marina. Ese ahorro impositivo que obtendría el sector por una eventual baja de esos derechos de exportación podría destinarse a infraestructura portuaria para Chubut.
Para entender la patética imagen de un joven oculto bajo una capucha en pleno microcentro, es imperativo analizar cómo se gestó su descomposición pública. No es un evento aislado, sino la culminación de un naufragio que comenzó cuando la defensa de las ideas fue reemplazada por la sumisión del mandadero.
Entre 2020 y 2023, Iñaki Gutiérrez habitaba los sets de televisión con una soltura que hoy parece de otra vida; defendía principios sin mochilas pesadas y caminaba por la calle con la frente alta. Sin embargo, el roce con la estructura estatal dinamitó aquel idilio. El termómetro de la realidad marcó temperaturas hostiles mucho antes de su intento de disfrazarse de anónimo, con un asedio que se volvió constante, entre los que repasaremos algunos casos:
Marzo de 2024: El inicio del fin; Javier Milei debió denunciar públicamente el “bullying” y hostigamiento sistemático que Gutiérrez sufría en los pasillos de la Universidad de Belgrano, donde sus pares le recordaron que el prestigio no se construye con visualizaciones.
Mayo de 2025: En Oberá, Misiones, el repudio de productores yerbateros lo obligó a una retirada poco glamorosa bajo gritos de “vendepatria”, evidenciando que el interior del país no compraba su estética de redes.
Agosto de 2025: En Corrientes, la situación escaló a la violencia física y agresiones a la prensa durante una caravana, dejando en claro que el personaje ya no generaba admiración, sino un rechazo visceral.
Aquel joven que antes era frenado para una foto, hoy colecciona escraches como trofeos de una derrota cultural que no supo ver venir.
Iñaki Gutiérrez junto a Javier Milei.
La avestruz digital
Esta acumulación de repudio moldeó la conducta actual de Gutiérrez: la del fugitivo social. El reciente registro de un vecino interceptándolo en la vía pública es la prueba obscena de su decadencia. Allí, mimetizado con el pavimento, el joven que alguna vez pretendió ser la voz de una generación se exhibió bajo una capucha negra, en un intento tan desesperado como inútil por recuperar un anonimato que él mismo dinamitó.
Captura de Gutiérrez encapuchado.
La escena roza lo tragicómico: Iñaki, lejos de la verborragia punzante de sus años en la defensa de las ideas, optó por la mudez y el refugio en un audio de WhatsApp sostenido contra su oído como un escudo de kevlar. Ante el reclamo del ciudadano por el uso del disfraz para evitar el escrache, Gutiérrez ensayó una mirada perdida, lanzó una respuesta inaudible y se retiró con la premura de quien sabe que el territorio ya no le pertenece. Es la metamorfosis del avestruz: esconder la cabeza y esperar que el entorno desaparezca.
El video viral del escrache contra Iñaki Gutiérrez encapuchado, en octubre de 2025.
El ejecutor que dejó de pensar
La degradación de su imagen pública se aceleró al ritmo de una gestión plagada de torpezas. El primer gran síntoma de su desconexión con la realidad ocurrió en diciembre de 2023, cuando confundió el Memorial de las Piedras de las víctimas del Covid-19 con “escombros” dejados por la gestión anterior; una profanación por ignorancia que marcó su bautismo de fuego en el error.
Semanas después, en el brindis de Año Nuevo de 2024, utilizó la cuenta oficial de Casa Rosada para fines personales (subió una foto junto a su novia, Eugenia Rolón, y lo republicó con la cuenta oficial) bajo un presunto estado de embriaguez o de intoxicación con estupefacientes, lo que le valió el desplazamiento inmediato del manejo de las redes institucionales.
El retuit de Casa Rosada de la foto de Gutiérrez con su novia.
A este historial de negligencias se sumó el fuego amigo: en una interna feroz, Lilia Lemoineexpuso públicamente las supuestas adicciones de Gutiérrez, enviándolo vía X a “dejar las drogas” (porque Gutiérrez criticó un proyecto de Lemoine), y rompiendo el blindaje de impunidad del que gozaba; luego Lemoine pasaría a criticar a Javier Milei por su breve alianza con Luis Barrionuevo, por prometer cortar relaciones con el Vaticano, y por “hablar de vender niños y órganos”.
El golpe de gracia a su pretendida superioridad moral llegó en enero de 2026, cuando Eugenia Rolón, su novia, chocó un Honda Fit —propiedad del padre de Iñaki— en Mar de Ajó con 1.89 g/l de alcohol en sangre y sin licencia de conducir, resultando en una inhabilitación para manejar hasta el año 2099.
Hoy, despojado de la mística de sus inicios, el propio Gutiérrez terminó por sellar su acta de defunción intelectual en una entrevista televisiva. Allí, con una sumisión alarmante, admitió que su rol no es el de un cuadro político, sino el de un simple engranaje: “yo no estoy para pensar, estoy para hacer lo que me digan”. Es la confesión final de quien cambió la libertad de ideas por la obediencia de un jefe, y que ahora, encapuchado y en silencio, parece finalmente estar cumpliendo la orden de desaparecer.
El tuit de la ahora diputada Lemoine acusando a Gutiérrez de “drogarse”.
El pasado domingo se llevó a cabo la primera jornada de festejos por el Año Nuevo Chino en la Plaza Parques Nacionales Argentinos, ubicada en el barrio porteño de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad se invitó a participar de “una jornada abierta para compartir en familia y dar la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, símbolo de la energía, el movimiento y la renovación”. La actividad fue organizada por la Dirección General de Colectividades y Migrantes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, junto a Phoenix Dorada (una asociación de chinos comunistas que propagan la ‘Cultura del Partido’ en Argentina) y la Colectividad China en nuestro país.
Como todos los años, practicantes argentinos de la comunidad religiosa de la Escuela Buda Falun Dafa asistieron al evento. Lo hicieron vestidos con su tradicional camiseta amarilla y acompañados por su lema fundamental: “Verdad, Benevolencia, Tolerancia”. Sin embargo, de acuerdo con el material difundido por la organización, el evento no fue realmente abierto ya que personal de una empresa de seguridad contratada en los accesos les impidió el ingreso.
– Chinos tapan a Falun Dafa con una bandera del PCCh
Sucede que en China esta creencia está terminantemente prohibida y es brutalmente perseguida por el sangriento régimen comunista desde el año 1999.
Ante esa situación, los practicantes permanecieron fuera del predio repartiendo folletos informativos a quienes ingresaban al evento. Sin embargo, al atravesar los accesos, el personal de seguridad exigió a los asistentes que descartaran ese material en la basura. El episodio generó indignación entre varias personas y momentos de tensión que no escalaron en gravedad.
DATA24 tuvo acceso al comunicado difundido por la Asociación Civil Estudio de Falun Dafa en Argentina, allí se indicó que incluso se negó el paso a personas que tenían remeras amarillas siendo ajenas a Falun Dafa.
En ese marco, los practicantes de Falun Dafa afirmaron que la persecución que aún sucede en China se extendió también a la Argentina “con la colaboración de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En el gigante asiático, explicaron, sucede “una persecución sin precedentes en la historia, un genocidio perpetrado por el régimen comunista; que incluye diversas prácticas perversas como secuestros, torturas, campos de trabajo forzado, centros de reeducación y hasta sustracción forzada de órganos”.
La información aportada indicó que en Argentina existió “un historial documentado de más de dos décadas de episodios de violencia, discriminación y censura ejecida por agentes chinos que responden a su embajada y por fuerzas de seguridad metropolitana contra ciudadanos argentinos de bien”. Según el texto las acciones policiales fueron “ostensiblemente favorables a los intereses de la Embajada de China en Buenos Aires y contrarias a la seguridad ciudadana”, en el marco de una “persecución religiosa trasnacional” contra los creyentes de esa disciplina, “reconocida oficialmente como culto religioso en nuestro país”.
La presidenta de la Asociación, LiweiFu, declaró que “como practicantes pacíficos y creyentes en Dios, participamos en estos eventos para compartir y mostrar la verdadera esencia espiritual de la cultura china, no para confrontar. Pero la historia de violencias nos obliga a alzar la voz: no podemos permitir que un régimen totalitario extranjero siga persiguiendo a creyentes pacíficos argentinos en su propio país. Instamos a la prensa, la sociedad civil y las autoridades a pronunciarse en la defensa de la soberanía y la libertad religiosa. La rectitud de nuestros líderes traerá prosperidad a Argentina, rechazando el avance maligno del comunismo chino y protegiendo a sus ciudadanos”.
El comunicado también recordó antecedentes similares. Durante la celebración del Año Nuevo Chino del año pasado, “los practicantes argentinos de Falun Dafa sufrieron una persecución brutal sin precedentes, bajo órdenes de la Embajada de China”.
Clarin Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es un movimiento espiritual de origen chino basado en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Nació en China en 1992 y llegó a reunir a decenas de millones de practicantes antes de ser prohibido por el Partido Comunista Chino en 1999.
– Fuente: Clarín
Según se puede ver en los videos a los que también accedió este medio, agentes de civil argentinos y efectivos policiales de la Ciudad colaboraron con “las agresiones violentas” ejercidas por “patotas chinas”, mientras funcionarios y el propio embajador de China observaron desde el escenario principal “sin intervenir”.
Asimismo, sostuvo que esos hechos fueron denunciados judicialmente y que se esperaba que se sumaran a “las siete causas judiciales abiertas en Argentina” por “constantes golpizas perpetradas por matones de origen chino a practicantes argentinos en su propio país”.
En relación con ese historial, Fu agregó: “En ningún otro país del mundo ocurre una situación como la que vivimos en Argentina, donde ciudadanos son hostigados únicamente por ser creyentes espirituales de una fe que es brutalmente perseguida en China por el régimen comunista. Es una vergüenza que autoridades, funcionarios y fuerzas de seguridad hayan actuado en connivencia con ese régimen, a través de la embajada china, para perseguir a ciudadanos pacíficos. La persecución no ha cesado. La embajada continúa ejerciendo su influencia en el barrio chino, frente al consulado, presionando a la policía y a la Cancillería para restringir la libertad de permanencia en ciertos lugares a practicantes argentinos. Esta situación lleva más de 20 años. No debería permitirse que algo así ocurra en nuestro país, bajo un gobierno nacional que debe garantizar el debido respeto y la protección de creyentes espirituales pacíficos que actúan conforme a los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia”.
Acerca de Falun Dafa
Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una creencia milenaria de la Escuela Buda basada en los principios universales de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Actualmente se practica libremente en más de 100 países e incluye ejercicios de qigong de alto nivel y una meditación que promueven la salud física y mental. En China, la disciplina fue difundida abiertamente al público por primera vez en 1992 y llegó a contar con más de 100 millones de practicantes en solo 7 años.
Este gran despertar espiritual en la población china de los años 90 fue tomando como una amenaza a la naturaleza atea del Partido Comunista chino (PCCh), que durante décadas buscó eliminar completamente la verdadera cultura tradicional china de 5000 años de historia, caracterizada por creer en Dios. Por eso, en 1999, el régimen comunista emprendió una enorme campaña para difamar y perseguir brutalmente a los practicantes de Falun Dafa, que continúa hasta hoy.
Esta persecución religiosa a gran escala incluye detenciones arbitrarias, torturas, campos de trabajo forzado y la sustracción forzada de órganos en vida a practicantes detenidos, calificada como un “genocidio silencioso” y “una maldad nunca vista en este planeta” por el abogado canadiense David Matas, nominado al Premio Nobel de la Paz.
De la defensa de las ideas en el prime time televisivo a la humillación del anonimato forzado. El presente de Iñaki Gutiérrez, el joven que pasó de caminar libremente por la calle a esconderse bajo una capucha, cercado por el repudio social y un historial de torpezas y escándalos que ya ni su TikTok ni Lemoine pueden maquillar.
La Justicia de primera instancia falló a favor del gobierno formoseño tras constatar la tala sin autorización de 597 tierras en tres colonias. La fiscalía inició la ejecución forzosa de bienes por incumplimiento.
El joven fue identificado durante un control callejero en Puerto Tirol mediante el sistema SIGEBI. Tras confirmar la orden judicial vigente, la Fiscalía N° 10 dispuso su traslado a la unidad policial.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
