Ocampo arremetió contra Insfrán: “Formosa está con alarmantes cifras de pobreza y el dictador les responde con una cachetada”
Marcelo Ocampo cargó contra el gobernador tras darse a conocer que está gastando fondos públicos para vacacionar y trasladarse en jets privados que cuestan aproximadamente 20 mil dólares.
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El concejal de la ciudad de Formosa, Marcelo Ocampo, “se ofreció” a conseguirle pasajes al gobernador Gildo Insfrán, por el millonario gasto que viene realizando en constantes vuelos en jets privados y que recientemente el diputado provincial, Agustín Samaniego, justificó al decir que “el gobernador viaja en Learjet privado porque en Aerolíneas Argentinas siempre va lleno y no hay lugar”.
Ocampo declaró al medio Nuevo País: “Me ofrezco a conseguirle pasajes a Insfrán con tal que deje de despilfarrar ese dinero que falta en los hospitales, escuelas y dependencias de esta provincia que ellos se encargaron de empobrecerla”.
Marcelo Ocampo Concejal de Formosa
No es la primera vez que Ocampo sale al cruce contra el gobernador de Formosa por el gasto en vuelos Learjet. En otra oportunidad, declaró: “Formosa con alarmantes cifras de pobreza, prendiéndose fuego con la incontrolable quema de pastizales, muchísimas familias padeciendo la enorme deficiencia e incluso falta de servicios como el agua potable y la energía eléctrica, ¿Y el dictador cómo responde? Con una cachetada al pueblo: ¿Vacaciones lujosas en la costa argentina, 10 días en el Hotel Sheratón de Mar del Plata… qué uso para ir y volver? Vuelos chárter que cuestan alrededor de 20 mil dólares”.
Fuente: El Comercial
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En el Paso Internacional Puerto Chalanas, que conecta Aguas Blancas (Salta) con Bermejo (Bolivia), pasadores de mercadería se enfrentaron con la policía cuando los efectivos intentaron ejecutar un operativo para decomisar ropa usada y otros bienes. El episodio ocurrió del lado boliviano de la frontera. La resistencia de los llamados bagayeros derivó en un intercambio con piedrazos que dejó varios policías heridos y un vehículo militar dañado.
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, describió: “Esto es un desastre, pero este descontrol está hace años. Y ahora, que estamos llevando orden y control, no están contentos. Es una frontera argentina y se tiene que comportar como el resto de las fronteras argentinas”.
El funcionario destacó el rol del Plan Güemes en el área. “Estamos en lucha total contra el narcotráfico, en donde el contrabando es secundario, pero dentro del contrabando viene la droga. Entonces hay una doble función, tratando de ser tolerantes con el contrabando, porque todo el pueblo, de manera directa o indirecta que son 4 mil o 5 mil personas, viven de esto, más el norte de Orán y muchas otras zonas”. Precisó que diariamente se registró un movimiento de 10 mil personas.
Zigarán cuestionó la inacción judicial: “La lucha es a diario y los narcos, minuto a minuto, generan situaciones para pasar su mercadería, pero nosotros necesitamos una justicia federal más activa”. También expuso falencias internas: “Acá en Gendarmería perdimos 90 efectivos entre Salta y Jujuy por los tour de compras, los sobornaban y perdemos más por contrabando que por narcotráfico”. Añadió que los efectivos están mal pagos.
Respecto del cerco divisorio entre Aguas Blancas y Bermejo, confirmó que estuvo construido “hace más de dos meses”, aunque aún resta una reunión con autoridades nacionales “para definir temas”. Sobre la polémica que rodeó la obra, sostuvo: “El cerco era una medida secundaria para poner un orden migratorio. Nada más que justo Trump hizo todo un tema con deportar gente y el gobierno boliviano lo tomó como una medida de Milei para también expulsar bolivianos y nada que ver. Se hizo famoso el muro por cuestiones externas a la situación real de Aguas Blancas”.
El Plan Güemes fue presentado en diciembre pasado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Su objetivo fue combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera norte mediante controles y capacidades de análisis criminal. Además del despliegue de fuerzas federales y la coordinación con fuerzas provinciales y el Poder Judicial, el plan reforzó la vigilancia en pasos limítrofes. “En puntos como Aguas Blancas, se implementarán controles más rigurosos para prevenir actividades ilícitas y mejorar la seguridad de los habitantes”, indicó un comunicado del Ministerio de Seguridad argentino.
La semana pasada, en la última sesión ordinaria antes del receso invernal, la bancada oficialista Por Santa Cruz‑SER bloqueó por tercera vez el debate sobre el desafuero de Fernando Españón, solicitado el 7 de febrero por la diputada opositora Lorena Ponce. Con esa maniobra preservó la inmunidad del legislador pese a tres requerimientos judiciales que exigieron su disponibilidad procesal.
Transcurrieron 135 días desde el primer pedido. Españón está señalado por la Justicia porque acumula siete causas que abarcan abuso de autoridad, falsificación de documento público, malversación de caudales públicos y tres denuncias de abuso sexual bajo coerción en un vínculo laboral.
Dos de esos expedientes ya alcanzaron procesamiento y los cinco restantes permanecen en etapa de instrucción. El Código de Procedimiento Penal de Santa Cruz fija 180 días para resolver un desafuero; si el plazo expira, los procesos se archivan y la impunidad queda sellada.
EL INVENTARIO DE CAUSAS:
Expte. 13460/2019 – “Sr. Agente Fiscal s/ Requiere Instrucción”. Elevado a la Cámara Criminal el 11 de diciembre de 2022 (Oficio 1488/22).
Expte. 14538/2020 – “Juzgado Federal de Río Gallegos s/ Remite Actuaciones”. Procesamiento por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
Expte. 16710/2021 – “Sosa, Yanina Beatriz s/ Denuncia”. Imputación por abuso sexual simple con coerción o intimidación (art. 119 CPA, ley 26.485).
Expte. 14409/2020 – “Mariscal, Carmen Elizabeth s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
Expte. 14464/2020 – “Gatica, Erna Isabel s/ Denuncia”. Procesamiento como coautor de falsificación de documento público agravado (arts. 292 y 298 CPA) y abuso de autoridad (art. 248 CPA) en concurso real (art. 55 CPA).
Expte. 14626/2020 – “Aravena, Aldo Manuel y otros s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos; replica los cargos de falsificación del expediente 14464/2020.
Expte. 16470/2023 – “Gordillo, Analía Celeste s/ Denuncia”. Indagatoria del 13 de diciembre de 2023 por abuso sexual simple (tres hechos) con modalidad coactiva (art. 119 CPA, ley 26.485).
Los magistrados pidieron retirar los fueros para habilitar allanamientos, nuevas indagatorias y eventuales medidas coercitivas. Sin esa autorización, las siete causas permanecen a media marcha: la producción de prueba está limitada y ningún expediente puede elevarse a juicio. El art. 258 del CPP provincial ordena resolver en 180 días; de no hacerlo, las acusaciones prescriben, dejando a las víctimas sin tutela y al Estado sin herramientas de control penal.
Catorce diputados oficialistas —incluido el propio Españón— votaron en contra del desafuero: Patricia Urrutia, Alfredo Martínez, Javier Jara, Fernando Pérez, Cristina Ojeda, José Luis Quiroga, Santiago Aberastain, Mario Boffi, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Claudia Barrientos y Fabián Leguizamón. Se sumaron dos legisladores kirchneristas de Los Antiguos y Perito Moreno, completando el muro de protección.
El bloque oficialista esgrimió “tecnicismos”, “falacias jurídicas” y, en un paralelismo con el kirchnerismo, alegó que la oposición carece de autoridad moral para reclamar transparencia. La oposición replicó que existen tres oficios judiciales firmes y que el reglamento de la Cámara obliga a tratarlos sin dilaciones.
El expediente de desafuero duerme en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dominada por el SER. La presidencia de la Cámara, a cargo de Leguizamón, jamás fijó fecha para dictamen ni para su inclusión en el orden del día.
– El Gobernador de la provincia, Carlos Vidal, junto a Españón
Desde que asumió, el gobernador Claudio Vidal protegió a Españón: lo designó jefe de bloque y vocal ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en mayo lo sustituyó por Pedro Luxen, “tal vez por vergüenza”, según fuentes legislativas; la maniobra no alteró la línea de defensa. El Ejecutivo se mantuvo en silencio frente a los pedidos judiciales y habilitó —por acción u omisión— el encubrimiento parlamentario.
Si en los próximos 45 días la Legislatura no modifica su postura, las causas por abuso de autoridad, malversación, falsificación documental y abuso sexual quedarán extinguidas. El próximo período ordinario comienza en agosto; hasta entonces el reloj corre, el expediente sigue congelado y la Justicia carece de herramientas para indagar al legislador.
Las autoridades sanitarias identificaron puntajes inconsistentes con los antecedentes académicos y el desempeño previo en otras evaluaciones de varios postulantes. Según fuentes oficiales del Ministerio, “son resultados incongruentes con el parámetro histórico de las universidades de donde provienen, con el promedio de la carrera de esos alumnos y en relación con otros exámenes que esos mismos alumnos rindieron”.
Una de las mayores alertas surgió al comparar los resultados obtenidos en el examen nacional con otro examen similar rendido dos días antes en el Hospital Británico. En un caso del top 10 del ranking nacional, el postulante alcanzó 95 puntos en el examen oficial, mientras que solo había obtenido 45 puntos en la prueba anterior, una diferencia significativa de 50 puntos.
La mayoría de los casos investigados provienen del Concurso Unificado para Medicina, que se realizó en Parque Roca, Ciudad de Buenos Aires, donde participaron alrededor de 8.000 médicos. En total, hubo 10.225 resultados en el examen, con 1.026 ausentes, por lo que finalmente rindieron la prueba 9.199 postulantes. Los resultados se publicaron el pasado 18 de julio.
Históricamente, médicos graduados en universidades ecuatorianas no superaban el puesto 500 en el ranking. Sin embargo, este año, más de 30 postulantes de instituciones como la Universidad Técnica de Manabí, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Universidad Central del Ecuador, accedieron a los primeros puestos. Particularmente llamativo resultó que nueve egresados de la Universidad Técnica de Manabí, representando apenas el 0,02% del total, se ubicaron entre los 27 primeros puestos.
Además, se detectaron puntuaciones superiores a 88 puntos entre egresados colombianos de la Universidad de Boyacá y la Universidad Tecnológica Pereira. Del total de 2.833 postulantes extranjeros, se contabilizaron 1.045 provenientes de Ecuador, 787 de Colombia, 383 de Bolivia, 312 de Brasil, 114 de Venezuela y 61 de Perú.
En paralelo, una versión difundida por el medio digital Quorum informó que un grupo de aspirantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires habría denunciado ante el decano la supuesta venta de exámenes por valores entre 2.000 y 3.000 dólares, solicitando medidas inmediatas.
Desde el Ministerio también investigan indicios que sugieren ayuda externa durante el examen, como el uso de segundos teléfonos celulares para recibir respuestas mediante asistentes digitales e incluso grupos organizados a través de aplicaciones como Telegram. Fuentes ministeriales señalaron además casos en los que postulantes habrían ido hasta nueve veces al baño durante el examen, reforzando la hipótesis. Calificaron la situación como un posible “fraude masivo y organizado” y reconocieron que, de confirmarse la venta de exámenes, se habría evidenciado una falla en los controles.
En respuesta a estos hallazgos, la cartera sanitaria analiza postergar la publicación del ranking final de mérito, inicialmente prevista para el próximo lunes, que impacta directamente en la elección de los hospitales o instituciones para realizar las residencias médicas.
Este examen incorporó, además, una reciente modificación que otorga cinco puntos adicionales a quienes hayan cursado sus estudios en universidades argentinas, cambio aplicado específicamente al Concurso Unificado (Nación, CABA y Provincia de Buenos Aires), con el objetivo declarado de reducir asimetrías frente a egresados con títulos extranjeros.
La ceremonia de apertura tuvo lugar ayer en el recinto de la Legislatura provincial. Una situación de salud que afectó a uno de los convencionales electos modificó el orden del acto y provocó demoras en el cronograma oficial.
El gobernador Pullaro, en su doble rol de convencional, encabezó la apertura. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidente de la Cámara de Diputados Clara García y el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, encargado de tomar los juramentos.
Este último fue quien abrió la sesión con el juramento de Osvaldo Sosa, el convencional de mayor edad, quien asumió como presidente provisional. Candela Rodríguez, la más joven del cuerpo, asumió como secretaria.
Una vez completado ese paso, el pleno eligió sus autoridades definitivas. Felipe Michlig (UCR) resultó designado como presidente; Diego Giuliano (PJ) como vicepresidente primero; Marcos Peyrano (La Libertad Avanza) como vicepresidente segundo; y Daiana Gallo Ambrosis (Partido Socialista) como vicepresidente tercera.
Durante su discurso, Pullaro afirmó que “reformar no es un gesto técnico, es un acto político y cultural, un momento fundacional que expresa qué sociedad queremos ser”.La declaración provocó el rechazo del bloque de Amalia Granata, cuyos integrantes se retiraron del recinto en señal de protesta.
La composición política de la Convención quedó determinada por los resultados de las elecciones del 13 de abril, convocadas por la Legislatura a través de las leyes 14.384 y 14.152.
En cuanto a la distribución partidaria, el espacio Unidos para Cambiar Santa Fe obtuvo 33 bancas; Más para Santa Fe, 12; La Libertad Avanza, 10; Somos Vida y Libertad, 7; Activemos, 4; y el Frente de la Esperanza, 3.
El proceso deliberativo tendrá una duración inicial de 40 días, con posibilidad de extenderse hasta 20 días más si así lo aprueba la Convención. La fecha límite establecida es el 12 de septiembre de 2025.
Durante este período, los convencionales tratarán 42 artículos previamente seleccionados. Entre los temas figuran la reelección del gobernador, autonomía municipal, límites a mandatos, reforma judicial, derechos ambientales, digitales, de género y la modernización del Estado. Pullaro propuso incluir en la nueva Constitución medidas como la “Ficha Limpia”, la prohibición del nepotismo en cargos públicos y la obligación de mantener equilibrio fiscal en la administración estatal.
Las comisiones iniciarán su trabajo en las ciudades de Santa Fe y Rosario, tras la aprobación del reglamento interno durante las próximas sesiones plenarias.
Desde el Ejecutivo provincial expresaron que la reforma apunta a establecer una base institucional firme para las próximas décadas y promover el desarrollo sostenido de la provincia. En su mensaje final, Pullaro convocó al consenso y al respeto institucional. Afirmó que “en Santa Fe somos capaces de construir acuerdos sin agravios” y exhortó a todos los bloques a sostener una reforma seria y responsable.
Era previsible. Como toda tragedia anunciada, sólo había que esperar para que ocurriera.Mercado Libre se va de Córdoba. No por un incendio, ni por una catástrofe natural. Se va por algo mucho más nefasto y bien cordobés, casi tanto como el fernet con coca: la voracidad fiscal del peronismo local. En una ciudad donde cada semáforo roto es una postal, donde las veredas parecen diseñadas por enemigos de las personas con discapacidad, y donde el Estado municipal no puede garantizar ni un bache menos, el intendente Daniel Passerini y su titiritero Llaryora decidieron que el éxito empresarial es pecado y debe ser castigado.
La noticia encarna la silueta de un fantasma que venía merodeando a nuestras espaldas: sabíamos que estaba ahí, sentíamos su sombra como una amenaza implícita que era evidente que se acercaba, pero que de alguna forma nos terminó asustando igual. Mercado Libre cerrará sus oficinas en Córdoba Capital y mudará sus operaciones a la modalidad remota. ¿Motivo? Las tasas municipales. O más bien, la extorsión legalizada disfrazada de tasas. La empresa pagaba cerca de 770 millones de pesos al mes en concepto de tributos locales. Sí, leíste bien: SETECIENTOS SETENTA MILLONES MENSUALES. Según precisó la firma, entre todas las tasas que aplica la Municipalidad, termina pagando 2,11% de su facturación, porcentaje muy por encima de lo que paga en otras ciudades del país. A cambio, claro, de nada. Porque ni el estacionamiento medido funciona, ni el alumbrado mejora, ni la delincuencia disminuye, aunque nuestro flamante vice intendente, el ex macrista Javier “salto en garrocha” Pretto, tenga el tupé de justificar el IMPUESTAZO más alto de las últimas décadas alegando que a cambio el municipio brinda “seguridad”. Córdoba no ofrece ni infraestructura, ni estabilidad, ni incentivos. Solamente una trituradora de productividad llamada Estado peronista.
Algunos “distraídos” todavía se sorprenden, otros incluso defienden la medida y festejan la retirada de la multinacional (esos estocolmizados amantes de la esclavitud impositiva merecen la dedicación de toda una nota aparte). Otros ya sabíamos que esto iba a pasar, porque vivimos la ciudad, la trabajamos, la sufrimos, la escuchamos de boca de sus protagonistas: comerciantes, emprendedores y pymes que apenas logran sobrevivir. Pero sobre todo PAGAMOS IMPUESTOS, de los más altos del país de hecho. Acá no hay misterio: el peronismo cordobés aplica la misma lógica recaudatoria bravucona que un puntero en una esquina o un barra brava: “si ganás guita, me pagás el diezmo o te hago la vida imposible”. No es casual que Mercado Pago también haya ajustado sus tarifas en Córdoba por la misma razón, llegando a ser hasta un 17% mayores que en el resto de las provincias, a causa de la asfixiante carga fiscal que impone el gobierno de Llaryora: los ingresos brutos son literalmente un castigo por existir.
Lo gracioso (“tragicómico” sería más adecuado, si no fuera tan insultante) es que desde la Municipalidad salieron a decir que “la decisión es política”. ¡Claro que lo es! Pero no de la empresa, sino del municipio. Es política la decisión de convertir tasas razonables en tributos confiscatorios, es política la decisión de ahogar al sector privado para bancar un Estado clientelar e ineficiente, es política la decisión de echar empresas exitosas en el mundo libre al tiempo que mantienen ñoquis militantes cobrando favores y pudriendo la gestión pública. Y que no venga la casta política y su militancia rentada a querer corrernos con el verso de que “Mercado Libre se va porque puede operar remoto”; eso sería como justificar que un inquilino abandona un departamento porque “tiene mochila para acampar”. No, señor. Se va porque el dueño de casa lo extorsiona todos los meses con aumentos arbitrarios y le corta la luz si se queja. ¿Quién en su sano juicio se quedaría?
Esta no es una anécdota aislada, es un síntoma del modelo fiscal depredador que gobierna Córdoba desde hace 25 años; un cuarto de siglo bajo el rapto de gestiones peronistas encadenadas, donde cambian los apellidos pero no la lógica de saqueo. La misma lógica que alguna vez fundió fábricas (y lo sigue haciendo en muchas partes del mundo), y que hoy desalienta inversiones y expulsa talento de nuestra propia tierra. Aún así, estos liberticidas tienen la audacia de culpar a la empresa por irse. Porque claro, en Llaryoralandia las víctimas siempre son los culpables. Si los números no cierran, subimos los impuestos. Si la gente protesta, la acusamos de hacer política. Si la empresa se va, decimos que lo hace “porque no quiere pagar”, cuando bien sabemos que no es la primera ni será la última compañía en retirarse y dejar sin oportunidades de crecimiento a la ciudad.
Mientras tanto, nosotros los vecinos, el ciudadano de a pie, seguimos pagando los platos rotos. Nuestras vidas, en lugar de simplificarse, se complican cada vez más. Porque esta fuga no sólo representa una derrota simbólica, sino una pérdida concreta de dinamismo económico. Son menos consumos en los negocios de la zona, menos contratos con proveedores locales, menos circulación. El Estado provincial no sólo no produce, sino que destruye lo que los privados generan, en una actitud que solo puede explicarse por malicia, negligencia o una combinación letal de ambas. Y después lloran por los recortes de Nación… Respóndanme entonces, por qué no les está pasando lo mismo al resto de las provincias. Eso pensé, sin palabras.
No hay nada más kirchnerista que un peronismo que se disfraza de “cordobesismo productivo” mientras exprime hasta al último laburante con un posnet. Llaryora y Passerini son la continuación del fracaso disfrazada de moderación, los herederos de un aparato que vive del esfuerzo ajeno y encima se victimiza cuando le reclaman resultados.
En paralelo, muchos se preguntan: “¿por qué no hay laburo?”. ¿Cómo va a haber, si cada intento de crear valor es automáticamente castigado? ¿Cómo va a haber si a toda iniciativa privada se la mira con sospecha, como si fuera un acto delictivo? ¿Cómo va a haber, si el único mérito que se premia en Córdoba es el de militar para el partido de turno, y la mayor ambición a la que se puede aspirar es ser un munipa?
Cuando votamos peronismo, no importa si viene con tonadita simpática y moderada o con gritos de barricada, siempre termina igual: más impuestos, menos libertad, menos futuro. La salida de Mercado Libre es apenas un botón de muestra de lo que pasa cuando el Estado se convierte en enemigo del ciudadano productivo. Y lo que viene será peor, si no frenamos esta maquinaria infernal de saqueo institucionalizado camuflado en “justicia social” y “redistribución de la riqueza”. Porque las empresas pueden mudarse. Vos y yo no.
El gobierno de Mendoza volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez por la entrega de cinco pozos acuíferos a Cresud, la empresa del magnate Eduardo Elsztain. La autorización se otorgó en la subcuenca El Carrizal, una zona que tenía restricciones por riesgo de sobreexplotación.
El permiso fue concedido por el Superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli. La decisión sorprendió, ya que desde 2024 regía una veda de dos años para nuevas perforaciones. Sin embargo, en febrero de este año, el gobierno provincial levantó parcialmente esa prohibición.
En la zona existen volúmenes de agua disponibles. Pero distintos informes técnicos alertaron sobre la fragilidad del acuífero. Para muchos expertos y productores la explicación oficial no alcanza.
– El Superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli
Tras las autorizaciones, se registró un fuerte aumento en el valor de las tierras beneficiadas. Algunos terrenos pasaron de valer cifras mínimas a cotizar millones de dólares. Esto encendió sospechas sobre un uso especulativo del recurso hídrico.
Cresud no fue la única favorecida. También recibieron permisos otras firmas vinculadas a empresarios como Young Woo, Walter Bressia y Pedro García Mateo. En total, se aprobaron nueve perforaciones nuevas.
Desde Irrigación defendieron los permisos. Aseguraron que no se superó la cantidad de agua permitida y que se exigieron condiciones técnicas estrictas. Entre ellas, monitoreo automatizado y controles permanentes.
A pesar de eso, regantes y asociaciones de productores denunciaron falta de transparencia. Afirmaron que las decisiones benefician a los sectores más poderosos. Además, advirtieron que se pone en riesgo el acceso al agua de pequeños y medianos usuarios.
El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando el gobernador Cornejo propuso disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Ese organismo controlaba el agua potable. Ahora, todo el poder pasaría al Departamento General de Irrigación.
Distintas organizaciones sociales expresaron su preocupación. Denunciaron que se busca instalar un modelo de gestión basado en la lógica del mercado. También recordaron las recientes detenciones de militantes que protestaban por el acceso al agua.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta “vinculación política”. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y…