04 agosto, 2025

Neme avanzó con la impugnación a la candidatura de Insfrán: “No puede quedarse como un monarca hasta que muera”

Formosa | La diputada provincial de Juntos por el Cambio y precandidata a intendente Gabriela Neme avanzó con el pedido de impugnación a la candidatura de Insfrán, quien está frente al mando de la provincia desde 1995.
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Tras haberse conocido que Gildo Insfrán iría por la reelección en la provincia de Formosa, donde lleva gobernando más de 25 años, Gabriela Neme decidió impugnar su candidatura para evitar otro nuevo periodo de cuatro años más, con el que acumularía su octavo mandato consecutivo.

Cabe destacar que, la semana pasada el precandidato a gobernador de JxC Fernando Carbajal realizó un pedido con el mismo objetivo al que se sumó Neme. En ese contexto, la precandidata a intendente expresó que hay un “claro abuso de poder” por parte del Gobernador quen somete “a la mayoría del pueblo formoseño”. “Requerimos que la Justicia se pronuncie en defensa de nuestra ley Suprema, que es la Constitución”, sumó.

Gaby Neme on Twitter: “Luego de la presentación de la candidatura de Insfran, presentamos la impugnación a su candidatura en el tribunal electoral, para luego realizar el accionar jurídico en la Corte Suprema. La República y la Democracia se defienden con la vida. ¡Basta de dictadura! pic.twitter.com/prwN0O7jhr / Twitter”

Luego de la presentación de la candidatura de Insfran, presentamos la impugnación a su candidatura en el tribunal electoral, para luego realizar el accionar jurídico en la Corte Suprema. La República y la Democracia se defienden con la vida. ¡Basta de dictadura! pic.twitter.com/prwN0O7jhr

En diálogo con radio Delta 90.3, la diputada provincial dio tristes detalles de cómo el ciudadano formoseño es sometido con dádivas a vender su voto: “El formoseño vota pensando en qué va a comer mañana porque ya no tiene proyectos, hasta eso nos robó Insfrán. No hay un solo formoseño que no tenga un pariente que viva del Estado”.

Ante la posibilidad de que Insfrán adopte un discurso similar al de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, condenada por malversación de fondos públicos, Neme analizó: “Insfrán para nada va a ser proscripto porque estuvo 36 años en el gobierno, no puede quedarse como una monarquía hasta que se muera”.

Por último, aseguró que desde su espacio están trabajando arduamente para lograr un verdadero cambio en la tan azotada provincia. “Estamos comprometidos a garantizar nuestro sistema republicano y que Formosa deje de manejarse como la isla de Insfrán y pase a regirse por la Constitución Nacional de la República Argentina”, concluyó.

Redacción

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LLARYORALANDIA: la voracidad fiscal del peronismo cordobés contra el progreso productivo

*Por Augusto Montamat

Era previsible. Como toda tragedia anunciada, sólo había que esperar para que ocurriera. Mercado Libre se va de Córdoba. No por un incendio, ni por una catástrofe natural. Se va por algo mucho más nefasto y bien cordobés, casi tanto como el fernet con coca: la voracidad fiscal del peronismo local. En una ciudad donde cada semáforo roto es una postal, donde las veredas parecen diseñadas por enemigos de las personas con discapacidad, y donde el Estado municipal no puede garantizar ni un bache menos, el intendente Daniel Passerini y su titiritero Llaryora decidieron que el éxito empresarial es pecado y debe ser castigado.

La noticia encarna la silueta de un fantasma que venía merodeando a nuestras espaldas: sabíamos que estaba ahí, sentíamos su sombra como una amenaza implícita que era evidente que se acercaba, pero que de alguna forma nos terminó asustando igual. Mercado Libre cerrará sus oficinas en Córdoba Capital y mudará sus operaciones a la modalidad remota. ¿Motivo? Las tasas municipales. O más bien, la extorsión legalizada disfrazada de tasas. La empresa pagaba cerca de 770 millones de pesos al mes en concepto de tributos locales. Sí, leíste bien: SETECIENTOS SETENTA MILLONES MENSUALES. Según precisó la firma, entre todas las tasas que aplica la Municipalidad, termina pagando 2,11% de su facturación, porcentaje muy por encima de lo que paga en otras ciudades del país. A cambio, claro, de nada. Porque ni el estacionamiento medido funciona, ni el alumbrado mejora, ni la delincuencia disminuye, aunque nuestro flamante vice intendente, el ex macrista Javier “salto en garrocha” Pretto, tenga el tupé de justificar el IMPUESTAZO más alto de las últimas décadas alegando que a cambio el municipio brinda “seguridad”. Córdoba no ofrece ni infraestructura, ni estabilidad, ni incentivos. Solamente una trituradora de productividad llamada Estado peronista.

Algunos “distraídos” todavía se sorprenden, otros incluso defienden la medida y festejan la retirada de la multinacional (esos estocolmizados amantes de la esclavitud impositiva merecen la dedicación de toda una nota aparte). Otros ya sabíamos que esto iba a pasar, porque vivimos la ciudad, la trabajamos, la sufrimos, la escuchamos de boca de sus protagonistas: comerciantes, emprendedores y pymes que apenas logran sobrevivir. Pero sobre todo PAGAMOS IMPUESTOS, de los más altos del país de hecho. Acá no hay misterio: el peronismo cordobés aplica la misma lógica recaudatoria bravucona que un puntero en una esquina o un barra brava: “si ganás guita, me pagás el diezmo o te hago la vida imposible”. No es casual que Mercado Pago también haya ajustado sus tarifas en Córdoba por la misma razón, llegando a ser hasta un 17% mayores que en el resto de las provincias, a causa de la asfixiante carga fiscal que impone el gobierno de Llaryora: los ingresos brutos son literalmente un castigo por existir.

Lo gracioso (“tragicómico” sería más adecuado, si no fuera tan insultante) es que desde la Municipalidad salieron a decir que “la decisión es política”. ¡Claro que lo es! Pero no de la empresa, sino del municipio. Es política la decisión de convertir tasas razonables en tributos confiscatorios, es política la decisión de ahogar al sector privado para bancar un Estado clientelar e ineficiente, es política la decisión de echar empresas exitosas en el mundo libre al tiempo que mantienen ñoquis militantes cobrando favores y pudriendo la gestión pública. Y que no venga la casta política y su militancia rentada a querer corrernos con el verso de que “Mercado Libre se va porque puede operar remoto”; eso sería como justificar que un inquilino abandona un departamento porque “tiene mochila para acampar”. No, señor. Se va porque el dueño de casa lo extorsiona todos los meses con aumentos arbitrarios y le corta la luz si se queja. ¿Quién en su sano juicio se quedaría?

Esta no es una anécdota aislada, es un síntoma del modelo fiscal depredador que gobierna Córdoba desde hace 25 años; un cuarto de siglo bajo el rapto de gestiones peronistas encadenadas, donde cambian los apellidos pero no la lógica de saqueo. La misma lógica que alguna vez fundió fábricas (y lo sigue haciendo en muchas partes del mundo), y que hoy desalienta inversiones y expulsa talento de nuestra propia tierra. Aún así, estos liberticidas tienen la audacia de culpar a la empresa por irse. Porque claro, en Llaryoralandia las víctimas siempre son los culpables. Si los números no cierran, subimos los impuestos. Si la gente protesta, la acusamos de hacer política. Si la empresa se va, decimos que lo hace “porque no quiere pagar”, cuando bien sabemos que no es la primera ni será la última compañía en retirarse y dejar sin oportunidades de crecimiento a la ciudad.

Mientras tanto, nosotros los vecinos, el ciudadano de a pie, seguimos pagando los platos rotos. Nuestras vidas, en lugar de simplificarse, se complican cada vez más. Porque esta fuga no sólo representa una derrota simbólica, sino una pérdida concreta de dinamismo económico. Son menos consumos en los negocios de la zona, menos contratos con proveedores locales, menos circulación. El Estado provincial no sólo no produce, sino que destruye lo que los privados generan, en una actitud que solo puede explicarse por malicia, negligencia o una combinación letal de ambas. Y después lloran por los recortes de Nación… Respóndanme entonces, por qué no les está pasando lo mismo al resto de las provincias. Eso pensé, sin palabras.

No hay nada más kirchnerista que un peronismo que se disfraza de “cordobesismo productivo” mientras exprime hasta al último laburante con un posnet. Llaryora y Passerini son la continuación del fracaso disfrazada de moderación, los herederos de un aparato que vive del esfuerzo ajeno y encima se victimiza cuando le reclaman resultados.

En paralelo, muchos se preguntan: “¿por qué no hay laburo?”. ¿Cómo va a haber, si cada intento de crear valor es automáticamente castigado? ¿Cómo va a haber si a toda iniciativa privada se la mira con sospecha, como si fuera un acto delictivo? ¿Cómo va a haber, si el único mérito que se premia en Córdoba es el de militar para el partido de turno, y la mayor ambición a la que se puede aspirar es ser un munipa?

Cuando votamos peronismo, no importa si viene con tonadita simpática y moderada o con gritos de barricada, siempre termina igual: más impuestos, menos libertad, menos futuro. La salida de Mercado Libre es apenas un botón de muestra de lo que pasa cuando el Estado se convierte en enemigo del ciudadano productivo. Y lo que viene será peor, si no frenamos esta maquinaria infernal de saqueo institucionalizado camuflado en “justicia social” y “redistribución de la riqueza”. Porque las empresas pueden mudarse. Vos y yo no.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Un exfuncionario de Urribarri admitió que cobró coimas

Guillermo Smaldone, ex director de Trabajo y ex titular del Tribunal de Cuentas provincial, confesó ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná que recibió dinero de Cardona Herreros a cambio de favorecerlo en licitaciones de software durante la gestión de Urribarri. 

La audiencia, realizada el pasado martes, se resolvió por juicio abreviado. El acuerdo prevé una condena condicional y evita la cárcel, siempre que el juez lo convalide. Si la rechaza, Smaldone, que actuó como su propio abogado, será juzgado en debate oral; en ese escenario, el Ministerio Público Fiscal planeó pedir cinco años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y la misma multa económica.

Los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro describieron un mecanismo de sobornos probado —según lo calificaron, “contundente”— mediante correos electrónicos y facturación de consultorías falsas. Cardona Herreros recibía datos de los pliegos antes de cada llamado y aseguraba las adjudicaciones para su firma, Relevamientos Catastrales S.A.

El juez de Garantías Julián Vergara elevó la causa a juicio el 5 de junio. Quedaron imputados el ex gobernador Urribarri; el empresario Cardona Herreros; Smaldone; Carlos Haidar, ex director de Informática; Miguel Ulrich, ex director General de Ajustes y Liquidaciones; Luis Alfonso Erbes, ex subsecretario de Presupuesto y Finanzas; José Humberto Flores, ex secretario de Hacienda; y José Laporte, ex secretario Legal y Técnico. Para la etapa oral, la Fiscalía anunció que reclamará diez años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de 540 000 pesos para Urribarri; nueve años e iguales accesorias y multa para Cardona Herreros; seis años para Haidar; cinco para Erbes; cuatro años y medio para Ulrich; y tres años condicionales para Flores. La pena de Smaldone dependerá de la homologación del abreviado; la de Laporte será definida al comienzo del debate.

– Sergio Urribarri

El camino procesal de Smaldone fue cambiante: primero pidió el sobreseimiento, luego apeló el rechazo y finalmente desistió de esa audiencia, prevista para el 2 de julio, para sellar el acuerdo que ahora intenta validar. Su confesión lo convirtió en el primer condenado dentro de la causa “Coimas”, mientras los demás acusados esperan la fecha de inicio del juicio.

Redacción

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Córdoba Capital: Passerini impulsa una regulación que dejará sin trabajo a casi el 80% de choferes de Uber

El gobierno municipal, bajo la gestión del intendente peronista Daniel Passerini, ha avanzado con un proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte como Uber, pero que en realidad constituye una prohibición encubierta más que una verdadera regulación.

“La gestión de Daniel Passerini solo se mueve para salir a cazar ubers y quitarle la herramienta de trabajo a los conductores”, remarcaron los usuarios de la aplicación en redes sociales: “La inseguridad no tiene límites y los policías en la esquina, cazando Ubers”.

La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por el concejal oficialista Marcos Vázquez de Hacemos Unidos por Córdoba, despachó en julio de 2025 un proyecto que establece un cupo máximo de 3.998 vehículos habilitados para operar con aplicaciones de transporte en toda la ciudad. Esta cifra surge de aplicar la fórmula de una licencia por cada 375 habitantes, basada en el censo de 1.498.060 habitantes de la capital cordobesa.

La medida tendría un impacto devastador según datos presentados por Uber. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 20.000 conductores activos mensuales en Córdoba y 400.000 usuarios que completan al menos un viaje mensual. Con la implementación del cupo, el 77% de los conductores actuales quedarían fuera del sistema.

Juan Labaqui, vocero regional de Uber, explicó que “cuatro de cada cinco cordobeses que hoy trabajan en la aplicación quedarían fuera del cupo”. Para poner esto en perspectiva, un conductor que trabaja entre 10 y 15 horas semanales percibe ganancias de aproximadamente 130.000 pesos mensuales, ingresos que se perderían.

Passerini defendió la regulación argumentando que “Uber dice muchas cosas que no pasan” y sostuvo que la empresa “no se inscribió en ingresos brutos ni en la Municipalidad”. El mandatario justificó la medida como una respuesta al mandato del Tribunal Superior de Justicia, que en abril de 2025 había autorizado provisoriamente el funcionamiento de Uber bajo ciertas condiciones.

El TSJ consideró que “resulta incontrastable que, con la magnitud que ha adquirido la actividad desplegada por Uber, al estar involucrado el interés público, se impone su urgente reglamentación”. Sin embargo, también advirtió que “no es posible seguir permitiendo que el mentado servicio continúe prestándose en la anomia”.

Vázquez argumentó que la limitación busca “un sano equilibrio para cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema”. Comparó la nueva regulación con la existente para taxis y remises.

“Hoy tenemos un taxi cada 300 habitantes y un remis cada 320. En este caso se fija una aplicación cada 375 habitantes”, expresaron los usuarios. Más allá del cupo, el proyecto no se limita al cupo de vehículos. Establece una serie de exigencias técnicas y administrativas que Uber considera “inaplicables en el contexto actual de Córdoba”.

Mientras se debate la regulación, la Municipalidad de Córdoba mantiene una política de cero tolerancia y de control intensivo, que incluye operativos diarios para detener conductores de aplicaciones. Según datos oficiales, el municipio detiene a 15 choferes de Uber por día, considerándolos “ilegales” hasta que no se apruebe la regulación definitiva.

Estos operativos han generado tensiones sociales y episodios de violencia. En uno de los casos documentados, un conductor “embistió en un primer momento a una oficial de la Policía y luego arrastró durante varias cuadras a otro efectivo” para evitar ser controlado.

El proyecto de ordenanza será tratado en el recinto del Concejo Deliberante en la primera sesión de agosto de 2025, tras el receso invernal. El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba cuenta con los votos necesarios para su aprobación, mientras que los bloques opositores (UCR, Ciudadanos y Vamos Córdoba) se abstuvieron de votar en comisión y definirán su postura final en el recinto.

Redacción

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El Gobierno lanza la concesión de 4.400 km de rutas nacionales 

El Gobierno anunció el llamado a licitación pública por 4.428,93 kilómetros de rutas nacionales pertenecientes a la Etapa II del ambicioso plan Red Federal de Concesiones. Se trata de ocho corredores que atraviesan Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

El proceso se oficializará mediante una publicación en el Boletín Oficial durante los próximos días. La resolución ya fue firmada por la Secretaría de Transporte y verificada por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia.

Se licitarán corredores clave: el Sur (RN 3 y RN 205), Atlántico (RN 226), Pampa (RN 5), Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8 y rutas provinciales), Portuario Sur (Campana–Rosario), Portuario Norte (San Nicolás) y Acceso Sur (autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza‑Cañuelas).

La iniciativa busca delegar en privados la explotación, administración, mantenimiento, ampliación y servicios al usuario. También se prevén proyectos colaterales para generar ingresos adicionales sin subsidios estatales.

La Resolución 827/2025 convocó audiencias públicas entre el 11 y el 13 de junio en San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás. Esas instancias permitieron debatir los detalles con actores locales y organizaciones civiles.

La Red Federal de Concesiones totalizará unas 9.154,67 km en 18 tramos. El proyecto completo representa solo el 20 % de la red vial nacional pero concentra el 80 % del tránsito vehicular.

La primera etapa, bautizada “Ruta del Mercosur”, abarcó 741,71 km sobre las rutas 12 y 14 y tramos fronterizos. Ese proceso aún está abierto y sufrió una prórroga que postergó el cierre de ofertas hasta septiembre de 2025.

El Tramo Oriental involucra las rutas RN 12, RN 14, RN 135, A‑015 y RN 117, conectando con los puentes internacionales entre Argentina, Uruguay y Brasil. El Tramo Conexión corresponde a la RN 174 y su zona de influjo fluvial y portuario.

El plazo original para recibir ofertas vencía el 5 de agosto de 2025. El Gobierno extendió ese vencimiento hasta el 8 de septiembre tras incorporar aclaraciones y revisiones en los anexos técnicos de los pliegos.

La disolución de Vialidad Nacional en julio de 2025 pasó las funciones de planificación y control al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones, ligada al área de Transporte.

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina (STV y ARA) considera que la disolución de Vialidad y el traspaso a manos privadas puede generar “rutas peligrosas” y pérdida de más de 5.500 puestos de trabajo.

Redacción

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Edgardo Kueider irá a juicio oral en Paraguay acusado de tentativa de contrabando


Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel Costa, enfrentarán un juicio oral en Paraguay por intento de contrabando. Así lo dispuso el juez Humberto Otazú tras una audiencia preliminar que finalizó con la elevación del caso a juicio público.

Ambos rechazaron el pedido voluntario de extradición solicitado por la jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado. Permanecerán en prisión domiciliaria con tobillera electrónica mientras continúa el proceso en Asunción.

La acusación fiscal sostiene que, en diciembre de 2024, Kueider y Guinsel ingresaron al país vecino con más de 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 640.000 guaraníes sin declarar. Sólo una fracción menor fue devuelta por la Aduana paraguaya.

Los fiscales involucrados describieron el caso como contrabando en grado de tentativa. Para la legislación guaraní, el dinero no declarado equivale a mercadería prohibida y las penas previstas alcanzan hasta cinco años de prisión efectiva si se supera el umbral de dos años.

El fiscal Ysrael Villalba Ramírez presentó la acusación formal en junio de 2025, tras un semestre de investigación. Varios intentos de nulidad que presentó la defensa fueron rechazados por Otazú, quien además determinó que la excepción de inconstitucionalidad no suspende el proceso.

La Policía Nacional de Paraguay, Aduanas y la unidad de delitos económicos intervinieron en el operativo. Interceptaron el vehículo en el Puente de la Amistad y secuestraron una mochila con las divisas en el asiento trasero de la camioneta que pertenecía a terceros.

La audiencia preliminar se realizó en el Juzgado Penal de Delitos Económicos y finalizó a media mañana, tras analizar pruebas como videos de circuito cerrado y registros de la Aduana. La defensa ya se había opuesto a esas pruebas, pero el juez avaló su validez.

Mientras tanto, la Justicia argentina insiste en avanzar contra Kueider por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La jueza Arroyo Salgado solicitó su extradición tras considerarlo parte del entramado investigado en la causa Securitas‑Enersa.

La decisión guaraní deja a la justicia argentina en suspenso. Si Kueider es condenado en Paraguay, podría cumplir esa pena primero en territorio vecino y recién luego ser extraditado, dependiendo de decisiones diplomáticas y judiciales.

Redacción

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Chubut votará la eliminación de fueros en los tres poderes del Estado: “No puede haber ciudadanos de primera y de segunda”

Chubut se prepara para un proceso inédito: votar la eliminación de fueros para jueces, legisladores, funcionarios y sindicalistas. El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto que prevé suprimir estos privilegios históricos, con el objetivo de terminar con la impunidad y garantizar igualdad ante la ley.

La propuesta fue aprobada en la Legislatura y se someterá a consulta popular el próximo 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones generales nacionales.

El debate encendió la tensión con el Poder Judicial local, especialmente con el juez Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCh). El magistrado intentó interponer recursos para frenar la votación bajo el argumento de “inconstitucionalidad” del mecanismo de plebiscito.

En medio de esta pulseada, la figura del magistrado se vio envuelta en un escándalo. Durante las últimas semanas, medios provinciales difundieron denuncias anónimas que lo acusan de corrupción, abuso de poder y presuntos favores sexuales a cambio de resoluciones judiciales. Aunque no hay denuncias penales formalizadas, el caso escaló políticamente.

– Claudio Petris

Frente a la presión social y la creciente repercusión mediática, Petris presentó su renuncia “indeclinable” como presidente de la AMFJCh, aunque seguirá en funciones como juez ordinario hasta que se resuelva su situación procesal. En un breve comunicado, negó las acusaciones, a las que definió como “operaciones de desprestigio”.

El gobernador Torres aprovechó la salida del juez para reforzar su campaña por la supresión de fueros. Durante un acto en Comodoro Rivadavia, aseguró que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda” y cargó contra un “sector minoritario del poder judicial” que quería “impedir que el pueblo chubutense decida en las urnas”.

– NACHO TORRES: “Este 26 de octubre, los chubutenses tenemos la oportunidad histórica de enterrar los fueros para siempre. Por eso, instruí al secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, a que convoque a un referéndum popular, para que la ciudadanía decida si quiere eliminar los fueros en los tres poderes del Estado, y para los sindicalistas”

La reforma constitucional propuesta modifica los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial y elimina toda prerrogativa de inmunidad para cargos públicos, incluso sindicales. Según la iniciativa, si prospera en el plebiscito, toda persona acusada de delito podrá ser investigada y juzgada sin necesidad de desafuero parlamentario ni autorización judicial previa.

Por su parte, el procurador general Jorge Miquelarena instruyó al Ministerio Público Fiscal a analizar preliminarmente las denuncias contra Petris, para definir si corresponde iniciar una investigación de oficio. A la fecha, no existen querellas concretas en la justicia ordinaria, pero la fiscalía podría actuar si aparecieran testigos dispuestos a declarar.La discusión tensiona aún más la relación entre los tres poderes provinciales. Legisladores como Daniel Hollmann —alineado al oficialismo— remarcan que el único obstáculo que falta superar es la voluntad popular: “Que decidan los chubutenses si quieren igualdad o seguir con fueros”.

Redacción

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